En la semana del 7 al 13 de abril, el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero registró un nuevo ataque incendiario en la Macrozona Sur, específicamente en la comuna de Contulmo, región del Biobío. El hecho, adjudicado por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), dejó como saldo dos cabañas y un galpón destruidos por el fuego.
El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes 7 en el kilómetro 42 de la Ruta P60, que une Contulmo con Cañete. Según confirmó el delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, en el lugar se encontró un lienzo firmado por la RML, en el que se exigía la libertad de los denominados “presos políticos mapuches” y la salida del personal de la Armada de la zona, institución que mantiene la labor de resguardo bajo el estado de excepción vigente desde hace más de mil días.
Las cabañas afectadas se encontraban deshabitadas desde hace al menos un año, tras haber sufrido un atentado anterior. Sin embargo, el atentado fue interpretado por las autoridades como parte de una serie de acciones ligadas al contexto judicial que enfrenta actualmente la organización radical. “Este es un periodo en el cual han habido algunas situaciones ocurridas, como el juicio del día 24 contra gente detenida de la RML, también el 14 se inicia el juicio por el asesinato de Eleodoro Raiman, y además, abril es el aniversario de la aparición de la RML”, explicó el delegado Toro, aludiendo a la fundación del grupo en abril de 2020.
Este hecho se suma a una segunda situación destacada en el indicador de esta semana: la detención de Robert Galindo Huenumil, de 27 años, por su presunta participación en el violento ataque contra la familia Grollmus ocurrido en agosto de 2022. El sujeto, detenido en el sector de Tranguilboro (Cañete), quedó en prisión preventiva, convirtiéndose en el imputado número 16 de la causa que investiga el atentado incendiario y armado que dejó a dos personas heridas de gravedad y destruyó un molino centenario.
Según explicó el fiscal Danilo Ramos, las diligencias ahora se concentran en la captura de otros coautores del crimen, quienes continúan prófugos. “El objetivo del Ministerio Público es llevar a juicio oral a la totalidad de quienes han sido individualizados en el marco de esta investigación”, señaló. A los imputados se les atribuyen delitos como incendio, porte ilegal de armas, disparos injustificados y cuatro homicidios calificados en grado de frustrado.
