El miércoles pasado se lanzó el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas. Aunque no estuvo en la ceremonia, en esa iniciativa el Servicio Médico Legal (SML) juega un importante rol, no sólo en cuanto a la identificación de las personas, sino porque también debe superar el manto de dudas que existe respecto a su trabajo en el área, que a principios de año nuevamente fue cuestionado al conocerse que existen 89 cajas con osamentas sin analizar por completo.
Para este nuevo aire en la institución, el Gobierno escogió -vía Alta Administración Pública (ADP)- a la psiquiatra del PC y ex presidenta de la Fech, Marisol Prado, quien asumió el cargo en julio de 2023, pero que había llegado al SML en diciembre. Ese mes el ex director había salido del cargo sumariado por mal uso del auto institucional. En la prensa, Prado ha hecho mea culpas y se ha comprometido con la modernización del servicio, pero puertas adentro, los funcionarios denuncian que la desconfianza que tiene en los equipos existentes es tal, que ha creado nuevas jefaturas “de hecho”, aislado a trabajadores e incluso ha llegado a los gritos, insultos y amenazas. Acusan que Prado llegó con un prejuicio sobre sus labores sin haberlos evaluado.
Pese a que Prado lleva poco más de un mes como directora, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del SML y la Asociación de Funcionarios Profesional del servicio, ya han ingresado cinco presentaciones en Contraloría, denunciando actos ilegales, acoso y maltrato laboral. Todas se encuentran en etapa de análisis.
El Líbero contactó a la dirección del SML para conocer su versión sobre estas acusaciones, pero prefirieron no referirse a ellas.
Quién es Prado y con quiénes llegó al SML
Médico Psiquiatra de la Universidad de Chile y la Universidad Autónoma de Barcelona, Prado se acercó al mundo político en 1995, cuando comenzó a militar en las Juventudes Comunistas. Fue secretaria general y de comunicaciones de la Federación Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y en 1998 se convirtió en la primera mujer presidenta de la organización. Sin embargo su éxito en los cargos de elección popular se truncó ahí, pues en 2000 fue candidata a alcaldesa de Santiago (le ganó Joaquín Lavín, pero ella superó a Tomás Hirsch) y en 2017 trató de ser consejera regional (La Florida, La Granja, Macul, Peñalolén y San Joaquín), pero obtuvo sólo 5% de las preferencias. Antes, en 2005, junto a Rodrigo Roco e Iván Mlynarz (hoy en la vicepresidencia de Enami), creó Nueva Izquierda Universitaria (NIU).
Antes de llegar al SML fue directora del Cesfam Quinta Bella de Recoleta y donde más tiempo trabajó, fue en Asuntos Estudiantiles y Bienestar estudiantil de la U. de Chile. “Excelentes relaciones interpersonales a todo nivel. Flexible y dinámica, con capacidad para armar grupos de trabajo (…) tengo gran facilidad en el ámbito de las relaciones interpersonales y capacidad de asumir desafíos que requieran de organización y liderazgo”, dice su currículo.
El 13 de diciembre de 2022, a Prado se le contrató como coordinadora de la subdirección médica del SML y al día siguiente se emitió otra resolución donde se le nombró subdirectora médica subrogante.
Según los funcionarios, desde entonces Prado dio a entender que contaba con la confianza del subsecretario de Justicia, el también PC, Jaime Gajardo (hijo del histórico dirigente del Colegio de Profesores) “y que ella sería la próxima directora”. Incluso, dice una de las presentaciones a Contraloría, bajo el mando de las autoridades subrogantes se comenzó a contratar a “profesionales de confianza mientras se tramitaba el concurso de director nacional”. No obstante, los funcionarios citan la ley para esgrimir que la directora no tiene potestad para contratar personal de confianza (como los ministros o subsecretarios), por lo que deberían haber pasado por un concurso.
