Discriminación “por opiniones políticas”: polémica directora PC del SML suma nueva demanda en tribunales

La gestión de la directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado Villegas, no para de ser blanco de críticas. Esto, porque la militante comunista sumó una nueva demanda de tutela laboral, donde se acusa a su gestión de vulneración de derechos fundamentales por “actos discriminatorios por opinión política”.

Con esta demanda de tutela laboral, ya son tres acciones judiciales las que apuntan a malos tratos y menoscabo en el SML de Prado. Estas se suman a seis presentaciones y cuatro consultas en Contraloría por la misma causa, todos hechos que mantienen tenso el ambiente interno, pero que no fueron suficientemente preocupantes para la Subsecretaría de Justicia, que en octubre del año pasado desestimó abrir un sumario en esa repartición.

A ello se agrega que la directora decidió eliminar desde mayo la Unidad de Derechos Humanos, creando en su lugar una Unidad de Víctimas de la Dictadura y otra Unidad de Casos Complejos, ambas dependientes ya no de la Dirección Nacional, sino que de la Dirección Regional Metropolitana.

Otra situación polémica fue la contratación de la hija de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que vino a acercar posiciones con esas organización, pero que levantó un frente interno de críticas respecto a los funcionarios que ha contratado Prado para su círculo más cercano.

El SML prefirió no comentar ninguno de estos temas con El Líbero.

“Mi desvinculación se debió a que trabajé sin problemas en un gobierno de derecha”

La última demanda de tutela laboral la presentó en febrero una profesional que llegó a trabajar al SML en enero de 2018, durante el gobierno de Michelle Bachelet, administración de la que era políticamente simpatizante.

Luego, en diciembre de ese año, bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera, pasó de honorarios a contrata para cumplir las funciones de jefa de gabinete, cargo en el que estuvo hasta diciembre de 2022, cuando le advirtieron que, por razones presupuestarias, no se le renovaría su cargo y se le haría un contrato a honorarios a suma alzada como experta. Por esa razón, ella no presentó carta de renuncia, pero, según denuncia, el SML tampoco cursó ningún cambio a su cargo. Así las cosas, ella siguió haciendo lo que le pedían -asesorías en materia de inversión-, pero progresivamente fue siendo aislada, un relato que coincide con las denuncias anteriores.

A la profesional la trasladaron a una oficina sin teléfono y sus funciones “fueron reducidas prácticamente a la nada misma, sin que pudiese tener mayor comunicación con el resto de los funcionarios”, dice la acción legal. En adelante, hubo confusiones permanentes sobre el estado de su contrato y demora en el pago de sueldos, hasta que en noviembre de 2023 la nueva fiscal del SML le entregó una carta de desvinculación.

“En efecto, la comunicación no hace alusión a mi trabajo desempeñado o a las razones por las cuales no debiese seguir trabajando en el Servicio Médico Legal. En tal sentido, tampoco se hace mención a una reestructuración de alguna unidad o equipo de trabajo (…). La forma en que se puso término a mi contrato de trabajo no está vinculada a la forma en que me desempeñé en el servicio como tampoco a ninguna otra causal. Simplemente mi término de contrato y decisión de no renovación se debe a razones de índole político, toda vez que me correspondió desempeñar funciones en el gabinete de la Dirección Nacional durante una Administración que posee un signo político distinto a la de la actual administración (…). Diversos compañeros de trabajo me hicieron saber que mi desvinculación se debió a que trabajé sin problemas en un gobierno de derecha”, dice el relato.

“Las acciones de amedrentamiento y trato hostil se agudizaron desde el momento mismo en que asumió la señora Marisol Prado Villegas y su equipo de confianza”, agrega el documento donde la demandante pide que se reconozca que el despido fue injustificado, que se condene al pago de indemnizaciones y prestaciones correspondientes al SML y se declare que el servicio y su directora vulneraron sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la integridad física y psíquica, a la honra, a la libertad de opinión, a la libertad de trabajo y a no ser discriminada arbitrariamente.

Dos casos no llegan a acuerdo y el SML irá a juicio

El 9 de mayo se vieron las caras la defensa de la última demandante y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representa al SML en esta causa. En la audiencia no se llegó a acuerdo, se pidió que se pongan a la vista las denuncias que se han hecho contra el SML y Prado en Contraloría, y se aceptó la petición de la demandante de ser sometida a un peritaje psicológico. El CDE, que esperaba desestimar todos los puntos, no tuvo éxito: el juicio quedó fijado para el 27 de enero de 2025.

