El resurgimiento de la violencia es un nuevo golpe a la economía chilena que ve con esperanza la posibilidad de tener cifras azules en el último trimestre del año. Lo alarmante es que nuevamente no hay una condena transversal a esa violencia.

El gobierno decidió evaluar más de 700 programas gubernamentales, existiendo la posibilidad de cerrar algunos y reorientar ese presupuesto a fines más rentables. Parlamentarios de oposición manifestaron su total rechazo a todo recorte presupuestario e incluso señalaron que ningún empleado público será removido debido a dichos recortes.

La ayuda fiscal debería considerar las diferentes realidades sectoriales, ya que algunos se recuperarán rápidamente y no necesitan un subsidio para mantener a sus trabajadores contratados, mientras otros, como el turismo, tomarán más tiempo y no solo necesitarán un Fogape especial, sino también un subsidio para no despedir finalmente a los trabajadores acogidos a la protección.

Es muy probable que la reactivación tome mucho más tiempo que el observado para otros sectores, como el comercio y la construcción, por lo cual es necesario ajustar los parámetros de los instrumentos que actualmente tiene desplegado el gobierno para enfrentar la crisis.

En la medida que los indicadores sanitarios siguen mejorando y se inicia la apertura parcial de nuevas comunas, el principal propósito de la política pública es lograr una reactivación vigorosa que traiga consigo muchos nuevos empleos.

La reactivación del hemisferio norte comienza a entrar a nuestra economía a través del comercio exterior, elevando el precio y volumen de nuestras exportaciones. Esto beneficia en mayor medida a Chile, ya que exportamos entre el 25% y 30% de lo que se produce, a diferencia de los demás países latinoamericanos en donde dicho porcentaje bordea el 15%.

En la medida que se van consolidando los incipientes signos de que la pandemia está amainando en algunas comunas, deben explicitarse claramente las condiciones que se deben dar para iniciar el desescalamiento de la cuarentena, indicando cual será la secuencia de apertura de los sectores  y los requisitos que cada establecimiento deberá cumplir.

Es difícil hablar de reactivación cuando estamos enfrentando el momento más complejo de la pandemia, pero en algunas semanas más deberemos enfrentar una montaña de deudas, lo que hará imprescindible que ésta sea sustancialmente rápida.

En marzo fueron diseñados los instrumentos para enfrentar los efectos económicos de la pandemia y fueron calibrados para una duración de 3 meses, estimándose que en junio el virus ya estaría, en gran parte, contenido. Esto ha cambiado y por tanto es necesario recalibrar los instrumentos a la nueva proyección, modificando las leyes respectivas en relación al periodo del beneficio y no volver a discutir nuevamente instrumento por instrumento. No tenemos tiempo para eso.

Lo que me preocupa es que el proceso legislativo, ante estas cifras que están por venir, sienta que debe hacer algo sin importar mucho la razón y los argumentos técnicos. Efectivamente, si al finalizar esta crisis hemos cambiado de manera sustancial el sistema previsional -estatizándolo, prohibiendo las concesiones o para que el financiamiento estatal sea de cargo del Banco Central, por poner solo algunos nefastos ejemplos-, provocaremos un daño permanente que reducirá nuestro crecimiento potencial.

Podríamos tener una rápida rebaja en el precio de los combustibles, de los cuales somos importadores netos en casi un 100%, beneficiando así a toda la cadena productiva y, en consecuencia, a los consumidores. En un año de recesión, todo alivio de caja aumenta la probabilidad de que las empresas sobrevivan y con ello los empleos que ahí se sustentan.

Nunca la fijación de precios aumentó la disponibilidad del producto que es escaso y lo único que logró fue que los comerciantes desviaran la oferta hacia el mercado negro. De esta manera, si hay escasez de un producto, es necesario analizar las herramientas que permitan aumentar la oferta de manera radical.