Para hoy, según la decisión inicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, estaba fijado el desalojo de las más de 10.000 personas que se apropiaron de alguna porción de terreno en una de las tomas más grande de Chile, la del cerro Centinela, en San Antonio, en la Quinta Región. Pero la salida de los ocupantes no ocurrirá, debido a que esa misma instancia judicial acordó durante la mañana de ayer que la medida queda suspendida por un lapso de seis meses.
Y es que el lunes, a contrarreloj, el Ministerio de Vivienda, los propietarios de las 256 hectáreas y la Municipalidad de San Antonio firmaron un acuerdo para que el terreno fuese comprado por cooperativas constituidas por las mismas personas que usurparon el predio, sirviendo el Estado como aval de este procedimiento. Durante seis meses funcionará una mesa técnica que establecerá los detalles de la transacción.
Ya desde ese día, antes que se presentara el acuerdo ante la corte (cosa que ocurrió el martes), el jefe de la cartera de Vivienda, Carlos Montes, anunciaba que el desalojo estaba suspendido. «Creemos que es una buena noticia para el país que esto se deja sin efecto en esta ocasión”, dijo. El martes en entrevista en T13 Radio (escuchar minuto 04:32) insistió: «Es importante que esto se postergara por un tiempo para ver si encontramos una solución o no (…). Imagínese cómo estaríamos hoy día, en protestas por todo Chile, solidarias con estas familias, porque esto generaría un fenómeno social mayor».
Montes y el «tema humano» que impulsó al gobierno a buscar una salida alternativa a la orden judicial de desalojar
Anteponerse desde el Ejecutivo a las decisiones del Poder Judicial no fue lo único que hizo Montes. En esa misma entrevista fue enfático en su postura en cuanto al «tema humano que se generaría a partir del desalojo» de la toma, a la que en todo momento se refirió como «campamento».
«Hay realidades sociales verdaderas, no solo son abusadores, no solo son personas que transgreden normas. Son personas que tienen una cierta desesperación para vivir. No todos, por supuesto que hay una variedad. En ese sentido hemos asumido esto como un problema de la sociedad», aseveró.
Para el ministro, la salida que coordinó el gobierno -y que para algunos como el ex subsecretario de Interior Felipe Harboe puede constituir un «incentivo nefasto» que incluso sea usado como «herramienta electoral»-, responde a una situación de desigualdades en el país.
«Mucha gente se indigna con una solución como esta, pero quiero decir que también hay muchas otras cosas que indignan. Hay gente que vive muy remal en este país (..). La sociedad tiene desequilibrios, injusticia y en este caso frente a un problema tratamos de construir una solución imperfecta, como toda solución», sostuvo.
Detalles sobre los hechos violentos que habrían sido perpetrados por los usurpadores
En contraposición a los argumentos de Montes, en la querella que presentó el pasado 20 de agosto la propietaria del terreno tomado, la Inmobiliaria y constructora San Antonio S.A., figuran detalles sobre hechos de violencia por parte de los usurpadores en contra de vecinos de la zona.
En la acción, interpuesta por los delitos de usurpación violenta y daños simples, la parte denunciante asegura que los ocupantes del terreno amedrentan a los vecinos del sector y que justo después de la toma, las personas que quisieron ingresar al terreno fueron repelidas «con armas y palos».
Quienes ocupan ilegalmente los terrenos, se asegura en el escrito, «se niegan a restituirlos, atemorizan a vecinos del sector e impiden el acceso de sus dueños o de la fuerza pública«.
Los propietarios, advierte en el documento, dicen que los predios han sido blanco de «tala ilegal de árboles, hasta destrucción del terreno mediante la construcción de zanjas y caminos».
«Se veían muchas personas en el lugar trabajando coordinadamente, con equipos de alta gama»
Mientras el ministro Montes habla de que «la gente que llega a vivir en un campamento son personas que no tienen muchas alternativas», los datos aportados en el escrito que presentó la parte demandante ante el Juzgado de Garantías de San Antonio da cuenta de un accionar por parte de quienes tomaron la ocupación que parece no corresponderse con el relato de un grupo de familias que espontáneamente y por necesidad llegaron al lugar.
