En agosto de 2016, parlamentarios de RN y de la UDI acusaron ante Contraloría un supuesto intervencionismo electoral de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). En esa acción denunciaron que esa repartición entregó muchos más recursos económicos para concretar proyectos de alto impacto social a municipalidades de la Nueva Mayoría (69%), en desmedro de las de la oposición. Esto, ad portas de las elecciones de alcaldes que se hicieron en octubre de ese año.
Siete años después, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha vuelto a replicar esa misma fórmula. Y es que la brecha entre los dineros de libre disposición que poseen los subsecretarios de esa cartera para iniciativas municipales, han ido de forma muy mayoritaria a comunas con alcaldes inclinados al oficialismo.
Según datos de Subdere obtenidos vía Transparencia y a los que tuvo acceso El Líbero, entre el 11 de marzo de 2022 y el 31 de julio de 2023, esta administración entregó 70,88% de esa “plata discrecional” a municipalidades de alcaldes militantes o afines al gobierno, mientras que 28,03% se fue a comunas donde el edil es de oposición.
A juicio de ex autoridades de esa repartición, esto demuestra que el sesgo político «se tomó» esos recursos, por sobre el impacto social de cada proyecto.
Para sacar esa estadística, se tomó como oposición a los alcaldes que militan en la UDI, RN, Evópoli, PRI e independientes que compitieron en una lista de Chile Vamos. Como en 2021 hubo un aumento de 71% de candidaturas independientes fuera de pacto, también se puso en este grupo a independientes que con sus declaraciones situaron su domicilio político en la oposición.
Como oficialismo, en tanto, se tuvo en cuenta a los alcaldes de Revolución Democrática, Convergencia Social, PC, PS, PRO, PPD, DC, PRSD, FRVS, PL, PH y de los pactos Nueva Mayoría; Chile Digno, Verde y Soberano; Dignidad Ahora, Frente Amplio, Unidad por el Apruebo, Unidos por la Dignidad y Pacto Independiente de Izquierda, así como los independientes que públicamente se han decantado por esa tendencia.
Aquellos traspasos que “no aplican”, corresponden a dineros entregados a las más de 40 asociaciones de municipalidades temáticas y territoriales del país.
De qué se tratan los dineros discrecionales
“Señor presidente, para quienes hemos sido alcaldes y hemos conocido la Subdere desde hace muchos años, ¿existe alguna duda de que dicha subsecretaría maneja su billetera siempre con algún sesgo y margen?”, decía el por ese entonces diputado David Sandoval (UDI) en octubre de 2016 en la Cámara. Con esa “billetera” se refería a los recursos de libre disposición con los que los subsecretarios eligen financiar proyectos postulados por las municipalidades a cinco programas de alto impacto social que eventualmente pueden ser usados electoralmente.
El primero es el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento (PMU), que financia proyectos de inversión para generar empleo y mejorar la calidad de vida de la población más pobre, como servicios higiénicos, sedes sociales, plazas, canchas, gimnasios y pavimentación, entre otros. El segundo, el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), financia iniciativas para dotar de agua potable, seguridad sanitaria y condiciones básicas de desarrollo en áreas rurales.
Tanto PMU como PMB tienen dos componentes: uno que es fijo y que se distribuye según la cantidad de comunas de cada región por medio de los gobiernos regionales, y otro que es asignado a cada comuna desde el nivel central. Es de 25% del presupuesto en el caso del PMU y de 50%, en el caso del PMB. Esos son discrecionales. Las comunas postulan sus proyectos de manera online y periódicamente el subsecretario realiza uno o más comités donde revisa las postulaciones “elegibles”, que son las que cumplen los criterios técnicos.
Una ex autoridad de esta repartición en el gobierno anterior, explica a El Líbero que en su caso financiaba aquellas postulaciones elegibles, que solucionaran necesidades de comunas pobres -que no tenían ninguna posibilidad de financiar esos proyectos por sí solas- y con rendiciones al día, en virtud a lo que requiere Contraloría. Recuerda que en ese entonces la proporción de distribución entre municipios de gobierno y oposición era del orden de 55%-45%.
Los otros tres programas son completamente de distribución de libre disposición: el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (al que pueden postular 13 barrios de sólo nueve municipios); el Programa Fondo de Recuperación de Ciudades y el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (o Mascota Protegida), que es apetecido por los alcaldes por la visibilidad y masividad que logran sus operativos con mascotas.
Cómo distribuyeron los fondos de libre disposición Crispi y Cataldo
Durante esta administración, han habido tres subsecretarios de Subdere: Miguel Crispi (RD), Nicolás Cataldo (PC) y Francisca Perales (CS).
