El sábado se generó una polémica alrededor de la Comisión Verdad y Niñez, cuando cuatro de sus siete comisionados renunciaron a sus cargos acusando “falta de condiciones” para llevar a cabo su trabajo. Esto, luego de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera de la que depende la entidad, anunciara un rediseño del equipo y un recorte en el personal.
La entidad fue creada en el gobierno del Presidente Gabriel Boric y busca esclarecer vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Sename entre 1979 y 2024.
Quienes renunciaron fueron la presidenta de la comisión, Soledad Larraín y los comisionados Matías Marchant, Judith Schönsteiner y Estela Ortiz. Esta última, es la ex vicepresidenta Ejecutiva de la Junji durante la segunda administración de ex Presidenta Michelle Bachelet, quién se refirió en una entrevista en La Tercera a los decisiones del ministerio. “Este gobierno ha puesto en riesgo el sentido profundo de la comisión por vulneraciones a niños del Sename”, sostuvo.
Subsecretario de DDHH: «No tenía sentido mantener a dos o más profesionales por región, con sueldos cercanos a los $3 millones, recibiendo un solo testimonio en promedio al mes»
El Subsecretario de DDHH, Pablo Mira, se refirió al tema en una entrevista en Ex Ante, donde aclaró la importancia que tiene la comisión para la cartera y descartó que los cambios estructurales que se han llevado a cabo significaran lo contrario: “Estamos totalmente comprometidos con acompañar y fortalecer el trabajo de la Comisión Verdad y Niñez. Reconocemos la importancia que tiene y creemos que se trata de un esfuerzo de Estado. Por eso hemos propuesto mejoras para su eficiencia y desarrollo, resguardando la confianza que las víctimas y las organizaciones han depositado en este importante proceso (…). Esto no responde a recortes presupuestarios. Los ajustes propuestos a la Comisión se deben a la necesidad de mejorar la gestión, la optimización de esos recursos y el fortalecimiento del trabajo».
Según informó Mira, en la fase de «escucha de testimonios» que contempla el programa y que se ha extendido por siete meses, se llegó a entrevistar a 233 personas, «un 0,03% del total de personas que pasaron por cuidado alternativo en el Sename».
«A nuestro juicio el mecanismo de escucha no era el óptimo. No tenía sentido mantener a dos o más profesionales por región, con sueldos cercanos a los $3 millones, recibiendo un solo testimonio en promedio al mes», agregó el subsecretario.
El Estado gastó $120 millones mensuales en sueldos
En base a un documento de la comisión, El Líbero pudo determinar que ahí trabajaban al mes de febrero 42 funcionarios en labores de escucha testimonial, análisis de datos y testimonios, archivo, comunicaciones y gestión, entre otras materias. A eso se suman siete comisionados.
Sus sueldos fluctuaban entre $3.8 millones y $1.1 millones al mes de marzo, totalizando un gasto mensual aproximado de $120 millones sólo en remuneraciones.
En tanto, desde agosto del año pasado hasta febrero de 2026 se levantaron 233 casos.
La comisión tiene como fecha límite para operar hasta el 30 de abril de 2027, con Pedro Natho -psicólogo con más de 10 años de experiencia en la materia- como nuevo Secretario Ejecutivo. En tanto, los comisionados que permanecen en la instancia son Sebastián Valenzuela, Carmen Domínguez y Miguel Cilleros, quienes continuarán desempeñando sus funciones ad honorem.
