“Menoscabo psicológico, daño moral y patrimonial”, es lo que se lee en una de las dos demandas de tutela laboral que se presentaron ante la justicia en relación a la gestión que ha tenido la actual directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado (PC), que hasta ahora acumulaba seis presentaciones y cuatro consultas en Contraloría, todas en ese tenor; pero que no fueron suficientes para que la Subsecretaría de Justicia decidiera abrir un sumario al respecto en octubre pasado.
Con esta arremetida judicial, el tema escala, pues será el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el que deba defender y justificar la administración de la médico cirujana de la Universidad de Chile.
Según los funcionarios, todos los hechos denunciados tienen como base una excesiva desconfianza hacia los trabajadores de carrera del lugar. Es por eso, afirman, que se llevó a trabajar con ella a varios de sus colaboradores más cercanos, pero en cargos y unidades nuevas, algo que también se cuestiona en una de las demandas.
Funcionaria acusa ser víctima de «política sectaria»
Las acciones judiciales corresponden a demandas de una trabajadora de administración y de la exjefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del SML.
Esta última cuenta en su demanda que no milita en ningún partido y que en sus 21 años en el SML pasó por cuatro directores diferentes, “recibiendo un trato cordial en todo momento. También en todos los casos, previa evaluación de mis informes y asesorías preliminares, me confirmaron en mi función como jefa jurídica nacional. Esto cambió diametralmente en el pasado mes de julio, en el que se nombra a la actual directora del servicio, dra. Marisol Prado Villegas, momento en que comenzó una serie de hechos encadenados de maltrato y acoso laboral, en el que se han vulnerado mis derechos laborales fundamentales”.
La demanda de 37 páginas relata con detalle los hechos. En julio de 2023, cuando se confirmó a Prado como directora, ambas se reunieron. Según el texto, Prado le habría dicho que no iba a hacer cambios drásticos y le pidió a la jurídica un informe de reestructuración administrativa, donde la idea era restringir la entrada al servicio a personas con “grados altos, sin concursos públicos, y obviando la carrera funcionaria (…) actuaciones, que hasta esa fecha, eran criticadas por la dra. Prado respecto de la administración anterior”.
Sin embargo, desde entonces, recuerda la abogada, Prado dejó de contestarle mails y la profesional notó que paulatinamente dejaron de hacerle consultas en su área, tanto desde la dirección, como de otras áreas, las que además comenzaron a evitarla en todo ámbito.
En efecto, las consultas comenzaron a dirigirse a Nora Bravo, abogada que Prado contrató en junio para la Unidad de Calidad de Servicio Médico Legal y donde llegó sin concurso de por medio. Bravo fue abogada del Cementerio General de la Municipalidad de Recoleta por dos años (2019-2021) y es exasesora jurídica de la Municipalidad de Santiago, que hasta hace unos meses estuvo a cargo de Jean Pierre Chifelle (PC), jurista que salió del cargo a raíz del caso de la clínica Sierra Bella y a quien Bravo presenta como referencia en su currículo.
El 25 de julio, luego de que a la demandante la excluyeran de una reunión de directivas; recibió un mail de Nora Bravo. Venía sin contenido y adjunto traía una resolución sin fecha y firmada por Prado, donde se informaba que ya no sería jefa del área jurídica, sino que Encargada de Unidad de Procesos Disciplinarios y Probidad. Además, se mencionaba una resolución del 19 de julio -que la jurídica no redactó- donde se eliminaba la Unidad de Asesoría Jurídica y se creaba la “Fiscalía”. Cuando la estaba leyendo, llegó Bravo a contarle que el correo no era para ella, que se lo había mandado por error y de ahí en más, todo fue peor para la demandante.
Bravo le informó que se le quitaría su función crítica (remuneración que se paga a algunos cargos estratégicos por su responsabilidad y exclusividad con la labor) y que a ella la habían llamado “hace meses para ocupar el cargo de fiscal, pero no le había sido posible asumir antes”. La aún jefa del área le comentó que cualquier transformación “debía cumplir con el Estatuto administrativo y los dictámenes de la Contraloría” y al día siguiente la directora, Bravo y el subdirector, la citaron para decirle “muy enérgicamente que no estaba reestructurando, sino reorganizando el SML”. La reunión fue tensa. La demandante se quebró, les dijo que le “parecía irracional e intimidante” lo que estaba pasando y Prado le contestó: “Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato (…) a ver, yo necesitaba una persona de confianza, no es por tu trabajo”.
