Iniciar el desalojo el 27 de febrero, es decir, el próximo jueves. Esa es la decisión que emitió la Corte de Apelaciones de Valparaíso con respecto a la toma más grande de Chile, la del cerro Centinela en San Antonio, en la Quinta Región. La orden, que ya en sí misma es de complejo cumplimiento por todo lo que implica hacer que 10.000 personas desocupen los lugares en los que viven, se vuelve aún más complicada cuando quienes habitan La Moneda aseguraron durante su campaña electoral que de llegar a ser gobierno no efectuarían desalojos con la fuerza pública y que sus soluciones irían de la mano del diálogo, la compra de terrenos y soluciones habitacionales.
Sin embargo, una vez que llegaron al poder, la idea de no hacer desalojos con Carabineros y menos sin tener una solución habitacional para los afectados, se ha ido diluyendo.
Mientras tanto, las horas siguen transcurriendo y según el subsecretario de Interior, Luis Cordero, se espera llegar a un acuerdo de último minuto y “relativamente satisfactorio” con las cerca de 4.000 familias que ocupan ilegalmente el espacio de 260 hectáreas. Este pasaría por crear una federación de pobladores que compren el predio, una idea que a los propietarios del terreno no termina de convencerlos. Lo que ellos quieren es que el Estado facilite el desalojo o compre el lugar, y no que sea un intermediario con quienes se tomaron la zona, mayoritariamente, en 2019.
Todo esto ocurre apenas 10 días antes de que se llegue a la fecha establecida por los jueces para que inicie la desocupación del terreno, y que los tribunales ya han tenido que ir postergando debido a su incumplimiento. Inicialmente el desalojo debía iniciar el 31 de enero, cosa que no ocurrió.
Boric cuando era candidato: “Nosotros no vamos a desalojar mediante fuerza pública”
Durante su campaña en el año 2021, el entonces candidato a La Moneda Gabriel Boric, aseguró en debates presidenciales, entrevistas y apariciones en medios, que durante su gobierno no se realizarían desalojos.
“Nosotros no vamos a desalojar mediante fuerza pública ocupaciones de terrenos que hoy día son parte del Estado y respecto a los privados hay que hacer desalojos que sean conversados, que tengan una solución habitacional”, afirmó en un debate televisivo en junio de 2021.
Incluso argumentó las razones por las cuales en su mandato, aseguraba, no se harían desalojos: “¿Cuál es problema de esto? Cuando tú desalojas una toma, porque hoy día estamos hablando de 960 campamentos en Chile, la mayor cifra desde 1996, que son más de 80.000 familias. Cuando se dice que los van a desalojar, ¿a dónde se van?. El Estado tiene que tener un plan de vivienda transitorio para justamente poder reubicar a estas personas y que exista un banco de suelos que permita construir viviendas fiscales porque si no no podemos desalojar a esas personas”.
Boric planteaba en ese entonces que había 960 campamentos, cifra que sólo ha aumentado en los años, pues según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a marzo de 2022 se contabilizaron 1.091 y a febrero de 2024, llegaron a 1.432.
En esa misma línea, el entonces jefe político de la campaña de Boric, el diputado Giorgio Jackson, dijo en entrevista con CNN Chile que su política de gobierno, con respecto a las tomas, sería prodiálogo antes que prodesalojo.
“Vamos a tener una relación de diálogo, donde podamos ofrecer soluciones por el tiempo que sea necesario para una solución definitiva. Vamos a tratar de ofrecer una salida de diálogo, porque el desalojo desplaza el problema”, sostuvo.
Jackson también ahondó en esta postura: “Nosotros vamos a respetar el derecho de las personas que son titulares de la propiedad y al mismo tiempo vamos a ofrecer alternativas de diálogo que no se han utilizado en el tiempo para poder entregar a ambas partes el derecho que les compete”.
Las promesas de los programas de gobierno: soluciones habitacionales y diálogo
Lo expresado en los debates y entrevistas por Boric y quienes formaban parte de su equipo de campaña, quedó asentado en sus dos programas de gobierno, tanto en el de primera como en el de segunda vuelta.
Eso sí, cuando la contienda era contra todos los candidatos, la postura en cuanto a qué se haría desde La Moneda con respecto a las tomas, era explícitamente en contra de los desalojos. Ya en segunda vuelta, cuando la competencia era solo contra el abanderado de la derecha, José Antonio Kast, la propuesta en cuanto a este tema se matizó.
“No habrá desalojos de terrenos sin solución habitacional para las familias que se encuentren en una toma de terreno y estén constituidas en un campamento. Las familias permanecerán en él hasta que se logre una solución definitiva a su demanda de vivienda o una solución parcial si hay que trasladar el campamento a otro lugar”, se indicaba en el programa que presentó para la primera vuelta.
En ese primer documento se especifica cómo resolvería el gobierno si la toma era en un terreno público o privado.
“Si el terreno en el cual se asienta es fiscal, se harán las gestiones necesarias como para que quien tenga su tuición (sean empresa del Estado, instituciones o ministerios) no pida el desalojo. Si el terreno es privado se seguirán dos vertientes: la primera, acordar con los propietarios su compra por parte de los organismos del Estado, que se encargará de crear el Banco de Tierras y, la segunda, si los propietarios no quieren vender, se acordará con ellos un canon de arriendo que se pagará mensualmente mientras dura la permanencia del campamento en ese terreno, con el compromiso de desocupar en el más corto plazo posible”, se indicaba.
En el caso de la megatoma de San Antonio, lo que esperan los dueños del predio es que el Estado les compre el lugar para que luego sea el gobierno el que gestione la ocupación con los habitantes que se lo tomaron. Sin embargo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, descartó esa posibilidad aduciendo que son 1.432 las tomas en Chile, por lo que “en cualquier solución hay que considerar el conjunto”. Es decir, de alguna manera sentaría un precedente que no se quiere replicar de forma generalizada.
En el programa de segunda vuelta, aunque también planteaba una política antidesalojos, el asunto se planteaba con otro cariz: «Priorizaremos una respuesta nacional, digna y ágil a los campamentos, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades, por sobre los desalojos, poniendo como principal atributo el derecho humano a una vivienda adecuada».
Pese a lo prometido, desde La Moneda han destacado otros desalojos
Más allá de lo que el entonces aspirante a Presidente de la República le ofreció al electorado en sus programas de gobierno y de lo que aseguró en los debates, en algunas de sus alocuciones Boric ha destacado de forma positiva algunos desalojos que se han realizado durante su mandato.
En marzo del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Seguridad Privada, el jefe de Estado se refirió a los desalojos que se efectuaban en ese momento y los llamó “operativos”. Lo que sí, ya no habló de “campamentos”, como ocurría en su plan de mandato, sino que directamente indicó que se trataba de una “toma”.
“Mientras estamos conversando aquí, se está llevando adelante un operativo en la comuna de Maipú, en una toma, donde ya se han tenido resultados importantes”, dijo.
No solo se refirió a ese desalojo, sino a otro que se efectuaba en Santiago. “En este mismo momento se está desalojando otra casa tomada en el barrio Yungay. Por lo tanto, quiero transmitirle a la ciudadanía, también a los parlamentarios, a las autoridades aquí presentes, que se está trabajando con mucho énfasis”, señaló.
Charlatán, su palabra vale nada
Tal cual es un nentiroso