El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, pisó Caracas el 1 de noviembre. Mismo día en que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I de La Haya que su oficina reanude la investigación por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

Petro es el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia. Y, a diferencia de su antecesor Iván Duque, sí reconoce a Nicolás Maduro como Presidente legítimo de Venezuela.

El encuentro también se da en la misma semana en que el fundador del Foro de Sao Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva, -un aliado del chavismo- se hizo nuevamente con la Presidencia de Brasil.

Es en este contexto que las organizaciones de la sociedad civil, ONG y activistas de DD.HH. en Venezuela se mantienen expectantes sobre cómo repercutirán esos cambios en su país. 

Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, confía en que un acuerdo comercial entre Venezuela y Colombia puede ser beneficioso para ambos países. No obstante, advierte: “Esperamos que haya una voluntad real de acción en materia de garantía de derechos y que no sea solamente discursivo”. 

Rendón destaca: “Hay un consenso en que los gobiernos progresistas de la región pudieran servir como aliados en la causa de los DD.HH. sin que esto merme las posibilidades de relacionamientos económicos, pero tiene que haber lo primero para que haya lo segundo”.

–Las relaciones entre Venezuela y Colombia estaban paralizadas desde 2015, ¿cree que unos vínculos más estrechos con Colombia pueden significar mejoras a la crisis generalizada que se vive en Venezuela?

–Hay dos crisis en este momento y eso explica mucho el por qué de la visita del Presidente Gustavo Petro al país. Una, la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, que tiene unas dimensiones catastróficas en términos de salud, educación, servicios, junto a una crisis política que ha generado la migración forzosa de más de 7 millones de personas. 

Y Colombia está atravesando por una crisis económica que ya se empieza a sentir, que genera unas preocupaciones muy grandes. En esa medida, entendemos que Gustavo Petro tenga una urgencia de primar el tema económico. El peso colombiano con respecto al dólar ha tenido un retroceso importante, lo que va a generar inflación y eso urge la actuación del gobierno colombiano frente a sus países vecinos y de esto no escapa Venezuela. 

Petro se refirió a la reactivación de la frontera, porque la frontera con Venezuela no solo es muy amplia, sino que es de un intercambio comercial gigantesco. Hasta 2008 se calculaba que allí se generaban casi 8.000 millones de dólares y para el cierre del año pasado ese intercambió representó 394 millones de dólares. Es decir, se perdió un porcentaje importantísimo en términos económicos para ambos países. En este sentido, entendemos la apertura de la frontera, de un intercambio transparente, concertado, de una economía formal entre ambos países, porque la informal se mantiene y es precisamente uno de los obstáculos que tienen ambos estados: cómo desarmar la economía negra, paralela, que se ha instalado en la frontera colombo-venezolana. Ese es un reto y el Presidente Petro lo dejó muy claro, es parte de las razones por las cuales no se abrió la frontera en todas sus dimensiones.

Nosotros creemos que el beneficio es para ambos países. Colombia quiere atacar la crisis que está comenzando lo más rápido posible, y Venezuela tiene ahora una política de importaciones muy grande. Así, en términos de salud, educación, alimentación, que son nuestras primeras afectaciones, Colombia pudiera ser un gran aliado para empezar a reactivar la economía. Por supuesto, hay que atender el tema de las mafias, que empieza por el petróleo, por la gasolina, y que termina en cosas muy sencillas.

Para Colombia, por otro lado, significaría un aumento impresionante en la posibilidad de sus exportaciones. 

Lexys Rendón, coordinadora de la ONG venezolana Laboratorio de Paz

–La visita de Petro se anunció el 31 de octubre, y el mandatario colombiano llegó a Caracas el 1 de noviembre. ¿Se saben las razones de por qué esto fue tan poco anunciado y, quizás, intempestivo? 

–Iba a haber un encuentro anterior, a propósito de la apertura de la frontera, de ambos mandatarios en la ciudad de Cúcuta (fronteriza entre Colombia y Venezuela). Por razones de timing político esta reunión no se dio. También había algunos anuncios poco meditados que no contemplaban algunas de las cosas que impiden la reactivación del comercio y que, entendemos, es parte de lo que vino a conversar el Presidente Petro a Miraflores. Es decir, hay una serie de condiciones que no se habían conversado, ni se han zanjado, que demoraron la posibilidad de que ambos presidentes se encontraran. 

