Director de diario venezolano La Razón: «Lo que tiene que aclarar el subsecretario Monsalve es si Venezuela le solicitó información de Ronald Ojeda»

Han transcurrido cinco días y aún se desconoce el paradero del ex militar venezolano Ronald Ojeda Moreno, secuestrado la madrugada del 21 de febrero por hombres que se hicieron pasar por miembros de la PDI. Si bien desde el gobierno han dicho que no se descarta ninguna hipótesis, debido a que hay denuncias de que el rapto pudo ser orquestado por organismos de inteligencia venezolanos, ayer el semanario La Razón de ese país tituló su portada afirmando que Chile “dio luz verde” a la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM) para efectuar el plagio. 

El medio, dirigido por el periodista y abogado Pablo López Ulacio, se basa en el acuerdo de colaboración mutua que firmaron Venezuela y Chile -representado por el subsecretario Manuel Monsalve- el 18 de enero pasado. Un texto que entre sus lineamientos generales indica, por ejemplo, el “mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia” y que al ser solicitado por El Líbero de forma íntegra al Ministerio del Interior, señalan que para difundir el convenio debe haber un acuerdo de las partes para hacerlo público. Ronald Ojeda Moreno se encontraba asilado en Chile luego de lograr escapar en diciembre de 2017 de la cárcel militar de Ramo Verde en Venezuela, en donde estuvo varios meses recluido.

Esta mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a desmentir la información publicada en el diario venezolano: «Quisiera hacer una afirmación muy clara, muy nítida y muy tajante: Es una total mentira. Si usted me pregunta cómo califico esa publicación, la califico de una total mentira».

Agregó que el convenio de colaboración con Venezuela «es público, el viaje fue público, fue conocido por todo Chile, por todos los medios de comunicación, mantuve dos reuniones en Caracas, en las dos reuniones estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la PDI, reuniones que además también fueron públicas (…). Entonces permítame decirle lo absurdo de la teoría«.

Para conocer más antecedentes sobre la publicación, El Líbero contactó al director del diario, Pablo López Ulacio, quien vive en el exilio desde el año 2000; luego de que se dictara una orden de detención en su contra debido a información publicada en el medio que dirige.

A su juicio, “lamentablemente” Chile firma este convenio “con un gobierno inescrupuloso. Un gobierno delictivo, como es el gobierno de Maduro. Entonces, Chile solicita información, pero también, de manera recíproca, Venezuela solicita información. ¿Y de quién va a solicitar información Venezuela? ¿Acaso hay preocupación, interés del gobierno de Venezuela de ubicar a algún delincuente que se le haya escapado? ¿A algún pran (líder de las cárceles) que esté en Chile? Eso no le interesa al gobierno de Venezuela. Ese convenio le interesa a Venezuela para obtener información de los disidentes que se encuentran en Chile, de los perseguidos políticos que se encuentran en Chile, de los militares que han tenido que ir a Chile a solicitar refugio”.

Resume, entonces, que “a Chile le interesa el convenio para obtener información de maleantes que se han infiltrado dentro de la migración venezolana. Le interesa a Chile para solicitar información de los del Tren de Aragua. Pero como ese es un acuerdo recíproco, a la otra parte, que es el gobierno de Venezuela, no le interesa solicitar información de delincuentes que se han ido para allá. No. Le interesa que Chile le informe de los disidentes que se encuentran allá. Obviamente, no le va a decir al gobierno de Chile, que es un gobierno democrático: ‘mira, yo tengo un disidente que está allá ubicado’. No, simplemente le da la lista y les dice ‘necesito información de estas personas’. Y el gobierno de Chile le informará ‘sí, cómo no, esa persona vive en el barrio tal, está ubicada en tal dirección y tal cosa’. Esa información el gobierno venezolano la utiliza de manera inescrupulosa para perseguir a los disidentes que se encuentran en Chile”, denuncia López Ulacio. 

El director de La Razón argumenta que “se supone, en buena lógica y en buena fe, que el gobierno de Chile no va a suscribir un convenio para aceptar la persecución de dirigentes políticos, porque no está dentro de la idiosincrasia del pueblo chileno, ni del gobierno de Chile. Tendría que ser un gobierno demasiado perverso, como es el caso de Maduro, para firmar un convenio de intercambio de perseguidos políticos. No. Este es un convenio policial referido a la delincuencia en general. Es decir, donde los gobiernos intercambian información de antecedentes penales, huellas dactilares, y la data de todos estos personajes”.

