La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, de las Naciones Unidas, presentó un nuevo informe el 20 de septiembre recién pasado. El documento da cuenta de casos de tortura, violencia sexual o tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por organismos de seguridad de ese país. De paso señalan que para cometer tales actos estas instancias actuaron por órdenes de Nicolás Maduro y, su número dos, Diosdado Cabello. 

“Los delitos y violaciones cometidos por miembros del SEBIN y de la DGCIM  -que, como se señala en el informe de la Misión de 2020, constituyen crímenes de lesa humanidad- revistieron especial crueldad y se cometieron contra personas indefensas”, dice el texto emitido por la Misión, de la que hace parte el abogado penalista chileno Francisco Cox; junto a la abogada Marta Valiñas, de Portugal; y la defensora de DD.HH. Patricia Tappatá Valdez, de Argentina. 

Esta Misión fue creada el 27 de septiembre de 2019, por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y actúa en forma “complementaria” a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; con la diferencia de que los documentos que emanan de la Misión, al señalar responsables directos, pueden ser utilizados en la investigación sobre Venezuela que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional.

El exhorto a la oficina que abrió Bachelet en Caracas

El régimen de Maduro no permite el ingreso a Venezuela de los integrantes de la Misión de Determinación de Hechos. En cambio, la Oficina de la Alta Comisionada sí logró instalar personal en Caracas, gracias a un memorándum de entendimiento firmado entre la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y el gobierno de Maduro. Es por ello que como instancias complementarias, la Misión podría apoyarse para sus funciones en el personal que está en Venezuela. No obstante, al principio del texto hay un inusual “llamado de atención” y la Misión señala que su capacidad se vio afectada por los problemas de personal que tiene la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el país petrolero.

Cuando en la introducción se describen los antecedentes de la investigación y las dificultades que tuvieron para llevarla a cabo, el punto N° 8 alude a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que hasta el 31 de agosto estuvo dirigida por Michelle Bachelet

“La capacidad de la Misión para llevar a cabo investigaciones en profundidad más allá de las áreas priorizadas en este informe se vio limitada por problemas de personal”, afirman. Describen que “las condiciones contractuales inestables y de corta duración, unidas a los traslados imprevistos de personas a otros puestos, provocaron una importante rotación de personal”.

El párrafo termina con un exhorto: “Es urgente que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) encuentre una solución que asegure que los procesos de reclutamiento sean compatibles con los términos temporales de mecanismos como la Misión para permitir el desarrollo pleno de su potencial de investigación”.

La Oficina de la ACNUDH en Caracas

El informe de la Misión alude a la sede que tiene la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas. Este espacio surgió tras la visita que hiciera Bachelet a Venezuela en 2019, que llevó a que en septiembre de ese año la oficina de Derechos Humanos de la ONU y el gobierno de Maduro firmaran un Memorando de Entendimiento, que permitía la presencia continua en ese país de la ACNUDH. El compromiso –que no ha sido cumplido a cabalidad por el régimen–  establecía que los oficiales de DD.HH. iban a tener acceso a centros de detención y libertad de movimiento en Venezuela.

El problema además es que no se trataría de una oficina en Caracas en términos formales, permanente y con autonomía, sino que su existencia está sujeta a la decisión de Maduro de dejarlos o no estar. 

“Si bien la Misión es independiente, es decir solo rinde cuentas al Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano que la creó, desde el punto de vista presupuestario depende financieramente de la Oficina del Alto Comisionado, y obviamente la Oficina del Alto Comisionado está obligada a cumplir los mandatos del Consejo: si el Consejo crea un órgano, la oficina del Alto Comisionado está obligada a darle los recursos”, explica Ali Daniels, director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia.

Acceso a la Justicia: “Es una decepción que la señora Bachelet haya obstaculizado el trabajo de la Misión”

Daniels señala que mientras Michelle Bachelet fue Alta Comisionada para los DD.HH., en sus informes sobre Venezuela nunca mencionó la existencia de la Misión.

“Su posición fue no tomar en cuenta la Misión, hacer caso omiso a la misma y pensamos que hasta ahí llegaba su situación, quizás motivada a que no quería que la existencia de la Misión perturbara sus relaciones con el gobierno venezolano”, opina Daniels. 

No obstante, al ver que el informe de la Misión señala que hubo contrataciones a corto plazo, cambios intempestivos de personal y alta rotación, advierte que “tenemos que entender que cuando se investiga crímenes de lesa humanidad eso exige una rigurosidad y una metodología muy precisas, y eso a su vez exige un personal de alta calidad, de alta especialidad y de dedicación exclusiva. Entonces, si se contrata a gente por períodos muy cortos o los cambian de manera intempestiva evidentemente eso afecta el desarrollo del trabajo que se está haciendo”.

