El Consejo de Defensa del Estado (CDE) sostiene que un mismo testigo compareció en al menos 45 demandas indemnizatorias contra el Fisco, todas patrocinadas por el abogado Francisco Amigo Cartagena o por profesionales vinculados a su estudio jurídico. En una ampliación de querella presentada el 2 de junio de 2026, el organismo acusó al abogado como autor del delito de presentación de prueba falsa en juicio, que de acreditarse en el caso de los abogados, contempla sanciones como la suspensión del ejercicio de la profesión. En esa misma presentación, cuestionó la reiteración de relatos similares en juicios por violaciones de derechos humanos durante la dictadura y por lesiones ocurridas en el contexto de las protestas posteriores al 18 de octubre de 2019.
En otra querella, presentada en marzo, el CDE cuestionó las declaraciones de una testigo que habría comparecido en 29 demandas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura, solo ante tribunales civiles de Concepción, todas también patrocinadas por Amigo.
«NO resiste lógica alguna que un abogado, con experiencia en este tipo de juicios, no observe ni se cuestione cómo es posible que el MISMO testigo posea conocimiento de los hechos, en 45 juicios distintos conociendo casualmente a las víctimas por su actividad de transportista o por labores de bombero; en que en TODAS, justamente, son coincidentes con demandantes que patrocina en acciones contra el Fisco», se lee en el documento presentado en junio por el CDE ante el Juzgado de Garantía de Concepción.
El testigo que compareció en al menos 45 demandas indemnizatorias contra el Fisco se llama Humberto Rojas y fue querellado por el delito de falso testimonio en juicio civil en enero de este año. La que compareció en 29 ocasiones, Verónica Farías, fue querellada por el mismo delito en marzo. Las dos causas se tramitan ante el Juzgado de Garantía de Concepción y en los expedientes judiciales revisados por El Líbero no constan audiencias de formalización.
La ampliación de la querella contra Rojas también alcanza a la abogada Daniela Prieres, a quien el CDE acusa como cómplice del delito de falso testimonio. Prieres intervino como apoderada de demandantes en cuatro audiencias en las que declaró Humberto Rojas durante un período de 27 días. Según el CDE, esas actuaciones ocurrieron el 17 de enero, 22 de enero, 3 de febrero y 13 de febrero de 2025 ante tribunales civiles de Concepción. En las tres primeras audiencias, Rojas declaró sobre hechos vinculados a la dictadura. En la cuarta se refirió a hechos relacionados con el 18-O.
De acuerdo con el CDE, la estructura narrativa presentada por Rojas en los casos relacionados con la dictadura era «idéntica»: «Rojas declaró haber conocido casualmente al demandante –o a un familiar directo– durante sus rutas de transporte de combustible: un encuentro en un servicentro, una persona apagada o afligida, una conversación que derivó espontáneamente en el relato de lo vivido». Rojas también justificó cómo conocía a los demandantes por su labor como bombero, principalmente en los casos referidos al estallido: «Rojas declara haber estado en Santiago en distintas fechas de 2019 y haber prestado primeros auxilios en calidad de bombero».
El CDE sostuvo que la reiteración de las comparecencias debía haber permitido a Prieres advertir las semejanzas entre los relatos. El organismo destaca lo ocurrido en la audiencia del 13 de febrero de 2025 ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción, en la causa sobre el 18-O. Ahí el CDE tachó al testigo por su reiterada comparecencia en causas similares, y Rojas aseguró haber declarado como testigo “dos o tres veces máximo”, y solo “una vez” en causas de derechos humanos. Según la querella, Prieres había estado presente en las tres audiencias anteriores en que Rojas declaró, y aun así objetó las preguntas que buscaban establecer cuántas veces había comparecido. La más reciente de esas audiencias, en la que Prieres también actuó como apoderada, había ocurrido apenas 10 días antes, el 3 de febrero de 2025, ante el Primer Juzgado Civil de Concepción. Por ello, el organismo la acusó de colaborar conscientemente en la presentación de declaraciones que considera falsas.
Las cifras detrás de las demandas
Según una respuesta del CDE por Transparencia, entre 2016 y 2026 el Estado enfrentó 11.795 demandas relacionadas con violaciones a los derechos humanos en dictadura. De ellas, 4.117 terminaron con sentencia: en 3.683 el Fisco fue condenado a indemnizar y en 434 no se registra indemnización. Otras 1.295 se cerraron por transacción y 6.380 siguen en tramitación.
