Más de 14 mil personas viven en tomas con órdenes de desalojo dirigidas al gobierno

De no mediar un acuerdo entre los ocupantes y los dueños del cerro Centinela en San Antonio, este miércoles 3 de septiembre se debería desalojar una de las tomas de terreno más grandes del país y que alberga a más de 10 mil personas. Pero no es la única en esta situación de espera ante un -tal vez- inminente lanzamiento. Existen ocho ocupaciones ilegales de territorio con órdenes de desalojo judiciales vigentes y dirigidas al gobierno, que siguen sin concretarse por diferentes motivos, acumulando más de 14 mil personas en esa situación.

Según información del Ministerio del Interior a la que accedió El Líbero, entre el 11 de marzo de 2022 hasta principios de este año, había 22 casos en que la justicia accedió a desocupaciones que debían ser ejecutados por las delegaciones presidenciales regionales, lo que antes eran las intendencias. Esto, con la fuerza pública, de ser necesario.

De ellas, según Interior y la información que arroja el Poder Judicial, 14 terminaron en desalojo (una en 2022, cinco en 2023, seis en 2024 y dos en 2025, Lajarillas en Viña del Mar entre ellas), mientras que otras ocho con sentencia vigente siguen sin llevar a cabo la orden de lanzamiento. Eso sí, en las dos más grandes, los ocupantes llegaron recientemente a acuerdos para comprar los terrenos, aunque en otras, los dueños del lugar aún esperan respuestas.

Hay que recordar que los desalojos se pueden ordenar por orden del Poder Judicial, como estos casos, o bien por la vía administrativa, es decir, por orden directa del Ejecutivo.

Según el Catastro Nacional de Campamentos 2024‑2025 realizado por Techo‑Chile, actualmente hay 120.584 familias viviendo en 1.428 campamentos a lo largo del país.

Las más grandes pendientes de desalojo llegaron a acuerdo recientemente 

Sin tanto protagonismo como la tomas de San Antonio o la de Cerrillos, que es la más grande del país, hay otras dos que albergan a más de mil personas cada una y que si bien llegaron a la Corte Suprema y se ordenó su desalojo, ambas llegaron a acuerdos de compraventa durante este segundo semestre de 2025.

Se trata de los  asentamientos conocidos como «Nueva Cordillera», «Los Pinos» y «La Ballena” en Puente Alto; y «Dignidad», «Marichiweu» y “Jerusalén”, en Lampa.

Los primeros surgieron en enero 2020 luego de que desconocidos se instalaran en cuatro lotes de propiedad de la empresa Inversiones Santa Paula Limitada y varios miembros de la familia Coo Lyon, una situación que los afectados calificaron en sus inicios como una “operación de apropiación concertada” y organizada por una sola persona. 

En 2023 la Corte Suprema ordenó el desalojo oficiando al Ministerio del Interior y desde entonces ocurrieron ocho aplazamientos hasta que la Corte se negó a una novena el 3 de mayo.

Según explicaba el abogado de los demandados, Salvador General, un informe de la Municipalidad de Puente Alto, presentado el 17 de mayo de 2024, en el lugar había 450 familias y más de 2.500 habitantes, a los cuales era imposible albergar si se quedaban sin techo. En los documentos también se hacía alusión a que un desalojo demoraría 17 semanas.

De hecho, el 1 de marzo de este año, la Delegación Presidencial Provincial aseguró en la causa que no estaban las condiciones para hacer un desalojo “sin repercusiones”, pero también mencionó que “es una obligación del propietario contar con los recursos necesarios para las actividades relacionadas con el desalojo, tales como maquinaria pesada para la demolición, vehículos para el traslado de escombros, cierre perimetral y personal de apoyo encargado de retirar los bienes y enseres del inmueble hasta el exterior de la propiedad, a fin de resguardar debidamente la propiedad una vez restituida”.