–¿Y cómo entonces este tema alcanzó al Teniente Ojeda?

–Lamentablemente Chile firma esto con un gobierno inescrupuloso. Un gobierno delictivo, como es el gobierno de Maduro. Entonces, Chile solicita información, pero también, de manera recíproca, Venezuela solicita información.

Director de La Razón: “Lo único que tiene que informar el subsecretario Monsalve es si el gobierno de Venezuela le solicitó información sobre el teniente Ojeda”

Otra de las cosas a las que aludió el subsecretario Monsalve al momento de desmentir la publicación del semanario La Razón es que el medio “es absolutamente extranjero, con una clara orientación política, y que entrega información sin ningún fundamento y sin ninguna evidencia”.

Frente a esto, López Ulacio también presenta sus descargos y dice que el subsecretario “no aporta ningún elemento”. 

“Nosotros informamos un hecho irrefutable, objetivo, que es la firma del convenio policial entre los gobiernos de Venezuela y Chile el 18 de enero de este año. Y hay que leer ese convenio, que por cierto está bastante en secreto, porque lo que se han señalado son los lineamientos generales del acuerdo. En ese convenio policial uno de los puntos es el intercambio de información, la obligación de las partes, en este caso los gobiernos de Venezuela y Chile, de suministrar la información que solicite la otra parte. Entonces, lo que tiene que aclarar el Ministerio del Interior de Chile, en este caso el subsecretario Monsalve, es si el gobierno de Venezuela le solicitó información sobre el teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno. Eso es lo único que él tiene que informar. Con eso se aclara todo el caso. Eso es muy sencillo”, subraya el director de La Razón.

E insiste: “¿El gobierno de Venezuela, una vez suscrito el convenio el día 18 de enero, le solicitó información al gobierno de Chile sobre el paradero de este teniente? Sí o no (…). Lo único que tiene que informar el subsecretario Monsalve es si el gobierno de Venezuela, la policía venezolana, como producto de ese convenio suscrito por él el 18 de enero en Caracas, le solicitó información sobre el teniente Ojeda. Más nada”.

López Ulacio señala que el medio que dirige sí tuvo acceso al convenio. Sin embargo, se reserva el derecho a difundirlo “porque eso nos lo suministraron a nosotros, creo que uno de los pocos ejemplares que se han filtrado, que han circulado por ahí”. No obstante, señala que hay declaraciones públicas del subsecretario en las que éste señala: “Este convenio nos va a permitir construir un mecanismo de colaboración para compartir información respecto de personas que, eventualmente, son un riesgo para la seguridad de nuestros países”.

“Hasta qué punto se puede firmar un convenio policial con un gobierno delincuente como el gobierno de Nicolás Maduro”

Sobre el intercambio de información, el director de La Razón afirma que se trata de un punto “muy delicado”. “Yo entiendo la buena fe, la preocupación y el trasfondo del gobierno de Chile, lo entiendo perfectamente. ¿Cuál es la preocupación? El alto índice de criminalidad por parte de individuos venezolanos en Chile. Particularmente la megabanda el Tren de Aragua, que ha acosado, ha puesto contra la pared de la seguridad chilena. Lo más lógico es que el gobierno chileno busque a los dirigentes del país de origen de esa banda, en este caso Venezuela(…). Pero lo que hay que reflexionar de buena fe es hasta qué punto se puede firmar un convenio policial con un gobierno delincuente como el gobierno de Nicolás Maduro. No solamente eso, sino con los organismos policiales de un gobierno que ha estado cuestionado internacionalmente por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre los que pesan una persecución y denuncias en la Corte Penal de La Haya”. 

En ese sentido, se pregunta: “¿Cómo se va a firmar un convenio policial con un gobierno delincuente? Allí es donde está, en mi opinión, el grave error. Entiendo la motivación, entiendo la preocupación, pero ¿cómo van a hacer esto? Un convenio que en una de sus partes dice que están obligados los firmantes a entregar la información que solicite la otra parte”.

López Ulacio describe la situación actual de Venezuela, en donde hay un año electoral, se inhabilitó a la candidata de la oposición María Corina Machado y, además, se detuvo a la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, acusada de formar parte de una supuesta conspiración. Misma conspiración en la que involucran a Ojeda. 