Una semana después, el 31 de julio, le entregaron las resoluciones -con fecha del 19 de julio-, donde se creaba la Fiscalía, aquella donde se le quitaban las funciones críticas y donde la designaban como encargada de una unidad que hasta entonces estaba compuesta sólo por la denunciante. Según la abogada, las resoluciones no estaban fundadas, como pide Contraloría. Es decir, no explicaban por qué se le puso en un nuevo cargo, por qué se le quitó la función crítica, no se mencionó una evaluación que justificara eliminar una unidad ni tampoco por qué se necesitaba crear otra. “El solo hecho de la ausencia de motivación ya permite calificar un acto como arbitrario”, acotó. Además, afirmó, las resoluciones venían visadas con las iniciales de la misma Nora Bravo, revelando que ella misma tramitó su nombramiento.
La acción legal sostiene que Prado creó cargos y unidades sin realizar concursos, como contemplan dictámenes de Contraloría, y que la ley no faculta a la Dirección Nacional para crear nuevas estructuras administrativas.
Sobre la necesidad de tener personal de confianza, la demandante citó la ley para puntualizar que se trata de una facultad que no le corresponde a la directora nacional, aunque se estila que se contrate personal de confianza para los gabinetes, no para otras jefaturas.
Todos estos cambios, concluye el texto, estaban destinados a “terminar con el Departamento Jurídico de la institución, el que ha cumplido históricamente con el deber de limitar el actuar de las autoridades a las normas legales que nos rigen, para ello era necesario librarse de mí como jefatura, y dejar efectivamente a todos los abogados, a cargo de una persona de confianza política de la entrante directora nacional, quien no tenía experiencia previa en temas médico legales y forenses en general en el servicio público, que son especialísimos”, expuso la abogada afirmando que por razones de “política sectaria” se le discriminó y vulneró su derecho de igualdad ante la ley. A raíz de esto, pide indemnización, la restitución de la función crítica y disculpas públicas de Prado.
La otra demanda es de una exfuncionaria experta en labores de administración de la Unidad de Modernización, que por más de 13 años trabajó a honorarios hasta que el 7 de julio de este año le avisaron vía mail que ya no necesitarían sus servicios a fin de ese mes. Lo que ella alega es que, debido al nivel de dependencia y tiempo, existe un vínculo laboral, por lo que lo ocurrido fue en realidad un “despido injustificado”.
Por eso, pide ser recontratada y que se le pague el tiempo de aviso, indemnización por años de servicio e incluso cotizaciones. En este caso no se llegó a conciliación y tendrá una nueva audiencia en junio de 2024. La primera audiencia por el caso de la abogada, en tanto, se realizará a fines de mes.
El Líbero contactó al SML, pero hasta el cierre de esta edición no emitió comentarios sobre las demandas de tutela laboral.
Prado: la cercana a Jadue que instaló su círculo de hierro en el SML
Marisol Prado es cirujana de la Universidad de Chile y candidata a doctorada en Psiquiatría y Psicología Médica en la Universidad Autónoma de Barcelona, especialidad que no registra en la Superintendencia de Salud. Al SML llegó el 13 diciembre de 2022 como coordinadora de la subdirección médica, pero al día siguiente se emitió otra resolución donde se le nombró subdirectora médica subrogante. Según los funcionarios, desde entonces comenzó a asegurar públicamente que ella sería la siguiente directora del servicio y no habría escatimado en difundir su cercanía con su superior jerárquico, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, hijo del histórico dirigente del Colegio de Profesores y también PC. El 7 julio de 2023 la confirmaron en el cargo, tras un concurso de Alta Dirección Pública donde postularon más de 40 personas.