De todas formas, el desalojo no se concretó porque recientemente los ocupantes llegaron a un acuerdo para comprar el predio, el que no tendría norma habitacional, por lo que se requiere ese cambio por parte del Serviu.

La otra toma importante que llegó a un acuerdo económico está en Batuco, comuna de Lampa, donde se ubican los campamentos «Dignidad», «Marichiweu» y “Jerusalén”. Ese lugar de 27 hectáreas (en la foto) es de la Comercial e Importadora de Productos Varios limitada (Improvar), que en 2011 compró el predio y en 2016 firmó una promesa con una empresa patrocinante de proyectos de vivienda social para formular un proyecto con el Serviu.  Sin embargo, el proyecto no prosperó, primero por “asuntos urbanísticos que debían ser atendidos por la Dirección de Obras Municipales y el Ministerio de Bienes Nacionales”, pero luego también por la quiebra de la empresa intermediaria.

Así, en diciembre de 2019, más de 160 personas se tomaron el terreno. Según la PDI, para diciembre de 2021 ya había 500 familias en la zona, mayormente haitianas.

Los dueños comenzaron varias acciones legales y según consta en el recurso de protección que dio luz al desalojo, como no se pudo acreditar el delito de “usurpación violenta”, el Ministerio Público cerró una de las investigaciones, lo que para los recurrentes pasó “ante los ojos indolentes y negligentes de las distintas autoridades, cuyo actuar omisivo mantiene esta situación doblemente lesiva, pues no cabe perder de vista las condiciones de precariedad de las personas”.

Con todo, para 2024, según el Serviu, en las tres tomas colindantes vivían 661 familias (que en un cálculo conservador podrían ser 1.322 personas). Igual que en el caso de Puente Alto, sobrevinieron varias postergaciones y reuniones con la municipalidad, hasta que el 25 de junio la Corte de Apelaciones consideró “excesivo” el tiempo transcurrido y puso fin a las prórrogas. No obstante, el 6 y 12 de agosto; las tomas, ahora cooperativas, suscribieron contratos de compraventa por el terreno, quedando en obligación de los nuevos vecinos urbanizar el lugar.

Procesos estancados en Quintero, Villa Alemana, Pozo Almonte y Monte Patria

Otras tomas, si bien tienen fallos favorables para ejecutar el desalojo, están entrampados.

Así, por ejemplo, en Villa Pampa, Pozo Almonte, existe una toma habitacional en los terrenos del predio y de la franja de seguridad y servidumbre de la línea eléctrica “Pozo Almonte-Tamarugal” de Engie. Este lugar ha sido ocupado “por personas que han construido edificaciones con fines habitacionales en distintos sitios, lo que pone en riesgo su vida e integridad física e incluso algunas de dichas viviendas se emplazan debajo de los conductores o cables de alta tensión”, dice el recurso de protección contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y contra el Fisco por omisión de medidas frente a la ocupación irregular.

Sin embargo, el desalojo no se ha efectuado, por lo que en abril de 2024 la Corte de Apelaciones de Iquique solicitó un informe de cumplimiento a la dirección regional de la SEC y al Fisco, que resultaron en que Bienes Nacionales convenciera a una parte de los ocupantes a dejar el lugar. Hasta el momento no ha habido más novedades, por lo que el abogado externo de la firma, Eugenio Evans, insistió el 20 de agosto en que se pida cuenta a Interior y a la Delegación Presidencial Provincial de Tarapacá sobre las medidas ejecutadas para el desalojo; que se informe sobre el albergue de quienes serán desalojados y se fiscalice si quienes dijeron que se irían por sus medios, lo hicieron.

En julio de 2018, unas 30 personas llegaron con carpas a ocupar una zona de Loncura, Quintero, en un terreno de Copec. Según el recurso de protección de la empresa, se llevó a cabo un loteo ilegal –con ventas de “derechos” incluidos- y ahora hay unas 100 casas, las que se conectaron ilegalmente a la electricidad y el agua, pese a estar en una zona de “industria peligrosa”.

