El 30 de marzo pasado, el 7º Juzgado Civil de Santiago ordenó a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) restituir 17.510 UF ($703 millones aproximado) al activo del proceso de reorganización concursal de Ingesmart SPA, empresa que desde el segundo gobierno de Sebastián Piñera estaba a cargo de implementar un programa del plan Calle Segura de la SPD que consistía en dotar de mil cámaras a 66 comunas del país.
Según informó La Tercera el año pasado, la entonces subsecretaria Carolina Leitao decidió poner término anticipado a los contratos con Ingesmart SPA, argumentando incumplimientos por parte de la empresa.
“Desde 2021 Ingesmart incumplió sus obligaciones contractuales en todas las zonas, atrasándose en la implementación de las distintas etapas del proyecto”, señalaron entonces desde la SPD. Por su parte, la firma sostuvo que el retraso en la instalación de cámaras se debió a problemas de proveedores a raíz de la crisis de la pandemia y a la falta de regulación de parte de la subsecretaría al proyecto.
En ese contexto, la disputa derivó en que la SPD aplicara multas a la empresa y ejecutara pólizas de seguros por miles de millones de pesos, dejando en una compleja situación financiera a la firma, la que debió someterse a un proceso de reorganización concursal. Parte de esas actuaciones fueron cuestionadas por Ingesmart SPA ante tribunales civiles, lo que dio origen a las resoluciones que hoy ordenan a la subsecretaría a suspender sanciones y restituir recursos.
Con el término del gobierno del Presidente Gabriel Boric y la salida de Leitao, el tema siguió abierto y han sido las nuevas autoridades las que han debido hacerse cargo de este asunto.
SPD de Kast apunta a “deficiente control de gestión” de la exsubsecretaria Leitao
El Líbero consultó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que desde el 11 de marzo está comandada por Ana Victoria Quintana, por el pago que tuvieron que hacer para cumplir con la orden del juzgado.
Desde ahí atribuyen el origen del conflicto a irregularidades en la gestión de los contratos durante la administración de la exsubsecretaria Leitao.
“Durante la gestión de la exsubsecretaria señora Carolina Leitao Álvarez-Salamanca, se encontraban vigentes seis contratos de prestación de servicios celebrados con Ingesmart SPA, cuyo objeto era implementar y ejecutar el proyecto ‘Sistema de Teleprotección’, consistente en la instalación y funcionalidad de 1000 cámaras a nivel nacional distribuidas en siete zonas de cobertura. En el periodo en que la exsubsecretaria Leitao estuvo a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se presentaron diversas irregularidades en la ejecución de los contratos a consecuencia del deficiente control de gestión de los mismos. Entre tales anomalías se encuentra la aplicación de múltiples multas al proveedor”, señalan desde la SPD.
“Actualmente, existen dos causas vigentes ante los tribunales de justicia en sede civil, bajo la naturaleza de acción de nulidad de derecho público. Estas acciones judiciales tienen como pretensión revertir el término anticipado del contrato relacionado con la Región Metropolitana y la aplicación de multas que, según advirtió el tribunal, excedieron los límites contractuales al alcanzar un 80% del valor del contrato, cuando el máximo permitido era el 30%. Así pues, el tribunal ordenó la no aplicación ni ejecución de dichas sanciones”, añaden desde Prevención del Delito.
Querella de Ingesmart SPA contra Leitao
Pero las cosas no quedaron ahí. Desde la subsecretaría sostienen que Ingesmart SPA presentó una querella en contra de la exsubsecretaria Leitao “por los delitos de apropiación indebida y prevaricación administrativa. Lo anterior, debido a que dictó un acto administrativo con el fin de incorporar el equipamiento al activo de la institución, sin dar cumplimiento al procedimiento definido en el acuerdo contractual respecto al modo y plazo para ejercer el derecho de opción de compra. Dicha opción no se ha materializado a la fecha, pues se encuentra pendiente de resolución la impugnación presentada ante la propia administración de la época. Adicionalmente, la administración anterior incumplió la orden judicial que prohibía expresamente la aplicación y ejecución de multas”.
Esto se suma al otro frente judicial abierto que tiene Leitao, luego que el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, se querellara en su contra por eventuales delitos de fraude y falsificación de instrumento público en su rol de exalcaldesa de esa comuna.