En consecuencia, Daniels afirma: “Nos decepciona muchísimo que la Misión haya tenido que hacer esta denuncia, aunque lo haya hecho en lenguaje diplomático. Para nosotros es una decepción que la señora Bachelet haya obstaculizado el trabajo de la Misión en este sentido”.

“Hablamos de los crímenes más graves para la comunidad internacional, como son los crímenes de lesa humanidad. Que eso no haya sido una prioridad y que además se haya obstaculizado, mermando los recursos, nos genera muchísima angustia. Esperemos que el próximo Alto Comisionado, que ya va a tomar posesión, tome cartas en el asunto. Este no es un tema político, es un tema de protección de los DD.HH., de cumplimiento del mandato básico de la Oficina del Alto Comisionado y de las propias Naciones Unidas”, dice Daniels. 

El “quiebre” entre la Misión y la ACNUDH

La postura del activista es compartida. 

Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, lamenta que “no es normal que se hagan este tipo de señalamientos en informes como el que fue presentado en Naciones Unidas. Esto absolutamente es un llamado de atención que hace la Misión, además hace un exhorto a que se solucione de manera rápida”.

Rendón explica que desde que se planteó la posibilidad de crear la Misión de Determinación de hechos para Venezuela, personal que ya estaba en ese país de la Oficina de la Alta Comisionada mostró su “descontento” y “desaprobación” frente a lo que pudiese hacer esta Misión. 

“En un primer momento manifestaron que podía traer consecuencias en términos del relacionamiento que pudiera tener la Oficina con el Estado; por la permanencia o estabilidad de la conformación de una oficina aquí en Venezuela, ya que todavía no es una oficina formal”, relata. 

“Luego, cuando se aprueba la Misión, este mismo personal, oficiales que no voy a mencionar, pero que asumo con toda la responsabilidad, manifestaron tener algunas diferencias porque en teoría el presupuesto que estaba manejando la Misión era superior al que se le había asignado a la propia Oficina para el personal en Caracas. Eso ha cambiado. En este momento la Oficina, aún cuando no está formalizada, cuenta con un personal de 14 oficiales. Nosotros hemos insistido en preguntarles por la colaboración que han tenido con la Misión, el trato y el envío de información. Para nosotros es fundamental que se entienda que la Oficina de la Alta Comisionada está acá para cooperación técnica, según el acuerdo de entendimiento, y que es la Misión la que en complementariedad está haciendo las investigaciones y los señalamientos”, asegura Rendón. 

“Lamentablemente, pareciera que la Oficina lejos de entender que la Misión tenía una labor de complementariedad, entendió que era una labor como de competencia. Y esto afecta la posibilidad no solamente del trabajo conjunto de dos de las estructuras más importantes del sistema de garantías de protección y DD.HH. en los resultados que esto pueda tener y, por supuesto, cómo esto repercute en la posibilidad no solamente de señalar al Estado venezolano, sino que haya una política real de cambio, de exigencias y de resultados reales para las víctimas, el país, para los DD.HH. y su garantía”, subraya.

El futuro de la Oficina y de la Misión

Para la coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, el punto N° 8 del Informe presentado el martes “es una pena. Nosotros esperamos que esto sea corregido, que el nuevo Alto Comisionado pueda tomar una determinación para que si continúa la Misión y es renovada, al igual que la Oficina, se puedan solventar en la inmediatez este tipo de situaciones que lo que hacen es repercutir sobre los informes y al final repercuten sobre la verdad, sobre la posibilidad de que haya un cambio en la política gubernamental, en que haya justicia, en que no haya impunidad y, por supuesto, que no se vuelvan a cometer estas violaciones gravísimas a los DD.HH”. 

Bachelet ejerció su rol como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta el 31 de agosto. Ahora, esa tarea recaerá sobre Volker Türk, procedente de Austria, quien tomará posesión de su cargo el próximo 17 de octubre de 2022, tras obtener la aprobación de la Asamblea General el 8 de septiembre de 2022.

Con la salida de Bachelet, está en suspenso la permanencia de los integrantes de la Oficina en Caracas. A esto se suma que el mandato de la Misión de Determinación de Hechos fue prorrogado por el Consejo de Derechos Humanos el 6 de octubre de 2020 hasta septiembre de 2022. En consecuencia, los activistas en Venezuela están apuntando a tratar de que se mantengan ambas instancias. 

