Si algo salió en limpio de la interpelación a la ministra del Interior Carolina Tohá, es que “en la Macrozona Sur hay acciones que tienen carácter terrorista”, según palabras de la jefa del gabinete. No obstante, en los 14 meses que van de gobierno, no se han presentado urgencias ni indicaciones a ninguno de los dos proyectos de ley sobre la materia; tampoco ha habido ninguna querella por Ley Antiterrorista, la iniciativa no forma parte de los 31 los proyectos de ley priorizados en materia de seguridad y hay escepticismo sobre si el Ejecutivo cumplirá la promesa de presentar un nuevo proyecto a “mitad” de 2023.
En la Comisión de Constitución del Senado se encuentran dos proyectos de ley sobre la materia. Uno presentado por la ex presidenta Michelle Bachelet en 2014 (los boletines refundidos N° 9.692-07 y 9.669-07) y la llamada “ley corta” antiterrorista que presentó el ex presidente Sebastián Piñera en 2019 (boletín N° 12589-07). La tramitación de ambas normativas se encuentra “durmiendo” en la Cámara Alta.
Con respecto al proyecto de 2014, recién instalado en el gobierno, Piñera presentó una indicación sustitutiva y durante su mandato aplicaron 49 urgencias (34 simples, 13 sumas y 2 discusiones inmediatas) para que se tramitara la iniciativa. En cuanto a la “ley corta” –que incluso llegó a ser aprobada en general por el Senado– tuvo 74 urgencias (51 suma y 23 discusión inmediata). Para ambos casos, la última vez que se les aplicó una urgencia fue en enero de 2022, antes de que asumiera en la Presidencia Gabriel Boric.
Más recientemente, en noviembre de 2022, diputados de RN presentaron un proyecto de ley que establece una nueva ley sobre conductas terroristas, dispone medidas especiales para su investigación y deroga la ley N°18.314; que tampoco ha tenido ningún avance en la Cámara de Diputados.
Para Apruebo Dignidad no hay terrorismo
Desde la oposición son críticos y aseguran que el motivo por el que la Ley Antiterrorista no se aplica, pero tampoco se han hecho esfuerzos para mejorarla, es porque a este gobierno nunca le ha gustado el término “terrorista”. Ejemplo de ello, subrayan, es que tuvieron que presionar para que el asunto fuese incorporado en la fallida mesa de seguridad que impulsó Tohá a finales del año pasado y que fracasó debido a los indultos que otorgó Boric en la víspera de Año Nuevo.
En su momento trascendió que el oficialismo quería sacar la Ley Antiterrorista de este debate y que, en su lugar, preferían que el modo de perseguir estos delitos se incorporara más bien en la ley sobre crimen organizado. Y de ahí la reticencia a avanzar con respecto a la Ley Antiterrorista: porque les “desordena” la coalición.
El diputado RN Andrés Longton, teniendo a la vista lo dicho por la ministra Carolina Tohá durante la interpelación, plantea que “uno esperaría que si el Presidente reconoce, aunque solamente en algunos casos puntuales, que hay terrorismo, que esa ley se aplique, y si no se aplica, por distintos motivos, que le ponga urgencia a los proyectos, o que presente indicaciones para corregirla”.
Cuando el Presidente Gabriel Boric reconoció que había actos terroristas en La Araucanía se refirió específicamente al caso del Molino Grollmus; y también aludió a un ataque incendiario contra la escuela Rariruka de Curacautín, ad portas de su primera visita a la IX Región en noviembre de 2022.
“Uno esperaría, por sentido de responsabilidad, entendiendo que la Ley Antiterrorista es una herramienta que tiene que ser utilizada, y para eso, obviamente, tienen que dar curso a las modificaciones correspondientes (…). Eso no lo ha hecho porque hay una división ideológica clara entre las dos almas que conviven en el gobierno. Principalmente Apruebo Dignidad no habla de terrorismo, sino que habla de violencia rural (…), esa pugna es la que acompaña al gobierno en todos los temas que tienen que ver con seguridad, y por eso ha habido una escasez de proyectos de ley, y una pugna constante para que estos avancen en sus distintas instancias”, dice Longton a El Líbero.
