El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a la dirección nacional del Servicio Médico Legal (SML), dirigida por Marisol Prado (PC), a indemnizar y ofrecer disculpas a la exjefa del Departamento de Asesoría Jurídica, quien presentó una demanda por maltrato laboral y discriminación por razones políticas en octubre de 2023.
Este caso es el primero que termina con una reprimenda a la gestión de Prado, cuyo trato ha estado permanentemente cuestionado en tensiones internas que se han visto reflejadas en tutelas laborales y denuncias en Contraloría.
Según la abogada Yasmine Picero, quien representó a la denunciante, este caso “no era una simple tutela laboral. Aquí había una implicancia política importante y que también es relevante para nuestro país, porque estamos siendo testigos de autoridades con mucho poder que están tomando decisiones arbitrarias, que no les importan las personas, sino que les importan más que nada, fines de tipo político”.
Este medio consultó al SML si ya han avanzado con alguna de las órdenes de la condena, sus impresiones sobre el proceso y qué medidas han tomado para mejorar el clima laboral, pero informaron que no se referirán a este tema. La directora Marisol Prado tampoco accedió a declarar en la causa y mandó a una representante (ver abajo).
Pago de funciones críticas y $10 millones de indemnización
La denunciante (A.C.) no tiene militancia política, cuenta con una carrera de más de 21 años trabajando en el SML y estuvo 14 como jefa del Departamento de Asesoría Jurídica, por lo que en su demanda destaca que se desempeñó sin inconvenientes bajo gobiernos de diferentes signos, hasta que llegó Marisol Prado.
Desde entonces, denunció, comenzó a ser excluida en reuniones y comunicaciones hasta llegar a quitarle labores y hasta su “función crítica”, que es una asignación monetaria que reciben algunos profesionales del Estado por hacer trabajos exclusivos y estratégicos para la gestión. En efecto, Jurídica era la sección que podía darle luz verde o roja a las iniciativas de la directora.
Eso, dicen en el SML, no le habría acomodado a Marisol Prado, por lo que sorpresivamente para la denunciante, eliminó la Unidad de Asesoría Jurídica y creó una Fiscalía hoy dirigida por una abogada también del PC y con antecedentes curriculares que son «notablemente inferiores» a los de la demandante, dice la sentencia.
A la denunciante Prado no sólo le quitó ingresos de la “función crítica”, sino que la trasladó a una Unidad Disciplinaria y Probidad, donde en principio sólo trabajaba ella. “Fue una degradación”, dice Picero, quien agrega que debido a todos los temas sensibles que maneja el SML y al conocimiento de A.C. en medicina legal, mantener a su representada en la jefatura “era un riesgo para la gestión de Prado. Así de simple”.
«El único nexo previo entre ambas (entre Marisol Prado y la abogada que llevó a la jefatura de la Fiscalía) era su militancia política, lo que, sumado a los dichos de la testigo (nombre en reserva) quien enfatizó que la directora nacional mencionó que su decisión se fundó en motivos de confianza política, y atendido también que la actora no se encontraría afiliada a ningún partido político y que prestó servicios respondiendo directamente a jefaturas nombradas, en última instancia, por autoridades de distintas corrientes políticas, permite establecer también un indicio de peso en cuanto a que la decisión adoptada se motivó por afinidad política o ideológica«, dice el documento del juez Santiago Peña.
Si bien el juez reconoció la facultad de Prado para reorganizar el servicio, afirmó que «no le era dable ejercer tales atribuciones ilimitadamente, sino que debió fundar adecuadamente sus decisiones», de eliminar y crear unidades y cargos, cuestionando también la eficiencia de las medidas.
Todos los antecedentes fueron considerados detalladamente en 96 páginas por el juez, quien ordenó “el pago de $1 millón mensual por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y hasta la fecha en que la sentencia se encuentre ejecutoriada, a título de indemnización por la falta de integro de la asignación de función crítica que formaba parte de sus remuneraciones”. Esto, afirmó el magistrado, “equivale a la indemnización del lucro cesante sufrido por la funcionaria, quien dejó de recibir dicha parte de sus remuneraciones producto de decisiones (y) actos que se ha determinado que vulneraron sus derechos fundamentales”.
Asimismo, determinó que se le debe indemnizar con $10 millones por haberse establecido que la mujer “fue vulnerada en su integridad psíquica y física, y que sufrió, a causa de ello, un daño moral, padeciendo, incluso por periodos posteriores a la fecha de la interposición de la denuncia, de una enfermedad que debió ser tratada por psiquiatras”.
El tribunal ordenó que se ajustaran los montos de las indemnizaciones con intereses y reajustes y que se cubrieran las costas judiciales por un monto de $3 millones.
El Departamento de Asesoría Jurídica no fue el único desechado. Marisol Prado también eliminó la Unidad de Derechos Humanos, creando un puesto de coordinación cuya representante también terminó recurriendo a la justicia acusando malos tratos de la directora. La exjefa de DD.HH. dijo a El Líbero el año pasado “que desde el partido siempre tuvieron la intención de deshacerse de la unidad. La visión del PC era diferente a la nuestra, y no importó cuánto insistimos en la necesidad de nuestra labor”.
Disculpas por parte de la dirección del SML
Adicionalmente, el tribunal ordenó que “como medida de reparación de la honra de la denunciante”, la dirección nacional del SML envíe un mail a todos los funcionarios de la Fiscalía, en este tenor:
“La dirección nacional del Servicio Médico Legal, ofrece una disculpa pública a la profesional de carrera de esta institución, la abogada A.C.D., por toda acción vulneratoria y el trato que recibiera de parte de esta autoridad al suprimir su cargo de jefatura nacional de Asesoría Jurídica, entre otras circunstancias gravosas ligadas a la reestructuración dispuesta por esta autoridad en la materias de su competencia y sin que tal supresión se debiese al desempeño de la profesional, el que se reconoce ha sido intachable y se obliga a propiciar una mejora en el clima laboral y al cese de toda perturbación en el ejercicio de la labor de la profesional A.C. en el SML”.
El mail aún no es enviado, pero la dirección tiene un mes para hacerlo luego de que la sentencia quede firme.
La demanda también pedía que se ordenara la realización de cursos sobre normas laborales, sin embargo, la justicia lo desestimó afirmando que debiera ser materia conocida por la autoridad. No obstante, las denuncias contra la gestión de Prado -al menos una por ley Karin-, no se condicen con ello.
Directora del SML no declaró
Al llegar los casos de acoso y malos tratos de la dirección del SML a la justicia, fue el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el que tomó la representación del servicio y de Prado. Normalmente, se llama a dar prueba testimonial al acusado, sin embargo, Marisol Prado no asistió.
Según relata la abogada Picero, se le llamó a declarar, pero ella optó por enviar a una funcionaria en su representación, quien llevaba apenas un mes trabajando en el servicio, de modo que no supo contestar varias inquietudes.
“Eso la ilustra muchísimo (…) de no comparecer ella, se puede presumir como cierto la postura o los hechos que uno denuncia”, comenta la representante de A.C., quien agrega que la defensa del CDE nunca negó la existencia de los hechos vulneratorios, sino que más bien defendió la potestad de la directora para tomar medidas como cambiar cargos y crear o eliminar unidades.
Si bien Picero avizora una pronta apelación del CDE, cree que este primer fallo contra la dirección de Marisol Prado “puede tener un impacto, porque es la primera que relata y que grafica la gravedad de la arbitrariedad que puede existir de una dirección de servicio que cree que todo lo puede hacer, y no todo lo puede hacer. Existe una Constitución, existen las leyes”.
Cosas de la social democracia.