Fueron casi seis horas de audiencia. Durante ese período la Fiscalía Regional de La Araucanía presentó diversas evidencias para lograr que el Juzgado de Garantía de Temuco decretara la medida cautelar de prisión preventiva contra el cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul. Esa labor fue celebrada por el expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Orthusteguy.

En opinión del abogado penalista, que durante 13 años formó parte del Ministerio Público como fiscal, el estándar mostrado por el fiscal Roberto Garrido fue “bastante más alto de lo que normalmente uno ve en audiencias de formalización por delitos comunes u ordinarios” y la fiscalía “cumplió con creces en acompañar antecedentes suficientes para acreditar tanto la existencia de los hechos, como la participación” de Llaitul. En particular, al dejar constancia de los 54 atentados sucedidos a partir de las amenazas del dirigente de la CAM en 2020, luego de la condena de Daniel Canío, otro integrante del grupo radical.

En entrevista con El Líbero, Orthusteguy también destacó el trabajo de la Policía de Investigaciones. Pero a diferencia de estas dos instituciones; el exfiscal cuestionó la postura del Gobierno con respecto a La Araucanía, así como el rol de querellante del Ministerio del Interior. “La participación que tuvo en la audiencia el querellante fue un poco bizarra. Las expresiones que manifestó el abogado fueron un poco llamativas, en algunos pasajes parecía abogado defensor del imputado”, subrayó. 

“Hubo un estándar bastante más alto de lo que normalmente uno ve en audiencias de formalización”

–Como expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público de Chile, ¿qué evaluación hace del trabajo hecho por la Fiscalía en la formalización de Héctor Llaitul?

–Seguí de cerca la formalización que realizó el fiscal regional Roberto Garrido. Fue una formalización muy ordenada. Se hizo referencia no solamente a los antecedentes fácticos reunidos por la policía, sino que algo que también es muy importante en las audiencias en las que se solicitan medidas cautelares: los fallos previos que existían antes de la Ley de Seguridad del Estado. Esos antecedentes eran relevantes a propósito de las discusiones y los planteamientos que hizo posteriormente la defensa, en relación a que esta Ley de Seguridad del Estado en definitiva se trata de un derecho penal político, así que fue un elemento bastante importante la circunstancia de que la Fiscalía Regional haya llegado preparada, el fiscal regional, no solamente con los antecedentes de hecho para acreditar la existencia del hecho punible, sino que también la participación y aquellos elementos jurisprudenciales de la misma zona y de otros tribunales del país.

–¿Si tuviera que resumirlo en una palabra, cómo calificaría el accionar de la Fiscalía?

–Lo calificaría como muy profesional.

–Muchas veces se habla del “estándar de la prueba” que exigen los jueces en los casos de atentados y los llamados “sabotajes” que ocurren en la Macrozona Sur, ¿qué le parecieron los antecedentes presentados por la Fiscalía para justificar los cinco hechos? ¿Será posible elevar ese estándar y hallar más en los 30 días decretados para investigar?

–La audiencia que se realizó en Temuco fue para efectos de controlar la detención, para efectos de comunicar los hechos que revisten carácter de delito, que es la formalización, y las medidas cautelares, que es donde se exhiben los antecedentes para acreditar el hecho punible y la participación, pero no con un estándar de condena, sino con un estándar inferior que permite crear ciertas presunciones fundadas de participación y antecedentes que acrediten la existencia de estos hechos de una manera preliminar, al menos. 

Ese estándar, creo yo, se cumplió de sobremanera con lo que exhibió el fiscal regional. Con elementos que normalmente no están en este tipo de audiencias preliminares, por ejemplo, escuchas telefónicas, georeferenciación de antena y posicionamiento de los imputados de una manera técnica, que significa justamente la georeferenciación con celdas de telefonía, la declaración de un testigo presencial en el lugar, las fotografías de vehículos de Carabineros con impacto balístico, en el caso del delito de atentado en contra de la autoridad; las grabaciones de todas las declaraciones prestadas por Héctor Lalitul en distintos medios de comunicación que responden a las infracciones de la Ley de Seguridad del Estado, el seguimiento de todos los atentados posteriores e inmediatamente posteriores a las expresiones de Llaitul que constituyen los delitos que establece el artículo 6, letra c y letra f, de la Ley de Seguridad del Estado. Estuvo, a mi juicio, en un estándar bastante más alto de lo que normalmente uno ve en audiencias de formalización por delitos comunes u ordinarios. Por lo tanto, creo yo que la Fiscalía cumplió con creces en acompañar antecedentes suficientes para acreditar tanto la existencia de los hechos, como la participación. Por eso justamente la jueza dio la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

–¿Qué más se puede hacer si llenó tantas casillas, qué puede presentar nuevo cuando llegue el juicio?

