El brutal, inhumano y cruel asesinato de los nuevos mártires de Carabineros, el sargento Carlos Cisterna Navarro y los cabos Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid, no sólo enluta a la institución sino que a la gran mayoría de chilenos que siente un gran respeto por la labor que sus miembros hacen diariamente para mantener el orden, la seguridad y ayudando a la población de distintas maneras. Con ellos ya son ocho los Carabineros asesinados en lo que va de este gobierno.
No alcanzamos a recuperarnos del alevoso asesinato el 10 de abril del teniente Emmanuel Sánchez Soto por cinco venezolanos, cuando ocurre esta nueva tragedia de características nunca vistas en Chile, por su crueldad, alevosía y brutalidad digna de primitivos salvajes que probablemente se aprovecharon del temor actual de nuestros Carabineros y FF.AA. de utilizar sus armas, por miedo a una persecución penal con sesgo ideológico del Ministerio Público.
No es sorprendente que ocurran estos atentados contra Carabineros cuando los que actualmente gobiernan se dedicaron a atacarlos inmisericordemente; a desprestigiarlos, a tratarlos de asesinos, violadores y torturadores; a incentivar el odio hacia ellos, como lo expresara el hoy ministro Grau en su Twitter: “Pacos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles”. Y rayando en murallas “todos los policías son bastardos (ACAB)”. Crearon el «perro matapacos», lo pasearon y lo imprimieron en poleras, como la usada por la ministra Jara y por los miembros del comando de la candidatura de Boric.
¿Acaso no querían refundar la institución, que dejara de ser militar y pasara a ser civil? ¿No llamaron a pedir la renuncia de su General Director cuando ocurrió el caso del violentista que se cayó al lecho del Mapocho y los trataron de asesinos? ¿No llamaron a la desmilitarización del Wallmapu y declararon Temucuicui territorio liberado, allí donde mataron a un oficial de la PDI, donde se cultiva marihuana, se almacenan armas de todo tipo y el Estado no puede entrar? ¿Y no homenajeaban a la primera línea? Y recién asumidos ¿no retiraron 139 querellas por LSE a “presos del octubrismo”, después indultaron delincuentes y encima les otorgaron pensiones de gracia?
Ahora rasgan vestiduras por los mártires, pero no están dispuestos a darle máximas facultades y seguridades a los carabineros y militares para que actúen confiados que cuentan con reglas claras y respaldo jurídico, porque a pesar que el jueves a última hora los diputados de las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Constitución aprobaron 14-12 que sea la justicia militar la que vea los casos en que Policías y FF.AA. estén involucrados en algún delito relacionado a las RUF, el gobierno anunció de inmediato reserva de constitucionalidad en caso de que la norma siga avanzando. Y desde el Ejecutivo criticaron esta alternativa, por considerarla un “retroceso” democrático.
Al escribir esta columna está pendiente la votación en Sala de lo aprobado en la comisión. Para que siga avanzando y pase al Senado se requieren 78 votos, lo que no garantiza su aprobación, porque el Gobierno pretende que se rechace y de no lograrlo, es probable que recurran al TC.
Y qué más claro para entender que la postura oficialista respecto de Carabineros y FF.AA. no ha cambiado que lo expresado en X por el diputado Gonzalo Winter, quien escribió: “Hoy, en un acto de profunda insensatez, han aprobado reponer la justicia militar para casos civiles, argumentando desconfianza hacia la labor de la fiscalía y jueces, que trabajan día a día por perseguir y juzgar delincuentes”. Eso es falso pues la norma dice claramente que “en ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”.
Las RUF sin protección judicial de las FF.AA. y Carabineros no sirven de nada pues los jueces civiles no consideran las eximentes de responsabilidad del uso de armas en favor de las FF.AA. o Carabineros descritas en el Código de Justicia Militar (Artículo 208) y también en el Código Penal, Artículo 10 número 10, que dice así: Exime de responsabilidad criminal a: “El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”. Los jueces lo saben, lo conocen, pero no lo aplican y condenan sesgadamente a Carabineros y miembros de las FF.AA. a prisión, lo que es oprobioso, injusto y envalentona a la vez a los criminales y terroristas a los que se enfrentan.
Frente a los asesinatos de carabineros, el Presidente ha emitido grandilocuentes discursos, pero dada su historia generan poca credibilidad. Si está realmente arrepentido de la ignominiosa conducta anterior hacia Carabineros y las FF.AA. tanto suya como del FA/PC tiene la oportunidad de demostrarlo aceptando explícitamente y solicitando a sus parlamentarios que aprueben que sea la justicia militar la que juzgue a miembros de Carabineros o FF.AA., en caso de existir algún presunto delito relacionado al uso de la fuerza. De no hacerlo, se confirmarían las aprensiones sobre el cambio de postura con el que pretenden convencer a la ciudadanía.
Así es, solo gestos a la galucha delictual….