Ahora, la venida de Gustavo Petro a Caracas responde a esta crisis por la que comienza a andar su país y la necesidad urgente de activar algunos intercambios. 

Para nosotros es una preocupación que prime solamente el tema económico, financiero; que dejen de lado cosas muy importantes que pudieran ser fundamentales para la garantía de Derechos Humanos en Venezuela, para que comience un camino hacia la redemocratización, que haya elecciones con estándares de derecho, que sean libres, transparentes, creíbles, que gocen de un proceso que garantice la posibilidad de que todas las personas puedan participar de manera que se cumplan sus derechos políticos y que ojalá también nos conduzca hacia un proceso de cambio, de la reinstitucionalidad del país. Y, por supuesto, de justicia y verdad para las víctimas, donde no haya impunidad. 

–Cuando el gobierno colombiano anunció que Gustavo Petro visitaría Venezuela se dijo que uno de los temas a abordar era el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de Derechos Humanos, del que salió en 2013. ¿Ustedes creen que hay un verdadero interés de Petro porque esto ocurra?

–Nosotros creemos en la buena voluntad del Presidente Petro, de Colombia, y de sus autoridades, en que Venezuela pueda empezar un camino donde los derechos prevalezcan. No tendría por qué dudar de que esa es una de sus metas como países hermanos. Hay más de un 1,5 millones de Venezolanos en situación de migración forzosa en Colombia. Además, es un canal de paso para millones de venezolanos que van hacia otros países y usan Colombia como recorrido. 

Sin embargo, sí nos preocupa muchísimo que pueda quedar solamente en un acto discursivo. Esa es una posibilidad que no podemos descartar, que los acuerdos en materia económica, de apertura de fronteras, de intercambios más cercanos con el Presidente Petro, con Colombia y con la región, dejen de lado asuntos que son absolutamente prioritarios. 

La petición de Petro de reincorporar a Venezuela en el sistema interamericano de protección de DD.HH. en la OEA para nosotros es muy importante, sobre todo estar en la Comisión Interamericana de DD.HH. que es el sistema regional de protección, eso sería un paso importante. Ojalá se pueda lograr.

No es solamente volver al sistema internacional de protección, es que Venezuela inicie un proceso de redemocratización y que den respuestas reales, en acciones reales, a las recomendaciones emanadas del sistema universal de protección, tanto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, hasta hace unos meses bajo la tutela de Michelle Bachelet, de la Misión Independiente de Determinación de Hechos y la Corte Penal Internacional. No obstante, esto no está ocurriendo (…). Algo muy importante fue la salida de Venezuela del Consejo de DD.HH. de la ONU. Allí entró Chile que ha sido fundamental en señalar que pese a que hay ideologías que unen a los países en términos de su conducción política-económica, pues en Venezuela se han cometido violaciones gravísimas a los DD.HH. y eso no puede quedar en segundo plano. 

La posición de Chile ha sido fundamental en promover que se mantenga la Misión de Determinación de Hechos, en promover que primen los DD.HH. frente a cualquier otra condición, porque lo más importante es la dignidad. Así que esperamos que esa también sea la acción del Presidente Petro y la acción del Estado colombiano. Los DD.HH. no son una tranca para reactivar relaciones, al contrario, Colombia puede ser un gran pivote, una punta de lanza para que Venezuela retome el camino hacia la garantía de derechos y la democracia. 

“Es muy preocupante que en el acuerdo al que llegaron Petro y Maduro se incorpore un ítem donde se habla de una posibilidad de negocio en materia minera, extractiva”

–El Presidente Petro aseguró que la frontera colombo-venezolana “quedó en manos de las mafias”. 