–La Fiscalía se allanó expresamente a un plazo extremadamente breve. La Fiscalía habría podido haber señalado haber requerido un plazo mayor, pero como esta investigación efectivamente se extiende desde el año 2020, por la querella interpuesta en esa época por las autoridades regionales. Recordemos que el equipo jurídico estaba conformado en su momento por el exabogado de la región, don Sergio Arévalo, que fue despedido por las nuevas autoridades del Ministerio de Interior. Ellos presentaron la querella que finalmente terminó con las actuaciones y con la detención de Llaitul, por lo tanto no hay mucho más que decir, los elementos están reunidos y ellos están en condiciones, creo yo, de poder cerrar la causa.   

–¿En algún minuto dudó que la jueza aceptara la prisión preventiva? En especial por las bajas penas que tienen los delitos de robo de madera y usurpaciones. 

–Lo que pasa es que uno tiene que sumar la cantidad de delitos y al sumarlos la pena a la que se expone Héctor Llaitul es una pena alta. Tenemos delitos de la Ley de Seguridad del Estado, tenemos delitos de usurpación violenta, tenemos delitos relacionados con el robo de madera, tenemos delito de atentado contra la autoridad y si uno suma todos esos delitos estamos en presencia de penas que sobrepasan los 5 años y un día y las penas que sobrepasan los 5 años y un día finalmente no tienen posibilidad de penas sustitutivas de la Ley 18.216 y por lo tanto se justifica por un peligro para la seguridad de la sociedad y también por un peligro de fuga la prisión preventiva que otorgó la juez.

Orthusteguy: “Los querellantes no tienen porqué estar informados al detalle, justamente por el riesgo de que haya filtraciones de diligencias”

–El abogado de Llaitul, Rodrigo Román, ha insistido, lo dijo en la formalización y en entrevistas posteriores, en que «hay persecución a las ideas», mismo argumento que originalmente dio el Presidente Boric para no querellarse. ¿Qué opina de esta afirmación?

–Es la teoría que siempre ha tenido la defensa respecto a la utilización de la Ley de Seguridad del Estado. Creo que es una teoría de defensa válida, una teoría que también se va a utilizar probablemente si hay un fallo condenatorio en tribunales internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Obviamente que va a ser un argumento que ellos no van a dejar de lado en toda su teoría de defensa hasta el final. Ahora, ellos no solamente argumentaron la inexistencia de los delitos de la Ley de Seguridad del Estado por tratarse de delitos de carácter o de naturaleza política, es decir que se perseguían en este caso expresiones de carácter político que no tenían una repercusión en la vida real y por eso yo vuelvo a resaltar la preparación de la Fiscalía en el sentido de rescatar esos fallos que se referían a que no se puede castigar a una persona por la expresión de ideas en Chile, sino que se tiene que ver reflejada esta expresión de ideas con resultados reales. Por eso ellos hicieron un listado de todos los atentados que ocurrieron después de las declaraciones que señaló el señor Llaitul en sus distintas entrevistas y eso fue lo que llevó al convencimiento de la existencia del hecho punible de la Ley de Seguridad del Estado por parte de la jueza.

–¿Cómo ve el hecho de que el Gobierno, al parecer, no estaba enterado de que la Fiscalía iba a ordenar la detención de Laitul el miércoles? 

–Eso es explicable por varios motivos, pero el principal es que quienes tienen conocimiento detallado de una investigación penal son la Fiscalía y la Policía que está llevando el caso y se maneja con absoluta reserva. Los querellantes, ya sean particulares o institucionales, no tienen porqué estar informados al detalle, justamente por el riesgo de que haya filtraciones de diligencias, como por ejemplo la detención, porque cualquier filtración que pudiera ocurrir podría favorecer la fuga de una persona que quieren detener o el riesgo de que si se va a hacer un allanamiento en busca de información, ese allanamiento pudiera filtrarse y también frustrarse el resultado, por eso se maneja con reserva la información, solamente entre la Fiscalía y el equipo investigador que está viendo derechamente la causa, ni siquiera toda la Policía de Investigaciones.

