Publicado el 22 septiembre, 2020

Informe de la ONU puede ser utilizado como prueba contra Maduro ante la CPI, a diferencia del realizado por Bachelet

Autor:

Emily Avendaño

Desde febrero de 2018 corre en la Corte Penal Internacional un examen preliminar sobre Venezuela. A diferencia de los informes previos elaborados por la Oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el texto presentado la semana pasada por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, también de la ONU, sí puede ser utilizado como un insumo en La Haya. Las ONG de DD.HH. de Venezuela confían en que este texto sea el detonante que les permita avanzar de fase en la corte internacional y, por otra parte, cuestionan que el régimen de Maduro no cumple con los acuerdos a los que llegó con la oficina de la ex Presidenta.

Autor:

Emily Avendaño

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El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela menciona a los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad con nombre y apellido. A diferencia de los documentos previos elaborados por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el informe de 443 páginas presentado por la Misión el 16 de septiembre nombra a Nicolás Maduro, a su Ministro de Defensa, así como a los cuatros titulares que ha tenido el Ministerio de Interior en los últimos seis años.

El documento apunta: “La Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad” y agrega en otro punto: “Por todas estas razones, la Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión”. Además, en sus recomendaciones insta a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente para las víctimas.

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, subraya que solo hay tres gobiernos en el mundo señalados por crímenes que aparecen en el Estatuto de Roma: está el caso de la República de la Unión de Myanmar en Asia también conocida como República de Birmania por el genocidio contra los musulmanes rohinyás; el del presidente de Siria Bashar al-Ásad, señalado por el uso de armas químicas en la guerra civil de su país, y ahora Maduro

“Esto tiene una enorme trascendencia porque gobiernos autoritarios hay muchos, pero gobiernos señalados por Naciones Unidas de crímenes que están en el Estatuto de Roma solo esos tres”, diferencia Daniels.

En julio de 2019, cuando la Alta Comisionada Bachelet presentó un informe sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela, tras una visita de funcionarios de su Oficina en marzo de ese año al país petrolero, seguida de una visita en el mes de junio de la propia Bachelet, se presentó una radiografía de la gravedad de la crisis venezolana, pasando por la salud, la alimentación, la existencia de presos políticos, desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. No obstante la gravedad de las situaciones que describía, el documento en sí mismo no constituía una evidencia para sentar a Maduro en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional. En cambio, el documento elaborado por la Misión Internacional de Determinación de Hechos sí puede usarse para este fin.

“Nos parece que lo avanzado en el informe y las conclusiones a las que llegan, en las que aparecen motivos razonables para entender que en Venezuela hay un patrón de violaciones sistemáticas a los DD.HH. y que muchas de ellas se constituyen en crímenes atroces, específicamente de lesa humanidad, va a ayudar al impulso de este procedimiento activado en la Corte Penal Internacional. Un ejemplo es el caso de Myanmar en el que ocurrió así en términos de acortar y avanzar en la investigación”, explica Bibi Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, Cepaz.

Para los activistas venezolanos en Derechos Humanos, la labor de ambas instancias es complementaria, aunque no hay dudas de que el informe presentado por la Misión fue mucho más contundente, en la medida que sí identifica culpables. 

“Los informes de la Alta Comisionada, al igual que los informes de la Comisión Interamericana, tienen la misma naturaleza, que es determinar la responsabilidad del Estado y es al Estado a quien compete sancionar las responsabilidades individuales. La Alta Comisionada lo que dice es ‘detecto aquí un patrón de tortura y usted, Estado que ha firmado los tratados internacionales en DD.HH., está obligado a sancionar’. La naturaleza de una misión de determinación de hechos es diferente porque en el mandato se le pide expresamente que determine esa responsabilidad individual”, afirma Daniels.

Borges lo resume en que la oficina encabezada por Bachelet ha tenido una labor más de monitoreo y cooperación técnica. Mientras la Misión tiene un mandato más específico, producto de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se trata de un órgano temporal, no jurisdiccional, que debe investigar hechos ocurridos desde el año 2014 únicamente relacionados con desaparición forzada, tortura y malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias; y cuyo mandato -de no alargarse, como solicitan las víctimas y ONG venezolanas- termina este mes.

Daniels dice que rara vez un Alto Comisionado ha señalado a un gobernante por la comisión de actos señalados en el Estatuto de Roma. La excepción, dice, fue la alta comisionada Navanethem Pillay, que en el caso de Siria dijo que Bashar al-Ásad estaba implicado en crímenes de guerra. 

De hecho, otro de los puntos destacados por los activistas en Derechos Humanos es que la Misión no utilizó los informes previos elaborados por la Oficina de la Alta Comisionada “para garantizar la independencia y el trabajo imparcial. Tuvo que levantar su propia información. No utilizó los informes de la Oficina, pero esos fueron los documentos previos y están en consonancia con los informes de la Misión”, asegura Borges.