Según la causa, hay comercio (como un “spa y podología»), pero también muchas de estas casas serían para vacacionar, pues al ir a hacerse un empadronamiento, sólo se obtuvo información de 23 personas. Aunque hubo otras que se negaron a colaborar. Uno incluso dijo que el Presidente Gabriel Boric los dejaría vivir ahí.

Con todo, en enero de 2024 la Corte dio luz verde al desalojo que fue apelado por los vecinos y se ofició al Ministerio del Interior “con la finalidad de proveer de los medios necesarios con el objeto que el desalojo sea ejecutado”. Sin embargo, en marzo de este año, la Corte Suprema rechazó un recurso de protección de la empresa porque el 21 de agosto de 2019 y 3 de agosto de 2022 “se ordenó la restitución del terreno usurpado y el recurrente interpuso nueva querella” (…) “debiendo el recurrente solicitar por las vías pertinentes el cumplimiento de los fallos obtenidos en su favor”.

En la misma región, pero en Villa Alemana, hay otra toma, la “18 de octubre”, que desde enero de 2020 se ha ido expandiendo hasta llegar a 29 familias en 2023 (unas 70 personas). El lugar es de la Inmobiliaria Aste y Bozzolo, la que en 2023 detectó una nueva ocupación en el lugar. 

En julio de 2023 la Corte de Apelaciones ordenó el desalojo e instruyó a la municipalidad y a varios ministerios a poner un recinto transitorio para los desalojados, pero tras la notificación de la sentencia en noviembre, no pasó nada y como no hubo más actuaciones judiciales, la corte dio la sentencia por firme o ejecutoriada.

En Monte Patria, Coquimbo, también hay una propiedad donde al menos seis personas ocuparon 5,11 hectáreas de la Frutícola Río Blanco, rompiendo cercos e instalando viviendas ligeras. En 2024 la Corte Suprema ordenó el desalojo de las personas e instruyó al municipio en coordinación con el Ministerio del Interior, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social a implementarles un recinto transitorio y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a velar por la ejecución del desalojo bajo condiciones de dignidad. 

El desalojo debería haberse concretado el 20 de julio de 2024, pero uno de los ocupantes alegó ser dueño del predio y pidió cancelar el desalojo. La corte lo desestimó, pero no hay antecedentes sobre la ejecución del lanzamiento. Este medio intentó comunicarse con el abogado de la frutícola, sin éxito.

Mezclados con el tema mapuche

Una toma en la Macrozona Sur supone otras complejidades. Es así, por ejemplo, que el desalojo del fundo Los Hualles, Cañete, está en pausa porque pese a que la justicia falló su concreción, el receptor judicial no ha podido notificar a quienes deben desalojar debido a la peligrosidad de la zona.

El fundo de 38,4 hectáreas es de Felipe Arnaboldi, está ubicado en el sector Cayucupil y, según el recurso de protección, personas que se identificaron como parte de la Comunidad Indígena Ignacio Llancapan, ingresaron a su predio, dañando cercos, rompiendo portones y candados, construyendo empalizadas temporales, alzando un rehue y una bandera mapuche, y realizando movimientos de tierra con maquinaria pesada. Los ocupantes manifestaron estar en un proceso de «recuperación de tierras”.

Esto impidió a Arnaboldi a acceder a su  vivienda y lechería, por lo que la Corte Suprema ordenó el desalojo total del predio, destacando el aumento de asentamientos irregulares y la falta de acción oportuna de las autoridades políticas y administrativas, así como la lentitud de otras vías legales.

El cúmplase del desalijo ocurrió el 3 de enero de 2024, pero el 17 de ese mes, el receptor certificó la imposibilidad de notificar a la comunidad debido a que el lugar se encuentra en una «zona roja del conflicto», con riesgos para la integridad física del ministro de fe, citando «frecuentes robos y posterior quema de vehículos y atentados armados».