Una segunda demanda de tutela laboral también llegará a juicio oral el 22 de agosto. Se trata del caso de la exjefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del SML, quien en un texto de 37 páginas narró que durante 21 años trabajó en el servicio, y que recibió siempre un trato cordial. “Esto cambió diametralmente en el pasado mes de julio, en el que se nombra a la actual directora del servicio, dra. Marisol Prado Villegas, momento en que comenzó una serie de hechos encadenados de maltrato y acoso laboral, en el que se han vulnerado mis derechos laborales fundamentales”.

La exfuncionaria denunció que Prado y sus cercanos comenzaron a aislarla y todo su trabajo lo comenzó a hacer Nora Bravo, abogada que Prado contrató, en principio para la Unidad de Calidad de Servicio Médico Legal, pero que terminó erigiéndose como la nueva fiscal del SML, unidad que vino a reemplazar la suprimida Unidad de Asesoría Jurídica. La denuncia incluye la acusación de que el acto administrativo que dejó sin efecto la unidad y creó otra, la firmó la misma Bravo. 

La polémica Marisol Prado y su círculo de hierro

Bravo es parte del “círculo de hierro” de la directora del SML. Pero, ¿quién es Marisol Prado? Prado fue la primera mujer presidenta de la Federación Estudiantes de la Universidad de Chile (1998) cuando era parte de las Juventudes Comunistas, y en ese contexto, conoció al actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con quien trabajó cuando estuvo a cargo del Cesfam Quinta Bella, cargo en el que estuvo hasta entrar al SML.

Prado es cirujana de la Universidad de Chile y candidata a doctora en Psiquiatría y Psicología Médica en la Universidad Autónoma de Barcelona, especialidad que no registra en la Superintendencia de Salud. En lo político, se postuló sin éxito a alcaldesa de Santiago en 2000 y en 2017 intentó ser consejera regional.

Dentro del SML aseguran que se jacta de ser muy cercana a su jefe directo: el subsecretario de Justicia, el PC Jaime Gajardo.

El 13 de diciembre de 2022, a Prado se le contrató como coordinadora de la subdirección médica del SML y al día siguiente se emitió otra resolución donde se le nombró subdirectora médica subrogante. Se le confirmó como directora en julio de 2023 y al mes de asumida, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del SML y la Asociación de Funcionarios Profesional del servicio, ya habían hecho cinco presentaciones en Contraloría en su contra.

Prado no llegó sola. Lo hizo con Nora Bravo, que fue abogada del Cementerio General de la Municipalidad de Recoleta por dos años (2019-2021), y fue exasesora jurídica de la Municipalidad de Santiago en la administración de Irací Hassler (PC). En marzo de este año la Contraloría le pidió a la Subsecretaría de Justicia que ponderara un proceso disciplinario respecto a su contratación en junio de 2023, pues su incorporación no se justificó administrativamente y su aumento de dos grados en sólo tres meses, se informó a la Subsecretaría después de habérsele designado. Además, se detectó que trabajó como abogada independiente, siendo que por recibir un pago mensual extra de $ 1 millón por “función crítica”, le debe exclusividad al servicio.

En su época de la Fech, Prado conoció a Carla Peñaloza, profesora de la Universidad de Chile, que llegó al gabinete del SML el 1 de abril del año pasado, pero que en octubre seguía haciendo clases, pese a que también tenía función crítica. Luego de que El Líbero lo diera a conocer, la docente no regresó al servicio.

Sus funciones las cumple María Eugenia Paris, exsubdirectora de Programación de Michelle Bachelet y encargada de actividades de Luisa Durán, quien había llegado a hacerse cargo de otra unidad creada el 24 de julio del año pasado: el “área de Comunicaciones, Participación Ciudadana e Imagen Institucional”.

Otra persona que llegó en su administración y que es vista con recelo entre algunos funcionarios, es la exjefa de gabinete de la Subsecretaría de Justicia, Paulina López, y sobre quien también pesaban acusaciones de hostigamiento y prácticas antisindicales. Tras conocerse las denuncias en gabinete y luego de desestimarse un sumario en su contra, López dejó la subsecretaría y al mes siguiente, en agosto, estaba en el SML. Al poco tiempo, salió de prenatal.