–Para el Presidente Petro es fundamental resolver el problema de las trochas. Las trochas son espacios paralelos de mercado negro, de control geoterritorial, económico, de mafias que hacen que todo lo que pasa por allí no llegue a las economías normalizadas, de transparencia, de rendición de cuentas. En Colombia han mapeado algunos expertos que hay aproximadamente 11 grupos delincuenciales o mafias de diverso orden. La mayoría son grupos armados que responden a diversos intereses, que son los que usufructúan ese espacio que pudiera ser fundamental para ambos países. La gran incógnita es cómo el Estado venezolano puede controlarlo. Para nadie es un secreto que esas economías de frontera tienen vinculación con militares, con funcionarios reconocidos, de alto cargo regional o nacional, y que forman parte de esa economía informal. O que algunos grupos armados están siendo de alguna forma protegidos por el Estado venezolano. Eso no es un secreto. Nosotros esperamos que eso haya sido parte de las conversaciones y que esto obligue a tomar decisiones de acabar con ese sistema de mafias donde es claro, o evidente, que parte del Estado venezolano, o personas que están vinculadas al Estado venezolano, están inmersas en ese tipo de economías delincuenciales. 

–Además, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado la presencia de grupos como el ELN. 

–El cese del conflicto armado por parte de las FARC y el comienzo del proceso de paz en Colombia significó que muchas personas que integraban las FARC y el ELN migraran hacia Venezuela. En Venezuela ha habido presencia del ELN y de las FARC desde hace décadas, incluso muy anteriores al gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Pero ahora tuvo una apertura gigantesca, durante la presidencia de Iván Duque. A esto se suma la política nacional del gobierno venezolano con el decreto del Arco Minero del Orinoco que abrió una zona muy grande del país para la explotación minera masiva, muy depredadora del ambiente y que del Estado Bolívar se ha extendido a otras zonas. Se ha extendido al Estado Amazonas con la gravísima situación de que ambos estados tienen una presencia fundamental de pueblos indígenas, generando un problema muy grave de mafias, de trata, de economías controladas por grupos armados.

El gobierno colombiano pudiera ayudar muchísimo a Venezuela por la presencia de grupos de personas que eran o son del Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Esto no es un secreto, tienen muchísima presencia y se han extendido aproximadamente a 14 estados del país (de 22). Esto significa comercio informal, control geoterritorial, de las comunidades, riesgos altísimos de reclutamiento de jóvenes para estas labores y no es secreto que todo esto ha contado con la buena venia del Estado venezolano, por razones de diverso orden. Aquí el Presidente Petro pudiera ser fundamental. 

–Uno de los puntos de la declaración conjunta de Colombia y Venezuela es establecer mesas de trabajo en materia de energía y minas. ¿Este es un punto de preocupación para los activistas venezolanos?

–Cuando Michelle Bachelet era Alta Comisionada de DD.HH. hizo un informe muy importante sobre la devastación en materia ambiental, en materia de garantía de derechos, de la gravedad de la extensión, de la presencia de grupos armados y como realmente es la presencia de militares en todo lo que tiene que ver con el Arco Minero del Orinoco.

Para nosotros es muy preocupante que en el acuerdo al que llegaron los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro se incorpore un ítem donde se habla de una posibilidad de intercambio y de negocio en materia minera, extractiva. Ojalá esto signifique poder tomar algunas medidas de control frente a los grupos irregulares, armados colombianos que están acá en el país, y otras mafias y signifique que va a haber realmente una posibilidad de tomar control de la zona en términos legales, de transparencia, de garantía de DD.HH. Esperamos que el Presidente Gustavo Petro conozca esta situación, poder hacerle llegar todas nuestras preocupaciones, el contexto dramático y conflictivo que allí hay, y que no comience a ser parte, como algunos otros estados que tienen presencia en la zona, de este ciclo gravísimo, dramático, de afectaciones multidimensionales en materia de minería y extractivismo. 

“Lula, Petro, Chile, Argentina tienen que insistir en que Venezuela tiene que empezar un proceso de transición democrática”

–El 1 de noviembre, fecha en la que Petro llegó a Caracas, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I de La Haya que su oficina reanude la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Cuál es el estatus de ese proceso considerando que el fiscal concluyó que en 700 de los casos denunciados (78,39%) no ha habido progreso?

–Así como fue intempestiva la visita del Presidente Petro, también fueron una grata sorpresa las declaraciones del fiscal de la CPI. Nosotros habíamos expresado muchísima preocupación porque las garantías del derecho, del debido proceso, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de justicia real frente a violaciones graves a los derechos humanos en materia de complementariedad no se estaban cumpliendo. 

