Cuando la ministra del Interior Carolina Tohá ha asistido al Congreso a solicitar la prórroga de la vigencia del estado de excepción en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío ha aludido a los diálogos que se están llevando a cabo en la Macrozona Sur como parte del eje de “encuentros territoriales” del Plan Buen Vivir. Asimismo, este fue uno de los asuntos que se relevó cuando el Presidente Gabriel Boric estaba por concretar su visita a la IX Región. En ese minuto, a principios de noviembre, se destacó que se habían realizado 167 encuentros territoriales en 45 comunas de las cuatro regiones que conforman la Macrozona Sur.

No obstante, con quiénes han sido esos encuentros, las fechas y lugares en las que se llevaron a cabo tales diálogos o las actas de dichas reuniones son informaciones a las que “no es posible acceder” de acuerdo con la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior. 

Tras una solicitud de información, hecha por El Líbero, en virtud de la Ley 20.285 se indica que al mes de noviembre de 2022 son 184 los diálogos que se han realizado en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, pero “no es posible acceder a la entrega de la información con el detalle requerido, es decir, copia de las actas, lugares de realización de las reuniones e individualización de los participantes de los diálogos realizados mediante la ejecución del ‘Plan Buen Vivir’”.

Junto con eso se adjunta copia del documento “Sistematización diálogos con comunidades mapuches”, que corresponde a los meses de junio a noviembre de 2022, de la Secretaría Ejecutiva del Plan Buen Vivir. 

El documento resume los resultados de dichos diálogos en La Araucanía, Biobío y Los Ríos, sin entregar mayores detalles de porqué se omite la información referida a Los Lagos. Y si bien se explica que en la metodología para sistematizar el resultado se toman en cuenta dos categorías (una “emergente”, que son las “expresiones, demandas, nudos críticos que emergen desde los hablantes”; y otra “dirigida” que responde a áreas como “inversión y desarrollo, habitabilidad, planificación y ordenamiento territorial, relación Estado de Chile, derechos y revitalización cultural”); los temas referidos a la violencia no salen a relucir en ninguna de las 18 páginas del documento, ni siquiera como resultado de las menciones espontáneas. 

Esto pese a que esta semana el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco en conjunto con el Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera dieron a conocer el Barómetro Regional 2022 en La Araucanía que indica que, a juicio de los encuestados, la principal prioridad que debe abordar el Estado con los pueblos originarios es erradicar la violencia en las comunidades indígenas (46,2%), seguido -más lejos- por ampliar restitución de tierras (28%), tema al que sí se le da prioridad en el informe entregado del Plan Buen Vivir. 

Otro asunto que llama la atención en cuanto a los resultados descritos es que, según el documento, en La Araucanía aparece la Iglesia como un “actor de conflicto” y en Los Ríos destacan dos focos latentes de conflicto, que son la “cogobernanza” del Parque Nacional Villarrica, y la detención de un proyecto eólico. 

Aedo (DC) por Plan Buen Vivir: “Claramente noto un sesgo”

Al ser consultado sobre la respuesta entregada por la Subsecretaría del Interior, así como por los resultados sistematizados en el documento, el diputado por la Región del Biobío Eric Aedo (DC), quien además preside la Comisión Investigadora de Robo de Madera de la Cámara, afirma: “Claramente noto un sesgo. El sesgo es que solo hablas o solo te juntas con los que piensan como tú. No escuchas a unos más divergentes y eso obviamente genera distorsión”. Para el legislador esto tendrá un impacto en el resultado, ya que será una política pública “que no responde a la realidad, que responde solo a tu mirada ideológica”.

Aedo plantea que “el programa Buen Vivir no parte del reconocimiento de un hecho muy concreto: que la violencia que ocurre en esa zona está asociada a negocios ilícitos. Eso no lo dice el programa Buen Vivir. Se parte de la lógica de las reivindicaciones y aquí lo que estamos viendo es una violencia asociada a negocios ilícitos, defendidos por una especie de cartel, que usa armamento de alto calibre para atacar a otros chilenos y a las fuerzas de orden y seguridad. Eso el programa Buen Vivir no es capaz de decirlo, así abiertamente, y de eso es que hay que partir para que el programa funcione, o si no nunca te enfocas en lo que debes enfocarte… debe partir con un reconocimiento básico: que la violencia que se vive es una violencia asociada a un negocio ilícito, si eso no lo asumes siempre te vas a estar equivocando”.

Al igual que para Aedo, la diputada por La Araucanía Gloria Naveillán (Independiente – ex Republicanos) cuestiona que el tema de la seguridad no se haya incluido en la sistematización de los resultados. Relata que hace alrededor de dos meses fue invitada a una presentación del Plan Buen Vivir en Temuco, a la que también asistieron la ministra Segpres Ana Lya Uriarte; el gobernador Luciano Rivas; la delegada provincial de Malleco Andrea Parra; el delegado presidencial de La Araucanía José Montalva y los alcaldes de la región. “Todos los alcaldes, sin excepción, dijeron que el principal problema era la seguridad”, afirma la legisladora.