Cuando Prado era militante de las Juventudes del Partido Comunista, fue la primera mujer presidenta de la Federación Estudiantes de la Universidad de Chile (1998) y en esos acercamientos políticos conoció al actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con quien trabajó cuando estuvo a cargo del Cesfam Quinta Bella; y a Carla Peñaloza, profesora de la Universidad de Chile, que llegó a gabinete del SML el 1 de abril.
Desde que Prado asumió, Peñaloza se desempeñó como jefa de gabinete de la cirujana, sin embargo, la docente fue denunciada en Contraloría por incompatibilidad de funciones y presuntas faltas a la probidad, pues en mayo estaba a contrata por 44 horas semanales tanto en la universidad como en el SML.
El Líbero dio a conocer en octubre que Peñaloza seguía en esa situación pese a que en el servicio le pagaban función crítica, la que exige exclusividad en el cargo. Tras la publicación, la profesora no regresó a sus labores en el SML. No se comunicó su salida de manera oficial y ahora esas funciones las desempeña la exsubdirectora de Programación de Michelle Bachelet y encargada de actividades de la exprimera dama Luisa Durán; María Eugenia Paris, quien había llegado a hacerse cargo de otra unidad creada el 24 de julio: el área de Comunicaciones, Participación Ciudadana e Imagen Institucional.
Sobre Nora Bravo también existe una consulta por posibles irregularidades, pues desde el 6 de octubre de 2022 patrocina una demanda contra la Municipalidad de La Serena, pese a que la ley indica que un funcionario público no puede representar a un tercero para tomar acciones civiles contra un organismo de la administración del Estado. Además, también percibe función crítica.
Junto a ellas, también llegaron otros funcionarios cercanos a Prado: el psicólogo Rafael Campos Puga (PC), expresidente de la Asociación de Funcionarios de Senda metropolitano (ahora encargado de la Unidad de Participación Ciudadana) y la exjefa de gabinete de la Subsecretaría de Justicia, la abogada Paulina López (PC), sobre quien también pesaron denuncias por “hostigamiento y prácticas antisindicales”. Ella llegó al SML con un avanzado embarazo en agosto, donde asumió como “profesional de Fiscalía”. En septiembre figuraba a contrata como “profesional de la Unidad de Regulación y Control de Legalidad” y en octubre ya estaba de prenatal.
Sumario, ¿ahora sí?
A raíz de las múltiples consultas en Contraloría respecto al actuar de Prado, el ente fiscalizador le pidió a la Subsecretaría de Justicia evaluar el inicio de un sumario en su contra. Sin embargo el 18 de octubre, la entidad decidió no dar curso a una indagatoria interna por considerar que en “los antecedentes que se han tenido a la vista, no se aprecian elementos que pudieran involucrar la responsabilidad administrativa de la jefa de servicio”.
La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del SML manifestó su disconformidad con la respuesta de Justicia y adjuntó más antecedentes este mes, lo que derivó en que la semana pasada Contraloría le pidió a la Subsecretaría de Justicia que un asesor jurídico prepare un nuevo informe y se lo envíe dentro de diciembre, lo que esperanza a los funcionarios con que esta vez sí se decida abrir un sumario que indague la ola de cambios sucedida dentro del SML.
Todo esto ocurre en medio de la activación de otra de las asociaciones. El miércoles 6 de diciembre los profesionales y peritos del Servicio Médico Legal, volvieron a manifestar su molestia con la gestión de Prado instalando lienzos, informativos, y difundiendo un comunicado que denunciaba un “estado total de abandono por parte de las autoridades”. Además, se acusaba que “todos los acuerdos que firmamos no han sido respetados”.
Los profesionales se quejaron de que el plan de fortalecimiento y modernización que lidera la directora «ha sido un proceso unilateral que ha generado un clima laboral adverso, con denuncias de acoso laboral a profesionales ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como así también ante la Contraloría General de la República”.
Los profesionales pidieron una reunión con el subsecretario de Justicia –la solicitan desde julio– y este martes decidieron organizar nuevas fechas de movilizaciones para la próxima semana.
Donde esté el PC siempre hay y habrá problemas, son distintos….son cuasi humanos, otros los llaman humanoides….