Tras varios aplazamientos, se acerca la fecha marcada por el Presidente Gabriel Boric para que comience a funcionar la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Según anunció en su cuenta pública, el 21 de junio será el día de la instalación. Sin embargo, a una semana de ese hito quiénes han conocido de cerca las conversaciones para materializarlo aún no tienen claro cuál es el encargo, cuáles son sus bordes, quiénes la integrarán y si se va a contar con dinero para ejecutar algún mandato o restitución.
Todo esto en la antesala de un segundo viaje del Jefe de Estado a la IX Región y luego de una reunión en Cerro Castillo con los parlamentarios de la Macrozona Sur.
Quienes se han involucrado en la discusión con respecto a la Comisión para la Paz explican que para llegar a buen puerto es necesario una modificación a la Ley Indígena, en lo concerniente a la creación de nuevas comunidades y también en que cualquier solución debe considerar la propiedad individual y no colectiva –como ocurre con la restitución de tierras en la actualidad–, insisten en que no se le puede obligar a los privados a vender; que cualquier solución tiene que necesariamente reconocer a las víctimas; que además de las tierras habría que considerar otro tipo de compensaciones y conseguir que exista una política de Estado, que trascienda a los gobiernos.
Una deuda insaldable
Pablo Urquízar, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur, detalla en una carta enviada a El Mercurio que a través del artículo 20 b) de la Ley Indígena, entre 1994 y marzo de 2023 se compraron y transfirieron 218.900 hectáreas, con una inversión de $ 530.032.315.161; esto según datos entregados por Conadi.
Todavía hay 700 comunidades que tienen el documento, conocido como aplicabilidad, que entrega el Estado y dice que tienen derecho a recibir tierras; y hay cerca de otras 800 comunidades que están en trámite para obtener dicha aplicabilidad.
En el año 2000 la Conadi pagó un estudio a la Universidad de Concepción que fija como referencia que a cada familia hay que restituirle 12,7 hectáreas –cada comunidad, en promedio, la conforman más de 40 familias–; y un mismo título de merced puede ser reivindicado más de una vez por distintas comunidades indígenas. Con lo cual existe la preocupación de que se convierta en una deuda infinita o insaldable; más cuando el Presidente Boric dijo que la comisión “deberá catastrar las tierras ancestrales reclamadas por comunidades mapuches”; las cuales trascienden los títulos de merced.
En la práctica, entonces, la Comisión para la Paz promete hacer un catastro que permita identificar, en limpio, cuánta tierra se ha entregado y a quién; cuánta tierra resta por entregar; en qué plazo podría hacerse; y de dónde se va a obtener esa tierra de manera que no le produzca problemas a terceros: como obligar a los privados a vender, ‘marcajes’ de predios o usurpaciones.
“La violencia terrorista no se soluciona entregando tierras”
Sin embargo, en La Araucanía miran aún con desconfianza la efectividad de la comisión. En especial porque lamentan que “el terrorismo sigue y peor”.
En la previa a la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric el 1 de junio, la Multigremial de La Araucanía emitió un informe en el que señala que hubo un aumento de 28% en los atentados incendiarios y ataques armados durante el mes de mayo, en comparación con el mes anterior.
Otro dato que entregan es que durante 2023 se detectó un aumento de 58% en los atentados incendiarios contra maquinarias y equipos y resumen que en los últimos 14 meses, se han registrado más de 389 atentados en la Macrozona Sur, lo que equivale a un promedio cercano a un atentado diario.
Roberto Heise Möller, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco A.G. (SOFO), en una carta publicada en el Diario Austral de la Araucanía el 12 de junio, critica que la comisión “tiene un titular ambicioso, y nada más”. Heise agrega: “La crisis de violencia terrorista no se soluciona entregando tierras. Lo hemos señalado: si existe alguna deuda, es del Estado. Y antes que todo eso, están las víctimas, que no tienen ningún lugar en la anunciada comisión”.
Otro punto sin zanjar es quiénes la van a integrar. Si bien han trascendido algunos nombres, ninguno ha sido confirmado y no será hasta que se instale la comisión que se conocerá el listado definitivo. No obstante, para algunas voces en La Araucanía es importante que una figura de peso como Alfredo Moreno, ex ministro de Desarrollo Social, participe de la instancia.
