En el segundo semestre de 2027 podría comenzar su plena vigencia la Ley Marco de Permisos Sectoriales, aprobada durante el gobierno anterior, pero que está siendo implementada por la actual administración del Presidente José Antonio Kast, y para lo cual resta la toma de razón de una serie de decretos trabajados desde la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), dependiente del Ministerio de Economía.
La importancia de la implementación de esta ley está clara. Solo en 2024, según un análisis del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, los retrasos en la tramitación medioambiental de los proyectos de inversión le costaron al país más de US$2.200 millones, equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, se evidenció que el 65% de los proyectos durante ese mismo año experimentaron retrasos más allá de los plazos legales.
En Libre Mercado, conversamos con Pablo Eguiguren, jefe de la OASI, sobre cuál es la situación de la permisología en el aparato estatal y el trabajo que están realizando para implementar la legislación que podría reducir entre un 30%-70% los plazos de los permisos. Además, comentó el rol que está teniendo la IA en dicha labor.
Para dimensionar la situación de permisología que sufren varias de las instituciones públicas en el país, Eguiguren señaló que “por ejemplo, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tienen más de 3 mil expedientes pendientes, en circunstancias en que año a año ingresan como 800-700. Por lo tanto, si tienes más de 3 mil pendientes, y cada año se resuelven 600-700, tienes de 3 a 4 años de expedientes en la cola”.
El jefe de la OASI agregó que “esto es como un problema de lista de espera de permisos. Con eso en mente, nos pusimos como meta que esa lista de espera de permisos comience a disminuir y se lleve a cero. Esto que suena obvio, no se había hecho anteriormente”.
Y para lograr este objetivo, Eguiguren señaló que la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es fundamental. “Lo que hace esta ley, que me parece un diseño bien notable, es que establece plazos a distintos permisos, pero también establece qué pasa si ese plazo no se cumple. Si bien los plazos hoy en día no están vigentes, estimamos que al segundo semestre del próximo año lo estén, porque depende de que se tome de razón un decreto que estamos trabajando con la Contraloría”, indicó.
En este sentido, aseguró que “nuestro objetivo es que cuando lleguemos a ese punto, cada organismo tenga la capacidad de lograr ese plazo máximo. Pero no sacamos nada con ponerle un plazo máximo de 40 días a un permiso, en circunstancias de que ese organismo hoy en día tiene una mochila de 20 mil permisos pendientes. Entonces, nuestro objetivo es llegar a ese segundo semestre con los plazos legales para que se vean”.
“La IA va a ayudar muchísimo a disminuir los tiempos”
Cuando se promulgó la Ley MAS, la administración del expresidente Boric estimó que la reducción de los plazos para la aprobación de permisos sería de entre un 30% y un 70%. Sin embargo, Eguiguren cree que esa reducción puede ser incluso más alta. “Hoy en día estamos identificando permisos que representan un volumen importante dentro del organismo, y convertir ese permiso en una declaración jurada. Con eso liberamos un montón de recursos”, explicó.
Y aquí también están entrando en juego las nuevas tecnologías. Eguiguren detalló cómo están utilizando la inteligencia artificial para ayudar en esta labor. “Estamos trabajando en pilotos de uso de IA en revisión de expedientes, y eso puede disminuir los tiempos no solamente en un 30%-70%, sino que incluso en un 90% en algunos casos. En el caso del examen de admisibilidad de un permiso de concesiones marítimas, que entrega la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, demora entre dos y tres meses en ser revisado. Con este piloto, esa revisión se va a poder hacer en unos minutos, y siempre con un funcionario público que es quien da el visto bueno final. En este caso, la IA va a ayudar muchísimo a disminuir los tiempos a un 99%”.
Evitar la retractación de permisos: “Prioridad absoluta para este gobierno”
La revocación de permisos es uno de los principales dolores de cabeza de la permisología, y que ha afectado a una serie de proyectos de inversión en Chile, como es el caso del proyecto que busca la continuidad operacional de Collahuasi, cuya inversión alcanza los US$3.200 millones; o el del Proyecto Minero Dominga, que involucra cerca de US$2.500 millones de inversión en la localidad de La Higuera, en la región de Coquimbo.
Al respecto, Eguiguren aseguró que este tema “es prioridad absoluta para el gobierno. Y aquí me gustaría citar a José Ramón Valente, con quien trabajé anteriormente. Él nos decía ‘nosotros buscamos o un no rápido o un sí para siempre’. Eso es quizás más importante que la rapidez de un permiso. Porque si bien reducir los tiempos es algo que nosotros buscamos y es deseable, eso nunca puede ir como contrapartida de tener permisos más débiles”.
Y agregó que “por eso es importante distinguir que en algunos tipos de permisos, los de más bajo riesgo, podemos ir por la vía de declaraciones juradas o técnicas que son acordes al nivel de riesgo del permiso. Pero en otros casos sí hace sentido tener un permiso que se mantenga, que sea sólido y que nadie lo pueda botar. Eso también es parte del trabajo que estamos haciendo como implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales”.