En su Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast puso la política indígena entre los ejes de su agenda para la Macrozona Sur. Desde el Congreso, el Mandatario sostuvo que el actual sistema de tierras “ha demostrado ser ineficiente y desconectado de las necesidades reales de las comunidades” y anunció una reforma a la Ley Indígena para flexibilizar el uso de los predios y ordenar el mecanismo de compra de tierras con tasaciones “transparentes a valor de mercado”.
En entrevista con El Líbero, el director nacional de Conadi, Ignacio Malig, explica el alcance de la política que impulsa el gobierno. Malig subraya que la reforma no busca desproteger las tierras indígenas, sino dar más autonomía a las comunidades para celebrar contratos como arriendos o medierías, desarrollar proyectos productivos y acceder a beneficios del Estado. “Esto no implica vender o enajenar”, subraya.
“La legislación actual genera una especie de tutela estatal que termina limitando a las comunidades”, sostiene Malig, por lo que con la propuesta lo que se busca es que las comunidades “tengan la autonomía y libertad para decidir sobre sus propiedades”.
Y agrega que una de las prioridades será ordenar el sistema de compras: “Terminaremos con la discrecionalidad. Estableceremos un sistema técnico, auditable y estandarizado de tasaciones que se ajuste estrictamente al valor comercial real de la tierra”. Al tiempo que harán pública la lista de comunidades que están a la espera de compra.
Sobre esto último el director de Conadi también apunta al aumento de expectativas generado en el gobierno anterior, dado que se registró una entrega récord de aplicabilidades. “Sin embargo, el ritmo de compra no varió, las comunidades pendientes siguen siendo las mismas”. Por eso, plantea que la nueva política deberá combinar responsabilidad fiscal, priorización por antigüedad de las demandas, compras dentro o colindantes a los títulos reclamados y mayor transparencia.
“Permitiremos a las comunidades aumentar la productividad de las tierras sin que pierdan la protección que les da la Ley”
–En la Cuenta Pública el Presidente mencionó que estaban diseñando una política indígena. ¿Cuáles son los ejes de esa política?
–Propondremos una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo, permitiendo celebrar contratos como la mediería y el arrendamiento, esto no implica vender o enajenar ni mucho menos quitar la protección que la ley le da a las tierras indígenas. Además, ordenaremos el actual sistema de compra de tierras, instaurando tasaciones transparentes a valor de mercado y con una trazabilidad real en cada compra, priorizando a las comunidades que registren una mayor antigüedad en su reclamación y aquellas que presenten predios dentro o colindantes al título que fundamenta su aplicabilidad. Y agilizaremos el otorgamiento de derechos reales de uso y goce individuales sobre las tierras entregadas, permitiendo postular a subsidios habitacionales, agua potable, y otros beneficios otorgados por el Estado, mejorando la calidad de vida de las personas y comunidades indígenas.
–¿Por qué les parece que “la política de tierras impulsada hasta la fecha ha demostrado ser ineficiente y desconectada de las necesidades reales de las comunidades”?
–Porque la política de tierras de Conadi ha tenido un foco errado, donde el problema de tierras identificado en la resolución de aplicabilidad pocas veces tiene relación con la solución del mismo problema que las propias comunidades han señalado en su demanda de tierras. Para esto priorizaremos la compra de tierras que se encuentren dentro o colindantes al título que fundamenta la aplicabilidad, como es el caso de los Títulos de Merced sobre los cuales las comunidades reclaman una pérdida territorial, con esto terminaremos con el traslado de comunidades de una región o comuna que solo ha generado desarraigo y falta de acceso a servicios básicos.
–El Presidente durante la Cuenta Pública también planteó la necesidad de impulsar una reforma a la Ley Indígena. ¿Qué aspectos consideran que es necesario modificar?
–La legislación actual genera una especie de tutela estatal que termina limitando a las comunidades, impidiéndoles utilizar sus tierras plenamente. Nuestra propuesta busca que tengan la autonomía y libertad para decidir sobre sus propiedades, generar proyectos productivos y obtener mayores beneficios directos para sus familias, para esto se necesita modificar la Ley permitiendo a las comunidades celebrar contratos sobre las tierras, contratos que generen asociatividad para aumentar la productividad de las tierras sin que sean enajenadas o vendidas y sin que pierdan la protección que les da la Ley.
“Nuestra prioridad inmediata es la responsabilidad fiscal y la eficiencia”
–¿Estos cambios que propondrán irán en línea con las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que funcionó durante el gobierno pasado? ¿El gobierno está de acuerdo con las 21 recomendaciones?
–Valoramos el esfuerzo de la Comisión y rescatamos algunas de las medidas propuestas, como las de permitir el arriendo de las tierras indígenas y flexibilizar sus usos. Además, la de buscar soluciones alternativas a la compra para aquellas comunidades que así lo deseen y que prefieran una solución que vaya por el lado de la productividad y la habitabilidad de las tierras que posean.
–El Informe de la Comisión señala que para saldar la demanda actual y futura de tierras del pueblo mapuche se requerirían comprar 486 mil hectáreas, destinando un monto de 4.000 millones de dólares. ¿Esta recomendación la van a recoger?
