El 18 de enero el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, firmó en Caracas un convenio de colaboración con Venezuela para la lucha contra el crimen organizado (ver abajo). Su contraparte fue José Humberto Ramírez Márquez, viceministro del Sistema Integrado de la Investigación Penal, parte del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Ramírez fue director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) -que vendría a ser como la PDI en Chile- y fue el primer director del Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes), un estamento de la Policía Nacional Bolivariana al que se le vincula con persecución política a la disidencia venezolana.
El convenio entre Chile y Venezuela fue cuestionado durante los últimos días porque el periódico La Razón, de ese país, acusó que este documento facilitó, de alguna forma, el secuestro del exmilitar Ronald Ojeda Moreno, raptado en la comuna de Independencia la madrugada del 21 de febrero por hombres que se hicieron pasar por miembros de la Policía de Investigaciones.
La publicación se suma a las dudas de la comunidad exiliada de ese país, que apuntan a la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM) como el organismo detrás el secuestro en Chile, toda vez que Ojeda es expreso político, pues se escapó en 2017 desde la cárcel militar de Ramo Verde, donde estaba tras ser acusado de “traición a la patria” por una supuesta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro.
Quién es José Humberto Ramírez
Ramírez ha ido ganando terreno y confianza en la articulación policial de Venezuela.
Hermano de un exdiputado socialista y exgobernador de Mérida, en 2011 fue nombrado director del Cicpc, dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, entonces a cargo del ministro Tareck El Aissami, exmano derecha y exministro del Petróleo caído en desgracia después de un escándalo de corrupción.
En noviembre de 2014, el Presidente Nicolás Maduro designó a Ramírez como director del Cuerpo Nacional Anticorrupción –creado en el marco del programa Sistema de Protección para la Paz (SP3)-, conformado por una Policía Nacional Contra la Corrupción y una Intendencia Nacional Anticorrupción.
El 5 de abril de 2022 se creó el Goes, que en la práctica fue la continuación de la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Violentos (BEGV) y que según el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), meses después de su aparición, había sido imposible «documentar información sobre sus insignias y uniformes, los funcionarios que componen el organismo, los mecanismos de selección y promoción de sus miembros, sus mandos, los recursos destinados por el Estado y su capacidad operativa».
En la firma del convenio entre Monsalve y Ramírez, según el programa de la jornada, también estuvo presente el actual del Cicpc, Douglas Rico. Durante su dirección, recuerda MalaEspinaCheck, el Cicpc ha sido nombrado en diferentes informes sobre derechos humanos en 2017, 2021 y 2024. Asimismo, Naciones Unidas lo vinculó con ejecuciones extrajudiciales y el Observatorio Venezolano de Prisiones acusa que bajo su mando se viven situaciones denigrantes en los calabozos.
Simonovis: “Yo no hubiese aceptado un acuerdo firmado por este malandro”
Al ser consultado por El Líbero sobre el actuar del Goes, Iván Simonovis, exjefe de Inteligencia y Seguridad del líder opositor Juan Guaidó, señala que si bien entiende la posición de Chile, “debieron haberse hecho quizás otro tipo de negociaciones”, esto en alusión al convenio de cooperación policial firmado entre ambas naciones en enero por Monsalve y Ramírez.
“Chile, dentro de todo, es uno de los países con una de las democracias más sólidas y con un entendimiento del respeto a las leyes diferente a como lo tenemos en otras partes de Latinoamérica. Tanto así, que los carabineros están entre las policías menos corruptas del mundo. Eso dice mucho. Entonces, ellos quieren tomar todo literalmente apegado a la ley. Y sí, yo creo que en este caso ellos debieron haber buscado otro mecanismo o hacer alguna salvedad en esa cooperación, entre comillas, que ellos firmaron”.
En esta misma línea sentencia: “Yo, por ejemplo, no hubiese aceptado un acuerdo firmado por este malandro. Mínimo por Remigio Ceballos, el ministro de Interior y Justicia. Para que se comprometiera a que cualquier cosa que saliese mal, sea el ministro el que esté involucrado en eso. Porque ahorita lo tiene un viceministro. En Venezuela hay viceministros por kilo”.
