En los últimos días se han producido varios eventos no deseados, relacionados con proyectos de inversión de algunas empresas europeas, que han invertido y que pretenden seguir invirtiendo en Chile.
Nuestro país ha sido pionero mundial en abrir su economía desde mediados de los 70 en adelante -no solo de los 90 en adelante- que es lo que se escucha decir en los seminarios políticamente correctos. Las empresas multinacionales de distintos orígenes han sido relevantes en el crecimiento y desarrollo de Chile. Es clave que quienes invierten acá tengan seguridad legal y derechos que deben ser respetados.
Habiendo trabajado alguna vez en un banco norteamericano y habiendo asesorado a distintas empresas extranjeras, he percibido que no siempre el legítimo objetivo de alcanzar una adecuada rentabilidad ha ido acompañado de un respeto por el país que los acoge.
Estoy a favor de la inversión extranjera, estoy en contra de una “permisología” fanática y en contra de excesivos plazos para aprobar o rechazar proyectos. Dicho esto, mi reflexión apunta a que no pocas empresas extranjeras pretenden contaminar nuestro sistema empresarial con materias de género, ambientales, laborales y de todo tipo, imponiendo en nuestro país, lo que hacen en sus países de origen.
Poco a poco se incorporan a gremios empresariales chilenos, con filiales chilenas, pero cuyas políticas se determinan en sus headquarters. El lobby que generan es feroz, recursos infinitos para pleitos que buscan indemnizaciones y presión indebida a organismos regulatorios.
Si hay algo que conozco, es de personas y de ejecutivos. Llegan a Chile muchas veces con soberbia, muy preocupados de su paquete de compensaciones y de cumplir el mandato de su casa matriz. Muchas veces estas empresas no tienen dueños visibles y son fondos de inversión de propiedad inestable. Pronto nominan directores en Chile, últimamente casi siempre directoras, con buenas dietas y defensoras de sus mandantes. En Sofofa me tocó -siendo consejero- escuchar a un ejecutivo italiano de una empresa entonces italiana, que quería colaborar en el diseño de la nueva Constitución. De película. No pocas veces cuando los directores chilenos son nombrados por una multinacional, se les olvida a veces -no siempre- que ellos son chilenos.
En carril paralelo aparecen las empresas “de comunicaciones corporativas” que navegan entre congresistas y autoridades, influenciando para lograr alcanzar lo que les pide su cliente. En algunos casos, y al estudiar la historia de las empresas extranjeras, muchas veces contrataron a políticos trastornados -caso de Zapatero en Bolivia- o en época del PSOE antiguo de gran amistad con los gobiernos socialistas, allá y acá.
El caso de la irrupción de torres eólicas en los alrededores del Lago Llanquihue es un caso paradigmático. Es una vergüenza nacional. Una empresa francesa de control estatal, destruye el turismo de una zona única. Autoridades locales con poca preparación e influencia, se dejan seducir.
Los gremios chilenos deben estar alertas, pues los objetivos de corto plazo de muchas multinacionales vinculadas a energía, minería, concesiones viales y aeroportuarias, no siempre respetan normas. Es recurrente que se adjudiquen licitaciones a bajo precio, para después cobrar por la vía de “obras complementarias” o derechamente por demandas legales de dudosa ética, siempre acompañados de bufetes de alto rango.
La soberanía de un país no solo es geográfica, también es valórica, ética y económica. Cuidemos a Chile, el país que nos vio nacer a nosotros y a nuestros hijos y nietos. Debemos hacernos respetar, pero esto parte del compromiso de cada uno y jamás confundirse con las dietas, los halagos o las invitaciones. No es saludable adjudicar obras cuando hay un solo proponente, es como seleccionar a un gerente que ha sido candidato único. Siempre se debe competir con alguien, de lo contrario las bases de licitación o la descripción del cargo estuvieron mal elaboradas.
Lamentablemente Chile no se caracteriza por hacer respetar su soberanía y, normalmente, suscribe todo tipo de acuerdos o tratados internacionales, aunque ellos atenten contra nuestro interés nacional.
Para qué decir en nuestras relaciones con Argentina, que le reclama a Chile el que una nave de guerra británica recale en nuestros puertos para reabastecerse o que pone toda clase de obstáculos para el tráfico marítimo comercial entre Chile y las islas Falkland-Malvinas, vulnerando gravísimamente lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), cuyo cumplimiento no es exigido por Chile (algunos diplomáticos piensan que para ello «hay que pedirle permiso a Argentina»). O sus pretensiones sobre el control del Estrecho de Magallanes, para lo cual diversas autoridades argentinas hablan de la “boca oriental” del Estrecho de Magallanes, un concepto ambiguo y difuso, en circunstancias de que no existe una “boca”; lo que sí existe es un límite, muy claro y definido en el artículo 10º del Tratado de Paz y Amistad de 1984.
Por el contrario, Chile suscribe documentos muy desacertados —para no aplicar otro calificativo— como, por ejemplo, la declaración firmada por el presidente Sebastián Piñera con su homólogo argentino Alberto Fernández, cuando este visitó Santiago el 26 de enero de 2021, en el que Piñera (sin comprender que Argentina tiene una visión geopolítica integral, que no es inocua a nuestros intereses) reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los derechos de soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y «los espacios marítimos circundantes»; sobre todo hacerlo después de que Argentina había inscrito ante la ONU su plataforma continental extendida, que se atribuye para sí más de 5ooo km2 de mar chileno.
Adolfo Paúl Latorre
Magíster en ciencia política
Magíster en ciencias navales y marítimas