Así, dos meses antes de ser nominada directora, el SML contrató a María Eugenia Paris Horvitz para desempeñarse en “labores profesionales en el gabinete de la dirección”. Posteriormente, el 24 de julio se creó el área de comunicaciones, participación e imagen institucional que quedó a su cargo. Paris fue subdirectora de Programación de Michelle Bachelet y encargada de actividades de Luisa Durán. Es hermana del ex jefe de gabinete de Ricardo Lagos e hija del psiquiatra Enrique Paris, asesor el expresidente Salvador Allende.
La madre de Paris fue mentora de Carla Peñaloza, profesora e historiadora de derechos humanos que ingresó el 1 de abril a la Subdirección Médica, a gabinete. Peñaloza conoce a Prado desde cuando militaban en las Juventudes Comunistas en tiempos de la Fech, campañas en la que también participó Daniel Jadue.
El psicólogo Rafael Campos Puga (PC), expresidente de la Asociación de Funcionarios de Senda metropolitano, llegó el 1 de abril a cargo de la Unidad de Participación Ciudadana.
Nueva unidad y cambios en Derechos Humanos
Una de las presentaciones que hacen los trabajadores a Contraloría, tiene que ver con que la nueva directora eliminó la Unidad Jurídica y creó una “Fiscalía”. La razón habría sido el objetivo de “unificar” criterios de los abogados. Como jefatura también quedó una nueva contratación, la abogada Nora Bravo. Ella es exasesora jurídica de la Municipalidad de Santiago, que hasta hace unos meses estuvo a cargo de Jean Pierre Chifelle (PC), jurista que salió del cargo a raíz del caso de la clínica Sierra Bella y a quien Bravo presenta como referencia en su CV.
Según los funcionarios, la directora excedió sus atribuciones al hacer este cambio (que aún no figura en Transparencia), al cambiar la jefatura y reasignar lugares de trabajo y de funciones al equipo.
El cambio se lo informaron a los profesionales el 31 de julio, cuando ya se había tramitado la reestructuración y la nueva jefatura, pero no les dieron a conocer la resolución hasta agosto. Una de las funcionarias, que está con teletrabajo a causa de su embarazo, denunció que al informar sus funciones y fecha de prenatal, la calificaron como “funcionaria transitoria”, lo que la hizo sentir “invisibilizada por su embarazo”.
En la Unidad de Derechos Humanos también hubo cambios. En una carta enviada al subsecretario y al ministro de Justicia, el 8 de agosto, la encargada de esa área expuso que Prado les prohibió comunicarse directamente con los ministros del Poder Judicial y con las agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, pues todas las comunicaciones se comenzaron a hacer desde la dirección, cosa que resintió la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta (AFAEDA).
Incluso acusó que los criticó frente a un ministro y familiares del caso Caravana de la Muerte y que en esas circunstancias se enteró que Prado preparaba una reestructuración de la unidad. En la misiva, que no tuvo respuesta, la encargada sostuvo que le había pedido reuniones a Prado sin éxito, por lo que se han ignorado “nuestros requerimientos de mejoras”. Agregando que la directora ha emitido “gritos e insultos, amenazas y declaraciones de poder absoluto (…) dando la impresión de buscar que un servicio técnico se transforme en un bastión político”. Según la carta, “se ha utilizado permanente los errores de identificación de los años 90” para denostar la labor del equipo.
Difíciles relaciones personales en el SML
Tanto las presentaciones a Contraloría como la carta de la encargada de DD.HH. relatan pasajes en que Prado habría levantado la voz públicamente y hecho sentir mal a funcionarios que incluso habrían tenido licencia médica, como una oportunidad en que le gritó a una secretaria y la fiscal Bravo se tuvo que disculpar en su nombre.
No obstante, también denuncian el caso de la encargada de presupuestos, que subrogaba la jefatura desde 2019 a la espera del concurso para llenar el cargo. En su caso, aseguran que, estando de vacaciones, le comunicaron que pondrían a otra persona a subrogar y que ella debía capacitarla. Al volver de sus días libres, se encontró sin oficina ni teléfono.
Desde el 18 de agosto (ver comunicado) los funcionarios están desarrollando varias «jornadas de reflexión» para abordar los cambios y sus dificultades.