El 18 de enero de 2024, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estaba en Caracas, Venezuela. ¿La misión de su viaje? Firmar un acuerdo de colaboración con el gobierno de Nicolás Maduro para la lucha contra el crimen organizado. Poco más de un mes después de esa visita, el 21 de febrero, en Chile fue secuestrado y asesinado el exteniente de la disidencia venezolana, Ronald Ojeda, razón por la que ese acuerdo fue objeto de dudas.
Ahora que Monsalve está siendo indagado no sólo por violación, sino que también por obstrucción a la justicia, la ley de inteligencia y posibles irregularidades en el uso de gastos reservados, el abogado de la familia de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, presentará una denuncia para dilucidar si alguna actuación en relación a la firma de ese convenio -que incluía la “actualización de los listados de prófugos de la justicia” y “antecedentes penales de blancos investigativos”-, promovió de alguna manera la ubicación del exteniente por parte de sus asesinos.
Hay que recordar que Chile le dio asilo político a Ojeda y a su familia a fines de 2023, pero que el gobierno venezolano lo declaró públicamente enemigo de la patria el 24 de enero de 2024, sólo seis días después de la reunión entre autoridades de Chile y Venezuela.
Según Héctor Barros, fiscal jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh), el móvil del crimen fue político. Hasta el momento hay solo dos detenidos por el caso, un adolescente, que fue condenado, y el recién extraditado Maickel Villegas. Ambos son venezolanos y el resto de los criminales que participaron en el hecho, también serían extranjeros.
La viuda de Ojeda sospecha de Monsalve, pero “no descarta a ninguna autoridad ni política ni de investigación”
Josmarghy Castillo, la viuda del disidente venezolano “siempre ha sostenido que pudo haber filtración o fuga de información en relación con el secreto que rodea el asilo que obtuvo Ronald Ojeda, que eso pudo haber sido usado para facilitar el lugar donde fue secuestrado y que permitió más tarde también que lo asesinaran”, cuenta Manríquez a El Líbero.
Si bien sus ojos están puestos sobre Monsalve, porque es quien firmó el acuerdo en Caracas, “ella no descarta a ninguna autoridad ni política ni de investigación o de otra índole de aquella época, y por tanto, lo que ha solicitado es que también esa arista se indague completamente y si es necesario volver sobre aquel convenio y toda su información adjunta para reconstruir la verdad de esa diligencia, habrá que hacerlo”.
Manríquez explica que esta nueva acción legal también busca saber si el convenio que firmó Monsalve se utilizó de manera informal. La idea, es “agotar todas las líneas posibles que esclarezcan no solo la planificación, la orden, ejecución, el encubrimiento, el financiamiento, sino que también todo lo que hizo posible que una persona bajo asilo político en Chile fuera secuestrada en suelo chileno, asesinada con completa inadvertencia de los sistemas de inteligencia”.
Consultado sobre si pedirá la revisión de los teléfonos de Monsalve, el abogado afirma que se pedirán las diligencias “necesarias”, pero que “no vamos a revelar ninguna para evitar que se frustre y evidentemente a la mayor brevedad, una vez agotada algunas otras cuestiones previas, vamos a ingresar la denuncia anunciada por la señora Castillo”.
El cuestionado acuerdo que firmó Monsalve y su contraparte
El día que Monsalve firmó el convenio en Venezuela, declaró que el instrumento “implica que nuestras policías van a tener mecanismos de colaboración para compartir información que nos va a permitir ser más eficaces en las investigaciones criminales, compartir la información respecto a estructuras criminales y los líderes de esas estructuras criminales, justamente para poder asegurarles a nuestros países que vamos a trabajar incansablemente para desarticular a las organizaciones que se dedican al crimen transnacional”.
El documento tenía siete puntos y uno en particular es el que despertó suspicacias. Ese decía que el acuerdo contempla “compartir información biométrica y decadactilar, con finalidades investigativas, a fin de lograr una identificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos”.
Monsalve centró todas sus vocerías respecto a que el acuerdo era sobre integrantes del crimen organizado, sin embargo, el artículo 3 (ver abajo), decía que las partes promoverán el “mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia”.
Para Venezuela, Ojeda calificaba como una persona vinculada a delitos y también como prófugo, dado que se escapó de la cárcel política de Ramo Verde en 2017.
Según publicó el semanario venezolano “La Razón”, en febrero, el acuerdo vino a dar “luz verde” a la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM) para perseguir y capturar a Ojeda, lo que fue desestimado por Monsalve, quien calificó como una “total mentira” la noticia, pues “el viaje fue público, fue conocido por todo Chile, por todos los medios de comunicación, mantuve dos reuniones en Caracas, en las dos reuniones estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la PDI, reuniones que además también fueron públicas”.
A juicio del director del semanario, Pablo López, Chile pecó de confianza al suscribir el acuerdo con Venezuela porque ese gobierno es “inescrupuloso”. “A Chile le interesa el convenio para obtener información de maleantes que se han infiltrado dentro de la migración venezolana. Le interesa a Chile para solicitar información de los del Tren de Aragua. Pero como ese es un acuerdo recíproco, a la otra parte, que es el gobierno de Venezuela, no le interesa solicitar información de delincuentes que se han ido para allá. No. Le interesa que Chile le informe de los disidentes que se encuentran ahí. Obviamente, no le va a decir al gobierno de Chile, que es un gobierno democrático: ‘mira, yo tengo un disidente que está allá ubicado’. No, simplemente le da la lista y les dice ‘necesito información de estas personas’”, comentó López el verano pasado a El Líbero.
Las controvertidas contrapartes que firmaron el acuerdo
A esto se sumó que su contraparte en la firma fue José Humberto Ramírez Márquez, viceministro del Sistema Integrado de la Investigación Penal, parte del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien fue director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) -símil de la PDI en Chile- y fue el primer director del Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes), un estamento de la Policía Nacional Bolivariana al que se le vincula con persecución política a la disidencia venezolana.
En la firma del convenio entre Monsalve y Ramírez también estuvo presente el actual director del Cicpc, Douglas Rico. Durante su dirección, recuerda MalaEspinaCheck, el Cicpc fue nombrado en diferentes informes sobre derechos humanos en 2017, 2021 y 2024. Asimismo, Naciones Unidas lo vinculó con ejecuciones extrajudiciales y el Observatorio Venezolano de Prisiones acusa que bajo su mando se viven situaciones denigrantes en los calabozos.
El acuerdo fijó a la Policía de Investigaciones como la contraparte chilena y 16 de febrero fue aprobado por el Ministerio del Interior y totalmente tramitado el 27 de ese mes, seis días después de que delincuentes disfrazados de PDI sacaran a Ojeda de su casa, lo torturaran y asesinaran mediante asfixia mecánica “por suspensión”, lo metieran en una maleta y lo enterraran bajo un radier en una toma de Maipú.
Si, puede ser, cuadra, tiene perfil de hampa, matón de barrio y siciliano