Los montos fijados en sentencias firmes suman cerca de $383 mil millones. La condena promedio es de más de $100 millones y las transacciones suman otros $58.500 millones. El alza es reciente: en 2019 hubo 110 condenas firmes; en 2025, más de 1.100 condenas firmes, por unos $81 mil millones. Eso equivale a más de $1.500 millones en condenas cada semana. Concepción es la segunda procuraduría con más causas del país, con 1.942, después de Santiago.
En ese universo están las causas donde declararon los dos testigos querellados por el CDE. De acuerdo con una fuente conocedora de la investigación, el estudio de Amigo concentra un alto volumen de este tipo de demandas contra el Estado. Las 29 declaraciones de Verónica Farías que menciona la querella se prestaron ante juzgados civiles de Concepción. Un cruce realizado por El Líbero entre las causas en que declaró Farías, identificadas en la querella del CDE, y la base de datos de 11.795 demandas por violaciones de derechos humanos entregada por el mismo organismo mediante Transparencia, permitió establecer que, en al menos 12 de esos procesos, el Fisco fue condenado mediante sentencias firmes a pagar indemnizaciones que suman $630 millones, entre 2024 y 2025.
En las causas por hechos de la dictadura en que declaró Humberto Rojas, al menos dos ya tienen sentencia firme: la del 2° Juzgado Civil de Valdivia en que dijo haber conocido al demandante en un servicentro de Osorno ($80 millones), y otra del mismo tribunal ($50 millones). En total, al menos $760 millones en condenas firmes en causas donde declaró alguno de los dos testigos.
En otra respuesta obtenida vía Transparencia, el CDE informó 489 causas civiles asociadas al 18-O y pagos por $581 millones en siete de ellas. En las cuatro donde declaró Rojas, que suman demandas por $400 millones más un monto reservado, el Fisco no ha pagado nada: dos tuvieron condenas en primera instancia por $3 y $10 millones, ambas apeladas; una fue rechazada y el demandante apeló; y en la cuarta, según informó la prensa, la Corte de Apelaciones revocó la condena. El Líbero revisó los expedientes de esas cuatro causas y de una quinta, en la que Rojas figuraba en la lista de testigos, aunque no llegó a declarar.
La disputa por los pagos
El conflicto entre el abogado y el Estado no es solo penal. En una audiencia de lobby ante autoridades del CDE realizada el 4 de mayo de 2026, en la descripción de la materia tratada Amigo sostuvo haber tomado conocimiento de comunicaciones entre el organismo, el Ministerio de Justicia y la Tesorería en las que se habría instruido, individualizándolo por su nombre, que las indemnizaciones de las causas que patrocina se paguen directamente a los beneficiarios y no a él. El abogado calificó esa instrucción como un trato arbitrario y advirtió posibles faltas a la probidad. Ya en mayo de 2024 había reclamado ante la Tesorería porque sus analistas no estaban considerando los mandatos que lo facultaban para cobrar esos pagos. Menos de un mes después de la audiencia en el CDE de 2026, el organismo amplió la querella en su contra.
Las hermanas-testigos
Hay distintos profesionales relacionados con el estudio jurídico a los que el CDE ha identificado o mencionado en sus objeciones a las demandas patrocinadas por Amigo. Una de ellas es la trabajadora social Ana María Castro. En la ampliación de la querella presentada en junio, el CDE indica que el Ministerio Público deberá ponderar en su investigación que Castro, quien según el organismo «sería empleada remunerada del mismo estudio», reconoció «haber declarado en favor de la parte demandante como testigo en más de trece causas patrocinadas por el mismo abogado». En el sitio web del estudio, Castro figura como trabajadora social senior.
«Esta querellante no cuenta, a la fecha, con los antecedentes suficientes y fundados para pronunciarse sobre el contenido de esas declaraciones ni sobre su veracidad, sin perjuicio que el número de declaraciones prestadas (13) es, desde ya, indiciario de su falsedad, por lo que se reserva expresamente el ejercicio de las acciones penales que correspondan respecto de esta persona», dice la ampliación de la querella contra Rojas en referencia a la trabajadora social y entre las diligencias, el CDE solicita que se le tome declaración.
