Dos días antes del atentado incendiario que afectó al proyecto hidroeléctrico Rucalhue apareció una publicación en las redes de Werkén Noticias para exigir el retiro de la empresa China International Water & Electric Corp (CWE) del “territorio”. En el texto cuestionan que “actualmente se encuentran trabajando en la construcción de la cuarta central hidroeléctrica en nuestro territorio, rompiéndose acuerdos hechos anteriormente entre nuestro pueblo nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado yanakona (traidor) chileno en el año 2004”.
En el mensaje, además, convocan a una manifestación en la Embajada de China en Santiago a realizarse el miércoles.
Por ello, para legisladores de la Macrozona Sur, lo que ocurrió era “anticipable”. El diputado Eric Aedo (DC), representante de la Región del Biobío, cuestionó que el hecho sucedió cuando falta una semana para que se cumpla un año del asesinato de tres carabineros, víctimas de una emboscada en Cañete.
“Estos hechos eran claramente anticipables. ¿Cómo fallan de esta forma los equipos de seguridad, los equipos de inteligencia? Esto no lo podemos permitir, ya que hay que investigar de manera profunda no solo la fiscalía, sino que también toda la fuerza del Estado chileno para salir a desbaratar de una vez por todas a estas bandas criminales y a este terrorismo que se quiere hacer del control territorial de la Provincia de Arauco, de la Provincia de Biobío y de la Región del Biobío. Basta ya de seguir soportando a estos violentistas”, dijo Aedo.
Por su lado, el diputado Miguel Mellado (RN) se refirió directamente a la publicación en redes sociales: “En Rucalhue se estaba empezando, de nuevo, a construir una central de paso con embalse, que esperaron 10 años, más de 40 permisos, donde iban a contratar a 450 trabajadores, quemaron maquinaria, camiones, y ¿el gobierno? durmiendo, porque le habían avisado hace dos días en Werken Noticias que algo así iba a suceder”.
En Werkén Noticias se suele difundir información de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), incluyendo entrevistas y comunicados de Héctor Llaitul; así como los mensajes en los que la CAM se adjudica sus acciones de “sabotaje”, que suelen ser quemas de maquinarias o usurpaciones de terrenos.
El mensaje en Werkén Noticias apareció el 18 de abril a las 11:54 am. En tanto, el atentado incendiario de gran magnitud que afectó la Central Racalhue ocurrió en la madrugada del domingo 20 de abril, alrededor de las 2:30 am. El proyecto hidroeléctrico se ubica entre las comunas de Quilaco y Santa Bárbara, en la Región del Biobío. El ataque, perpetrado por al menos 12 individuos armados y encapuchados, dejó un saldo de 47 camiones, tres excavadoras, una motoniveladora y un camión contenedor de combustible completamente destruidos. Además, había cuatro guardias en el lugar y dos de ellos resultaron con lesiones leves.
El mismo domingo, cuando ya se había difundido en diversos medios el atentado, apareció otra publicación en Werkén Noticias.
«¡Fuera Rucalhuel del territorio pewenche! No se permitirá que se sigan destruyendo nuestros ríos, nuestra vida y nuestra espiritualidad. El río es sagrado, no una mercancía. Exigimos el retiro total y definitivo de la empresa del territorio ancestral mapuche pewenche. ¡Nuestro territorio no está en venta, ni se negocia, se defiende!». Eran las 13:10.
La molestia de China
El atentado fue rechazado abiertamente por el Gobierno, comenzando por el Presidente Gabriel Boric, quien a través de su cuenta en X manifestó: «Tal como lo hemos hecho en otros casos, perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia. Seguiremos trabajando sin dar pie atrás para erradicar toda forma de violencia». Un mensaje difundido el mismo día del atentado.