“Como parte de esa conspiración, están buscando a varios oficiales, a quienes torturan en la DGCIM para que confiesen, entre comillas, incurriendo en lo que llaman en derecho el vicio del consentimiento. Porque una persona a la que están torturando, que le dicen que le van a matar a sus hijos, a su madre, a su esposa, no le quedará más remedio que confesar. Y ese tipo de confesión es la que anda buscando la DGCIM. Y por eso es que busca a estos militares (…). Y me imagino que confiese que María Corina Machado es la que dirige la conspiración para matar a Maduro, etcétera, etcétera. Entonces, lo grave es que esto haya ocurrido fuera de las fronteras de Venezuela. Y lo que informa La Razón es que esta cuestión ocurrió, lamentablemente, en vista del convenio policial suscrito entre ambos países”, advierte.

“Venezuela usó la información que le solicitó a Chile y lo más probable es que esté implicada la DGCIM en ese rapto, que tiene todas las características del procedimiento de la DGCIM. Son funcionarios militares. Todas las características de ese tipo de cosas”, agrega López Ulacio.

“La información la van a utilizar para perseguir a los disidentes”

En cuanto a las declaraciones de Monsalve, López Ulacio subraya que “lo que publicó La Razón es el convenio, esa es la base de todo, de ahí parte todo. Es decir, ¿cómo que es una mentira? Si hay fotos, es un hecho público, notorio y comunicacional, que el subsecretario Monsalve estuvo el 17, el 18, el 19 y el 20 en Caracas; y el día 18 firmó un convenio en la sede de la Cancillería (…). Cómo un gobierno respetuoso, democrático, como el gobierno de Chile, por más problemas que tenga con el Tren de Aragua, va a firmar un convenio con el gobierno delincuente de Maduro… Es como firmar un convenio con el gobierno de Corea del Norte, o Nicaragua, o el gobierno de Venezuela, porque son gobiernos inescrupulosos, que la información la van a utilizar para perseguir a los disidentes. Si es un acuerdo con otro país, está perfecto. El error está en haber firmado ese convenio con el gobierno delincuente de Venezuela”.

Además, alude a las declaraciones de Monsalve de hoy, en las que el subsecretario señaló que tuvo dos reuniones en Caracas, en las que «estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector de la Policía de Investigaciones».

En esa línea, López Ulacio afirma: “Nosotros en la investigación que hicimos de todo el recorrido de Monsalve en Caracas, con fuentes directas de la Cancillería, fuentes directas de los organismos policiales, fuentes directas del Ministerio de la Defensa, fuentes directas del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno. Por todas esas vías, también hicimos búsquedas, pues rastreando información, como se hace por medios informativos. Y curiosamente, uno de los medios informativos vinculados al gobierno de Maduro, borró la información con las reuniones que realizó Monsalve en Caracas, que no son solamente las dos que él mencionó, sino son otras más”. Y dice que fueron “otras reuniones más de tipo político”. 

“La posición editorial no descalifica al medio bajo ningún concepto”

Además, sobre la seriedad de su medio de comunicación, asegura que independientemente de su línea editorial, “se trata de una investigación seria, con consulta de fuentes, consulta de documentos”.

Recuerda que en el año 2000, debido a la persecución del chavismo, él se tuvo que exiliar en Costa Rica.

“Nuestro caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es un caso público, notorio y comunicacional, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tomó como una de sus banderas la defensa de este periódico, porque nosotros, comenzando el gobierno de Chávez, hicimos varias denuncias muy serias, y eso ocasionó que se hiciera un proceso contra el periódico, y con motivo de eso, pues, nosotros estamos en el exilio. Pero independientemente de eso, se trata de una investigación seria, con consulta de fuentes, consulta de documentos, y toda una investigación que arroja esa información. Independientemente de la posición editorial, eso no descalifica al medio bajo ningún concepto”, dice el director del semanario.

Agrega que “La Razón es uno de los pocos medios informativos que ha fijado una posición clara en contra de la censura. No es un medio progobierno, porque si fuera un medio progobierno no pudiera publicar esta información. Para comenzar, los medios en general en Venezuela tienen que estar bajo la esfera de la censura y la autocensura. Esto no es posible que lo publique ningún medio en Venezuela. Tenemos que hacerlo nosotros, que tenemos el periódico desde el exterior, y obviamente tenemos una posición clara, como nos lo manda el Código de Ética del periodista venezolano, que es denunciar y enfrentar los gobiernos dictatoriales y autoritarios, como es el gobierno de Venezuela, que a parte de esas características es un gobierno delincuente. Y eso no es un criterio subjetivo, sino que es una conclusión que han sacado organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, organismos que investigan el narcotráfico, organismos que investigan el lavado de dinero”.