¿Se debe y puede reducir el gasto público en Chile hoy?

La economía chilena va cayendo en una recesión con alto desempleo. La suma de medidas demagógicas de los últimos gobiernos de izquierda para favorecer a sus grupos de apoyo y de interés (especialmente estudiantes universitarios) empezaron a mostrar sus efectos sobre toda la población. Llegan con el retardo que siempre tienen las políticas económicas, las que son menospreciadas por quienes desestiman el valor del conocimiento técnico riguroso.

Se sabía y se advirtió que un alza desmedida del salario mínimo, más la jornada laboral de 40 horas, junto con mayores cotizaciones previsionales generarían menores contrataciones. Y así fue. Son propósitos buenos, pero había que hacerlo más gradualmente y sujeto a ciertas condiciones. El problema se complicó, además, por el muy lento crecimiento económico proveniente de la escasa inversión. Ésta se mantuvo baja el último tiempo no sólo por la famosa “permisocracia” (mejor término que “permisología”). La caída de la inversión provino también del ambiente poco favorable al sector privado por parte de las autoridades políticas y, sobre todo, por los altos impuestos a las utilidades de las empresas, que redujeron su disponibilidad de fondos para invertir.

Así, tal vez por una consciencia intuitiva de que con esos vientos vendrían tempestades, una mayoría de chilenos eligió un gobierno de derecha el año pasado, para que volviera a lograr un crecimiento económico mayor. Pero las nuevas autoridades se encontraron con condiciones más desfavorables que lo anticipado para impulsar ese crecimiento. Mínimo ahorro fiscal para impulsar obras públicas, vivienda y otros gastos, usando la bien conocida receta Keynesiana. Por el contrario, encontraron muchas facturas por pagar y un déficit fiscal subestimado para este año. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo lograr que la actividad económica se acelere y estimule la contratación de más operarios, contratistas y profesionales con un Estado sin más medios a que recurrir?

La respuesta que se ha dado el Ministro de Hacienda, y que plasmó en el proyecto de ley hoy en el Congreso, es que el medio para impulsar el crecimiento y el empleo sea una mayor actividad del sector privado. Que éste tire el carro de la economía. Para esto necesita zanahorias (los garrotes no sirven; si no pregúntenle a cubanos y venezolanos). La zanahoria que escogió fue una rebaja de impuestos a las utilidades por un plazo largo y asegurado, apostando a que eso los convenza de ponerse a invertir para crecer y emplear más mano de obra. ¿Resultará?  No sabemos, pero es una apuesta sensata, aunque el forraje tenga componentes menos digeribles como las rebajas de contribuciones (hay alternativas mejores).

El problema del remedio escogido para la principal enfermedad actual de la economía chilena –bajar impuesto a utilidades para subir crecimiento y contratación de trabajadores– es que agranda el déficit fiscal en el corto plazo, ya que los mayores ingresos fiscales, en el mejor de los casos, llegarán en unos dos años más. Para compensar este factor el mecanismo más apropiado es reducir gasto público en programas prescindibles sin por ello despedir funcionarios, sino más bien reasignándolos.

Y aquí viene una buena noticia en medio de tantas malas. La Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda (Dipres) y la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) han realizado un notable trabajo de recopilación de la gran mayoría de los Programas de Gasto, sociales y no sociales, que realiza el Estado. Es pública, y ya están disponibles los datos de 2025: una matriz con 677 Programas –las líneas de una planilla Excel– con unas 470 columnas que describen ese número las características de cada programa, como ministerio y agencia a cargo, ley que lo crea, gasto realizado en pesos, beneficiarios, etc. etc. ¡Una matriz de 318.000 casilleros! Los resultados de ese proceso de monitoreo está en https://www.dipres.gob.cl/598/w3-channel.html. Por otra parte, el economista Luis Felipe Cristi ha hecho un estudio muy exhaustivo de esos programas publicado bajo el título “Análisis al desempeño de Programas Gubernamentales”. Está en la web del “Centro Democracia y Progreso”, www.democraciayprogreso.org, corporación de estudios formada por un grupo de profesionales que se retiró de la Democracia Cristiana al principio del segundo gobierno de Bachelet, preocupado por las políticas de la “Nueva mayoría” y proponiendo en cambio un “Progresismo con progreso” (PCP).

¿Qué muestra ese estudio? Fundamentalmente que en los últimos 10 a 15 años, Chile se llenó de demasiados programas de gasto público excesivo, que están mal administrados, que no llegan a los que se supone que debían beneficiar, que no tienen rendiciones de cuenta claras, y que se gasta mucho en administrarlos. La buena noticia es que la información de cada uno está disponible y, por lo tanto, puede hacerse una poda bien hecha para cerrar aquellos claramente obsoletos, con muy pocos beneficiados y que generan escaso empleo para personas que lo necesitan.

Casi la mitad de los Programas de Gasto, o sea 329 según la Dipres y la SES, tienen indicadores de propósito que no son pertinentes o están mal formulados. En esta categoría caen, por ejemplo, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) que implica un gasto de 1,670 millones de dólares y el CAE, que consume 950 millones. Se observa además una baja llegada del gasto a la población objetivo de los programas (poca focalización). 344 programas (el 51%) atienden a menos de la cuarta parte de su población objetivo. En ellos se gastan U$6,500 millones. O sea, si se focalizaran correctamente se podría llegar al mismo número de beneficiarios con un cuarto del gasto; ahorrando casi U$5,000 m. Este monto equivale a casi dos tercios del déficit fiscal esperado para este año equivalente a 2,5% del PIB. 

Otra oportunidad de mejora y ahorro es corregir el hecho de que 70% del gasto social no utiliza o verifica los datos del solicitante del servicio o transferencia con el Registro Social de Hogares para comprobar si cumple con el requisito de carencia como para recibir el beneficio. Por ejemplo, se le da gratuidad a un estudiante universitario sólo en base a lo que él o ella llena en la solicitud diciendo que pertenece al segmento del 60% más pobre del país, pero la institución otorgante no verifica con ese Registro que la información dada por el solicitante es correcta. ¿Cuánto gasto en exceso habrá aquí? Se estima que llegaría a un quinto de los beneficiados con un gasto en exceso de sobre 400 millones de dólares. En síntesis: hay mucho paño para cortar. El cómo hacerlo bien, haciéndose cargo de los obstáculos políticos y de gestión, merece ser el tema de otra columna.

Lo clave es que existen buenos datos para hacer una poda selectiva de programas de gasto público que corte las ramas secas y deje los brotes vivos. Faltaría sólo agregar el número de funcionarios que trabajan en cada programa y un indicador del multiplicador de empleo de cada uno. Diez mil pesos entregados a un estudiante genera empleos a, por ejemplo, 1/20 de profesores y algo más. Pero esos mismos diez mil a una constructora de viviendas sociales genera muchos más empleos de jornaleros, albañiles, electricistas, arquitectos, además de generar un margen que el empresario intentará reinvertir.

Concluyo explicando por qué es tan decisivo bajar el gasto público para volverá crecer. En breve, es necesario para equilibrar el bote de la economía nacional entre tripulantes que reman y los que hacen otras cosas, legítimas, por cierto. El bote se frenó porque los últimos 15 años han crecido mucho más los que no reman. Para estibar bien el bote y avanzar, al menos hay que dejar de aumentar los tripulantes que no reman y que sean más los que tomen los remos.