Longton: “La responsabilidad recae sobre el Presidente”
Al ser consultado sobre quién tiene la responsabilidad de indicar o de darle la urgencia a la Ley Antiterrorista, Longton no duda: “Recae sobre el Presidente de la República, claro. Las indicaciones, las urgencias, las maneja el Presidente de la República. Y no le ha puesto ninguna urgencia a la Ley Antiterrorista, teniendo una obligación moral de hacerlo, considerando los graves hechos de terrorismo que existen en la zona, entre ellos el atentado al Molino Grollmus”, cuyo dueño, Helmuth Grollmus, murió a finales de abril.
Coincide la senadora republicana por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena: “En mi opinión existe un sesgo completamente ideológico. Parte importante del gobierno cree que no hay terrorismo en La Araucanía. Por lo tanto no ve necesidad ni de aplicar la ley terrorista ni de reformarla. Ningún proyecto tiene urgencia y esto denota la ausencia completa de la prioridad para el gobierno, ni siquiera en el atentado del Molino Grollmus, que fue emblemático, el Presidente planteó este tema cuando hizo su discurso y no presentaron ninguna querella por este delito terrorista específicamente”.
A lo que el diputado RN Miguel Mellado suma: “A la izquierda no le interesa que el país tenga una Ley Antiterrorista de nivel mundial, actualizada, porque ellos siempre protegen a los victimarios como si fueran víctimas”. El legislador indica que se refiere específicamente al Frente Amplio y al Partido Comunista. “No les interesa. Porque si hay un Presidente que dice que hay acciones de connotación terrorista, y la Ley Antiterrorista, según él, no sirve, entonces modifique la ley, coloque urgencia. Es lo lógico”, subraya Mellado.
Tras los dichos de Boric en los que catalogaba el atentado contra el Molino Grollmus como un “acto terrorista”, le siguieron las declaraciones del jefe de bancada del Partido Comunista, Boris Barrera, contradiciéndolo.
“Ya han venido observadores internacionales que han dicho que en La Araucanía y en ese sector no hay terrorismo, sino que hay violencia y una serie de demandas que no han sido abordadas por ningún gobierno y de eso hay que hacerse cargo ahora”, expuso Barrera. “Tendríamos que decir que en todos lados donde se está causando el temor hay terrorismo, por ejemplo, en las poblaciones de mi distrito cuando se agarran a balazos”, agregó el comunista.
Indefiniciones
Fuentes que han tenido a su cargo la seguridad de la Macrozona Sur aseveran, fuera de micrófono, que “en el ADN del gobierno lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur se produce por el despojo territorial que hace el Estado de Chile al pueblo mapuche en el siglo XIX, y por lo tanto no se puede criminalizar a quienes exigen la restitución de los territorios ya sea por la vía pacífica o la vía violenta. Por lo tanto, no creen que exista terrorismo y, como no existe, no le va a dar urgencia a ninguna ley que haya al respecto”.
Otro ejemplo acerca de las reticencias a referirse a los atentados como “terrorismo” lo protagonizó la ministra Tohá, después del ataque a balazos que sufrió un furgón escolar con estudiantes en su interior, al sur de Cañete.
Tohá manifestó su “total condena” por los hechos ocurridos en la ruta Cañete-Tirúa a través de Twitter. Pero más tarde ese mismo día, al ser consultada en un punto de prensa, sobre si consideraba tales hechos como terroristas respondió: “No voy a hacer catalogaciones porque necesito más antecedentes”.
La Ley Antiterrorista no fue priorizada
El 4 de abril el Presidente Boric firmó el Compromiso transversal por la seguridad, acompañado de alcaldes y gobernadores. Se trata de una agenda de medidas entre las que se menciona la Ley Antiterrorista.
