La consulta indígena para un «nuevo sistema de tierras» en la Macrozona Sur aún no tiene fecha de reanudación. Según conoció El Líbero, la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para darle continuidad al proceso comenzará a ejecutarse en septiembre. Hasta ahora se han sostenido reuniones preliminares con el organismo internacional, mientras el gobierno avanza en la revisión del proceso iniciado durante la administración anterior.
La consulta, iniciada en agosto de 2025 y suspendida el 29 de septiembre, buscaba evaluar la propuesta de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (CPPyE). El proceso se acotó al pueblo mapuche de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con el objetivo de diseñar un marco que «complemente» el artículo 20 letra b) de la Ley Indígena, relativo al Fondo de Tierras y Aguas. Sin embargo, desde su inicio enfrentó un fuerte rechazo por parte de las comunidades, tanto que de los encuentros planificados entre el 13 y el 30 de agosto de 2025, cinco debieron ser reprogramados.
El proceso se realiza en virtud del Convenio 169 de la OIT, que exige a los estados consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La asesoría de la OIT fue anunciada públicamente el pasado 10 de junio por el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ignacio Malig, quien en entrevista con El Líbero sostuvo que el Ejecutivo retomaría el proceso “con asistencia técnica de la OIT y diálogo político amplio”.
“Para que un proceso de esta envergadura sea exitoso, debe recuperar la confianza. Realizaremos un proceso de diálogo de buena fe, transparente y con reglas claras, apegándonos rigurosamente a los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT, asegurando una participación real y representativa”, señaló Malig a El Líbero.
Ahora, El Líbero conoció que el Ejecutivo se encuentra desarrollando una “reformulación” de la consulta, lo cual incluye no solo una revisión administrativa y de las actas, sino también una revisión para mejorar metodológicamente el proceso. Como parte de ese trabajo se han realizado conversaciones con alcaldes de las comunas en donde se llevaron a cabo algunas de las reuniones, exautoridades, dirigentes indígenas y hasta con exintegrantes de la CPPyE. El objetivo es revisar tanto los aspectos operativos como políticos antes de definir el diseño definitivo de la consulta.
Tras su suspensión el pasado 29 de septiembre, el proceso quedó truncado sin siquiera completar la primera de sus cinco etapas. Entre el 13 y el 30 de agosto de 2025 alcanzaron a realizarse 71 encuentros. Las críticas apuntan a que entonces no se logró explicar muy bien lo que significaba ese “nuevo sistema de tierras” y cuál era su alcance.
Fuentes conocedoras del proceso explican que ahora irán en la línea de lo planteado por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, cuando dijo que el gobierno quiere “impulsar una reforma a la Ley Indígena que le otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo a esas comunidades”.
El Mandatario aseguró que el procedimiento será retomado y que buscarán garantizar una consulta “legítima, libre de toda interferencia y de quienes promueven la violencia o que actúan de mala fe”. Además, adelantó que el nuevo mecanismo buscará ampliar la participación: “El tipo de consulta que vamos a hacer los va a incorporar a todos”. Así, no se descarta, por ejemplo, que a diferencia de lo hecho por el gobierno anterior que se limitó a las cuatro regiones de la Macrozona Sur, ahora la consulta pueda realizarse a nivel nacional. El objetivo será “poder generar mayor libertad al uso de las tierras”, sin que aquello implique “venderlas”.
Las sucesivas suspensiones de la consulta
El gobierno aún no ha fijado una fecha para la reanudación de la consulta indígena. En junio, el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, señaló que la asistencia técnica de la OIT tomaría “varios meses” y que solo después de completar ese trabajo, avanzar en el diálogo político y revisar el proceso anterior estarían en condiciones de realizar una convocatoria formal; por lo que todo apunta a que el proceso no se retomará este año.
“Las fechas definitivas respetarán los tiempos de convocatoria y deliberación que el propio Convenio 169 de la OIT y el DS 66 exigen”, señaló Malig a El Líbero en junio. El DS 66 es el decreto que aprueba el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena.
El procedimiento ha sido objeto de sucesivas prórrogas. La más reciente corresponde a la Resolución Exenta N°254, dictada el 30 de julio y publicada en el Diario Oficial el 6 de agosto de 2026. El documento recoge el decimoquinto informe motivado de suspensión, elaborado el 24 de julio por el Departamento de Asuntos Indígenas de la Subsecretaría del Interior.
