Este lunes El Líbero informó que uno de los siete menores detenidos el 11 de septiembre tras lanzar bombas molotov en el patio del Instituto Nacional, dijo que le habían pagado $70.000 por participar en la manifestación incendiaria que tenía como objetivo generar caos y provocar la suspensión de la jornada escolar, lo que terminó ocurriendo.

El reportaje provocó diversas reacciones, entre ellas las del diputado Sergio Bobadilla (UDI), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, que al ser consultado por este medio se refirió a las acciones concretas que impulsará desde esa instancia.

«Voy a promover dentro de la Comisión, en la próxima sesión que tengamos, invitar a la encargada del establecimiento para que nos pueda informar en detalle de los hechos ocurridos al interior y en el entorno del establecimiento», respondió el parlamentario, refiriéndose al Instituto Nacional y a su actual directora subrogante, Sandra Aravena.

A juicio del diputado, los dichos del adolescente de 14 años de edad -que es ex alumno de ese liceo emblemático y que ingresó al establecimiento usando su antiguo uniforme-, «dan cuenta de que los movimientos de izquierda están financiando estas manifestaciones y utilizando a jóvenes para que efectivamente salgan a la calle con el fin de destruir y generar problemas no menores«.

«Espero que exista un pronunciamiento y hago un llamado al Frente Amplio y al Partido Comunista a condenar este tipo de situaciones, porque son estos partidos políticos los que siempre han estado del lado de los delincuentes y no de los estudiantes, que son la inmensa mayoría y que quieren ir a estudiar a los establecimientos educacionales y no a destruir», agregó.

Luego puso la lupa sobre la labor de la Fiscalía. «Es el Ministerio Público el que tiene que investigar quiénes son los que están detrás, quiénes están financiando y cómo obtienen estos recursos para pagar, para que los estudiantes salgan a la calle a manifestarse», aseveró.

«Nosotros no tenemos facultades como para investigar y sancionar, sino que más bien la función nuestra es legislar. Nosotros, como Legislativo, hemos propiciado e impulsado legislación que permita erradicar a los violentistas de los establecimientos educacionales. Entre otras normas que hemos llevado adelante, está la Ley Escuelas Protegidas», señaló el parlamentario.

Bobadilla también se refirió al proyecto que discuten actualmente en la Comisión de Educación, que propuso la diputada Paz Charpentier (Republicanos), para regular la figura de los apoderados.

«Ya llevamos un par de sesiones escuchando a algunos invitados a propósito de este proyecto que apunta a que los estudiantes no sean instrumentalizados ideológicamente o utilizados por algunos personajes que están de apoderados de por vida en algunos establecimientos educacionales», agregó.

Diputado Luis Pardo (RN) propone revisar la legislación para que liceos que reciben postulaciones de estudiantes «capuchas» al menos sean alertados

Para el diputado Luis Pardo (RN) «desde el Congreso es necesario revisar la normativa vigente por cuanto cualquier alumno que haya sido sancionado por este tipo de conductas (manifestaciones incendiarias) puede postular a otro establecimiento educacional, sin que ese colegio sea a lo menos alertado de que está postulando un estudiante con altas probabilidades de repetir esas conductas».

La propuesta del diputado se relaciona con lo que se ha denominado «la sillita musical de la violencia», que consiste en que los estudiantes que forman parte de los llamados grupos de overoles blancos, y que son expulsados de sus colegios, emplean el SAE para postular a otros liceos emblemáticos.

El caso más recientemente conocido fue el de un joven detenido en la romería del PC y del FA, el pasado domingo 6 de septiembre, que actualmente estudia en el liceo emblemático Manuel Barros Borgoño, que estuvo entre los quemados en el Internado Nacional Barros Arana en octubre del 2024 y que en marzo de 2026 había vuelto a matricularse en esa misma institución, de la que tuvo que salir dos meses después por problemas de convivencia.

«Sin duda la rehabilitación es importante, pero aquellos que ya han sido reclutados y adoctrinados en el uso de la violencia debieran tener una supervisión y acompañamiento muy estricto, para evitar que la violencia se exporte y contamine a otras comunidades educativas», agregó al respecto el parlamentario.

Pardo fue enfático en cuanto al hecho de que un estudiante del Instituto Nacional hubiera afirmado que le pagaron por hacer desmanes. «Esta noticia confirma algo que ya sabemos, que es la participación de adultos que forman parte de organizaciones anarquistas y de extrema izquierda que instrumentalizan niños y adolescentes para fines subversivos, especialmente en establecimientos emblemáticos», dijo.

«Ante esta evidencia lo más relevante es profundizar la acción penal y de inteligencia para identificar a esos adultos sin perjuicio de castigar las conductas violentas de los jóvenes y hacer efectiva la responsabilidad parental (…). Lo relevante es que se persiga penalmente a las organizaciones que están detrás, además de los responsables directos, y eso exige un esfuerzo policial y de inteligencia muy riguroso», remarcó.

Alcalde Bellolio: «No es el primer antecedente de que se estaría manipulando a menores para ejercer violencia»

Ya en abril de este año el alcalde de Providencia y sostenedor de las instituciones educativas fiscales de esa comuna, Jaime Bellolio, aseveró, luego de una manifestación incendiaria en el liceo emblemático José Victorino Lastarria, que uno de los estudiantes detenidos durante esa jornada había afirmado que le pagaron por participar de la protesta.

«No es el primer antecedente de que se estaría manipulando a menores para ejercer violencia. Por eso es fundamental que las causas abiertas avancen y despejen todas las dudas (…). Hay un mismo modus operandi que se repite en distintos establecimientos y que se alimenta de un juego de sillas musicales: los alumnos expulsados de un colegio llegan a otro y agreden a la comunidad que les abrió las puertas. Eso tiene que terminar», dijo en esta oportunidad al ser consultado por El Líbero.

SLEP Santiago Centro: «Estamos preparando una
querella por los hechos ocurridos»

El Líbero también consultó sobre este asunto al SLEP Santiago Centro, sostenedor del Instituto Nacional.

«Sin duda que los hechos publicados son de extrema gravedad y son aristas que se encuentran en investigación por parte de las instituciones competentes. Efectivamente estamos preparando una querella por los hechos ocurridos y seguiremos trabajando constantemente con el Ministerio de Educación, la Delegación Presidencial, Carabineros de Chile y PDI para erradicar la violencia de los espacios educativos», respondieron.

«Condenamos fuertemente estos hechos y reafirmamos nuestro compromiso con poner a disposición nuestro trabajo, colaborar con esclarecer los hechos y resguardar las comunidades educativas de Santiago», agregaron.

Ministerio de Educación: «Todos los antecedentes (…) deben ponerse a dispoción de la Fiscalía para que investigue»

El Líbero también consultó a la cartera de Educación, de la que depende el SLEP Santiago Centro. «Todos los antecedentes que permitan esclarecer el origen de los hechos de violencia que afectan a los liceos emblemáticos son una contribución y deben por ello ponerse a disposición de la Fiscalía, para que investigue y establecezca las responsabilidades que correspondan (…). Esperamos que la investigación permita esclarecer cómo se organizan y ejecutan estos actos, y determinar las responsabilidades pues como país no podemos aceptar que nada ni nadie interfiera en los procesos formativos de nuestros niños y jóvenes», respondieron.

«Desde Educación también hemos estado aportando en esa línea, porque somos los primeros interesados en que las comunidades educativas sean espacios seguros para que los aprendizajes efectivamente ocurran. El Servicio Local ha interpuesto las querellas correspondientes cada vez que ha ocurrido un incidente grave», agregaron desde el ministerio.

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