“Ejecutivo desarrollará los estudios para la modificación a la ley vigente con el objetivo de tipificar el delito terrorista de una manera que permita su persecución efectiva, y de mejorar los instrumentos para su investigación y sanción. Se presentarán las respectivas modificaciones a mitad del año 2023”, dice el documento.
Diez días después la Cámara, el Senado y el gobierno anunciaron un acuerdo para legislar proyectos de seguridad pública que busca agilizar el trámite legislativo de 31 iniciativas de ley priorizadas. Entre las iniciativas no figura la Ley Antiterrorista.
Al salir de la interpelación, Tohá precisó que la reforma a la legislación antiterrorista se hará mediante un proyecto nuevo que será presentado en el segundo semestre de este año.
“Es una contradicción evidente”, afirma Longton sobre que la Ley Antiterrorista aparezca como parte del Compromiso transversal por seguridad, pero no figure entre los 31 proyectos priorizados.
“Yo escuché al Presidente en la cuenta pública del año pasado decir que le iba a meter urgencia al proyecto de ley de inteligencia en septiembre, y eso no se cumplió. Entonces, los plazos que el gobierno señala son muy relativos (…). Esperaría que al menos la Ley Antiterrorista hubiera sido incorporada. Ahora esperemos, y por eso es tan importante la interpelación, porque la ministra ahora queda con un compromiso. Esperamos que ese compromiso se cumpla. Ahora, que el contenido de ese proyecto de ley nos vaya a parecer o no, es otra cosa, pero lo primero es que cumpla su compromiso”, subraya Longton.
Mellado incluso sostiene que se está perdiendo una posibilidad de avanzar en esta materia; por la disposición que tiene la oposición actual a avanzar en el tema de seguridad “que le da todos los votos para este tipo de proyectos. Entonces, el país, como ellos no quieren avanzar, se está farreando esta posibilidad”.
Sin embargo, otras voces de la oposición advierten que si el proyecto que presentarán en esta materia “es a gusto del PC”, es como si no hubiesen presentado nada.
Ley Antiterrorista: un conflicto ideológico para AD
Durante la interpelación, Tohá recordó que tanto los gobiernos de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera no lograron impulsar sus reformas para una legislación antiterrorista.
En 2019, cuando el Senado aprobó en general la ley corta antiterrorista, Felipe Harboe presidía la Comisión de Constitución del Senado.
Al respecto asevera que toda la discusión se paralizó por “falta de disposición para llegar a acuerdo en la ley corta, el cambio en la composición de la Comisión de Constitución, las presiones del octubrismo sobre la izquierda y la falta de convicción de algunos legisladores del Socialismo Democrático en torno a la necesidad de la reforma”.
Efectivamente cuando se vio el tema en la comisión, los senadores que más reparos manifestaron fueron el DC Francisco Huenchumilla y el socialista Alfonso de Urresti. En opinión de Harboe, “porque no creían en el instrumento”.
“No existe disposición de la izquierda por modificar la Ley Antiterrorista porque sus bases no lo aceptarían. Muchos no tienen idea de lo que dice la actual ley, ni menos de los proyectos de reforma, pero igual se oponen”, dice el ex senador y ex Subsecretario del Interior a El Líbero. “El mejor escenario para ellos es que la Ley Antiterrorista no se reforme porque la actual ley, después de la modificación de 2011, sirve de poco”, agrega.
Al final, Longton concluye que para el gobierno “todo lo que tenga conflicto ideológico en su sector no es priorizado; pese a que esas son las prioridades del país: la Ley Naín-Retamal, la ley de usurpaciones, Ley Antiterrorista, control preventivo, el criterio Valencia, tipificar el ingreso irregular como delito para acelerar las expulsiones. En su sector, muchos ven todavía la seguridad como represión y lamentablemente no va a avanzar con la suficiente fuerza”.