Abril se convirtió en el mes más violento de 2026 en la Macrozona Sur. De acuerdo con el consolidado mensual del Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero, entre el 1 y el 30 de abril se registraron 6 hechos violentos, que dejaron 7 víctimas y 6 bienes afectados.
La cifra supera lo observado en enero, que acumuló 5 atentados, y marzo, que cerró con 4. Y si se le compara con años previos en abril de 2025 hubo 4 atentados y en abril de 2026 hubo 7.
Uno de los hitos más graves del mes ocurrió en Victoria, Región de La Araucanía, donde desconocidos intentaron derribar una torre de alta tensión mediante el uso de explosivos de tipo industrial. El artefacto, compuesto por 186 gramos de explosivo, detonó en la base de la estructura ubicada en el Fundo San Elías, provocando daños en su base metálica, aunque sin lograr derribarla. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad y unidades especializadas de Carabineros.
No obstante, la jornada más crítica se registró el jueves 16 de abril, con tres ataques en la provincia de Malleco. Dos de ellos ocurrieron en Ercilla, donde trabajadores de empresas contratistas fueron intimidados por sujetos armados y sufrieron el robo de camionetas. Horas más tarde, en la ruta R-49, entre Collipulli y Curaco, encapuchados armados interceptaron una camioneta con dos ocupantes, los obligaron a descender y luego incendiaron el vehículo con artefactos incendiarios.
A raíz de este último hecho, por primera vez desde el inicio de la actual administración, el gobierno presentó una querella invocando la Ley Antiterrorista. Según la acción judicial del Ministerio de Seguridad, el ataque habría sido ejecutado por un grupo armado y organizado con el objetivo de infundir temor en la población civil, por lo que fue calificado como incendio con carácter terrorista.
La querella por terrorismo
El gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Pública, presentó una querella criminal ante el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli invocando la Ley N°21.732, que determina conductas terroristas, por el ataque ocurrido el 16 de abril de 2026, cerca de las 20:00 horas, en el kilómetro 15,5 de la Ruta R-49, en la Región de La Araucanía. La acción judicial fue dirigida contra todos quienes resulten responsables por los delitos de incendio con carácter terrorista y porte ilegal de arma de fuego.
Según la querella, las víctimas se desplazaban en un vehículo particular por esa ruta –calificada por el gobierno como una vía de tránsito estratégico para la zona– cuando fueron interceptadas por una camioneta verde. Desde ella descendieron al menos tres sujetos encapuchados, quienes actuaron de manera coordinada y portando armas de fuego de corto y largo alcance. Los atacantes intimidaron a los ocupantes, los obligaron a bajar del vehículo y luego arrojaron artefactos incendiarios al interior del móvil, que fue consumido completamente por las llamas.
El Ministerio de Seguridad sostuvo que el ataque no tuvo una finalidad patrimonial, ya que los sujetos no intentaron sustraer el vehículo ni especies personales. A juicio del Ejecutivo, se trató de un acto de violencia destinado a “someter y desmoralizar” a la comunidad, mediante un mensaje de inseguridad y control territorial por sobre la autoridad del Estado. En esa línea, la querella plantea que la destrucción del automóvil, ejecutada frente a las víctimas y en una ruta pública, buscó infundir temor en la población civil de Collipulli y de la Macrozona Sur.
La presentación también vincula el hecho con un patrón de violencia rural en la zona. El escrito señala que, entre el 1 de enero y el 12 de abril de 2026, se reportaron 90 eventos de violencia rural en la Macrozona Sur, y que en la comuna de Collipulli se contabilizan 72 ataques incendiarios entre 2017 y 2026, incluidos 5 ataques incendiarios solo hasta el 12 de abril de este año. Por lo que plantean que “se observa un clúster de casos de violencia localizado en la provincia de Malleco, particularmente en el eje Ercilla-Collipulli y sus áreas circundantes”.
Para el gobierno, estos antecedentes permiten entender el atentado no como un hecho aislado, sino como parte de una serie de delitos similares y próximos en el tiempo, caracterizados por la interceptación de vehículos, el uso de armas de fuego, incendios y la fuga de los autores sin identificación.
En la querella, el Ministerio pidió además diligencias investigativas, entre ellas tomar declaración a víctimas, testigos y funcionarios policiales; revisar eventuales registros audiovisuales; realizar peritajes sobre los artefactos incendiarios; levantar información telefónica en el sector; y determinar si el ataque guarda vinculación con alguna organización o causa de carácter terrorista activa en la zona.
Sabotaje de trenes en Biobío
En Biobío, el Indicador registró además una nueva arista asociada al robo de madera: el sabotaje a trenes forestales en Lota. Una querella presentada por la empresa Transap dio cuenta de dos episodios ocurridos los días 7 y 9 de abril, cuando desconocidos intervinieron el sistema de frenos de un convoy de 24 carros cargados con rollizos para detenerlo y sustraer madera en el sector Bannen. La acción judicial apuntó a delitos de atentado contra material ferroviario, robo con fuerza, hurto y receptación.
Cuatro condenados en abril
El cierre del mes también estuvo marcado por resultados judiciales. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpables a Carlos Enrique García Ortega y Pedro Rubén Peñan Catrileo por la sustracción de madera desde el fundo Santa Laura, propiedad de Forestal Mininco, en Cholchol. Ambos fueron detenidos en flagrancia tras el hecho ocurrido el 14 de julio de 2023, y la lectura de sentencia quedó fijada para el 8 de mayo.
Por otra parte, el 24 de abril, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó a Carlos Alfonso Palacio Navarro a dos penas de 14 años de presidio efectivo por delitos reiterados de robo con intimidación e incendio de casa habitación, ocurridos en septiembre de 2020 en la comuna de Cañete. En el mismo fallo, Guillermo Eduardo Isaías Carrera Zúñiga fue condenado a dos penas de 12 años de reclusión efectiva por los mismos delitos, además de 4 años de presidio y multa de 11 UTM por el incendio de dos vehículos sustraídos a las víctimas.
El tribunal dio por acreditado que los hechos incluyeron el ingreso violento a viviendas, intimidación con armas de fuego, sustracción de vehículos y posterior quema de inmuebles y automóviles. Ambos fueron absueltos del homicidio simple de Moisés Orellana Pavez por falta de acreditación de su autoría en ese delito.
Abril además dejó 1 detenido. El 17 de abril fue detenido en Padre Las Casas Francisco Javier Painevilo Maldonado, quien se mantenía prófugo por su presunta participación en la emboscada de octubre de 2020 en la Ruta 5 Sur, donde murió el carabinero Eugenio Naín. Tras ser formalizado por homicidio a carabinero en acto de servicio –consumado y frustrado–, disparos injustificados y homicidio simple frustrado contra un camionero, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó su prisión preventiva.