“Esta misión está avanzando mucho más rápido en señalar posibles culpables que la Oficina”

Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, explica que la Oficina de la Alta Comisionada puede remitir la información que ha utilizado en sus informes, también ayudar a que que la Misión tenga mejor acceso a víctimas, al Estado y a las pruebas que ya han recopilado, pese a que se trata de instancias independientes. Sin embargo, afirma que en el caso venezolano la relación entre ambas instancias no ha sido tan fluida. “Nos habría gustado que fuese mucho más abierta, dinámica, de más colaboración, pero parece que no ha sido así y la misión ha tenido que emprender un camino un poco más arduo para obtener los resultados que obtuvo”. 

Ha trascendido que la oficina de la Alta Comisionada tenía ciertas reservas con la misión ante la posibilidad de que por sus gestiones la Oficina y sus delegados en Venezuela pudieran ser objeto de represalia por parte del Estado, en el sentido de que no les permitieran acceder a algunos lugares o les pidieran que se fueran.

“El Estado después de un año ha renovado y ha permitido que seis oficiales permanezcan en Venezuela. No es una oficina establecida, pero se ha comprometido a trabajar. Lo que nosotros vemos como organización de derechos humanos es que esta misión de determinación de hechos está avanzando mucho más rápido en señalar posibles culpables y en la posibilidad de que las víctimas obtengan justicia, porque lo que hace la Oficina es trabajar de la mano con el Estado para que este empiece a realizar cambios. El trabajo de la Oficina es otro, es ser mediadores, trabajar con el Estado y dar recomendaciones, pero el Estado no ha cumplido con esas recomendaciones tampoco. Entonces, los resultados de la oficina de la Alta Comisionada tampoco han sido buenos a excepción de las últimas semanas cuando liberaron 110 presos políticos y se comprometieron a hacer unas investigaciones”, dice Rendón. 

El 19 de septiembre el Partido Comunista emitió un comunicado en el que exalta la reciente renovación del pacto de cooperación entre el gobierno de Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Este marco de cooperación es reservado y por tanto su contenido es desconocido.

El comunicado del PC menciona como un avance “el resultado del diálogo con la oposición y de los compromisos ante la Alta Comisionada, al ser indultados 110 detenidos opositores al gobierno”.

Nicolás Maduro, a través de un decreto presidencial, ordenó un «indulto» para 26 diputados con inmunidad «allanada» y más de 50 presos políticos o personas que se encontraban bajo régimen de presentación en tribunales por causas políticas el lunes 31 de agosto. En total 110 personas resultaron beneficiadas con esta medida aunque no todos los que figuraban en la lista estaban encarcelados o con acusaciones firmes en su contra.

Desde Venezuela explican que las recomendaciones hechas por la Oficina de la Alta Comisionada no han tenido un nivel de cumplimiento eficiente. “Los apoyos, avances y cooperaciones no son ni en las dimensiones ni de lo que Venezuela necesita ni lo que se ha solicitado al Gobierno. No hay voluntad en el cumplimiento de las recomendaciones por parte del Gobierno” afirma Borges. 

De hecho, desde Cepaz llevan adelante la campaña “Venezuela no coopera, no cumple”, en la que se detalla qué ha sucedido con estos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos escenciales y servicios de atención de salud, el Gobierno ha negado el acceso a la Oficina a los espacios para monitorear el cumplimiento de estas recomendaciones. Sobre cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los DD.HH., en particular las violaciones graves como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Según un informe de la ONG Provea, al menos 574 personas sufrieron torturas y al menos 23 de ellas murieron en 2019; y no hubo avances en llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas y exhaustivas independientes, imparciales y transparentes de los casos de violaciones a los DD.HH. Tampoco se publican datos detallados sobre salud y nutrición, ni se pone fin a las medidas contra los medios de comunicación, entre otros diversos puntos.  

“Luego de un año en que la Oficina de la Alta Comisionada llegó a acuerdos con el Estado, organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y la propia alta comisionada nos hemos dado cuenta de que las recomendaciones no se están cumpliendo. En vista de esto, el Consejo de Derechos Humanos aplicó esta nueva instancia que es la Misión de Determinación de Hechos y concluyó que el Estado ha cometido violaciones graves a los DD.HH. es decir crímenes contra la humanidad”, asevera Rendón.

Cuál es el estatus en la Corte Penal Internacional del caso venezolano

En febrero de 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ordenó abrir una averiguación preliminar sobre el caso venezolano. Además en un hecho inédito Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, con el apoyo posterior de Francia remitieron el caso de ese país ante la CPI también en 2018, apoyados en un informe elaborado por un Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presentado a la Secretaría General de la OEA el 29 de mayo de 2018.

“Esa fue la primera vez que a nivel internacional se habló de crímenes de lesa humanidad, pero las Naciones Unidas no había dicho nada al respecto, por eso la Misión es tan importante”, reafirma Daniels. 