–El informe entrega un diagnóstico importante, pero nuestra prioridad inmediata es la responsabilidad fiscal y la eficiencia. Actualmente, nuestra gestión se ajustará estrictamente a los mecanismos legales vigentes de la Ley 19.253 y a los recursos anuales que determine el presupuesto de la nación, asegurando que cada peso invertido llegue efectivamente a mejorar la vida de las familias y comunidades indígenas.
–Cualquier modificación a la Ley Indígena requiere una consulta. Actualmente, hay una en curso que se pausó en su primera etapa. En 2018 hubo ya una consulta indígena por estos mismos temas que fracasó. ¿Cómo se proponen plantearla para que llegue a buen término?
–El proceso anterior fracasó porque fue mal diseñado y fue capturado por quienes promueven la violencia. Este gobierno lo retoma con seriedad, con asistencia técnica de la OIT y diálogo político amplio, garantizando que sea legítimo y de buena fe.
Para que un proceso de esta envergadura sea exitoso, debe recuperar la confianza. Realizaremos un proceso de diálogo de buena fe, transparente y con reglas claras, apegándonos rigurosamente a los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT, asegurando una participación real y representativa.
–¿Hay un plazo planteado para retomar la consulta?
–Más que imponer un plazo arbitrario que ponga en riesgo el proceso, estamos trabajando en un cronograma responsable. Tras el anuncio del Presidente se inició un diálogo político con parlamentarios, alcaldes, autoridades y líderes indígenas, para luego reformular la consulta indígena, donde la OIT nos acompañará técnicamente. Las fechas definitivas respetarán los tiempos de convocatoria y deliberación que el propio Convenio 169 de la OIT y el DS 66 exigen (decreto que aprueba reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena).
“Avanzaremos en transparencia, publicando la lista de las comunidades que esperan compra”
–¿Cómo responden a la desconfianza del mundo mapuche que considera que las modificaciones a la Ley Indígena no son para mejorar sus condiciones en cuanto a la propiedad de la tierra, sino que más bien les van a quitar la principal reparación que les ha otorgado el Estado?
–No vemos desconfianza en el mundo mapuche, es cierto que hay sectores que tienen dudas, pero a todos les queremos dar absoluta tranquilidad: el espíritu de la propuesta del Presidente José Antonio Kast no es quitar derechos ni desproteger a nadie, sino todo lo contrario. Buscamos fortalecer la propiedad de la tierra otorgándole un valor real, entregando títulos de uso y goce eficaces para que las familias puedan acceder a herramientas de desarrollo, subsidios y progreso real. Todo lo que se hará bajo el marco del Estado de Derecho y la Ley Indígena vigente.
–¿Cómo evalúan que ha sido la política de entrega de tierras, en general?
–La política de tierras impulsada hasta la fecha ha demostrado ser ineficiente y desconectada de las necesidades reales y actuales de las comunidades. Hoy debemos mejorar en eficiencia y en el resguardo de los recursos públicos, ya hemos detectado tasaciones infladas, donde mediante criterios subjetivos como el “paisajismo” y “valor cultural” se permite pagar hasta un 30% más sobre el valor de la tierra, esa discrecionalidad será eliminada. Avanzaremos también en transparencia, publicando la lista de las comunidades que esperan compra, donde priorizaremos a aquellas con demanda más antigua y aquellas que adquieran predios dentro o colindantes el título que fundamenta su reclamación.
–¿Cómo harán las tasaciones más transparentes?
–Terminaremos con la discrecionalidad. Estableceremos un sistema técnico, auditable y estandarizado de tasaciones que se ajuste estrictamente al valor comercial real de la tierra, eliminaremos y restringiremos esos criterios subjetivos, daremos prioridad en las tasaciones al valor real de la tierra, tomando como referencia al de compras similares que se encuentren en los Conservadores de Bienes Raíces.
–Hay otras distorsiones, como que se compran predios que públicamente han sido escenario de violencia. ¿Cómo manejarán eso, sobre todo cuando los dueños de los campos, por la misma coacción, declaran ante notario, que la tierra no está perturbada?
–Seremos categóricos: la violencia no puede ser un mecanismo para acelerar o presionar la compra de tierras. Seguiremos aplicando estrictamente la normativa legal y las glosas presupuestarias vigentes que impiden la adquisición de predios perturbados. El Estado no puede validar la coacción, para esto agregaremos controles externos, que den certeza de que lo que se compra no tenga ningún tipo de perturbación.
–A fines de 2024, 727 comunidades ya contaban con aplicabilidad y otras 1.252 esperaban una resolución por parte de Conadi; y se compra a un ritmo de 10-15 predios al año. ¿Cómo manejarán esto que suele ser motivo de conflicto?
–La administración anterior generó una expectativa irreal que hoy es fuente de frustración y conflicto, la cantidad de comunidades con aplicabilidad aumentó exponencialmente, sin embargo, el ritmo de compra no varió, las comunidades pendientes siguen siendo las mismas, la única diferencia es que ahora tienen aplicabilidad. Enfrentaremos esta situación con realismo: nos ceñiremos a la capacidad presupuestaria de la nación, pero priorizaremos la gestión eficiente de los recursos asignados para destrabar los procesos legítimos, combinando la entrega de tierras con planes de habitabilidad e inversión productiva.
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