Mientras escribo esta columna, el cabo primero del Ejército Pedro Lavín Villalobos ingresaba a la cárcel a cumplir una condena de 7 años, por haber actuado para evitar una agresión por la espalda, e inminente, a un carabinero que corría a refugiarse en un cuartel móvil, con el fin de protegerse de las acciones de una turba de violentistas -durante la revolución del 18-O- que atacaban a policías y militares con todo lo que encontraban a su paso, mientras custodiaban la Gobernación Provincial de Chacabuco, en Colina.

En Mirada Líbero, el miércoles pasado, el cabo primero Lavín dio a conocer una detallada versión de los hechos, de los que ahora expongo sólo la causa de su condena. Lo que sucedió fue que, amparado en las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), le disparó un tiro en la pierna a un individuo -para no causarle daño vital- que con mano alzada intentaba agredir por la espalda a un carabinero que corría a refugiarse en un cuartel móvil. El impacto en su muslo hizo que cayera herido, sangrando profusamente, por lo que fue llevado al interior de la Gobernación, donde se le aplicaron sendos torniquetes, siendo posteriormente trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

La persona que recibió el impacto es Carlos Astudillo Ulloa, cientista político, quien dos años después se convirtió en asesor legislativo de la senadora Fabiola Campillai.

El caso lo tomó la fiscal Marcela Adasme, quien formalizó a Lavín por el delito de lesiones graves, pero después lo asumió la fiscal Ximena Chong, quien lo reformalizó por “apremios ilegítimos con resultado grave gravísimo”, solicitando 12 años de cárcel. Según los expertos, eso indicaría que tuvo la intención de hacerle daño, de humillar a esa persona, cuando lo que expresa Lavín es que sólo disparó con la intención de detener su actuar.  

Lo más crítico de este caso es que si el cabo Lavín no hubiera comunicado a sus superiores que él disparó el tiro, estaría libre porque el proyectil salió, nunca se encontró y nadie se dio cuenta ni supo quién había disparado. O sea, está condenado por su honestidad, porque sabía que actuó legalmente, de acuerdo con las RUF. La sensación que le queda al cabo Lavín es “que su fallo está contaminado por razones políticas contra los militares porque la fiscal Chong se empeñó, buscó y lo reformalizó justo el 18 de octubre del 2021, a dos años del estallido social”, lo que fue ratificado el 11 de septiembre de 2023 por la Corte Suprema.

Mientras este militar fue exonerado del Ejército y estará preso 7 años por defender de una agresión inminente por la espalda a un carabinero, otro juez, Héctor Barraza, del Juzgado de Garantía de Arica, dio orden de revelarle a los defensores de criminales del Tren de Aragua, los nombres de los 57 testigos protegidos y funcionarios policiales que han colaborado en la investigación en contra de dicho grupo. Esto reviste la máxima gravedad por el riesgo que este juez sometió a los testigos y policías del caso. Posteriormente la Corte de Apelaciones revocó dicha autorización, pero lamentablemente fue tarde porque ya se habían revelado todos los nombres.

Y en otro caso, Héctor Artigas Vásquez fue condenado por el Juzgado de Garantía de Collipulli por su responsabilidad como cómplice en el delito consumado de secuestro calificado. El tribunal le impuso una pena de tres años y un día de presidio efectivo, pero la Corte de Apelaciones le otorgó el beneficio de libertad vigilada intensiva. Artigas es el primer condenado por el doble secuestro con torturas ocurrido en junio de 2021 en La Araucanía y ahora está libre.  

Y mientras tanto, los violentistas de octubre reciben como “víctimas”, 296 pensiones de gracia vitalicia que se reajustaron y van desde los $257.836 hasta los $515.672; habiendo entre ellos delincuentes con amplio prontuario, al igual que varios de los 13 indultados agraciados con libertad por el Presidente.

Entonces, se indultan peligrosos delincuentes, se les otorga pensiones vitalicias a violentistas de octubre con prontuarios extensos; entre el 10 y 12 de septiembre se comenten 364 eventos violentos de ataques a La Moneda, a mausoleos en el cementerio, a cuarteles policiales, saqueos, barricadas y daños al transporte público; queda herido de bala un camarógrafo de Megavisión y sin embargo, varios de los detenidos son rápidamente puestos en libertad”.

En contraste, por proteger a un carabinero que iba a ser agredido por la espalda, se condena a un militar a 7 años de cárcel de presidio mayor en su grado mínimo y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Y la ley Naín Retamal, no se le aplicó pues no se consideraron las explicaciones del abogado del Cabo Lavín.

Con estos antecedentes, ¿con qué incentivos carabineros y militares estarán dispuestos a combatir a delincuentes, terroristas y narcos cuando observan con frustración como éstos salen libres por indultos, los premian con pensiones vitalicias y los liberan por presuntas detenciones ilegales y otros resquicios, mientras sus pares son encarcelados? La justicia está en deuda.

Deja un comentario