«Se veían una serie de edificaciones, muchas personas en el lugar trabajando coordinadamente, con equipos de alta gama en las construcciones, y dividiendo los terrenos con tiza, todo con una velocidad abismal, lo que da cuenta de que esta toma de terrero se encontraba claramente planificada y organizada, no correspondiendo a un acto espontáneo ni mucho menos», se señala en el documento.
Para los propietarios del terreno, «es claro que los delincuentes se valieron de la inestabilidad e inseguridad que azoto al país en el tan fatídico mes de octubre del año 2019», es decir, después del estallido.
Entre los 214 demandados en esta acción figura Karina Ayala, dirigente de la organización Nuevos Aires. Es una de las líderes más visibles de la toma.
Aunque la dirigente ha asegurado en múltiples entrevistas que el terreno estaba abandonado y que actuaron por la necesidad de tener donde vivir, en el escrito los demandantes aseguran que estaba cercado y que iban con frecuencia a constatar el estado del mismo. En el documento indican que fueron los mismos vecinos del sector, un día después de la toma, quienes los alertaron sobre lo que estaba ocurriendo.
«Existen inescrupulosos que además de vulnerar el derecho de propiedad (…) se han dedicado a la venta y arrendamiento
de sitios irregulares en los predios»
Además de ofrecer datos sobre la coordinación y actuación en bloque durante la toma, y no por cada una de las familias de forma separada, en la querella la inmobiliaria afectada asegura que el terreno ha sido usado por algunos de los supuestos necesitados que se asentaron ilegalmente en el mismo para lucrar con él.
«A esta altura, existen inescrupulosos que además de vulnerar el derecho de propiedad de mi representada, y sin ningún apego a las normas urbanísticas que rigen la subdivisión, loteo y comercialización de bienes inmuebles, se han dedicado a la venta y arrendamiento
de sitios irregulares en los predios, aprovechándose de gente desvalida del sector y extranjeros que muchas veces, dada la desesperación, recurren a estos inescrupulosos para lograr el sueño de la casa propia», se indica en el recurso.
La parte demandante alega que «grupos de delincuentes se organicen con el fin de tomarse y ocupar terrenos no por necesidades reales, sino para fines comerciales».
Advierte la propietaria, que los ocupantes han hecho conexiones clandestinas al tendido eléctrico, no solo para las viviendas y locales comerciales allí construidos, sino que además han instalado «una suerte de alumbrado público que funciona sin control alguno las 24 horas del día».
El Estado tenía previsto comprar el terreno ahora tomado para construir una «nueva vía de acceso al balneario de San Antonio»
En el mismo escrito la propietaria del terreno explica que «los predios estaban deshabitados -pero cercados-, ya que se tenía por objeto llevar adelante en el terreno un proyecto inmobiliario de inversión particular».
El otro destino que se tenía previsto para esos terrenos era «proceder a la venta de los mismo al Estado de Chile, el cual (…) manifestó serio interés en adquirir dichos predios para ejecutar en parte de ellos un proyecto de obras públicas consistente en la construcción de una nueva vía de acceso al balneario de San Antonio».
Se detalla en el recurso que parte de los predios actualmente tomados se encontraban en proceso de expropiación por parte del Ministerio de Obras Públicas para la obra denominada ‘Construcción conexión vial acceso norte a San Antonio’.
Montes no se refirió a la negociación para expropiar, a la que se refiere la inmobiliaria, aunque sí admitió que el Estado necesita adquirir parte de los predios.
«Hay una parte de este terreo que el Ministerio de Obras Públicas requiere para un acceso muy importante para el nuevo puerto y va a tener que comprarlo, es parte de esta operación. También tenemos que tener terreno para educación y para salud y vamos a tener que comprarlo», dijo el ministro T13 Radio.
La postura de Montes, así como la que expresó en las última semanas el subsecretario de Interior, Luis Cordero, que daba prioridad al diálogo antes que al cumplimiento de la orden judicial, está en concordancia con la política anti desalojo con la que se comprometieron desde la campaña a la presidencia quienes hoy habitan La Moneda.
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