–¿Qué pudo haber pasado para que solicitaran la detención justo ahora, pensado en que usted precisamente ha señalado que ya tienen dos años investigando? 

–Creo que todas las investigaciones tienen un tiempo de madurez en el cual los investigadores, tanto policías como los mismos fiscales empiezan a ordenar todas las fichas y empiezan a juntar las piezas de lo que podríamos denominar un puzzle investigativo, porque esto no es fácil, es un procedimiento lento y que requiere una cierta madurez. Solamente cuando se logra armar bien este puzzle investigativo y cuando la investigación tiene una cierta madurez es que los fiscales finalmente deciden formalizar una investigación en forma responsable y es por eso que el fiscal se allana a este plazo de 30 días de investigación y no señala que requiere seis meses más de investigación, por ejemplo. Es decir, la investigación a esta altura ya tenía la suficiente madurez  para efectos de pedir la detención y estar en condiciones de no solicitar un plazo más extenso para efectos de hacer más diligencias. Creo que finalmente, si es que se requieren más diligencias van a ser solicitadas por la propia defensa.

–¿Por la defensa? ¿Pueden pedir diligencias en estos 30 días?

–Exactamente, la defensa puede solicitar todas las diligencias que quiera y, de hecho, si hay diligencias de la defensa pendientes la Fiscalía puede pedir la ampliación de la investigación para efectos justamente de realizar las diligencias solicitadas por la defensa. También el querellante, Ministerio del Interior, puede pedir diligencias, el querellante particular puede pedir diligencias y el propio fiscal podría generar algún tipo de diligencia nueva durante este período de 30 días, pedir la ampliación y justificarla en base a esa diligencia. El plazo legal máximo es de dos años.

Por querellante de Interior en caso Llaitul: “Hay una incompatibilidad entre la representación en ambas causas”

–El gobierno sufrió el jueves su primera baja en el gabinete, precisamente por este caso y el propio Presidente ha tenido que salir a aclarar que no está en conocimiento de otros contactos de sus ministros con Llaitul. ¿Cómo evalúa el comportamiento del Gobierno estos días?

–El Gobierno en todo lo que es el tema de La Araucanía ha tenido un comportamiento errático, un comportamiento muy contradictorio con lo que ha sido su comportamiento histórico. Siempre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que es la coalición gobernante, se han mostrado contrarios a la Ley de Seguridad del Estado. Siempre han señalado que hay una criminalización del conflicto mapuche. Siempre se han opuesto a los estados de excepción, en particular el estado de emergencia en La Araucanía. Han retirado las querellas que se presentaron durante los gobiernos anteriores en muchas de las causas del conflicto mapuche. Por lo tanto, el Gobierno, ante el principio de la realidad, se ha visto obligado a decretar los estados de emergencia en la Región de La Araucanía. Han querido acotarlo, en un sentido que hasta ahora no tiene una mayor explicación, en vez de aplicarlo con todo el rigor, la amplitud, que permite la propia Constitución; y se ha visto también en la obligación de presentar querellas por la Ley de Seguridad del Estado. Es decir, el Gobierno se ha visto obligado por la realidad a enfrentarse a sus propios demonios contradiciendo sus palabras, sus principios y todos sus discursos que están registrados en video, audios, escritos, y que son del año pasado. O sea, no estamos hablando de discursos de hace diez años, estamos hablando de cosas que ellos mismos decían hace meses atrás; y han tenido que hacer totalmente lo contrario, que es lo que les ha correspondido hacer ahora como autoridades. 

–¿Y el rol del Ministerio del Interior como querellante?

–Aquí han surgido varias cosas extrañas. La participación que tuvo en la audiencia el querellante fue un poco bizarra. Las expresiones que manifestó el abogado fueron un poco llamativas, en algunos pasajes parecía abogado defensor del imputado. Señaló que era un líder y expresiones de ese tipo, que de hecho el medio de ustedes las publicó en extenso y llamaron la atención evidentemente de la opinión pública. También está el tema de que el mismo abogado aparece como abogado de las víctimas del Caso Huracán, y en el Caso Huracán las víctimas que aparecen registradas en el sistema son los comuneros mapuche, dentro de los cuales está justamente Héctor Llaitul.

–¿Y qué cree que debería pasar entonces con el abogado de Interior? ¿Puede la defensa o la Fiscalía solicitar que se inhiba?