Este año llegó al SML la trabajadora social de la Arcis, Tamara Alvarado, como encargada de Coordinación del Plan Especial de Disminución Atención Pericial en Psiquiatría Forense. Alvarado es hija de Gaby Rivera, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, lo que acrecentó las críticas de los funcionarios de carrera respecto a las designaciones “a dedo” y por motivos más políticos que técnicos. Esta situación la publicó El Desconcierto, medio al que el SML sí le respondió que la contratación fue “dada su vasta experiencia en gestión en instituciones públicas y privadas. Cabe señalar que es perito social acreditada por las Ilustres Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso, Rancagua y Talca”. En Transparencia, la única experiencia pública que registra Alvarado es la del SML y en su Linkedin figura su participación en la Fundación Tierra de Esperanza. 

En paralelo a esto, y a las críticas y denuncias de los funcionarios, la AFDD ha salido a defender a Prado.

Fin a la Unidad de Derechos Humanos del SML y creación de dos nuevas

El pasado 8 de abril, el Servicio Médico Legal informó un controvertido cambio bajo la dirección de Marisol Prado: el cierre de la Unidad de Derechos Humanos. Esta unidad, establecida en 2019, se dedicaba a la identificación y determinación de causas de muerte relacionadas con violaciones de derechos humanos.

No hubo derecho a opinar al respecto. Cuando se comunicó la decisión, se hizo con la resolución firmada que “dejaba sin efecto” esa unidad (ver abajo) desde mayo y creaba dos más en la misma materia: la Unidad de Víctimas de la Dictadura y la Unidad de Casos Complejos. ¿La razón? según un comunicado del SML, sumarios, diagnósticos y los mismos funcionarios, hicieron ver la necesidad de una reestructuración, la que cabía dentro del marco de la “planificación estratégica” que está llevando a cabo la directora.

Sin embargo, en lugar de reasignar funciones y fortalecer el equipo que ya estaba mermado por ejemplo en cuanto a genetistas, se dividió la unidad con el personal ya existente y en trabajos que ya realizaban. Una veintena se fue a “Casos Complejos” (casos especiales derivados desde el Ministerio Público) y unas seis personas se quedaron en «Víctimas de la Dictadura”. Actualmente esas áreas no cuentan con apoyo de laboratorios externos.

Asimismo, de ser una unidad dependiente de la Dirección Nacional, las unidades que comenzaron a funcionar el 1 de mayo, quedaron bajo la Dirección Regional Metropolitana. La idea a largo plazo es que existan unidades similares en las diferentes macrozonas del país, pero en el intertanto, surge la duda de cómo se manejará administrativamente esta situación.

«En la primera conversación que tuve con la directora, ya me dejó en claro que la unidad no iba a seguir. La directora no veía la importancia de nuestro trabajo y tenía sus propios planes desde el inicio (…) nosotros estábamos proponiendo una reestructuración para mejorar, pero en lugar de escucharnos, la directora decidió que era más fácil disolvernos. Fue una decisión apresurada y sin sentido”, comenta Marisol Intriago, exjefa de la Unidad de DD.HH. a El Líbero y quien hoy trabaja desde un cargo más bien incierto en el SML.

Dentro del SML comentan que el cierre de DD.HH. tuvo un fuerte componente personal, pues Intriago hizo sendas observaciones sobre el trato y gestión de Prado a Contraloría (también interpuso un recurso de protección contra esa institución y contra la Subsecretaría de Justicia por haber rechazado el inicio de un sumario administrativo por maltrato y acoso laboral. Este se suma al de otra funcionaria por los mismo temas y ambos fueron declarados admisibles).

En especial, Intriago expuso que Prado le prohibió seguir comunicándose con ministros de cortes y agrupaciones de DD.HH., porque durante su administración esa relación la haría ella. 

Incluso, a fines del año pasado se creó en los hechos un puesto de “coordinadora de Derechos Humanos”, para llevar la relación entre ese departamento y la Dirección por sobre la exencargada. Ese trabajo lo sigue haciendo la arqueóloga Alejandra Didier, que si bien es presentada en redes sociales como coordinadora, en Transparencia sigue apareciendo como “encargada del Comité de Manejo de Desastres Masivos y Comité Operativo de Emergencias”. 

Aunque en el papel las unidades están bajo cargo del director regional metropolitano, es la coordinadora quien sigue transmitiendo las instrucciones de Dirección.

Recordando que el trabajo de la unidad había sido reconocido internacionalmente, Intriago cree “que desde el partido siempre tuvieron la intención de deshacerse de la unidad. La visión del PC era diferente a la nuestra, y no importó cuánto insistimos en la necesidad de nuestra labor”.