Agrega que “siendo Chile, como ha sido, un país que ha tratado de mantenerse dentro del marco de la ley, de la protección, el respeto a los derechos humanos, ellos debieron haber dicho ‘mira, ya va, con este señor no podemos firmar, tenemos que buscar a otro que quiera firmar, porque aquí está firmando gente seria, del otro lado no podemos tener un tipo que está acusado de violación a los derechos humanos‘. Así de sencillo”.
En cuanto al actuar del Goes, explica que se trata de una instancia “fuera de sentido común y de orden”, que responde más bien a intereses personalistas. “Un ministerio es un ente al que están adscritos organismos que trabajan en una línea específica de trabajo. Son estructuras, con una directiva, una organización. Ahora bien, ese Goes es un grupetín que trabaja directamente para el ministro de Interior y Justicia, o sea Remigio Ceballos. Es un tema personalizado, ya tú de ahí empiezas a verle las costuras (…). Tengo a estos tipos ahí en esta oficina, hacen investigaciones y, de ser necesario, abarcan la parte operativa; todo eso es anómalo, total y absolutamente anómalo”.
Simonovis coincide entonces en que se trata de una instancia creada para la “persecución política”: “Ellos tienen que hacer unos trabajos que están fuera de la ley. Es ilegal perseguir a una persona, crearle psicoterror. Por ejemplo, está una persona que puso un tweet, con una foto de Alex Saab diciendo que era un delincuente. Esa persona está desaparecida. Ese tipo de cosas sucias dárselas a una institución cuesta. Pero tú tienes ahora a estos malandros ahí que hacen lo que sea, porque son tuyos. Si ves la historia del Ministerio del Interior en Venezuela jamás, jamás, han tenido grupos especiales a su orden. Esos grupos especiales están a la orden de la policía y la policía tiene un director y tiene una razón del uso de esos grupos especiales, no es una cuestión personal”.
Sin embargo, al ser Venezuela un país con tan poca disponibilidad de información pública, existen dudas hasta de la continuidad del Goes. Simonovis indica que la agrupación se encuentra 100% operativa. Sin embargo, otras fuentes consultadas por El Líbero indican que actualmente el grupo “no aparece en la nueva estructura de la Policía Nacional Bolivariana”.
Estas mismas fuentes señalan que en Venezuela desde hace más de una década han existido distintas estructuras represivas que van cambiando de nombre, con el supuesto objetivo de luchar contra “el terrorismo”. Indican que además del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la DGCIM, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tiene una división contra el terrorismo: el grupo de acciones estratégicas y tácticas, quienes vienen haciendo labores de inteligencia “ya no solamente en temas de delincuencia común, sino también para persecución a opositores en el país. Esta división contra el terrorismo es una subdivisión, vamos a llamarlo así, de la DAE (la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas), que son estructuras que ha ido creando el gobierno de Maduro y que todas apuntan a una misma dirección, que es la persecución sistemática contra los opositores o contra quienes perciben como opositores”.
Explican también que en algunos casos estas agrupaciones son formalmente estructuras del Estado y en otros son estructuras combinadas, “donde hay funcionarios del Estado, agrupados con colectivos (civiles armados) que ayudan en las labores de represión”.
Qué dice el convenio
El acuerdo de colaboración suscrito entre Chile y Venezuela, se enfoca en la búsqueda y persecución del crimen organizado. Sin embargo, tal como informó la Subsecretaría del Interior el 18 de enero, también contempla el «mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas», además de «antecedentes penales de blancos investigativos vinculados a delitos violentos, crimen organizado trasnacional, crimen cibernético y otros delitos entre ambos».
Consultada directamente sobre si Venezuela pidió a Chile información sobre Ojeda al subsecretario Monsalve u a otra autoridad, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo en T13 Radio: «Absolutamente no. Nadie ha preguntado. Nadie ha osado pensar que Chile podría ser parte de la persecución a dirigentes políticos que están en esa naturaleza en Chile, como era el caso del señor Ojeda».
Ojeda, además de ser prófugo de la justicia de Venezuela, había recibido a finales de 2023 el asilo político en Chile.
Parece complicado un compromiso con un interlocutor como este, pero quizás «es lo que hay».