En letra muerta se ha convertido el instructivo del Presidente Gabriel Boric de ponerle un tope a los millonarios sueldos de los asesores del gobierno.

En plena segunda vuelta presidencial, el 29 de noviembre, Boric prometió que “tal como propusimos en el Congreso hace años, el Presidente, los ministros y parlamentarios no ganarán más de $5 millones”.

“Es decir, máximo 10 veces el salario mínimo, que ojo, durante nuestro gobierno llegará a los 500 mil pesos. Eso es lo justo”, dijo.

El instructivo “más exigente” en regular los sueldos

Tras asumir como Mandatario, el pasado 25 marzo dictó el instructivo 004 sobre la “política de austeridad y eficiencia en la utilización de los recursos públicos”.

El texto es explícito en afirmar que en los “contratos de prestación de servicios de personas que trabajan en los gabinetes de Presidente, ministros, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, los montos brutos mensuales de sus honorarios, en ningún caso, podrán superar el 65% de la remuneración bruta mensualizada del subsecretario correspondiente”.

También señala que “incorpora limitaciones más exigentes para el caso de contrataciones a honorarios” de dichos gabinetes, “con el objeto de fortalecer la probidad, la transparencia y la responsabilidad fiscal”.

Gobierno ha pedido aumento de sueldo sobre el tope para 114 asesores

La realidad, sin embargo, es muy diferente a lo dictado por el Presidente.

Según información de la Dirección de Presupuesto (Dipres) a la que El Líbero accedió por el sistema de Transparencia, el propio gobierno ha solicitado aumentos de sueldos por sobre el tope fijado por Boric para 114 asesores.

La lista incluye a la Presidencia de la República, y a 13 ministerios, más de la mitad de todo el gabinete (24).

Presidencia le aumentó el sueldo a Matías Alonso Meza-Lopehandía, jefe de gabinete de Boric, por sobre el tope fijado.

Incluso, la excepción del tope se pidió para asesores directos de Boric, como su jefe de gabinete, Matías Alonso Meza-Lopehandía ($5,9 millones), su jefa de comunicaciones, Tatina Klima ($5,4 millones), y la ex jefa del segundo Piso, Lucía Dammert ($5,9 millones).

La Segpres que han dirigido los ministros Giorgio Jackson y Ana Lya Uriarte lidera la lista con 32 solicitudes de aumento de sueldos sobre el tope.

Le siguen Presidencia y Hacienda con 18 solicitudes, Salud con 17, Transportes y Economía con siete, Interior con cinco y la Segegob de Camila Vallejo tiene tres. Defensa tiene dos solicitudes, y Trabajo, Minería, Agricultura, Medio Ambiente, Agricultura y Deportes, una.

Solo 8 de 114 solicitudes de aumento de sueldo sobre el tope han sido rechazadas

La obtención del aumento es bastante expedita y masiva. De las 114 solicitudes, solo se han rechazado ocho, se han aprobado 88 y 18 están en proceso.

La lista crece todos los meses. En agosto, radio Biobío publicó que habían 67 solicitudes de incrementos a Dipres, de las cuales 61 fueron aprobadas. En ese entonces, solo incluía Presidencia, Hacienda y Salud.

Por lo que en apenas cuatro meses se han realizado 47 nuevas solicitudes, y se han autorizado 27 más.

Gobierno autorizó sueldos sobre $3 millones a funcionarios con enseñanza media

Las 18 solicitudes de incrementos de sueldos sobre el tope en Presidencia fueron autorizadas por Dipres, algunas de ellas para funcionarios con enseñanza media.

Diego Pozo Pérez, audiovisual de Presidencia, con enseñanza media, recibió autorizacion de Dipres para ganar $3 millones; al igual que el productor con enseñanza media, Joan Manuel Martínez Ureta, quien recibe $3,4 millones.

Javiera Andrea Urbina Véliz, comunicadora audiovisual, gana $4,2 millones como jefa de comunicación digital de Presidencia.

Nelson Alveal Silva, egresado de derecho y “asesor de coordinación de avanzada y producción” en Presidencia cobra $4,9 millones, gracias a la autorización de Dipres.

Felipe Valenzuela, amigo de Boric y su ex director de Prensa

Para el periodista Felipe Valenzuela Sepúlveda, ex director de Prensa de Presidencia y amigo de infancia y compañero de colegio de Boric en Punta Arenas, actualmente en el Segundo Piso, se autorizó un sueldo de $4,8 millones.

Carlos Durán Migliardi es asesor en materia de “gestión y coordinación de proyectos presidenciales”, y le autorizaron un salario de $5.459.840.

En Hacienda, el ministro Mario Marcel solicitó incremento de sueldo para su asesor macroeconómico Andrés Sansone, licenciado en Economía, por $7.450.000.

Mismo beneficio para otra asesora, María Consuelo Fernández Carter, por $6 millones.

En Defensa se autorizaron incrementos salariales para Emilia Reyes Campillay y María Cristina Ortiz Lopez.

El asesor del Minsal pro Irán, Rusia y Venezuela

En el Minsal uno de los solicitantes de mayor sueldo fue el periodista y asesor de la entonces ministra María Begoña Yarza, Pablo Antonio Jofré Leal, con $5 millones.

Pablo Jofré

Tras la salida de la ministra, Jofré ha seguido trabajando en el Ministerio de Salud. En noviembre tuvo ingresos por $2,5 millones como “asesor política-comunicacional y estrategia”.

El periodista tiene un largo historial en medios que hacen propaganda a los regímenes autoritarios de Venezuela, Irán y Rusia, todo marcado por un antisemitismo manifiesto en sus columnas y declaraciones.

El millonario gasto en personal de los nuevos programas

Según una investigación de Libertad y Desarrollo (LyD) a una decena de nuevos programas del gobierno en el Presupuesto 2023, varios presentan millonarios gastos en personal, con fuertes crecimientos en dotaciones de funcionarios.

El programa “Transición Energética Justa”, del Ministerio de Medio Ambiente, tiene un presupuesto de $12.228 millones. De los cuales, el 21% ($2.563 millones) se destinan a contratar 52 nuevos funcionarios. El sueldo mensual promedio es de $3,7 millones.

Ese solo programa significa un aumento del 14% en la dotación de funcionarios de todo el ministerio.

Las otras restricciones del instructivo

El instructivo presidencial 004 tiene por objeto “establecer reglas de buen uso de los recursos públicos”.

Entre otras medidas, establece medidas sobre eficiencia energética e hídrica, reduce los gastos en publicidad, difusión y suscripciones, viáticos, representación, protocolo y ceremonial.

También establece que los ministerios y servicios deberán “abstenerse de adquirir vehículos”, y suspende los nuevos contratos de arriendo de inmuebles, entre otras disposiciones de austeridad.

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