El Ministerio Secretaría General de la Presidencia convocó a los legisladores de La Araucanía a una reunión esta noche en Cerro Castillo. El objeto del encuentro es abordar los resultados del estado de emergencia que afecta la zona y del Plan Buen Vivir. Sin embargo, los legisladores invitados confían en que también les informen sobre los avances de la Comisión para la Paz y el Entendimiento para la Macrozona Sur que, según la promesa presidencial, debía estar instalada en marzo y que a dos meses de cumplido ese plazo aún se desconocen sus características.
El encuentro además ocurre a un año de que el Presidente Gabriel Boric a través del decreto N° 189 del Ministerio del Interior, del 16 de mayo de 2022, y publicado el 17 de mayo, estableciera el el estado de emergencia que rige en La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío y cuando los parlamentarios de la UDI incluso advirtieron a La Moneda que no respaldarán nuevas prórrogas a menos que se decrete estado de sitio. Una discusión que está en tabla para mañana en el Congreso.
Con respecto a la instalación de la Comisión para la Paz, la senadora republicana por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, afirma: “Se atrasó. Es así. Yo creo que fueron muy optimistas al inicialmente establecer un plazo tan acotado”.
El diputado RN por la Araucanía, Miguel Mellado, complementa: “Es como todas las promesas de este gobierno. Colocan el titular pero nunca hacen la bajada”.
Por su parte, el diputado RN Jorge Rathgeb indica: «A nosotros no nos han convocado para nada con respecto a la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que la anunció el Presidente en su visita a fines de año y que supuestamente iba a empezar en marzo. No tenemos noticias respecto de ese tema y espero que se refieran a ello y que no pase sencillamente como un tema que se propuso y quedo en la nada».
La promesa inclumpida de Gabriel Boric
Y es que fue el propio Presidente Gabriel Boric, quien el 11 de noviembre de 2022, desde Villarrica, prometió: “Mi voluntad es que esta comisión empiece a funcionar en marzo del 2023, y entregue su informe y propuestas ad portas de la conmemoración de los 200 años del tratado de Tapihue, realizado entre el Estado Chileno y el pueblo nación mapuche en 1825”.
Cuando el Mandatario describió el objetivo de la Comisión señaló que “esta no es una comisión para hacer un diagnóstico. Como señalé, los diagnósticos ya están hechos. Esta es una Comisión para que tomemos las recomendaciones que organismos nacionales e internacionales han hecho para buscar una solución al conflicto de la región y de una vez por todas las hagamos realidad. Esta será una Comisión con una agenda abierta, donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato específico: determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche, y proponerle al país mecanismos para saldar y reparar esta deuda del Estado de Chile con el pueblo mapuche en un plazo que acordemos entre las partes y que seguramente excederá a este gobierno”.
Sin embargo, en marzo el país aún estaba atendiendo la emergencia causada por los incendios forestales y fue por ello que el jefe del Plan Buen Vivir, Víctor Ramos, informó que la instalación de la Comisión para la Paz había sido pospuesta para el mes de abril.
Entrevistado por Emol TV el 24 de marzo, Ramós dijo: “Nosotros queríamos arrancar en marzo, el incendio nos sacó de la planificación, pero no nos ha sacado completamente, nos ha sacado un par de semanas, lo cual es completamente administrable. Nosotros queremos partir ya”. Han pasado 53 días desde entonces y aún no se informa quiénes serán los integrantes de esa mesa, que según Ramos en esa entrevista, iban a ser de cinco a siete. Tampoco se sabe con cuáles comunidades ha dialogado Ramos en este tiempo, ni si se ha contactado a alguna universidad para que se haga cargo del catastro de tierras.
Diputados como Mellado y Gloria Naveillán señalan que quizás en la reunión de esta tarde se sincere quiénes integrarán la Comisión, una información que públicamente se daría a conocer por el propio Presidente Gabriel Boric.
Una Comisión para la Paz de la que poco se sabe
“La Comisión para la Paz está radicada en Víctor Ramos, que es la persona que está a cargo también del Plan Buen Vivir. Él ha estado en conversaciones con los parlamentarios, nos ha llamado, nos ha puesto al día un poco y entiendo que no es fácil este proceso porque también tiene que vincularse con las organizaciones mapuche de la macrozona sur, que estén dispuestas al diálogo, que estén dispuestas a hacer cambios reales indígenas y que también están dispuestas a un catastro que permita ir cerrando un compromiso que el gobierno anterior ya había visualizado en el horizonte, que era decir: cuánto tenemos que entregar, en cuánto tiempo y cerrar el capítulo, porque esto no puede ser eterno”, explica la senadora Aravena.
Al respecto, la senadora también hace el punto de que “tiene que haber una cambio en la ley indígena que permita cerrar la creación infinita de comunidades, porque de lo contrario la deuda sería eterna. Si seguimos entregando tierra a comunidades que surgen a partir de una comunidad raíz, que es lo que ocurre hoy día, el Estado de Chile estará permanentemente en deuda, en la medida que se vayan reproduciendo estas comunidades”.