Cuando el fiscal de la CPI vino a Venezuela, el país solicitó una paralización de esa investigación para cumplir el principio de complementariedad. El fiscal aceptó. En un primer momento, como lo advertimos, hubo mucha propaganda, hubo muchas llamadas a víctimas, a testigos, pero con el tiempo eso se fue diluyendo y nuevamente entramos en una paralización absoluta de todos los casos y en el retraso de juicios.

Fue el mismo día que Petro estuvo con Maduro el anuncio del fiscal, lo que no debe haber sido muy agradable para lo que él vino a hacer, pero para nosotros es fundamental porque es un mensaje para aquellas naciones que quieran seguir teniendo vínculos con el Estado venezolano: y es que este Estado que cometió violaciones graves a los DD.HH., no está dando las respuestas en materia de garantía de derechos y de justicia y eso debe primar frente a cualquier relación económica. 

Venezuela entra en un proceso eleccionario. Nosotros tenemos, en teoría, en 2024 elecciones presidenciales y en 2025 las de alcaldes, gobernadores, concejos municipales, y consejos regionales. El problema es que cuando inician las campañas electorales comienza el proceso masivo de represión, de persecución política, de violaciones a los derechos de participación política, la inhabilitación de partidos, apresamiento de personas por razones políticas. Es cuando se han dado estos ciclos de mayor represión. 

Ojalá, ahora Lula, Petro, Chile, Argentina puedan insistir en que Venezuela tiene que empezar un proceso de transición democrática, con garantía de derechos, con justicia, reparación, con la entrega del poder autoritario absoluto, de hegemonías comunicacionales y de control territorial por la fuerza y tiene que comenzar un proceso de democracia, porque sin democracia no pueden haber DD.HH., garantía de justicia, incluso relaciones más transparentes y beneficios para ambos países. 

–¿Cree que se utilizó el tema de los DD.HH. para dotar de contenido la visita de Petro y no ser mal visto por la comunidad internacional?

–El contexto actual es muy diferente al de 2017 y 2019, incluso a 2021. Pos pandemia, con la guerra de Ucrania, con la crisis energética y la migración, hay otras urgencias que están tapando la emergencia humanitaria que ocurre en Venezuela y para nosotros esto ha sido una preocupación muy grande porque hay muchos acercamientos y hay muchas peticiones en que se deja de lado el tema de los DD.HH. para poder solventar otros asuntos que son más apremiantes para las economías de los países de la región y de Europa. Así que nosotros somos cautos frente a lo que significa la venida del Presidente Gustavo Petro, esperamos que realmente haya una voluntad real de acción en materia de garantía de derechos y que no sea solamente discursiva, pero por ahora no lo hemos visto. Al contrario, creo que hay un consenso en que los gobiernos progresistas de la región pudieran servir como aliados en la causa de los DD.HH. sin que esto merme las posibilidades de relacionamientos económicos, pero tiene que haber lo primero para que haya lo segundo. Es lo más ético, y es lo que pudiera generar un avance en materia de dignidad para todas las partes.

“Si se van a fortalecer algunos lazos en la región en materia de progresismo esperamos que no sea para fortalecer el régimen de Maduro”

–¿Petro podría incidir en que haya elecciones presidenciales en Venezuela libres y justas en 2024?

Petro tiene un papel fundamental y lo va a tener ahora el Presidente Lula Da Silva, como los presidentes de Chile, Argentina, México para que en Venezuela podamos tener en 2024 y 2025 un proceso de elecciones que garantice que la expresión popular sea lo que al final determine el destino del país. La región, con un nuevo bloque progresista ideológicamente afín en ciertos grados al venezolano, tiene una responsabilidad con el pueblo venezolano, de hacer presión positiva, para que pueda iniciar un proceso de elecciones libres en Venezuela aunque eso signifique que tengan que salir del poder, porque así es la democracia y eso es lo que define la posibilidad de crecimiento de Venezuela y de la región. Y también es un tema de compromiso con la ética, los principios, la dignidad, la alternabilidad del poder y el ejercicio pleno de los derechos a la participación, y que Venezuela tenga elecciones libres en 2024.

