El jueves la UDI amenazó con dejar el presupuesto de Presidencia en $1 si el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), sigue faltando a la Comisión Investigadora por el Caso Convenios en la Cámara de Diputados, donde ha sido citado sin éxito dos veces.
¿El motivo de la citación? Esclarecer su posible responsabilidad al haber validado -en su época de subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere)- a la Fundación ProCultura ante el Gobierno Regional de Antofagasta, para que esta ONG realizara la recuperación de fachadas en la zona de conservación histórica de la ciudad por más de $629 millones.
En vez de ir, Crispi decidió mandar una carta de seis carillas a los diputados donde asegura que el proceso de validación de ProCultura había comenzado en febrero de 2022, cuando aún estaba la administración anterior. Sin embargo, un oficio enviado por el Gore de Antofagasta lo desmiente, pues en el documento dirigido a Crispi, fechado el 2 de junio de 2022 (ver abajo), el Gobierno Regional le solicita directamente a él «analizar la posibilidad de declarar a ‘Fundación ProCultura’, como subejecutor de la iniciativa en comento”.
En su carta, Crispi asegura que “los equipos del programa contaban con los antecedentes de la fundación, y habían iniciado su análisis desde el mes de febrero” y menciona que para dar la validación, Subdere exige que la iniciativa tenga Recomendación Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En estos dos puntos también hay inconsistencias.
Exsubdere: «Intentar evadir sus responsabilidades, resulta cuando menos malintencionado»
Primero, en el oficio de febrero de 2022, donde se solicita la validación, sólo se señala que todos los antecedentes del proyecto y de la fundación están cargados en el Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social. En cambio, en el oficio que le mandaron el 2 de junio a Crispi, se pide la validación y adicionalmente se señala que “se adjuntan los antecedentes técnicos de la iniciativa en mención y el Reporte de Análisis Técnico Favorable realizado por la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional, comentarle que, si requiere de más información, todos los antecedentes se encuentran cargados en el Banco Integrado de Proyectos (BIP)”.
Además, la Recomendación Satisfactoria (RS) recién se obtuvo el 1 de junio (ver documento), cuando el gobierno de Gabriel Boric ya había asumido, por lo que antes de esa fecha no se podría haber iniciado el trámite de validación.
La solicitud con todos los antecedentes se envió el jueves 2 de junio y, como se lee en el oficio de validación, el Programa de Puesta en Valor del Patrimonio (PVP) de la Subdere aplicó una pauta de evaluación el lunes subsiguiente y el martes 14 el entonces subsecretario Crispi le dio su visto bueno, es decir, a 12 días -u ocho días hábiles- de haberse cursado la petición.
“El señor Crispi debe explicar su premura para validar a la institución con tal rapidez, más aún cuando la iniciativa sólo estaba en condiciones de ser financiada a partir del 1 junio de 2022, tal como lo demuestran los antecedentes en este caso, y que son públicos para quien los desee conocer. Una cosa es validarlos como subejecutores y otra muy distinta es asignarle fondos. Ambos eventos ocurren durante su gobierno. Intentar evadir sus responsabilidades, resulta cuando menos malintencionado», dice a El Líbero la exsubsecretaria de Subdere, María Paz Troncoso, a quien alude Crispi al afirmar que el análisis de la validación se había iniciado cuando ella estaba a cargo de Subdere.
El diputado Juan Fuenzalida (UDI) es parte de la comisión investigadora que está revisando el caso. A su juicio, con su carta, Crispi «trata de sacarse de encima una responsabilidad respecto a la cual él debería contestar en forma presencial en la misma comisión (…). Creo que este tipo de respuestas agravan la falta y hacen más exigible su comparecencia personal para que responda respecto de muchas de las dudas que no solamente los diputados de oposición tenemos, sino que también muchos diputados de gtobierno tienen respecto de cuál fue su rol en esta entrega de recursos tanto a Democracia Viva como a ProCultura».
El jueves, con el apoyo de parlamentarios PS y PPD, se decidió oficiar a Contraloría para que defina si Crispi es o no funcionario público y si acaso está sujeto a las obligaciones que ello conlleva. Esto, porque la primera vez que faltó a la comisión, dijo que al estar a honorarios, no estaba obligado a comparecer en la Cámara.
«El señor Crispi ocupa un mail fiscal, ocupa seguramente un computador y una impresora fiscal, usa instalaciones fiscales y recibe un sueldo fiscal. Por lo tanto, tratar de tapar el sol con un dedo me parece bastante irrisorio y de una falta de respeto hacia el legislativo y su facultad fiscalizadora con esta postura inexplicable (…). Creo que esto ya se ha constituido en una contienda de competencias entre el Legislativo y el Ejecutivo por esta defensa corporativa que está haciendo el mismo gobierno para evitar el poder transparentar muchas de las actuaciones de sus funcionarios en este bullado escándalo de las fundaciones», agrega Fuenzalida.
No hubo validaciones en el gobierno anterior
El convenio asignado a ProCultura fue cuestionado por su alto monto y por el giro que tiene la fundación que dirige el psiquiatra Alberto Larraín, cercano al Presidente Gabriel Boric, que no tiene que ver con restauración y limpieza de inmuebles patrimoniales. Asimismo, algunos parlamentarios plantearon un posible conflicto de interés, dado que la pareja del Mandatario, Irina Karamanos, trabajó en esa fundación hasta que asumió como Primera Dama.
Ellos, como cualquier institución o persona natural que fuera a subejecutar un convenio del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio (PVP), debían pasar por una evaluación técnica de validación que sólo se realiza a petición de los gobiernos regionales.
Según informó el mismo Crispi en su carta, durante la administración anterior no hubo ninguna validación.
