El 23 de julio el gobierno publicó en el Diario Oficial una nueva ley de inclusión laboral con perspectiva de género en las empresas que obliga a las medianas y grandes empresas a reportar indicadores de igualdad. Se trata de una ley cuya tramitación y aprobación pasó inadvertida, cuya moción fue presentada en 2023 por las senadoras Loreto Carvajal (PPD), Paulina Núñez (RN), Claudia Pascual (PC), el senador Gastón Saavedra (PS) y la exsenadora Isabel Allende (PS). Esta nueva normativa apunta a complicar aún más la vida de las empresas a la hora de contratar, por tanto, desincentiva el empleo.
Según la nueva normativa las empresas de 200 o más trabajadores deberán elaborar un informe anual sobre el estado de equidad de género de su organización y les obligará a tomar medidas en su favor. Lo mismo se aplica a las empresas de 50 o más trabajadores que pertenezcan a sectores minero, investigación y desarrollo, financiero, energía, transporte y construcción. Se dice que la ley busca avanzar en reportes de trasparencia, pero lo cierto es que obliga a contratar a personas por su sexo y no por sus méritos, lo que nunca es bueno para el país.
El reporte debe incluir el porcentaje de mujeres, cargos de responsabilidad, brechas salariales y medidas de conciliación familiar. Este reporte deberá enviarse vía electrónica a la Dirección del Trabajo durante el mes de marzo de cada año y deberá estar disponible en la página web de cada empresa.
Este es un paso más en acciones de “discriminación de mérito real”, supuestamente a favor de las mujeres, llamándolo “discriminación positiva”. Estas medidas siempre parten de la base que las mujeres son menos que los hombres y que el mercado, actuando en libertad, no las eligen. Supone que es necesario hacerles “cuña”, lo que denigra el modo de ser personal femenino. Además, es importante definir qué se entiende como mujer, ya que para muchos puede ser altamente amplio. De hecho, en varios países deconstruidos, muchos hombres se autoperciben mujeres para usar las “cuotas” de género. La ley obliga a las industrias en ciertas áreas que generalmente son masculinas a contratar mujeres. La pregunta es si en nombre de la igualdad en áreas donde predominan las mujeres harán cuotas para que haya hombres. No, no les interesa la igualdad. Cuando se trata del servicio militar obligatorio, evidentemente la igualdad se les olvida. Lo cierto es que esta distorsión del mercado no permite contratar a los mejores, sino que obliga a las compañías a cumplir las cuotas, aunque eso baje la productividad. En cualquier trabajo o disciplina siempre hay que buscar a los mejores, sean hombres o mujeres.
Las leyes de protección a la mujer solo han hecho que contratar mujeres sea más caro y que las empresas prefieran no contratarlas. Las leyes como la ley Karin aumentó la conflictividad en las empresas y terminó con la posibilidad de corregir a nadie. El sentimiento a flor de piel ha hecho que esta ley sea más compleja en relación a las mujeres. Las leyes están mal pensadas, ya que, por ejemplo, la ley de sala cuna obliga a las empresas sobre 20 trabajadoras a tener o contratar salas cunas. Las empresas contratan 19 para evitarse la carga. No se piensa en familias, padres o madres para sumar. Las mujeres son más caras, por lo mismo. Tampoco hace diferencia en mujeres en edad de procrear y quienes no están en esa etapa.
La igualdad solo se ve en términos de sexo y no en términos etarios donde probablemente se necesita más apoyo para incentivar la contratación. Si una persona sobre 55 queda sin trabajo, no encuentra más por estar sobrecalificada y ser más cara. Tal vez esa persona está dispuesta a ganar menos, pero tener trabajo. Por otra parte, la experiencia de la edad es esencial. Se piensa en paridad solo de sexo y no de edad, ni disciplinas. Esa mirada no da aporte país, sino que solo fomenta la mediocridad, ya que para cumplir las cuotas hay que dejar fuera a personas mejores por darle un cupo a una mujer, ya sea biológica o autopercibida. Con eso Chile no mejora, ya que los oportunistas se aprovecharán de esta norma altamente injusta porque no da a cada uno lo que es de propio suyo, sino que favorece discriminatoriamente a un sexo sobre otro, evitando que los mejores ocupen las plazas del mercado. Esto es pura ideología que busca favorecer a la mujer, sin definir lo que es una mujer. Es una distorsión del mercado y algo negativo para Chile.

Van varios goles de media cancha que a nuestros honorables con altísimos sueldos se le han pasado últimamente. Por otro lado, el Pdte debió hacer uso de veto, no se cobra por ello ni está restringido su uso. El Poder es para ejercerlo .
Que decepcionante.