Venezuela ha estado en examen preliminar desde el 8 de febrero de 2018. Al momento, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda, había recibido un total de 110 comunicaciones, atendiendo al artículo 15 del Estatuto Roma, que daban cuenta de “presuntos crímenes” que serían de potencial competencia del tribunal. 43 de esas misivas se vinculaban a hechos ocurridos desde abril de 2017.

El caso venezolano se encuentra en la Fase 2, de cuatro, del examen preliminar, que consiste en determinar la existencia de delitos que sean competencia de la Corte. Ya pasó por la recepción y recopilación de información, y estarían pendientes las fases de “complementariedad”, en la que se determina si los tribunales nacionales tienen la intención o la capacidad de procesar esos delitos, y el último paso es definir si hay “interés de la justicia”.

“En la fase dos la Fiscalía determina la existencia o no de la comisión de delitos de competencia de la corte. Esa pregunta está muy bien respondida por este informe de la Misión de Determinación de Hechos, que dice que en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte y de hecho los exhorta a tomar cartas en el asunto. Nosotros esperamos que al igual que en Myanmar que gracias a la misión la Corte inició un examen, en el caso nuestro ese examen avance porque la Fiscal está en mora. En diciembre del año pasado en la Asamblea de Estados Parte, la fiscal dijo que en el transcurso de 2020 iba a haber anuncios sobre Venezuela, eso lo ratificó en mayo, y estamos en septiembre y no ha dicho nada. Por eso nosotros esperamos que este informe sea finalmente el revulsivo final que nos permita pasar a la siguiente fase”, dice el director de Acceso a la Justicia.

El comunicado del Partido Comunista alude a que, según las cifras entregradas por Maduro, actualmente en Venezuela hay 517 funcionarios acusados por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ocurridas entre 2017 a marzo de 2020, de los cuales 167 se encuentran privados de libertad. Al mismo tiempo 731 funcionarios han sido acusados por el delito de homicidio o violación del derecho a la vida, de los cuales 436 se encuentran en prisión. Hechos, que además están reseñados en el informe de Bachelet del 2 de julio de 2020.

En ese informe también se explica que en ese mismo período, el Ministerio Público venezolano, controlado por Maduro, inició 4.890 investigaciones por las muertes violentas en el marco de las operaciones de seguridad; de las que en marzo de 2020, 4.861 se encontraban en su fase preliminar, 15 en su etapa intermedia y 13 en juicio; “el perpetrador fue condenado por homicidio en un caso”, señala el informe de ACNUDH. Es decir, que la proporción entre el número de denuncias por malos tratos y las condenas es menor al 1%.

Explica Daniels que en la Fase 3, cuando la CPI investiga si el Estado ha hecho algo para sancionar a los responsables, “no hay ninguna discusión de que eso no ha ocurrido. El fiscal de Venezuela se defiende diciendo que hay juicios y 127 funcionarios condenados, esa es una vulgar mentira porque eso se limita a los perpetradores materiales. A los efectos de la Corte no interesa quien da el golpe, a la Corte lo que le interesa juzgar es a quienes dan las órdenes, y en ese supuesto aquí no ha habido una sola averiguación, no ha habido un solo ministro, un solo comandante militar, un solo jefe de destacamento de una ciudad que haya tenido un juicio”. 

Por tanto, Daniels concluye que de llegar a ese punto se debería avanzar muy rápido a la última fase, “que es determinar si es interés de la justicia que el caso vaya a la corte y obviamente que en un país donde hay impunidad total es interés de la justicia que esto sea así, esto puede ser muy rápido o muy lento. En el caso de Colombia el examen preliminar lleva 14 años, pero en el caso de Gadafi llevó un mes”. 

Agrega el director de Acceso a la Justicia: “La fiscal empezó en febrero de 2018 y la Misión de Determinación de Hechos la crearon en septiembre de 2019, sus miembros fueron nombrados en diciembre en enero de 2010 empezó a trabajar y ya en septiembre tuvo este devastador informe. Por eso es tiempo suficiente para que la fiscal decida llevar el caso, y desde el punto de vista político sería beneficioso para ella porque se iría con la victoria de decir que por primera vez llevó a la corte un caso que no es de África”.

El sucesor de Bensouda en la CPI debe ser nombrado en diciembre y por lo que la fiscal permanecerá en el cargo hasta junio de 2021. Otro punto a favor de los avances de la investigación en La Haya tiene que ver con que Marta Valiñas, presidenta de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos es especialista en justicia penal internacional y de 2014 a 2019 trabajó en uno de los equipos de investigación de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. 

El régimen de Maduro no permitió la entrada de los integrantes de la Misión a Venezuela, pese a reiteradas solicitudes y el 19 de septiembre el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, junto con el fiscal general, Tarek William Saab, se pronunciaron en rechazo al texto. En su lugar resaltaron el ánimo de “cooperación” que existe entre ellos y la Oficina de la Alta Comisionada.

Por su parte las organización de derechos humanos venezolanas confían en que el mandato de la Misión de Determinación de Hechos se extienda por dos años más. Decisión que se conocerá antes de que finalice el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en octubre.

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