–Es un tema largo de explicar. Es complejo desde el punto de vista procesal explicarlo. Es un tema jurídico, pero claramente hay una incompatibilidad entre la representación en ambas causas. Porque en definitiva en la Causa Huracán el Ministerio del Interior va en la misma cuerda que los querellantes, y dentro de los querellantes está Héctor Llaitul.

Recuerden que en el caso del Ministerio del Interior la querella fue declarada abandonada. Ellos dejaron de ser intervinientes porque la acusación se presentó fuera de plazo y fue el propio Ministerio del Interior el que el 25 de julio de este año le pidió al juez de garantía una autorización para poder permanecer sentado al lado del fiscal y al lado de los otros abogados litigantes como representante de las víctimas. Eso es lo que aparece en el acta de la audiencia del 25 de julio, y el juez lo autorizó, pero ya no como abogado querellante del Ministerio del Interior, sino como abogado de víctimas que es un estatus procesal distinto al de abogado querellante por lo tanto es muy probable que la defensa de los imputados del Caso Huracán le soliciten a los jueces orales en lo penal del Caso Huracán que le impida litigar al Ministerio del Interior en ese caso y que solo se les permita ser oídos al final del juicio para efectos de escuchar lo que tenga que decir el Ministerio del Interior respecto a la decisión de absolución o condena que puedan recibir los imputados del Caso Huracán, que son funcionarios de Carabineros. 

Orthusteguy: “El trabajo que hizo la PDI me pareció intachable, incuestionable”

–¿Qué piensa de la labor de la policía, en especial de la PDI, a quién se le encomendó la investigación?

–En general, yo tengo una muy buena opinión de la Policía de Investigaciones. Siempre he tenido una opinión que es una policía muy profesional, hay brigadas dentro de la PDI que tienen una reputación dentro de Chile como brigadas de élite, y que tienen una reputación investigativa incuestionable. Por lo tanto, en este caso creo yo, por lo que escuché en la audiencia, y el trabajo que hizo la PDI a mi me pareció intachable, incuestionable. Es un trabajo que se hizo bien por parte de la PDI.

–¿Llaitul debería quedar sometido a un régimen carcelario especial? Lo podrían enviar a Santiago, como en un minuto pidieron los gobernadores de La Araucanía y Biobío. 

–Las instrucciones que ha dado la Corte Suprema al respecto es que la decisión técnica del lugar de reclusión corresponde siempre a Gendarmería, y los jueces no tienen que involucrarse en esa decisión técnica, pese a que la última palabra siempre la van a tener los jueces de garantía porque son los jueces de cumplimiento de ejecución de la prisión preventiva, pero la Corte Suprema ha dicho que finalmente Gendarmería es quien tiene que tomar la decisión. 

La recomendación técnica de Gendarmería es que fuera cumplida la prisión preventiva justamente en la Región del Biobío y yo creo que influyeron muchísimo las amenazas que recibió el alcaide de Angol, para efectos del traslado de los comuneros mapuche que se encontraban en ese lugar producto de la caravana de camionetas y comuneros que llegaron a presionar para el traslado de las personas que estaban allí privadas de libertad. 

Entonces, para efectos de evitar que fueran nuevamente presionados o amenazados los funcionarios de Gendarmería de La Araucanía se propuso una cárcel que estuviera alejada de esa región, donde hubiera menos posibilidades de presión sobre los funcionarios que tenían que resguardar a Héctor Llaitul. Ahora, la Región del Biobío no está lo suficientemente lejos de La Araucanía, existe una posibilidad, aunque sea menor, y por eso las autoridades administrativas han querido que sea aún más lejos, donde haya menos posibilidades todavía para efectos de esta presión y han propuesto la Unidad Especial de Alta Seguridad de Santiago; pero bueno, esta solicitud en todo caso los gobernadores la debieron haber hecho al Ministerio de Justicia o al Director Nacional de Gendarmería, no a la Corte Suprema. 

–¿Y se puede pedir ahora?

–Bueno, la decisión siempre va a ser de Gendarmería y es a Gendarmería a quien la jueza de garantía pidió un informe técnico a solicitud de la defensa para trasladarlo a Temuco. Finalmente, Gendarmería emitirá un informe sobre si están las condiciones o no para trasladarlo a Temuco o mantendrá su decisión de llevarlo a Concepción o eventualmente podría proponer incluso su traslado a Santiago u otra región.

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