Pero ante la molestia de China, el Jefe de Estado debió referirse nuevamente al tema este lunes. «En Chile se respeta el Estado de Derecho y frente a este tipo de atentados lo que yo espero, lo que la ciudadanía espera, lo que todo el mundo espera es unidad para condenarlos, para perseguirlos, para que las instituciones funcionen y no permitir que lo que hemos logrado hasta ahora en la macrozona sur, de disminución significativa de la violencia, se ponga en riesgo por un grupo de gente que no sabemos quiénes son todavía, pero que no van a tambalear, no van a echar atrás el proceso de diálogo, por una parte, como también de firmeza legal y desarticulación de cualquier grupo que practique la violencia para buscar los fines», dijo Boric.
Y es que el lunes se conoció la reacción de la Embajada de China en Chile, que condenó en duros términos el ataque y advirtió sobre sus implicancias diplomáticas y económicas. «Han causado lesiones a los empleados del proyecto, graves daños a la infraestructura y cuantiosas pérdidas económicas, socavando gravemente la confianza de las empresas chinas en la seguridad local y en el entorno empresarial, mermando su entusiasmo por invertir en la región», afirmaron en una declaración a El Mercurio. Además, exigieron una «investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas» para proteger las inversiones.
El proyecto, de propiedad de Rucalhue Energía SpA, filial del conglomerado China International Water & Electric Corp (CWE), prevé una inversión de US $350 millones.
Los dichos de la representación diplomática de China se sumaron a lo dicho por la empresa Rucalhue Energía SpA que en un comunicado emitido el mismo día del hecho lo calificó como un «ataque terrorista» y exigió que los responsables sean llevados ante la justicia. «Este tipo de hechos no solo representa un atentado contra la infraestructura, sino también contra los trabajadores, las comunidades vecinas y el Estado de Derecho». La compañía anunció acciones legales y colaboración activa con las autoridades.
Frente a esto, el mensaje de Boric fue reforzado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien insistió en que “queremos ser muy enérgicos, nosotros no vamos a aceptar ninguna forma de presión, chantaje, ni menos de violencia, que pueda implicar que alguna inversión que sea grande o pequeña, da lo mismo, no se realice en nuestro país”.
Elizalde agregó que “estos hechos van a ser esclarecidos, sus autores van a responder ante la justicia y al mismo tiempo vamos a llevar adelante todas las iniciativas para que este proyecto se lleve adelante, así como cualquier otro, porque no podemos bajo ninguna circunstancia tolerar la violencia de este tipo y, por tanto, estos hechos no van a tener impunidad”.
Además, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ya había anunciado que el Ejecutivo presentará una querella invocando por primera vez la Ley Antiterrorista, promulgada el 4 de febrero.
Al respecto, una fuente de origen mapuche opinó a El Líbero fuera de micrófono: “A las inversiones chinas todo el respaldo. Lo que hace el lobby de Cariola en el gobierno. Venden los lazos con el pueblo mapuche al mejor postor ideológico”.
El lienzo dejado en el ataque
La Policía de Investigaciones quedó a cargo de la indagatoria. Según detalló el comisario David Meliñir, jefe de la Brigada Antisecuestros de Los Ángeles, se están desarrollando diligencias para establecer la identidad y roles de los involucrados. «Se trataría de un grupo compuesto por aproximadamente 12 individuos que habría actuado de forma coordinada y con un alto grado de planificación», indicó.
El delegado presidencial provincial de Biobío, Javier Fuchslocher Baeza, dio a conocer que en el lugar de los hechos dejaron un lienzo: «Cabe mencionar que durante un año no habíamos tenido hechos de esta naturaleza en la provincia de Biobío y que los lienzos encontrados en el lugar no tienen relación con ningún hecho ocurrido en la zona».
Se informó que el lienzo no tenía la firma de ninguna de las orgánicas radicales que operan en la macrozona sur. El panfleto decía: “Libertad a Luis Tranamil y todos los P.P.M. (presos políticos mapuche) Jordan Llempi, Matías Catrileo. Presente en el Weichan. Nuestro objetivo es todo el Wallmapu”.
Luis Tranamil fue condenado por el asesinato del carabinero Eugenio Naín. La orgánica Weichan Auka Mapu es la que suele dejar mensajes en sus atentados exigiendo su liberación.
El atentado en Rucalhue es el único hecho de violencia registrado en el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero en la semana del 14 al 20 de abril.
