El mercado internacional está enviando dos señales particularmente relevantes para Chile. La primera es financiera: el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años ha vuelto a ubicarse cerca de 5%, mientras que el TIPS equivalente -bono protegido contra la inflación- ofrece una tasa real próxima a 2,6%.

La segunda es energética: el petróleo ha subido, pero el diésel, los fletes y los márgenes de los combustibles refinados lo han hecho aún más. La presión financiera puede persistir durante años; la energética podría moderarse si se normalizan las rutas marítimas, los inventarios y la capacidad de refinación. Ambas encarecen el consumo, la inversión y el financiamiento.

Un bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años cercano a 5% no refleja sólo expectativas sobre la próxima decisión del Banco de la Reserva Federal. Su rendimiento incorpora la trayectoria esperada de las tasas de interés de corto plazo, la inflación esperada y la prima por plazo: la compensación que exigen los inversionistas por inmovilizar recursos a largo plazo frente a riesgos fiscales, inflacionarios y de mercado.

Déficits fiscales persistentes y una emisión abundante de deuda pública en Estados Unidos elevan esa prima. A ello se suma una mayor demanda de capital para financiar centros de datos, redes eléctricas y otras inversiones asociadas a inteligencia artificial. Esta inversión no explica por sí sola el nivel de las tasas de interés largas, pero aumenta la competencia entre el Tesoro y las empresas norteamericanas por el ahorro disponible. Un TIPS cercano a 2,6% real confirma que el mercado exige una retribución real mucho mayor que en la década posterior a 2008.

Para Chile, la transmisión es directa. La tasa de interés a la que se financian el Fisco y las empresas incorpora la tasa de interés del bono del Tesoro, el spread soberano, el riesgo de crédito, la liquidez y el costo de cobertura cambiaria. La disciplina fiscal puede impedir que aumente la prima de riesgo chilena; no puede reducir el piso fijado por las tasas de interés estadounidenses. La presencia de inversionistas extranjeros en bonos chilenos en pesos y UF acelera esa transmisión. Las AFP aportan una demanda interna estable de largo plazo, pero no pueden aislar a Chile del costo mundial del capital. Por eso, una baja de la TPM no garantiza por sí sola créditos hipotecarios ni financiamiento corporativo más baratos.

La energía exige una precisión equivalente. Chile no consume petróleo crudo, sino gasolinas, diésel, kerosene y combustible de aviación. El crudo es la materia prima. El margen de refinación -la diferencia entre el precio del derivado y el del crudo- refleja no sólo el proceso de transformación, sino también la escasez relativa, los inventarios y las restricciones de capacidad. A ello se agregan fletes y seguros. Para Chile, la referencia decisiva es la paridad de importación que calcula ENAP para cada producto; pero además inciden el tipo de cambio, los costos locales, los impuestos y el MEPCO.

Por ello, una caída en el precio del crudo no garantiza combustibles más baratos en Chile. Si persisten la escasez de destilados, los desvíos de buques, los fletes elevados, un peso chileno depreciado, una capacidad mermada de refinación, el alivio se trasladará sólo parcialmente al precio final. La gasolina es el combustible cuyo precio resulta más visible para los hogares y, por ello, concentra la atención política y mediática. El diésel tiene una importancia macroeconómica mayor: es un insumo transversal del transporte de carga, la minería, la agricultura, la construcción, la pesca y la distribución de alimentos. Su encarecimiento se propaga, con distintos rezagos, a los costos de producción y a los precios finales. El kerosene y el combustible de aviación participan de mercados de destilados comparables, pero afectan a sectores más específicos.

El riesgo más serio es que estos shocks se refuercen entre sí. Una escalada geopolítica puede encarecer simultáneamente el crudo, los márgenes de destilados y el transporte marítimo; también puede fortalecer el dólar frente a monedas emergentes y llevar al Banco de la Reserva Federal a mantener una política monetaria más restrictiva. Para Chile, esa combinación implica más inflación importada, menor ingreso real, presión sobre el peso y menos espacio para recortar la TPM. Una desescalada operaría en sentido contrario, pero el alivio sería incompleto mientras no cedan, además del crudo, los márgenes de refinación, los fletes y las tasas de interés internacionales.

La respuesta de política económica en Chile consiste en administrar sus consecuencias sin deteriorar la solvencia fiscal ni desanclar la inflación. Hacienda debe preservar una trayectoria de convergencia fiscal y concentrar el apoyo en hogares vulnerables y actividades esenciales. El MEPCO debe amortiguar variaciones extremas y transparentar su costo acumulado; no puede convertirse en un subsidio indefinido al consumo de combustibles. El Banco Central debe impedir que el shock se propague a salarios, contratos, servicios y expectativas. La ENAP y la autoridad energética deben reforzar inventarios, proveedores, rutas alternativas, mantenimiento y resiliencia logística.

El escenario más probable no es una catástrofe ni un rápido retorno al dinero barato. Es un período de tasas reales internacionales persistentemente altas, de precios volátiles de los combustibles y de ajustes en los distintos mercados internacionales que ocurrirán a ritmos distintos. Chile no controla las tasas estadounidenses, el precio del petróleo ni las interrupciones de las rutas energéticas. Sí controla la solidez de su marco fiscal, la credibilidad de su política monetaria, la profundidad y previsibilidad de su mercado de capitales y su preparación energética. El desafío es impedir que el mayor costo mundial del capital y de la energía se traduzcan en una prima de riesgo adicional para Chile.