Una reforma que “se hará con los funcionarios públicos”. De esa manera presentaba el Presidente de la República José Antonio Kast la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, que estará a cargo de entregar propuestas técnicas al Ministerio de Hacienda con el fin de avanzar hacia una función pública más moderna.
Dicha Comisión está compuesta por 12 expertos, entre los que se encuentran Macarena Lobos, exministra Segpres, y Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda, ambas durante el gobierno anterior; Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos; Ramiro Mendoza, excontralor General de la República; Ernesto Silva, exdiputado y actual prorrector de la UDD; y Cristina Torres, ex Dipres.
En Libre Mercado, conversamos con Ramiro Mendoza, abogado, excontralor y actual miembro de esta comisión, quien delineó algunos de los temas principales que deberá abordar el organismo, como la evaluación funcionaria, la dignidad del empleado público y la inamovilidad de los cinco años, la cual calificó como “absurda”.
Mendoza fue enfático en señalar que la evaluación interna de los funcionarios debe ser «seria y tener un efecto correlativo». En este sentido, explicó que «cuando tienes evaluaciones que están cercanas al 100, y cuando te va a producir efecto (negativo) es cuando estás debajo del 60, quiere decir que no sirve para nada. Ese es un tema clave”.
El excontralor agregó que existe también una confusión entre estabilidad del empleo público, legalidad y dictámenes, y «esto tiene que terminarse». Mendoza afirmó que cumplir con la ley no puede sustituirse por el dictamen o sentencia de la Contraloría, especialmente en casos de confianza legítima. En este respecto, algunos tribunales han dicho que el piso equivale a cinco años, es decir «con más de cinco años un empleado público tiene la misma inamovilidad que un funcionario de planta. Eso es absurdo. La política pública en Chile tiene que volver a ser manejada por la ley y la administración y no por los tribunales”.
Para Mendoza, en tanto, el tercer punto principal que debiese discutir la Comisión Asesora, tiene relación con la dignidad funcionaria y la forma en que se busca hacer efectivas responsabilidades administrativas. El excontralor indicó que el ordenamiento constitucional tiene un marco garantista que no se está cumpliendo dada la cantidad de sumarios que deben enfrentar los funcionarios públicos ante distintas situaciones. “Mis padres fueron funcionarios públicos y para ellos siempre fue un orgullo. Hoy ser funcionario público es como dar explicaciones. No estamos relevando ni haciendo carne el hecho de que la mayoría de los funcionarios trabaja bien, de eso no nos hemos preocupado”, aseguró.
«La petrificación del estatuto administrativo es promoción de un grupo político que no quiere que esto se toque»
Consultado por un posible cambio al estatuto administrativo, Mendoza afirmó que “lo que he visto del punto de vista de las declaraciones y conversaciones que he tenido, es que el estatuto no está cubriendo las posibilidades de aquellos que están siendo beneficiados por él. Hace un par de años hubo una encuesta fomentada por la propia administración respecto de cómo veían cambios al estatuto administrativo, y contrariamente a lo que todos creyeron, la mayoría votó que debía ser modificado sustantivamente”.
Y añadió que “yo creo que la petrificación del estatuto administrativo es una promoción de una idea de un grupo político que tiene interés en que esto no se toque. Pero incluso el presidente de la ANEF en una comunicación decía que estaban disponibles y conscientes de que había un espacio para hacer modificaciones importantes. Entonces, yo creo que se pueden hacer grandes cambios. Y a mi modo de ver, esto en los años va a avanzar hacia un tránsito extintivo del estatuto administrativo, y a un florecimiento de una vinculación del contrato de trabajo”.