–La visita de Petro también ocurre al mismo tiempo que Alberto Fernández se abrazaba con Lula en Brasil. ¿Ven un resurgimiento del Foro de Sao Paulo? ¿Esto fortalece al régimen de Maduro?

–No podría decir si es un resurgimiento del Foro de Sao Paulo o de Unasur. Es evidente que hay un cambio geopolítico a nivel regional y esto no tiene por qué repetir algunos patrones que se vivieron en años anteriores. 

Hay señalamientos de algunos personajes, funcionarios venezolanos, que han cometido violaciones graves a los DD.HH., que hacen que sean muy cautelosos los gobiernos progresistas de la región frente a cómo involucrarse con Venezuela. Así que no sé si pudiera haber un resurgimiento de estos espacios. 

Maduro no es el Presidente Chávez, no es el mismo contexto. Los señalamientos en su contra en materia de DD.HH. son muy graves… Esa posibilidad que les da el acercamiento ideológico, político, debería incidir en cómo pueden influir de manera positiva para mejorar la vida de millones de venezolanos dentro y fuera del país. Nosotros vamos a insistir desde las organizaciones de DD.HH. en que esa sea la mirada, donde primen los derechos, la posibilidad de acción conjunta de los países progresistas de la región para impulsar un proceso democrático, no violento, de resolución pacífica de conflictos. La sociedad civil está sumamente activa para que este pueda ser el proceso que nos haga retomar la democracia en el país y que no signifique impunidad.

Así que si se van a fortalecer algunos lazos en la región en materia de progresismo, esperamos que no sea para fortalecer el régimen de Maduro en los términos en que está ahora de violaciones graves de los DD.HH. sino para fortalecer las libertades, la democracia, los DD.HH. y las garantías de mejoras de vida para el pueblo venezolano. Allí pueden ejercer una presión positiva, sin generar conflicto, sin que esto los saque de su ideología progresista, sino por el contrario que se reafirme el camino a las libertades que pueden generar procesos comunes de progresismo en la región. 

–¿Chile tiene un rol qué jugar ahora que en la región predominan los gobiernos de izquierda, signo político del Presidente Gabriel Boric?

–La coherencia que ha tenido el Presidente Gabriel Boric ha sido fundamental. Para nosotros fue muy importante cuando él expresó que le molestaba mucho que cualquier gobierno o persona que se declaraba de izquierda o progresista sentía que no podía hablar y criticar lo que sucede en Venezuela, en Nicaragua o en otros países donde se cometen violaciones graves a los DD.HH. Esa es la frase que define cómo debe ser el comportamiento de un Estado, de un país, de un presidente, frente a sí mismo, frente a sus conciudadanos y de responsabilidad regional frente a otros pueblos. Es decir, por mucho que manifiestes ser de una ideología afín con otro Estado, eso no puede ser una venda para señalar las cosas que se hacen mal. 

Ojalá pueda haber una incorporación de varios estados donde estén Chile, Argentina, Colombia, Brasil, México que se unan en el principio de “somos progresismos democráticos y vamos a hacer lo que a nosotros a bien corresponda, sin que esto signifique interferir en la independencia de los pueblos, y la autodeterminación, sino que podemos establecer relaciones comerciales, cumbres, acuerdos, pero va a ser tan importante el tema económico, de las fronteras, como la garantía de derechos y el compromiso de garantías de dignidad con la democracia, con elecciones libres, participativas, en cada una de las naciones que conformamos”. Ese debería ser el espíritu, y aquí yo creo que Gabriel Boric tiene niveles de coherencia, hablando estrictamente sobre el tema venezolano y estrictamente sobre el tema Nicolás Maduro y los señalamientos de violaciones graves a los DD.HH. y la migración forzosa. Ojalá ese sea el espíritu que prime en la reorganización de algunos espacios vinculados al progresismo latinoamericano. Así que creemos que es muy importante el papel que puede tener el Presidente Boric y que en el Consejo de DD.HH. de la ONU siga teniendo esta coherencia que ha demostrado a lo largo de estos años en beneficio de las personas más vulnerables de nuestro país. 

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