Hay básicamente dos maneras de analizar el impacto de la Ley de Presupuesto sobre la economía. La primera es su efecto macroeconómico y la segunda es un análisis de carácter sectorial que entrega una idea de las prioridades del gobierno; en cuanto revela qué sectores tienen un crecimiento mayor, cuáles no crecen y aquellos que derechamente bajan. Pero hay interacción entre ambos efectos. Si la disciplina fiscal es un imperativo porque la evolución de las cuentas fiscales pone en peligro los equilibrios básicos de la economía, habrá que tener eso en cuenta al opinar sobre los aumentos de presupuesto sectoriales o los recortes en ellos, porque al final el presupuesto es el resultado de sumas y restas que en definitiva se consolidan. En definitiva el Presupuesto es un instrumento de política macroeconómica, pero también de economía política.
Esa es la forma seria de aproximarse a la discusión presupuestaria y, desgraciadamente, dista bastante de las intervenciones que se escuchan de grupos de interés (lo que tiene cierta lógica porque ellos tienen objetivos propios y focalizados) pero también de algunos parlamentarios y políticos, lo que es más preocupante porque se supone que ellos miran el bien del país.
La macroeconomía del Presupuesto 2027
Desde el punto de vista macroeconómico una primera cuestión a examinar es cuánto crece el gasto público comparado con otras magnitudes. El Presupuesto 2027 crecería 1,5% respecto al anterior, vale decir menos que el 2,9% al que se expandiría el PIB. Esta es una medida de impulso fiscal que aporta al crecimiento de la demanda agregada, pero su magnitud deja al mismo tiempo espacio para el crecimiento del gasto privado. La regla fiscal acordada el 2001 establecía como parámetro la meta de balance estructural. Pero como el gobierno del Presidente Boric no cumplió esta meta durante tres años, se utiliza otro pilar que refiere a la deuda pública como porcentaje del PIB, que no debiera exceder del 45%. En la presentación del Presupuesto 2027 se anuncia que ese umbral no se excedería en el período 2027-2030, aunque sí ha crecido el pago de intereses de la deuda a un 7%, lo que exige mantener la disciplina fiscal. Por eso, para el período 2028-2030 el gasto fiscal crecería en promedio al 2,1%, menos que el 3,2% de expansión esperada del PIB.
En el Informe de Finanzas Públicas entregado junto con el Presupuesto 2027, el ministro Quiroz prevé un déficit estructural de 2,3%, inferior al 2,6% que se había establecido en junio en el decreto mandatado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, reiniciando así el período de austeridad fiscal. Es esta una opción corajuda del ministro, proporcional al desafío que exige el deterioro de nuestras cuentas fiscales. El país no resiste una clase política que siga con la política de contemporizar en relación a la austeridad fiscal.
La economía política del Presupuesto
El debate presupuestario no ha estado a la altura del desafío que tiene Chile. La oposición simplemente se opone, al menos en la discusión pública, a prácticamente todas las partidas que se reducen, sin proponer alternativas de rebaja de gastos. La mala evaluación de programas de gasto efectuada en el pasado por la propia DIPRES no se considera argumento suficiente para recortar programas. Se enfatiza la cantidad de recortes en programas de gasto, 800 millones de dólares, pero no se menciona que representan cerca de un 1% de los más de 80.000 millones de dólares que gasta el Fisco. Tampoco se reconoce el esfuerzo en racionalizar programas por la vía de fusionarlos. Donde antes había 33 programas distintos hoy serán 12 porque varios trabajan en el mismo ámbito con diseños similares. Sólo para dar un ejemplo, el nuevo programa Becas Patagonia de Junaeb reunirá a los antiguos Becas Aysén, Becas Patagonia Aysén y Becas Magallanes, con un previsible ahorro en gastos de administración. Lo mismo ocurre en distintos programas para lectura, escritura y apoyo a orquestas. No puede ser que cada programa de gasto que nace permanezca para siempre.
Como mencionábamos antes, aquí cada cual defiende su parcela. Los rectores de universidades se han movilizado para oponerse a una disminución en el gasto de educación superior, sin mencionar que ésta apenas alcanza al 1% nominal y que mirado con la perspectiva del tiempo, ha crecido desde un 36% del gasto total en Educación en el año 2015 (antes de la gratuidad) a un 52% el año 2023. Como señalan Harald Beyer y Loreto Cox, el elefante en la habitación aquí es la gratuidad, que se está llevando cada vez más recursos destinados a la educación, sin que sea una forma eficiente de mejorar la calidad. Si los rectores apreciaran la importancia de mejorar la calidad de la educación, debieran reconocer la prioridad de apoyar la educación en etapas tempranas.
Concluyendo
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 es un punto de partida adecuado para iniciar el camino a la austeridad fiscal, pero no basta para asegurarla. El escenario de mediano plazo señala una trayectoria exigente para el gasto. La deuda pública se acerca al límite prudente, e intereses crecientes reducen el espacio para enfrentar shocks externos o responder con políticas contra cíclicas. La prudencia fiscal debe continuar todo el periodo de Gobierno: mayores ingresos estructurales y los que provengan de la Ley de Reconstrucción deben reconocerse cuando efectivamente se recauden, sin comprometerse necesariamente en gastos permanentes.
En consecuencia, la agenda fiscal debe necesariamente centrarse en reasignar recursos desde programas mal evaluados, beneficios mal focalizados y gasto administrativo ineficiente hacia prioridades de mayor retorno social, privilegiando la inversión pública que permite el crecimiento. Es precisamente lo que propone este proyecto de ley y es de esperar que, en lo que queda de su trámite, se apruebe en términos similares a lo presentado.
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