Con respecto a lograr que se prorrogue nuevamente el mandato de la Misión explican que hay un grupo que encabezan Paraguay y Canadá, que junto a otros cinco países, están proponiendo que se extienda la misión por dos años más. Esa votación va a ocurrir la primera semana de octubre.

Con autonomía limitada

Ahora, sobre la permanencia de oficiales de la ACNUDH en Caracas, Inti Rodríguez, coordinador del programa de monitoreo, investigación y difusión de Provea señala que “el problema en el caso de Venezuela radica en que no existe una oficina en términos formales, como por ejemplo sí existe en Chile. En nuestra opinión, los esfuerzos que hizo Michelle Bachelet fueron insuficientes para consolidar esa oficina en el país. Sin embargo, Provea y el resto de las organizaciones de DD.HH. tienen contacto permanente con el personal del Alto Comisionado que está en Venezuela”.

Rodríguez opina que lo que acaba de decir la Misión de Determinación de Hechos tiene que ayudar a que se avance en esa dirección; pues “al no ser una Oficina permanente todo el movimiento que hace el personal del Alto Comisionado en Venezuela debe ser notificado previamente al gobierno. Eso hace que en muchas ocasiones la movilidad sea limitada porque prácticamente dependen de las autorizaciones o del seguimiento que le haga el gobierno y su autonomía también se ve limitada”. 

Daniels asevera: “Hay un reto que enfrentar y es que la señora Bachelet no logró que el Gobierno le diera carácter permanente. Es decir, los funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada lo están por un simple memorándum de entendimiento que el Gobierno puede revocar de un momento para otro. Ese es uno de los primeros retos que tiene el nuevo Alto Comisionado, además de ampliar, por supuesto, la presencia de oficiales porque en un país con una emergencia humanitaria compleja y señalado por crímenes de lesa humanidad el número de funcionarios que hay es muy limitado y no se corresponde con las necesidades de un país donde la emergencia es algo cotidiano. Son muchos los frentes que tiene que afrontar el señor Türk, y esperemos que en el caso de la Misión este incumplimiento de su mandato básico no vuelva a ocurrir”.

Para Rendón, la Oficina en Caracas puede incluso contribuir a bajar la “animadversión” que tiene el Estado venezolano frente a la Misión en caso de reanudarse su mandato. Considera que además de los informes el trabajo conjunto puede ayudar a que sean respetados sus investigadores y a que se incorporen materias de trabajo para garantizar más DD.HH. en Venezuela. “No puede ser que estén separados, cuando son complementarios. Además, la Oficina debería ser una de las principales promotoras de que se tomen acciones contundentes frente a los informes que han emanado de la Misión de investigación. Eso para nosotros ahora es una prioridad”, sostiene.

Recomendaciones sin cumplir

Entre 2019, 2020 y 2021, Bachelet como Alta Comisionada emitió un total de 43 recomendaciones con respecto a Venezuela. Sin embargo, el régimen de Maduro ha hecho caso omiso a todas ellas. 

“Nosotros no queremos una acumulación de informes con recomendaciones que no se cumplen o que se cumplen a medias o se maquillan”, apunta Rendón. 

Tanto ella como Daniels ejemplifican con el caso de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, acusada de cometer ejecuciones extrajudiciales y que la Oficina de la Alta Comisionada recomendó “disolver”.

Si bien ya no es conocido como FAES, los activistas denuncian que solo ocurrió un cambio de nombre, pero el personal que lo conformaba no fue investigado, sino que simplemente fueron enviados a otras dependencias.

“Eso es un maquillaje, no la adopción de una recomendación, y sigue perpetuando un sistema de patrones de violaciones graves a los derechos humanos contra los venezolanos. Para nosotros, es fundamental que la respuesta no sigan siendo informes con recomendaciones que no se cumplen, sino que empiecen a haber acciones reales, contundentes, profundas”, subraya Rendón. 

De cara al futuro, Rodríguez afirma que si bien las soluciones no son inmediatas, los informes de la Misión de Determinación de Hechos suman «al expediente que se está instruyendo en la Corte Penal Internacional, al próximo debate que se va a dar en el Consejo de Derechos Humanos para determinar si se renueva o no el mandato de la Misión de determinación de los hechos, suma porque aumenta el costo político a la represión en Venezuela, a pesar de que siguen ocurriendo cosas muy terribles, hay que reconocer que el costo político para el gobierno venezolano se ha ido elevando en el tiempo».

Rodríguez agrega que «es un camino largo, muy lento, pero es un camino al esclarecimiento de la verdad, al establecimiento de las responsabilidades individuales, al establecimiento de las cadenas de mando responsables de los abusos contra los DD.HH.».

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