La querella no menciona que Castro tiene una hermana que también ha participado en estas causas. Paulina Castro Rosales figura en las listas de testigos que Amigo presentó en al menos cuatro demandas por el estallido, de acuerdo con los expedientes revisados por El Líbero. Que la hayan ofrecido como testigo no significa que haya declarado en todas ellas, pero sí lo hizo en la causa tramitada ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, presentada por un hombre que asegura haber sido herido con perdigones durante una protesta el 8 de noviembre de 2019, cerca de Plaza Italia. Ahí compareció como testigo presencial de los hechos.
En esa audiencia, según consta en la sentencia, la testigo reconoció que había sido contactada para declarar a través del abogado del demandante, que ya había declarado en otra causa contra el Fisco por el 18-O y que «su hermana trabaja como trabajadora social en el estudio del abogado patrocinante de la parte demandante, y que depende económicamente de dicho trabajo». También aseguró no haber recibido pago por declarar. El Líbero verificó en el Registro Civil que Ana María y Paulina Castro son hermanas.
El CDE tachó a la testigo por falta de imparcialidad: argumentó que su hermana tenía interés directo en el resultado del juicio, al depender económicamente del abogado. El tribunal rechazó la tacha, porque de sus respuestas no se desprendía un interés propio en el pleito. En esa misma causa, el informe social que buscaba acreditar el daño sufrido por el demandante lo firmó Ana María Castro. El CDE lo objetó en sus observaciones a la prueba, advirtiendo que había sido «emitido por una dependiente del estudio jurídico del abogado del demandante y que existe un vínculo consanguíneo entre la profesional y la testigo». En abril de 2026, el tribunal rechazó la demanda por prescripción, sin pronunciarse sobre el fondo. El demandante apeló y la causa se encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Ana María Castro firmó también el informe social de daño en otra de las causas del 18-O en que declaró Humberto Rojas, la de un manifestante herido en la Alameda en octubre de 2019, que se tramita ante el 16° Juzgado Civil de Santiago.
Los informes psicológicos
Otro nombre que se repite es el del psicólogo Cristián Dupouy, quien firmó los informes de daño psicológico en cuatro de las cinco causas del estallido revisadas por El Líbero, y en cuatro de ellas también fue ofrecido como testigo por Amigo. En dos de esas causas declaró como testigo en el mismo exhorto en que declaró Humberto Rojas.
En sus observaciones a la prueba, el CDE ha cuestionado la forma en que se elaboraron esos informes. En todos, Dupouy se presenta como psicólogo clínico y concluye que el demandante sufre un trastorno adaptativo derivado de los hechos de 2019.
En varias de esas causas, el CDE objetó que los informes se basaron en dos o tres sesiones realizadas en 2024, cinco años después de los hechos. En la demanda de un manifestante que asegura haber recibido perdigones en ambas piernas el 8 de noviembre de 2019, tramitada ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, el CDE advirtió que el informe se elaboró tras «sólo tres entrevistas con el demandante», realizadas los días 5, 6 y 7 de agosto de 2024, y que el informe fue presentado el 9 de agosto de 2024, basándose únicamente en dichos del demandante, sin contener antecedentes sobre el “supuesto apoyo psicológico y psiquiátrico que el demandante habría recibido previamente en estos años como consecuencia de los hechos”.
En una causa que se tramita ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, por un hombre que asegura haber sido herido por perdigones el 14 de noviembre de 2019 en Plaza Italia, las objeciones del CDE son más fuertes, y dicen que su informe corresponde a un «peritaje hecho a la medida». También cuestionan que el profesional lo firmó con un pie de firma que lo acredita como perito de la Corte de Apelaciones de Concepción-Chillán-Talca, pese a que el documento fue presentado como un informe privado encargado por el demandante y no como un peritaje designado por el tribunal. En esa misma causa, en la que también declaró Rojas, el CDE tachó a Dupouy como testigo por falta de imparcialidad. En la sentencia se lee que el CDE argumentó que el psicólogo había recibido dinero por elaborar su informe de forma telemática y que había declarado en más de 50 oportunidades para el abogado del demandante. La defensa del demandante no discutió la cifra: respondió que todas las veces que ha declarado «se debe a su profesionalismo» y que Dupouy figura en la lista de peritos de la Corte de Apelaciones.
