Felipe Harboe advierte que acuerdo sobre megatoma en San Antonio puede generar que «alcaldes usen esto como herramienta electoral»

El acuerdo de compraventa al que llegaron el lunes el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Subsecretaría del Interior, la Municipalidad de San Antonio y los habitantes y propietarios de las 256 hectáreas donde está asentada la megatoma de San Antonio, la más grande de Chile; fue presentado ayer ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para intentar frenar el desalojo de las más de 10.000 personas que ocupan ese terreno y que se debía cumplir el jueves 27.

Aunque el gobierno comunicó con fuerza que el oficio frenaba la orden judicial del desalojo del campamento, el tribunal de Alzada aclaró que recién hoy verá y resolverá el contenido del documento. De darle curso a lo solicitado, el retiro de las viviendas y sus habitantes se pospondrá por seis meses, tiempo en que los involucrados planean concretar la compra del predio. Si la Corte no accediera y el desalojo no ocurriera, podría sancionar a los actores por desacato (ver abajo). La forma en que se desarrolló esto, no es bien vista por el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe.

«Si bien las medidas parecen adecuadas, no se entiende la demora en adoptarlas previo a un fallo judicial. El problema será el precedente que se deja frente a una resolución judicial, cuando el gobierno, con fórmulas diversas, podría comprar terrenos tomados», advierte a El Líbero  Harboe

Asimismo, opina que «esto es un pésimo precedente para futuras situaciones similares que podrían incentivar nuevas tomas», apuntando adicionalmente a que los alcaldes podrían llegar a usar este mecanismo como herramienta electoral.

 “Hay una negligencia inexcusable”

-¿Con este acuerdo no se pone en entredicho el Estado de Derecho en Chile en cuanto al verdadero acatamiento de las órdenes del Poder Judicial y al respeto al derecho de propiedad?

-No creo que haya un cuestionamiento al Estado de Derecho, pero evidentemente hay una negligencia inexcusable ya que esta misma solución pudo haberse tomado mucho antes del fallo judicial. El problema de fondo es que se genera un precedente nefasto.

-¿Cómo quedan los gobiernos municipales ante esta actuación del Ejecutivo?

-Las municipalidades tienen un incentivo perverso en cuanto a permitir tomas y exigir que los gobiernos compren los terrenos.

-¿Ocurrió alguna situación similar a esta durante el tiempo en el que usted se desempeñó como subsecretario de Interior?

-Recuerdo la toma de Peñalolén donde Miguel Nazur motivó la toma para que el gobierno le comprara. Al final terminamos expropiando con una toma consolidada con miles de familias. (Se trató de 24 hectáreas que pertenecían al mencionado empresario y que fueron ocupadas en 1999 por unas 1.700 familias. Para entonces era la toma más grande del país).

-¿Cuáles serían las implicancias jurídicas y políticas de que el gobierno opte por este acuerdo, en lugar de hacer cumplir el fallo judicial?

-Esto puede generar incentivos perversos a propietarios de predios, para motivar su toma y luego obtener la compra por parte del gobierno de turno. También puede generar loteos irregulares y alcaldes que usen esto como herramienta electoral.

El acuerdo estableció la instalación de una comisión técnica hasta agosto de este año, para fijar el precio de los terrenos tomados. La misma estará constituida por el Minvu, la Inmobiliaria y constructora San Antonio (dueña del terreno) y la Municipalidad de San Antonio. La comisión en cuestión sería la responsable de establecer el sistema de garantía -que al parecer vendría dado por el Estado-, para respaldar la adquisición del predio en su totalidad, en una sola transacción y mediante la figura de cooperativas.

Con esta medida, el gobierno echaría a andar una fórmula que evita materializar la decisión judicial de desalojo mediante el facilitamiento de la compra de un terreno por parte de quienes optaron por usurparlo bajo el alegato de la necesidad de tener vivienda, en lugar de emplear los mecanismos regulares para obtener ayudas en materia de soluciones habitacionales.

No hay desalojo, dice Montes, pero la Corte de Apelaciones aún no lo decide

Las palabras del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y del subsecretario del Interior, Luis Cordero, tras firmar el acuerdo, llamaron la atención de constitucionalistas, pues comunicaron que se había logrado posponer el desalojo, pero eso aún no es así.

¿La razón? Falta que se pronuncie la entidad que ordenó el desalojo, cosa que se producirá hoy. 

De hecho, a la directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, le llamó la atención que se informara que el producto del acuerdo, era que el desalojo estaba suspendido: «Si el desalojo fue ordenado por un fallo judicial, es el mismo tribunal que ordenó el desalojo, es decir, la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que tiene que suspender el desalojo».

“El acuerdo tiene por objeto modificar una sentencia firme y ejecutoriada de la Corte de Apelaciones, específicamente en su punto resolutivo 6. En consecuencia, el acuerdo por sí solo no tiene ningún valor jurisdiccional y la corte, de no aceptarlo, perfectamente puede considerar que quienes debían cumplirlo, han incurrido en desacato”, explica la abogada constitucionalista, Catalina Salem.

Entre las diferentes sanciones por incumplimiento, están la amonestación, censura, multa o suspensión de funciones.

Tras el acuerdo, Montes habló del “compromiso” de “aplicar” el fallo (el desalojo) si es que no se llegara a algún arreglo con los propietarios, mientras que a la vez, afirmó que la orden no se materializaría.

“Si no hubiese acuerdo, aquí estamos comprometidos todos a ver de qué manera lo que acordó y planteó la Corte (de Apelaciones de Valparaíso) se aplica. Estamos satisfechos porque había temor en muchas familias de esta semana se iniciara el proceso de desalojo, así que creemos que es una buena noticia para el país que esto se deja sin efecto en esta ocasión”, sostuvo.

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