En su respuesta a El Líbero, desde SPD señalan que a la fecha, la empresa Ingesmart SPA enfrenta un proceso de reorganización concursal ante el 7°Juzgado Civil de Santiago. En dicho proceso, “nuevamente por negligencia de la antigua administración, esta subsecretaría de Estado no se hizo parte en su calidad de acreedora”.
“Debido a la ejecución de garantías, la Subsecretaría ha debido reintegrar más de 29.000 UF por concepto de cobros improcedentes. Lo anterior ocasiona un grave perjuicio a la institución, ya que, tras el término de los contratos y el incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de compra de las cámaras, no es posible dar continuidad total al servicio ni realizar un trabajo mancomunado con los municipios en materia de seguridad pública”, agregan.
Por último, desde Prevención del Delito señalan a El Líbero que “esta administración se ha abocado a realizar un análisis pormenorizado para subsanar las irregularidades heredadas y mitigar el daño causado, primeramente, a la ciudadanía y a los recursos fiscales y, consecuentemente, al plan de gobierno en materia de seguridad. En este momento se está en conversaciones para efectos de lograr la mejor solución al litigio con la empresa Ingesmart SPA, la que ha mostrado buena disposición”.
Leitao responde: «Obré siempre resguardando los intereses del fisco»
En conversación con El Líbero, Carolina Leitao explica las acciones que tomó la subsecretaría bajo su mandato y aborda las acusaciones en su contra.
“Durante el periodo en que ejercí la función de subsecretaria de Prevención del Delito, correspondiente a los meses de noviembre de 2024 a marzo 2026, se ejecutó el último de los seis años de los contratos suscritos con la empresa, el que específicamente en la Región Metropolitana registraba un atraso de aproximadamente 1.500 días y al momento del fin del contrato, cerca de 400 de las 1.000 cámaras comprometidas presentaban fallas o no habían sido instaladas. Por ende, la empresa mantenía graves y reiterados incumplimientos contractuales lo que no dejaban alternativa. Incluso hubo un informe de Contraloría que así lo estableció”, señala.
Al ser consultada por la decisión judicial que obligó a la subsecretaría a restituir millonarias sumas de dinero que fueron cobradas en multas a Ingesmart SPA, Leitao sostiene que “la decisión del tribunal no está fundada en la improcedencia o arbitrariedad en la aplicación de las multas, sino que en el hecho de haberlas aplicado durante el periodo de protección financiera que amparó a la empresa entre los años 2023 al 2024. Lo anterior significa que la empresa mantiene la obligación de pago de multas, lo que informé debidamente al Consejo de Defensa del Estado”.
Otro de los cuestionamientos que han levantado las actuales autoridades de la SPD en contra de Leitao es que bajo su gestión la subsecretaría no se hizo parte del proceso de reorganización concursal de Ingesmart SPA en calidad de acreedora.
Leitao dice que “los motivos por los cuales la subsecretaría no se ha hecho parte del proceso concursal obedecen a la estrategia judicial diseñada e implementada desde el año 2023 por el Consejo de Defensa del Estado, y formó parte de los requerimientos formales que le realicé para intervenir en calidad de acreedora en dicho proceso”.
Sobre la querella que Ingesmart SPA presentó en su contra, la exsubsecretaria dice que “fue en respuesta a que la subsecretaría ejerció su opción irrevocable de compra sobre la infraestructura y equipamiento de televigilancia. En consecuencia, dicha infraestructura es hoy propiedad del Estado, lo que permite proyectar su utilización futura en beneficio de las comunas, lo que además quedó en el Presupuesto de la SPD”.
“Como representante de dicha institución obré siempre en conformidad a los imperativos de las bases de licitación y resguardando los intereses del fisco, que es lo que corresponde a una autoridad. Sería muy extraño e inexplicable que no se mantenga ese principio en la actual administración, cediendo o favoreciendo a una empresa incumplidora. Por último, la suspensión de las reuniones de traspaso provocó que no exista la oportunidad de abordar temas importantes con mayor profundidad y eso generó que muchas decisiones se adopten desde el desconocimiento. Nunca desde la SPD me han solicitado una reunión, cuando siempre manifesté mi disposición”, concluye.
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