Un lector de esta columna, luego de leer la de la semana pasada en la que recordé el diálogo con un amigo decidido a votar “En contra” en el próximo plebiscito, me recomendó amablemente que mejor cambiara mis amistades.
Eso es, justamente, lo que nunca haré. Porque no escojo a mis amistades por sus preferencias políticas sino por otras razones que no son del caso comentar aquí. Al revés de lo que opina mi simpático lector, la diferencia de ideas y el diálogo que surge a partir de esas diferencias, con mis amigos y también con quienes no son mis amigos, enriquece mi vida. Por esa vía no pocas veces he logrado convencer a algunos de modificar su manera de pensar y muchas veces me han convencido a mí de que estaba equivocado. Ser tolerante con quienes son diferentes o piensan diferente no es una virtud como creen muchos, sino una forma de vivir en sociedad y, sobre todo, una herramienta que, a quienes la practicamos, nos robustece en nuestros principios y, quizás, nos hace un poquito más inteligentes (y con toda seguridad nos hace menos obtusos).
De modo que no cejaré en mis diálogos con mi amigo. Esta vez, quizás ya agotados sus argumentos en contra de mi convicción de que el proyecto constitucional es mucho más avanzado en materia de derechos sociales y de protección de sectores discriminados que la Constitución vigente, terminó por lanzarme una de las generalidades que quienes defienden el “En contra” en la televisión suelen arrojarles a quienes están por el “A favor”: “Los derechos sociales planteados en el proyecto constitucional son sólo palabras sobre el papel. Es, en realidad, un Programa de Gobierno al servicio de los ricos y las empresas”.
Comprendo la ira de mi amigo, sobre todo cuando le ocurre que su razón más importante para votar “En contra” no es el contenido del proyecto sino el hecho que la izquierda y los seguidores del gobierno voten de esa manera y él… pues él es de izquierda y seguidor del gobierno y con eso basta. El hecho es que yo también me considero de izquierda. ¿Qué es ser de izquierda? En mi opinión es creer que el cambio social progresivo siempre es posible y apoyar todos esos cambios cuando son necesarios. No creo, por el contrario, que para ser “de izquierda” haya que abrazar una determinada ideología (en mis tiempos de estudiante universitario no se aceptaba que quien no fuera marxista se autocalificara “de izquierda”, lo que dejaba fuera a los demócratas cristianos que estaban impulsando en esos años un fenomenal proceso de cambios en el país) ni mucho menos que ser “de izquierda” consista en seguir los dictados de un determinado partido que reparte premios, castigos o indulgencias según la docilidad con que se sigue su dictum.
Seguramente mi definición de “izquierda” no va a ser del agrado de los izquierdistas oficiales, de modo que, si lo prefieren, pueden llamarme centrista, algo que desde luego no me incomoda. Y desde la posición desde la que se mire (o desde aquella en la que me pongan), lo cierto es que la Constitución propuesta establece el marco de derechos sociales más avanzado que ha tenido hasta ahora Chile. Mucho más avanzado que la Constitución que ahora nos rige. Y ha reunido esos derechos en el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, una aspiración de muchos años del mundo progresista, de la “izquierda”, algo que pocas constituciones en el mundo han conseguido hasta ahora.
El Estado Social y Democrático de Derecho, consagrado en el texto propuesto, incluye derechos que ya están presentes en la Constitución actualmente vigente, pero muchos otros que explican lo que ha avanzado nuestro país en esta materia. Entre los nuevos derechos consagrados en la que será la nueva Constitución, se encuentran: el derecho a la vivienda adecuada; el derecho al agua; el derecho al trabajo decente; el derecho a vivir en un entorno seguro; el derecho a la cultura; el derecho a un trato digno y servicial por parte de los órganos de la administración del Estado y de sus autoridades y funcionarios; el derecho a acceder, buscar, solicitar, recibir oportunamente, así como a difundir información pública de cualquier órgano del Estado.
El proyecto constitucional establece también que la ley asegurará la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional -en particular en su participación política- y otras importantes iniciativas a su favor, entre ellas la paridad en las elecciones, el equilibrio entre hombres y mujeres en organismos colegiados, un Plan Universal de Salud sin discriminación por sexo y la universalidad y la gratuidad de la sala cuna.
El texto reconoce, además, a los pueblos originarios y a su cultura y tiene un capítulo completo dedicado a protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo. Define también la obligación del Estado de impulsar, mediante leyes, la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas y da lugar a las iniciativas ciudadanas de Ley, otra antigua aspiración del mundo progresista. Igualmente señala que es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo.
Y algo que la izquierda, los partidarios del gobierno, deberían aplaudir y apoyar con entusiasmo, es el hecho que el proyecto constitucional establezca la posibilidad de un sistema de seguridad social público (o estatal), algo que desde luego no estaba contemplado en la Constitución de 1980 (la de “los cuatro generales”), pero tampoco apareció como resultado de las reformas de 2005. Sí, la letra a) del número 28 (que se titula justamente “El derecho a la seguridad social”) del Artículo 16 señala: “El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas”. Por fin la seguridad social pública alcanzando rango constitucional. Después de eso ¿qué razones puede tener mi amigo para votar “en contra”?
Desde luego escuchar estos argumentos no hace feliz a mi amigo, porque él sigue fiel al principio de que si los partidos de gobierno dicen que hay que votar en contra, pues él debe votar en contra. Por ello me repite otro argumento televisivo: “la gente va a acudir en masa a los tribunales para obligar al gobierno a hacer valer esos nuevos derechos en circunstancias de que no hay dinero para ello; se van a “judicializar” las políticas públicas, es un negocio de abogados”.
Lo que él no sabe (y que sí saben los que usan el argumento en la televisión, aunque igual repiten el argumento) es que el mismo proyecto constitucional establece que los derechos y garantías señalados en el texto se realizarán progresivamente, con el empleo máximo de los recursos disponibles, pero con responsabilidad fiscal (Artículo 24) y que las medidas adecuadas para la realización de esos derechos serán determinadas por la ley (Artículo 25). Y agrega de manera explícita que en la interpretación de esas disposiciones los tribunales no podrán definir o diseñar políticas, es decir elimina la posibilidad de “judicialización” de las políticas públicas.
Mi amigo refunfuña y todavía se niega a aceptar que lo lógico, desde una perspectiva progresista, es votar a favor. No importa, voy a seguir conversando con él. Quizás logre convencerlo.