Hay una prueba sencilla para saber si un país cree de verdad en el mercado: fijarse en qué hace cuando el negocio es demasiado bueno para licitarlo. Chile acaba de reprobarla, y casi nadie levantó la voz.

En enero de 2018 Corfo firmó con SQM el primer gran acuerdo para explotar litio en el Salar de Atacama sin abrir un proceso competitivo. Seis años después, en diciembre de 2023, Codelco -habilitado por el propio directorio de Corfo- cerró un memorándum con la misma SQM para extender la explotación hasta 2060. En mayo de 2024 se firmó el acuerdo definitivo. En ningún punto de ese camino hubo una licitación pública, nacional o internacional, para el activo de litio más grande del planeta.

La justificación oficial fue de manual: licitar habría significado «riesgo de continuidad operativa», y así se aseguraba que el Estado -vía Codelco- controlara la mayoría de un negocio que genera cientos de millones de dólares al año. Todo legal, todo respaldado en informes técnicos. Y ahí está el problema: el capitalismo de amigos casi nunca se disfraza de ilegalidad burda. Se disfraza de urgencia, de excepción razonable, de «esta vez es distinto».

La contradicción que nadie quiso nombrar

El mismo Estado que exige licitación pública para comprarle lápices a un colegio rural decidió que el activo estratégico más valioso del país -con reservas que representan cerca de un tercio del litio mundial- podía transferirse mediante una negociación directa y confidencial con el mismo actor privado que ya lo explotaba. La propia Contraloría fue consultada sobre sus facultades fiscalizadoras en este tipo de operaciones ya en 2017, antes de que el esquema se replicara. En una estimación publicada en 2025, el economista Jorge Quiroz calculó que el acuerdo de 2018 significó una transferencia directa desde Corfo hacia SQM por unos USD 5.200 millones, producto de las condiciones pactadas sin que ningún otro actor tuviera oportunidad de competir por ellas.

No hace falta sospechar corrupción para reconocer el patrón. Basta con aplicar el estándar que se exige en cualquier debate sobre libre competencia: cuando el Estado transfiere un activo público de este tamaño sin competencia, el beneficiario no es «el mercado», es un actor elegido a dedo, con condiciones que ningún competidor tuvo oportunidad de mejorar. Eso no es capitalismo. Es su negación, disfrazada con su vocabulario.

El silencio incómodo

Lo llamativo no es solo la operación, sino el silencio que la rodeó en el sector que se supone defiende la libre competencia. La Cámara de Diputados pidió anular el acuerdo y exigió licitación internacional. Hubo un recurso de amparo económico invocando el artículo 9 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Pero el debate se dio casi exclusivamente entre la izquierda ambientalista, preocupada por el impacto hídrico, y la centroizquierda gobiernista, que defendía la mayor participación estatal en las utilidades.

¿Dónde estaba el resto? Quienes han construido una carrera defendiendo la competencia como motor de eficiencia y de justicia debieron decir que la forma importa tanto como el fondo. No basta con que el Estado se quede con más recursos; importa cómo se llega a ese resultado, y quién queda excluido por no tener ya una posición instalada.

Por qué esto no es un detalle técnico

El argumento de que licitar habría sido más lento o menos rentable para el Fisco es el mismo que se usa siempre para saltarse una licitación: que esta vez el interés general se sirve mejor sin competencia. Llevado a la práctica de forma sistemática, ese argumento termina construyendo una economía de rentas concentradas en quienes ya estaban adentro, no una economía abierta a quien ofrezca más valor. La cifra de Quiroz da cuerpo concreto a esa idea: no es solo un problema de forma, sino un costo cuantificable que pagó el Fisco por no competir.

Si Chile quiere seguir diciendo que su modelo se sostiene en reglas parejas, el estándar debe aplicarse especialmente cuando el activo es grande, el contrato es largo y el beneficiario ya tiene posición dominante. Ahí pesa más la ausencia de competencia… y ahí resultó más elocuente el silencio de quienes debían defenderla.

El litio no necesitaba menos Estado. Necesitaba un Estado dispuesto a licitar incluso cuando licitar era incómodo. Esa es la prueba que Chile no pasó, y que casi nadie quiso tomarle.