El gobierno del Presidente Gabriel Boric necesitó 72 días desde que la nueva Ley Antiterrorista fue publicada en el Diario Oficial –el 12 de febrero de 2025– para presentar la primera querella invocando esa normativa. El 25 de abril recurrió al Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara y lanzó sus dardos contra la Weichan Auka Mapu (WAM) por el atentado contra el proyecto hidroeléctrico Rucalhue. De ahí en adelante requirió poco más de un mes para invocar la nueva ley antiterrorista en contra de otras dos orgánicas violentas de la Macrozona Sur: tres días después de la primera querella describió como asociación terrorista a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) por un atentado que hubo en Contulmo y a principios de junio utilizó la misma calificación en contra de la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) por la quema de un centro de manejo de residuos sólidos en Collipulli.
Así, luego de que en 2022 y en 2023 no se materializara ni una sola querella por la antigua ley N° 18.314; desde la entrada en vigencia de la nueva legislación el gobierno ha calificado como terroristas a tres de las orgánicas radicales más peligrosas de la zona. Un giro definitivo con respecto a la postura que mostró la administración Boric cuando llegó a La Moneda, cuando el Jefe de Estado no estaba ni siquiera de acuerdo con el estado de excepción, desde el Ejecutivo todavía se referían al ‘Wallmapu’ y cuando las delegaciones presidenciales de La Araucanía y Biobío habían asumido un rol más “pasivo” en los juzgados.
El giro del gobierno lo describe a El Líbero el abogado y exministro del Interior, Jorge Burgos: “No hay ninguna duda que el actual gobierno empezó con una posición totalmente distinta respecto de las acciones delictuales en la Macrozona Sur. Un ejemplo claro de eso fue el desistimiento de querellas, término del estado de excepción durante un tiempo, declaraciones de varios personeros que querían hablar con Llaitul (líder de la Coordinadora Arauco Malleco), que consideraban que no era un tema delictual sino un tema más bien sociológico”.
Pero ese giro se notó, dice Burgos, “particularmente con la llegada de la ministra Tohá. Ahí el gobierno repuso el estado de excepción, dejó de entender que este era un problema sociológico sino que era un problema delictual. Y ahora cambia más todavía porque este gobierno sacó adelante con el Parlamento una nueva ley contra el terrorismo, y la está ocupando, lo que me parece bien”.
La WAM, la RML y la RMM definidas como terroristas
Dice la norma que se entiende por asociación terrorista toda organización de tres o más personas que tenga “entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella”.
El atentado en Rucalhue no se lo adjudicó ninguna orgánica en los lienzos dejados en el sitio, pero el gobierno consideró que los requerimientos escritos eran “compatibles” con las exigencias de la WAM, que describen en la querella como una “entidad constituida por más de tres personas, permanente en el tiempo, que cuenta con una organización interna y pretende el control territorial de gran parte de la macrozona, realizando exigencias a la autoridad relacionadas con la libertad de quienes denominan presos políticos mapuche, cometen sabotajes y atentados incendiarios en contra de particulares y empresas, con el fin de desalentar inversiones y lograr que abandonen dicha zona, compartiendo el mismo modus operandi que desborda en una violencia descontrolada y usos de armas”.
De la RML, organización a la que acusan por la quema de dos cabañas y un galpón ocurrida el 7 de abril -hecho en el que dejaron un lienzo con la leyenda “Fuera Marinos del Lafquen Mapu. RML. Libertad a todxs PPM”- dicen que “constituye una organización cuyo objetivo fundamental es obtener el dominio territorial de gran parte de la provincia de Arauco, buscando que tanto las policías como los militares abandonen dicha área, para lo cual han elaborado objetivos y planes de acción permanentes y sostenidos en el tiempo y que se materializan en la comisión de diversos delitos que atentan gravemente contra la vida, seguridad e integridad de las personas, su desplazamiento, libertad de trabajo, propiedad y patrimonio”.
En tanto, la querella contra la RMM indica que la agrupación actúa en La Araucanía y busca “socavar y desestabilizar las estructuras políticas y sociales del Estado democrático, imponiendo la toma de decisiones a la autoridad, usando para ello ciertos métodos que tienen la aptitud suficiente para someter y desmoralizar a la población civil”.
El hecho que originó la acción contra la RMM ocurrió en el contexto de la visita a la región del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y dejaron un lienzo con la inscripción “ni paz, ni entendimiento”, en alusión al informe presentado en mayo por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.
Del Wallmapu a la Macrozona Sur
La “conversión” del Presidente Boric con respecto a la Macrozona Sur se nota por ejemplo en que ninguno de los rostros que debutó en marzo de 2022 en la primera línea para buscar una salida al conflicto permanece en su cargo, comenzando por las exministras del Interior, Izkia Siches, y de Desarrollo Social, Jeanette Vega. En el camino también quedaron el delegado presidencial regional Raúl Allard; el delegado provincial de Malleco, Leandro Reyes; y el abogado Salvador Millaleo, quien ejerció como coordinador de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Ya tampoco es parte del Ejecutivo Matías Meza-Lopehandía, quien comenzó como jefe de gabinete del Presidente, y junto a Millaleo redactó el programa de gobierno del Frente Amplio en temas indígenas. Ni Luis Penchuleo, exdirector nacional de Conadi.