Organizaciones mapuche proponen cinco bordes a la Comisión para la Paz
El Movimiento de «Pueblos Originarios por la Paz», integrado por Enama, la Fundación Rakizuam, el Consejo Político Mapuche Ngulumapu, entre otras comunidades y asociaciones indígenas plantean “cinco bordes” que deben considerarse en la instancia.
«Señalamos que entre los integrantes de la comisión no debe haber parlamentarios. Porque estamos a la espera de un proceso de elecciones municipales y esta instancia puede prestarse para el cuoteo político y tergiversar el espíritu de todo el trabajo. También planteamos que los integrantes no puedan postularse a cargos de elección popular por lo menos en cinco años; y que estén considerados representantes mapuche tanto del Apruebo como del Rechazo», enumera Richard Caifal a El Líbero, director ejecutivo de la Fundación Rakizuam.
Otros dos bordes son que «dentro de los objetivos que tenga esta comisión, debiera finalmente concluirse también lo necesario de la modificación de la Ley Indígena y establecer alternativas pecuniarias para responder a la demanda de reivindicación de tierras”, plantea Caifal.
Modificaciones a la Ley Indígena y otros métodos de reparación
Con respecto a la Ley Indígena, Caifal –ex gobernador de la Provincial de Cautín y que ejerció como abogado en Conadi– señala en alusión a la propiedad colectiva que “el artículo 17 de la Ley Indígena ha generado bastante complejidad al momento de su operatividad, porque restringe la facultad de disposición. O sea, las personas deben permanecer en la indivisión, los derechos hereditarios hoy día realmente han generado muchos inconvenientes. Y el artículo 17 sería un buen inicio para abordar las falencias que tiene la Ley Indígena”.
Para Caifal, “el derecho de propiedad individual es la esencia de la cotidianeidad, lo que vemos en el día a día. Los derechos colectivos básicamente forman parte de un discurso emocional, pero que no tiene ningún asidero en la práctica. La gente cuando compra tierra lo hace con la idea de tener certeza jurídica respecto de dónde van a construir su casa, dónde quieren sembrar, quieren heredar a sus hijos, y eso la ley hoy en día no lo está permitiendo, por lo tanto hay que comenzar a adecuar la legislación a los tiempos actuales”.
Sobre las alternativas pecuniarias, el director ejecutivo de la Fundación Rakizuam afirma que hay que tener sentido de realidad. Recuerda que el mayor número de la población mapuche se encuentra en la Región Metropolitana, 614.000, mientras que en La Araucanía son 314.000.
“Es evidente que las necesidades van variando de acuerdo a la ubicación geográfica. Quizás en La Araucanía sea lo primordial el tema de tierra, pero también hay que pensar en esa gente que vive en los sectores urbanos, que pudiesen optar por ejemplo a emprendimientos, postular una vivienda con una cantidad de dinero también similar a la que se postula al proceso de tierra, estudios superiores, pagos de universidad, etc. Hay múltiples alternativas que se tienen que ir manejando”, dice Caifal.
Exigencias en seguridad: ley antiterrorista y de usurpaciones
Los parlamentarios de la IX Región así como los senadores del Biobío y diputados del distrito 21 fueron invitados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a nombre del Presidente, a una reunión en Cerro Castillo este martes en la noche. El objetivo del encuentro era “abordar la situación de seguridad que afecta la zona», lo que no se alcanzó a tocar en una reunión anterior realizada el pasado 16 de mayo.
En aquella cita de mayo, se trataron más bien asuntos concernientes a la Comisión para la Paz y el Entendimiento y algunos legisladores cuestionaron que no hubo espacio para abordar el tema de la violencia.
Para este encuentro del martes, el diputado Andrés Jouannet –quien no pudo estar presente por encontrarse en las actividades en Isla Dawson– igualmente envió un documento en el que plantea diversas prioridades.
Allí cuestiona qué hacer para evitar que los grupos violentos controlen vastos sectores de la Macrozona Sur; pregunta ¿qué medidas tomará el gobierno en el breve plazo para restituir las tierras y a sus legítimos dueños? Y a partir de aquello, ¿cómo garantizará el gobierno la seguridad en los pedidos que fuesen devueltos a sus propietarios?, considerando que existen alrededor de mil predios usurpados; la mayoría de forma violenta.
La promesa de Boric
Por su parte, el diputado Miguel Mellado se preguntaba si se le pondrá discusión inmediata a la ley antiterrorista y si se tomarán acciones contra el lonko de Temucuicui Víctor Queipul, de quien dice “es la persona que más daño ha hecho en el último mes a la gente de la Región de La Araucanía”.