Por lo cual, que este punto no haya quedado reflejado en el documento, le indica que el Gobierno “no está tomando en consideración la opinión de nadie. Ellos están partiendo de una opinión preconcebida, porque si no mencionan el tema de seguridad, que a las claras es el principal problema en La Araucanía, por lo menos de acuerdo con lo que los alcaldes dicen, quiere decir que ellos están partiendo de donde ellos quieren partir, para llegar a donde ellos quieren llegar”.

¿Más de un diálogo por día? Y sin conocer a los participantes de los “encuentros territoriales”

El archivo “Sistematización diálogos con comunidades mapuches” no detalla el número de comunidades que han participado en los encuentros. Solo enumera el número de reuniones que han existido en las regiones y lo desglosa por comunas (salvo la información de Los Lagos).

Es así como indica que del total de 184 diálogos hechos entre junio y noviembre, en la Región de la Araucanía han ocurrido 128 encuentros; 26 en Los Ríos; 16 en Biobío; y 14 en Los Lagos. 

Además se habría dado más de uno de estos encuentros por día, ya que entre el 1 de junio y el 25 de noviembre (fecha en la que se obtuvo la respuesta del Ejecutivo) hay 177 días incluyendo los fines de semana. 

Al revisar el detalle de la información por regiones y comunas también se observan errores. Por ejemplo, se dice que en Biobío hubo 16 encuentros: “La mayor parte corresponden a la comuna de Tirúa con 5 encuentros de diálogo, luego Alto Biobío con 4 encuentros, Cañete con 3, Arauco y Quilaco con un encuentro en cada comuna”. Esa suma da 14. 

Algo similar pasa en Los Ríos donde se dice que hubo 26 encuentros: “9 se han realizado en la comuna de Valdivia, 7 en la comuna de Panguipulli, 3 en la comuna de La Unión y 3 en la comuna de Paillaco. Las comunas de Lanco y Mariquina cuentan con 1 encuentro en cada comuna”. Eso totaliza 24 reuniones.  

Para justificar porqué no se da a conocer con quiénes han sido las reuniones, el documento de la Subsecretaría del Interior argumenta que al referirse a políticas y medidas que se encuentran en etapa preliminar corresponde la causal de reserva, además aluden al “privilegio deliberativo” de “contar con un espacio reservado del acceso de terceros para discutir, debatir y formarse una opinión”, además de que resulta esencial para la administración del Estado contar con un “ámbito privado de asesoría y discusión previa”. 

Encuentros del Buen Vivir sin transparencia 

Los legisladores de la zona acusan la existencia de una irregularidad en la negativa de dar a conocer los nombres de las comunidades participantes. 

Jorge Rathgeb, diputado RN por la Región de La Araucanía, dice que “la transparencia es algo que se ha establecido y hoy día bajo ningún pretexto se pueden omitir ese tipo de cosas”.

Además, señala que si no se dan a conocer a las comunidades que participaron, “nadie puede asegurar que la reunión se hizo o no se hizo. Particularmente, yo tengo contacto con muchas comunidades en mi distrito a las cuales les puedo consultar si es que lo que ellos respondieron es efectivo o no; pero resulta que si no sé qué comunidad ha sido entrevistada es imposible que pueda verificar la información que me van a entregar finalmente”.

El diputado Aedo sostiene que si bien no es una obligación individualizar a cada uno de los participantes, sí lo es decir con qué organizaciones se están reuniendo. “Aquí no hay sesiones secretas, solo las tiene el Congreso. Tienen la obligación de informar con quienes están conversando (…) y así se puede ver si hay diversidad y pluralidad en esas conversación, de eso se trata”. Agrega: “¿Por qué un programa de gobierno no va a poder dar a conocer con qué organizaciones está conversando? Eso es atentatorio contra la transparencia del Estado, claramente”.

Por su parte, la diputada por La Araucanía Gloria Naveillán recuerda que durante la discusión del Presupuesto 2023 el Gobierno pidió recursos “porque tenían que seguir con estos diálogos”. Describe que “ellos no solamente pidieron un presupuesto como Plan Buen Vivir, sino que dentro de cada partida de cada ministerio también hay plata que se deriva al Plan Buen Vivir, por ejemplo, en obras públicas, respecto de caminos, puentes, etc. Entonces, para nosotros como diputados fue súper difícil determinar efectivamente cuánta es la plata en total para el Plan Buen Vivir en todo”, subraya Naveillán.