En ese informe, la repartición sostuvo que todavía era necesario “continuar profundizando el análisis de los antecedentes” acumulados durante el proceso y seguir desarrollando instancias de diálogo con representantes mapuche. “A la fecha, aún no resulta factible verificar la concurrencia de las condiciones requeridas para la continuación del proceso de consulta. En consecuencia, estima que no es posible reanudarlo en condiciones que permitan cumplir con su finalidad, esto es, llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de la medida propuesta”, se lee en la Resolución Exenta N°254.
A partir de esos antecedentes, Desarrollo Social e Interior determinaron una nueva suspensión por 15 días hábiles, contados desde la total tramitación de la resolución.
En sectores del mundo mapuche existe inquietud por la demora. Una de las preocupaciones apunta a la distribución de las competencias indígenas entre los ministerios del Interior y de Desarrollo Social, lo que en opinión de algunos dirigentes podría estar dificultando una conducción coordinada del proceso. A ello se suma la preocupación de organizaciones que sí consideran necesario modificar aspectos de la actual Ley Indígena y temen que las sucesivas postergaciones terminen frenando cambios que consideran urgentes.
A ello hay que sumar la polémica que abrió el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien en entrevista con el Diario Financiero opinó que “el Convenio 169, la Ley Lafkenche y una serie de otras disposiciones legales que salen de esa visión de conflicto entre las personas, son un riesgo para el país».
Frente a esto el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, tuvo que salir a responder que el 169 de la OIT, «es un convenio que tiene Chile suscrito hace muchos años, que fue validado en el parlamento, tiene que ser por ahí el año 2008, 2009, me da la impresión de que yo incluso voté a favor de la incorporación de Chile al convenio, y por lo tanto, es un convenio que está vigente, que Chile suscribió, que ratificó en el parlamento y que respeta íntegramente».
Interior, junto a Desarrollo Social, son los ministerios que tienen la responsabilidad de llevar adelante la consulta.
La controversia por el Convenio 169 también fue abordada este lunes por el Presidente José Antonio Kast, quien respaldó la preocupación planteada por el ministro Barros, aunque descartó que su Gobierno tenga entre sus prioridades impugnar el acuerdo. El Mandatario sostuvo que existen situaciones en que la aplicación de estas normas puede generar dificultades y puso como ejemplo una eventual consulta indígena vinculada a la construcción de un astillero o infraestructura naval, lo que, a su juicio, podría llegar a afectar materias de seguridad nacional.
Kast también afirmó que “hay momentos en que se producen abusos” y apuntó especialmente a la Ley Lafkenche, respecto de la cual planteó que existen aspectos que deberían modificarse. Con todo, el Presidente descartó que su administración vaya a impulsar una impugnación del Convenio 169. Recordó que el tratado fue ratificado por el Congreso y que sus mecanismos de revisión están regulados en el propio acuerdo. “En nuestro gobierno, esa impugnación no va a ser, no es prioridad”, afirmó.
Javiera Gutiérrez continúa suspendida
Por otra parte, Javiera Gutiérrez Meneses continúa suspendida de sus funciones en la unidad encargada de los asuntos indígenas del Ministerio del Interior, mientras sigue en curso el sumario administrativo abierto en su contra por denuncias de presunto maltrato laboral.
Gutiérrez, exjefa de gabinete de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), había ingresado en agosto de 2025 a la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes (UCAIA) como coordinadora de Participación y Consulta Indígena y posteriormente llegó a desempeñarse como jefa subrogante de la repartición. El Ministerio del Interior dispuso su suspensión a contar del 7 de mayo de este año, mientras avanza la investigación administrativa.
Durante los meses que ha estado suspendida, Gutiérrez ha continuado cobrando su sueldo que supera los $3 millones, y en junio obtuvo más de $5 millones por bonificaciones.
Su situación tiene relación directa con el proceso que ahora busca reformular el Ejecutivo. La UCAIA tiene entre sus funciones coordinar las consultas indígenas y Gutiérrez, pese a su inexperiencia en estas materias, participó en la conducción del proceso iniciado durante el gobierno anterior. De hecho, firmó informes que recomendaban mantener suspendida la consulta; el último de ellos fue remitido a los ministros del Interior y de Desarrollo Social el 28 de abril.
Actualmente, la UCAIA está a cargo del abogado Hans Weber, junto a un equipo de confianza de la actual administración.