Ayer el Presidente Boric se refirió a la ley antiterrorista y señaló que «el problema es que es ineficaz, y no sólo es ineficaz, sino que cuando ha sido utilizada, Chile ha sido condenado por organismos internacionales por el mal uso que se la ha dado». Agregó que «por eso como gobierno nos hemos comprometido a ingresar un paquete de modificaciones a la actual legislación durante el segundo semestre».
Tras la reunión, el diputado Mellado explica que «algunos entienden, porque el segundo semestre empieza en julio, que lo va a mandar en julio, pero la ministra del Interior lo que había dejado claro es que no tienen manos ni gente como para poder hacer ese proyecto ahora rápido y lo están postergando para un par de meses más. Nos parece bien la línea, pero tenemos que tener un tema de urgencia y muchísimo cuidado, porque lo que se está dando a nivel nacional es muy peligroso».
No se puede hacer sin las víctimas
Un punto de coincidencia entre los distintos actores de la Macrozona Sur es que la comisión debe estar acompañada con todos los esfuerzos para terminar con la violencia.
“Cualquier iniciativa que se dialogue tiene que tener presente lo que las víctimas están viviendo, lo que las víctimas opinen, porque obviamente son las que están siendo afectadas en el día a día”, asevera Caifal.
“El tema de la violencia no ha cesado en la Macrozona Sur. Tenemos atentados todas las semanas. Conocimos la existencia también de artefactos explosivos en el último episodio de acción violenta, y eso ha ido creciendo”, agrega el abogado.
En cuanto al respaldo de los cinco bordes presentados por las organizaciones de origen mapuche, Caifal indica: «Por supuesto que tienen respaldo, tienen asidero en la realidad, con ese espíritu lo hemos formulado, sin desconectarnos».
Aunque hace la salvedad de que «obviamente hay grupos extremos que desprecian esa posibilidad, puesto que han optado por el uso de las armas, la violencia, los atentados. Incluso, leíamos hace unos días atrás las amenazas de muerte para aquellas personas que trabajaran con empresas forestales. Por lo tanto, la realidad de la violencia es bastante cruda y lo más probable es que esos grupos extremos no estén de acuerdo con nuestra iniciativa, pero nosotros estamos apuntando a la gran mayoría de la gente indígena, de la gente mapuche, que deseen el derecho de propiedad, y que eso podría incluso quedar en la constitución”.
Mellado: «Con la Comisión para la Paz el Presidente tira la pelota al córner»
Por otro lado, hay quienes dudan de la efectividad que va a tener la Comisión y consideran que más bien es una estrategia del gobierno para ganar tiempo. En especial porque la instancia tiene un período de funcionamiento de dos años.
“Mi voluntad es que esta comisión empiece a funcionar en marzo del 2023, y entregue su informe y propuestas ad portas de la conmemoración de los 200 años del tratado de Tapihue, realizado entre el Estado Chileno y el pueblo nación mapuche en 1825”, dijo Boric el 11 de noviembre de 2022, desde Villarrica, en su primera visita a La Araucanía.
“El Presidente Boric tira la pelota al córner. Hay 700 comunidades con aplicabilidad y con esto busca que estén más o menos tranquilas durante los años de este gobierno; porque se entregan tierras a alrededor de 14 comunidades por año, o sea, estoy hablando de 50 años, solamente para 700. Y al final del gobierno van a haber 1.500 comunidades”, argumenta el diputado RN Miguel Mellado.
“¿Por qué razón esta comisión, que es solamente administrativa para el tema de tierra, se va a demorar dos años si una Constitución, que es más compleja, se escribe en seis meses?”, cuestiona el legislador; quien recuerda que la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, 41 días después de asumir, dijo que no licitarían el catastro de tierras “porque la Conadi tiene esa información”.
Además, Mellado advierte de las complejidades de hablar de tierras antiguas o ancestrales, que podrían abarcar todo lo que esté al sur del río Biobío. “Lo peor es que van a crear una cantidad de expectativa en las comunidades tremenda. Y con las tierras antiguas, te aseguro que los violentos van a ir a lugares donde nunca ha habido títulos de merced y van a decir: ‘esto es mío’. El pueblo mapuche es un pueblo libre, ancestral, un pueblo en paz y de trabajo. Pero algunos pocos están aprovechando de eso para su propio beneficio”, señala.