El tribunal rechazó la tacha, al considerar que se trataba de una relación «propia del desarrollo profesional en los juicios», aunque advirtió que «otra cuestión distinta, es la apreciación que el tribunal haga sobre el valor probatorio de su declaración». En mayo de 2025, el juzgado condenó al Fisco a pagar $10 millones, una fracción de los $150 millones demandados en este proceso y ambas partes apelaron.
El CDE también cuestionó un informe de Dupouy en la demanda de un hombre que asegura haber perdido visión en el ojo izquierdo por un perdigón recibido el 21 de octubre de 2019 en Plaza Italia, tramitada ante el 1° Juzgado Civil de Santiago. El organismo detectó una inconsistencia: el informe del psicólogo afirmaba que el demandante había perdido el 80% de la visión de ese ojo, sin mencionar los antecedentes médicos que lo respaldaban, mientras que en la ficha del Programa de Reparación Ocular del Hospital del Salvador el propio demandante señalaba una discapacidad visual del 37%. Aun así, el tribunal le otorgó al informe «pleno valor probatorio» por su concordancia con el resto de la prueba.
La segunda causa en que Dupouy declaró como testigo junto a Rojas es la de un hombre que asegura haber recibido perdigones en las piernas el 18 de noviembre de 2019 en las inmediaciones de Plaza Italia, que se ve ante el 30° Juzgado Civil de Santiago. El CDE volvió a tacharlo, pero el tribunal volvió a rechazar la tacha: consideró que un servicio remunerado «en contadas ocasiones» no configura dependencia, y que los honorarios ya estaban pagados y no dependían del resultado del juicio. En noviembre de 2025, el juzgado rechazó la demanda y el demandante apeló.
Dos testigos recurrentes de Concepción a Santiago
También se repite en las causas del 18-O un testigo que se identifica como cantante y tiene domicilio en Concepción, quien figura en las listas de testigos presentadas por Amigo en las cinco causas, y en al menos tres declaró como testigo presencial de hechos ocurridos en Santiago.
En dos de ellas, su relato coincide con el de Rojas en lugar y fecha: el 21 de octubre de 2019. En la demanda tramitada ante el 1° Juzgado Civil de Santiago, ambos declararon que ese día prestaron ayuda al demandante en Plaza Italia. Y ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, ambos declararon haber presenciado ese mismo día cómo otro manifestante recibía perdigones en la Alameda. En esta última causa, el CDE sostuvo que no era posible verificar que los testigos estuvieran en Santiago ese día, y que “ambas declaraciones de los testigos indicados carecen de objetividad e imparcialidad, y no entregan antecedentes de los hechos ni de la forma de las lesiones”.
Sin respuesta
El Líbero intentó contactar al abogado Francisco Amigo por teléfono, por correo electrónico (a su dirección personal y a la de su estudio) y por WhatsApp para conocer su versión sobre los cuestionamientos del CDE. En esos mensajes se le pidió además transmitir la solicitud o facilitar el contacto de Daniela Prieres, Ana María Castro, Cristián Dupouy, Humberto Rojas y Verónica Farías, para que también pudieran entregar su versión. Hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
La actividad judicial de Amigo también se extiende a otros ámbitos. En marzo de 2017, el diario El Sur de Concepción lo identificaba como uno de los abogados que representaban a afiliados en recursos de protección contra las alzas de los planes de las isapres. En ese entonces, cuando las acciones de este tipo habían superado las 20 mil en la Corte de Apelaciones de Concepción durante 2016, el abogado afirmaba que «con urgencia se hace necesaria la dictación de una nueva ley».
Más recientemente, el 29 de septiembre de 2026, patrocinó el recurso de protección presentado por Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados, contra AFP Capital y la Superintendencia de Pensiones, para impedir el traspaso obligatorio de sus ahorros previsionales a los nuevos fondos generacionales. El recurso fue declarado inadmisible el 2 de octubre y posteriormente remitido a la Corte Suprema tras una apelación. En su cuenta de Instagram, Amigo también ha compartido distintos mensajes de Lorenzini.
Esta es la locomotora que tira, testigos falsos, abogados truchos, tribunales prevaricadores, un Estado generoso con las platas de los chilenos, tormenta perfecta. Para su conocimiento esos casos son solo la punta del problema total y solo referido a pagos. Para que haya pagos normalmente tiene que haber un acusado, procesado y condenado por esos daños. Vale decir, presos. Muchos por testigos falsos. El abogado Amigo le aprendió el método a los Caucoto y similares………investiguen cuando puedan…..