Además, si cuando era diputado, Boric se negó a aprobar el estado de excepción argumentando que “no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur”, lo cierto es que tanto La Araucanía como las provincias de Arauco y Biobío han estado más tiempo en estado de emergencia durante el período de Boric, que lo que lo estuvieron en el de Sebastián Piñera. La Macrozona Sur cumplió ya tres años bajo estado de excepción y no hay ninguna señal que indique que la medida será alzada próximamente.
Boric siendo diputado visitó Temucuicui en 2016, se retrató con el lonko de la comunidad, y dijo que estaba en el “territorio liberado de Temucuicui”. Casi una década después de esa visita, su gobierno califica como terrorista a la RMM que, según el libro ‘Radiografía de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur’ de Pablo Urquízar, excoordinador de Seguridad de la Macrozona Sur y actualmente encargado del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, “tiene su origen en la Comunidad Autónoma de Temucuicui” y agrega que “dicho territorio controlado por la RMM, se podría señalar que es un ‘refugio’ o ‘santuario terrorista’”.
En conversación con El Líbero, Urquízar coincide en que efectivamente el gobierno ha cambiado con respecto a su postura inicial sobre la Macrozona Sur. “Primero, que haya modificado completamente la ley antiterrorista. Esa ley se moderniza en el gobierno del Presidente Boric, en base a un proyecto de ley del Presidente Boric y mociones parlamentarias. El segundo hito tiene que ver no solo con cambiar la ley, sino que también empezar a utilizar como concepto político el terrorismo en la Macrozona Sur. Eso es un cambio sustantivo desde el punto de vista de cómo venía el gobierno y cómo está terminando el gobierno. Hoy día no es un problema hablar de terrorismo. El Presidente lo menciona sin ningún problema, sin ningún inconveniente, y eso me parece que es correcto y que se ajusta a la realidad. Y tercero, que las palabras se concatenan con la materialización de querellas específicas, y esas querellas específicas son contra orgánicas radicalizadas y terroristas”.
Por su lado, el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado (RN), subraya que “dada la presión no solo de parlamentarios, sino de la ciudadanía para que se terminen las acciones terroristas, yo creo que el gobierno, teniendo esa ley activa, si no la hubiera ocupado estaría con notable abandono de deberes el ministro Luis Cordero. Por lo tanto, al ministro yo lo he visto bastante claro en su posición de ocupar las leyes que corresponde”.
Mellado hace la salvedad de que una ley como la antiterrorista no habría sido posible en un gobierno de derecha: “Si hubieran ocupado esta ley antiterrorista en un gobierno de derecha, aseguro que la izquierda hubiera dicho que están violando los derechos humanos”.
El legislador agrega que al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, “no le ha temblado la voz para poder hablar de terrorismo cuando hay que hacerlo. Tampoco la mano para querellarse por la ley antiterrorista y colocar a estas orgánicas como asociaciones terroristas. Eso nos parece de una claridad importante para un gobierno de izquierda y, sobre todo, para un gobierno que creía que estas leyes eran en contra de las comunidades mapuche. Me parece bien que ahora entiendan y hayan aprendido”.
¿Por qué son terroristas?
Las querellas al describir el delito de asociación terrorista se detienen en que las acciones denunciadas las cometen una “pluralidad de personas”, en que dentro de las agrupaciones existe una “organización funcional” y en que hay “una acción sostenida en el tiempo”.
Por ejemplo, en el caso de la acción contra la WAM enumeran 10 atentados, cometidos entre 2023 y 2025, en los que reiteradamente –en los lienzos que dejan en el lugar del suceso– piden la libertad de distintos presos, en especial de Luis Tranamil (condenado a 32 años de cárcel por el homicidio del carabinero Eugenio Naín).
En cuanto a la pluralidad de personas, la querella señala que en el atentado contra la central Rucalhue participaron al menos 12 personas. De la WAM además señalan que tiene métodos “extremadamente violentos”.
Por otra parte, en la querella contra la RML mencionan cinco hechos cometidos entre julio de 2021 y el 11 de agosto de 2023, incluyendo la quema del Molino Grollmus, ocurrida el 30 de agosto de 2022 (crimen por el cual ya hay 18 personas imputadas).
“Lo anterior permite fundamentar que dicha orgánica, en forma sostenida en el tiempo, ha tenido por objeto la comisión de delitos de homicidios, incendios, porte ilegal de armas de fuego, disparos injustificados, robos de vehículos, sustracción de maquinarias, sustracción de maderas, cortes de ruta e, incluso, atentados a la autoridad, buscando el dominio territorial para la comisión de esos delitos con la más absoluta impunidad”, dice el documento.
Por último, en la querella contra la RMM la involucran en 15 hechos desde el 3 de noviembre de 2022 hasta el 3 de noviembre de 2024. Hechos en los que han dejado lienzos con inscripciones como: “Las balas que disparen se devolverán. Temucuicui resiste”; “con fuego y bala exigiremos soluciones”, “Ministra Tohá, sin tierras no habrá paz y tus anuncios de progreso serán en vano”; además han exigido el traslado de presos, rechazado leyes y amenazado a gendarmes en sus escritos.
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