Y es que como indicó el Jefe de Estado la política gubernamental hace un foco importante en las tierras y de allí la importancia que se concrete el catastro prometido y que se transparente cuál será la metodología a utilizar y si Conadi va a poner a disposición de los investigadores toda la información que posee en cuanto a títulos de merced, cantidad de hectáreas entregadas, a qué comunidades y quiénes están en espera.
Se sabe que Ramos ha estado conversando con comunidades desde el año pasado, pero al solicitar por Transparencia el detalle sobre con quiénes han sido estos encuentros, así como las fechas y lugares de reunión; la Subsecretaría del Interior –donde estaba radicado hasta diciembre el Plan Buen Vivir– se negó a entregarla.
“No creo que hayan avanzado un ápice en lo que se les pidió, que fue el tema del catastro de tierras, que ellos querían que fuese parte de la agenda de la mesa de trabajo, pero la mesa de trabajo en la práctica nunca se ha instalado. No se ha convocado a nadie, no sabemos cuándo va a empezar a funcionar, y mientras Conadi sigue, entre comillas, restituyendo tierras, que no sabemos si estaban realmente afectadas por derechos indígenas o no. ¿Cómo lo vamos a saber si no hay un catastro?”, lamentó la diputada Gloria Naveillán, al darse a conocer que el ex jefe de gabinete de la Delegación Presidencial de La Araucanía, José Millalén, había sido contratado por la Segpres, como parte del Plan Buen Vivir. Millalén condicionó paz a cambio de tierras recién cuando se estaba instalando el gobierno actual.
¿Y la violencia?
Además, en conversación previa con El Líbero, el diputado Mellado advirtió: “La famosa Comisión para la Paz tampoco se ha armado. Dijeron que era en marzo, después abril, después mayo, y ya va llegando a junio. El Plan Buen Vivir no ha podido contrarrestar lo que ellos querían que era disminuir la violencia. Ha incrementado la violencia”.
Cifras entregadas por el excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur en el gobierno pasado, Pablo Urquízar, a El Mercurio, señalan que si se consideran 359 días de aplicación del estado de excepción -hasta el jueves 11 de mayo-, los hechos de violencia se redujeron en un 28%, en relación a los 359 días anteriores al decreto que lo estableció; período en el que se cometieron 253 atentados incendiarios. Y hace la diferencia de que la medida “ha sido menos efectiva” que la aplicada entre octubre de 2021 y marzo de 2022, cuando los hechos de violencia disminuyeron en un 40%.
Sobre esta diferencia, Aravena sostiene que “podrían haber muchas causas, una de ellas que haya sido acotado en un inicio, pero también podría ser que las orgánicas radicales que están detrás de estas acciones violentas, terrorismo, en mi opinión, se hayan fortalecido. Comenzamos con tres orgánicas y hoy día ya hay diez. Entonces, este número de adherentes a esta mal llamada ‘causa’ podría ser también el motivo por el cual, a pesar del estado de excepción, no hemos logrado los indicadores que se tenían hace 2 años atrás”.
Aravena agrega que “paralelamente, si bien ha disminuido en un 30% el nivel de violencia en la Macrozona Sur, no es el caso de Malleco, que ha mantenido altos indicadores, dados, en mi opinión, por la existencia de territorios autónomos que no tienen ninguna relación con el Estado de Chile, como es el caso de Temucuicui, en donde no sabemos qué se esconde ahí, aunque inferimos qué es lo que hay. Por otro lado Pidenco, que es la zona donde Pablo Marchant fue enterrado, donde también hay una cúpula de personas de la CAM. Entonces la situación sigue siendo compleja para este gobierno y para todos”.
Tierras ancestrales
Otro punto que preocupa a los parlamentarios con respecto a la Comisión para la Paz es el concepto de las “tierras antiguas” o “tierras ancestrales” que introdujo el Presidente Boric en su discurso de noviembre en Villarrica.
“Este catastro debe considerar la perdida que han sufrido las comunidades respecto a los títulos que el Estado le otorgara, y también la demanda viva que existe sobre las llamadas tierras antiguas, que pueda ser respaldada técnicamente”, dijo entonces Boric.
Un concepto que podría complicar aún más la misión de esta Comisión para la Paz una vez que se instale. El Tratado de Tapihue al que aludió el Presidente Boric cumplirá 200 años en 2025.
Para Aravena, “hablaría prácticamente de millones de hectáreas. Ahí ya entraríamos en una situación muy difícil de cumplir, y una deuda que no sé cómo el Estado podría compensar, o sea, es casi como rearmar el mapa de Chile. Sí estamos muy interesados en saber cuáles son los objetivos del Presidente, si solamente se trata de revisar lo que se ha entregado en torno a la Ley Indígena vigente, o lo que él pretende es ir más allá, y si es ir más allá, estaríamos de alguna manera también validando el discurso de las organizaciones de resistencia territorial, que hoy día están de alguna manera justificando toda la violencia que hemos vivido por 25 años”.