Concluye, luego de conocer a los actores señalados como “conflictivos” y por el hecho de que no se quiere revelar con quiénes se han reunido, que “ellos están teledirigiendo el enfoque del Plan Buen Vivir de acuerdo con una idea preconcebida que tienen de cuál debe ser el camino para la solución del problema. Ellos no están recogiendo la realidad, porque la única forma de saber qué es lo que realmente están recogiendo es que den los datos, y no un archivo sistematizado por ellos mismos”.

La Iglesia, un parque nacional y un parque eólico: entre los actores “conflictivos”

En la sistematización de los resultados entregados se mencionan, entre otros, como actores con incidencia en la Macrozona Sur a las forestales, a otras comunidades mapuche y a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) la cual es señalada por no haber dado el ancho para cumplir con las demandas por restitución y reparación de las comunidades.

Pero llama la atención que en el resumen hecho para la Región de La Araucanía “un segundo actor de conflicto son las iglesias, producto del loteo y parcelamiento de los terrenos. La ocupación de estos territorios es un constante foco de conflicto para las comunidades, quienes señalan la falta de espacios para el desarrollo de la espiritualidad mapuche, como también, la falta de espacios para el fomento productivo de la tierra”. 

En su origen, la Weichán Auka Mapu (WAM) -una de las agrupaciones más radicales de las que actúan en la Macrozona Sur- tenía como objetivo la Iglesia Católica. 

Naveillán recuerda que tanto las iglesias físicas como el seminario que hay en Padre de las Casas han sido permanente atacados. “Entonces, que me salgan con que la Iglesia es uno de los principales focos de conflicto cuando la Iglesia Católica, personificada en Monseñor Vargas, que fue quien propició todo un estudio y todo un trabajo donde se incluyó a todo el mundo: gremios, comunidades, académicos, políticos, encargado por la Presidenta Bachelet; y que salgan con que la Iglesia Católica es uno de los focos de conflicto. ¡Por favor! ¿De qué estamos hablando?”.

Por otra parte, la sistematización de los diálogos menciona en Los Ríos el tema de la protección del medio ambiente. En esa línea, “destacan dos focos latentes de conflicto: en primer lugar, se apunta a la cogobernanza del Parque Nacional Villarrica, y en segundo lugar, a la detención del proyecto eólico ‘Entre Ríos’”.

Sobre ese punto, Naveillán recuerda lo ocurrido en noviembre con los Parques Nacionales Nahuelbuta y Tolhuaca, luego de que la directora de La Araucanía de la CONAF, María Teresa Huentequeo, ordenara su cierre temporal, decisión que rápidamente debió ser revertida por orden del delegado presidencial de la IX Región, José Montalva.

“La directora de CONAF, por decisión propia, decidió abandonar los parques. ¿Abandonarlos a qué? A las comunidades que se los querían tomar, a las comunidades que habían cometido los atentados (…). Me preocupa tremendamente que la intencionalidad manifestada por los más violentos se esté reflejando en algo que es un trabajo con dinero del gobierno y donde se supone que se iba a escuchar a todos”. 

“Una mala excusa”

Si bien en los diálogos, de acuerdo al documento entregado, no se alude a temas de seguridad, otro de los argumentos entregados por la Subsecretaría del Interior para no dar a conocer la identidad de los participantes es que “los datos solicitados contienen la individualización de comunidades mapuches con quien se están manteniendo estos diálogos preliminares, y su divulgación influiría negativamente en el diagnóstico que se está realizando en el marco de la referida política, frustrando condiciones habilitantes para el diálogo efectivo entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche”.

Añaden que considerando el contexto que ocurre en la Macrozona Sur, “dar a conocer su individualización expondría a los participantes, poniendo eventualmente en peligro su integridad física y psicológica, ante acciones de terceros para disuadirlos de no participar en esta instancia”. 

Para Aedo, “por un lado dices eso, pero por otro lado solo escuchas más bien a quienes son más cercanos a los grupos violentos o llegas a conclusiones como que la iglesia es parte del problema. Entonces, me parece bastante contradictorio. Me suena más bien a una mala excusa para no dar a conocer con quiénes están conversando. No tienen por qué dar los nombres detalle a detalle, pero obviamente que sí pueden comentar por lo menos de qué organizaciones se trata”. Ejemplifica, con que “es distinto si yo digo me junté con la agrupación de las víctimas de la violencia a me junte con la organización de Temucuicui, no tienen por qué darme los nombres, pero uno logra intuir con quiénes están conversando”.

Naveillán también es escéptica con esta respuesta: “Si la respuesta por escrito dice que no pueden revelar la identidad no de las personas, sino de las comunidades porque las ponen en riesgo, eso es como decir ‘oye, perdón, aquí no tenemos ningún control de lo que pasa. Aquí no existe el estado de derecho’; pero más aún a mí me deja una tremenda duda si efectivamente se han reunido con una comunidad o si están inventando”.

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