Miguel Crispi, el cuestionado jefe de asesores de La Moneda que hoy está en pugna con la Cámara de Diputados por no haber asistido a la comisión que investiga el Caso Convenios, se mantuvo en el cargo hasta el 8 de septiembre de 2022. Durante su gestión, la Subdere le entregó 67,9% de los recursos de libre disposición a municipalidades de ediles afines al oficialismo ($80.340.560.555), 31% a las comunas comandadas por alcaldes de oposición ($36.755.327.917) y 1,04% ($1.231.411.973) a asociaciones.
Cataldo, en tanto, llegó a Subdere tras un fallido nombramiento como subsecretario del Interior. Tras la polémica que botó su nominación, el entonces presidente del PC. Guillermo Teillier, reveló que le pidió al Presidente una “compensación”, y esta fue Subdere. ¿Por qué? porque es una subsecretaría de bajo perfil, pero que administra recursos superiores a varios ministerios.
Hasta el 31 de julio, el actual ministro de Educación destinó 72,70% ($141.050.947.705) de los recursos a municipios del oficialismo, 26,18% ($50.783.132.879) a municipalidades de oposición y 1,12% ($2.171.161.513) a asociaciones. Dejó el cargo el 16 de agosto.
El Líbero consultó a Subdere cuáles son los factores que están usando para entregar los recursos de libre disposición, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
Ex subdere: “Reflejan una distribución política”
Miguel Flores fue subsecretario de Subdere entre 2010 y 2014, y explica que durante la administración del ex presidente Piñera, se disminuyó a la discrecionalidad en la entrega de dineros por dos vías: la primera es que después del terremoto de 2010, los recursos se concentraron en las comunas que necesitaban reconstrucción -sin distinción sobre la militancia de los alcaldes- y, en segundo lugar, porque en 2011 se decidió traspasar recursos desde la Subdere a los gobiernos regionales para que fueran estos los que asignaran los presupuestos del PMU y PMB, disminuyendo la influencia del Subdere en la distribución de recursos.
Sobre la situación que se vive actualmente, Flores sostiene que pareciera ser que “se puso término a esa política de mayor descentralización, de menor concentración del poder en el subsecretario y se volvió atrás porque obviamente son cifras que reflejan una distribución política. En su momento adoptamos con Dipres la estrategia de disminuir la discrecionalidad del subsecretario y aumentar los fondos que se traspasaban directamente vía Ley de Presupuestos a las municipalidades y a los gobiernos regionales. Por lo que observo en estas cifras, lamento mucho que se haya retrocedido en la tan necesaria descentralización. Era una política pública seria, bien diseñada y muy anhelada por los alcaldes e intendentes de la época”.
Otra ex autoridad afirma a El Líbero que “cuando hay un desequilibrio así de importante, uno tiende a pensar que la asignación es efectivamente por razones políticas y no por el impacto social de los proyectos”, pues según constata en el sistema público de consultas de iniciativas postuladas a Subdere, hay muchas de estas esperando financiamiento, por ejemplo, de agua potable rural y mejoras de espacios públicos, entre otros. Por eso, dice, que le molesta que en el gobierno digan “nos vamos a ir con menos poder del que llegamos», cuando «las cifras indican que han usado y abusado de ese mismo poder para beneficiar a su grupo de amigos”.
Modernización del Estado, eficiencia y transparencia
«La entrega de dineros discrecionales debiera cumplir con estándares de transparencia, sin dudas», comenta a El Líbero Daniela Guzmán, subdirectora de Estudios de IdeaPaís, think tank que realiza estudios sobre políticas y asuntos públicos.
A juicio de Guzmán, estamos viviendo un momento crítico en la confianza hacia las instituciones y de la democracia, y parte de ello se debe «a la falta de la mencionada transparencia en las transferencias de dineros a personas de afinidad política -como el Caso Convenios-. El objetivo no es rigidizar el actuar del aparato público, sino más bien velar por una democracia sana”.
Por eso, recuerda que la modernización del Estado, que es «parte del contenido que se propone en el texto de nueva Constitución; busca mejorar a la administración del Estado y uno de sus objetivos es aumentar la eficiencia y transparencia en la rendición de cuentas de las actividades gubernamentales. La transferencia de dineros discrecionales debiera ser parte de esta regulación, con lo que se podrían establecer procedimientos claros para la asignación de fondos públicos, para que la sociedad completa se beneficie de los programas y políticas asociadas, y que no sea que por mera afinidad política solo se vea beneficiada un porcentaje de la población”.