La decisión de la Corte Suprema de remover 11 jueces, avalada por fallo unánime del TC, con cinco casos más pendientes de resolución por dicho tribunal al cual apelaron, es una excelente noticia, pero a la vez genera preocupación, porque de no haber certeza en la imparcialidad, en la probidad, en la ética y rectitud de los jueces, estaríamos frente a un daño a la fe pública inadmisible.

Hay críticos de la decisión de la Suprema, por considerar que se han maltratado valores procedimentales en el fallo y que además se estaría deteriorando la independencia de los jueces. ¿Debería permitírseles entonces continuar ejerciendo sus cargos sabiendo que han cometido faltas graves a la probidad con cue todo juez debe ejercer sus funciones?

Porque si los jueces, quienes deben interpretar y aplicar la ley impartiendo justicia son capaces de salir al extranjero utilizando el recurso de una licencia médica cuando se suponía que deberían guardar reposo, licencia que a estas alturas no se sabe si respondía a una patología real o inventada, merecen sin duda alguna ser destituidos, pues de lo contrario, ¿cómo podría garantizar la justicia que sus fallos son dignos de fe y no están comprometidos por corrupción de terceros o por conveniencia personal?

Lamentablemente, no solo hay jueces comprometidos en ilegalidades, también hemos sido testigos recientes del gravísimo caso del exfiscal Vinko Fodich y seis miembros de la PDI por integrar una banda de secuestro extorsivo, asociación ilícita y lavado de dinero.

A este se suma el del exfiscal regional Metropolitano Sur, Manuel Guerra, quien está en prisión preventiva desde marzo de 2026 dentro del «Caso Audios», formalizado por cohecho, prevaricación y violación de secreto. Y también Rodrigo Durán, exfiscal de Los Ángeles, quien, autorizado por la Corte Suprema, en agosto de 2026 fue formalizado por violación de secreto, tras extraer información de bases de datos reservadas y entregarla a su cónyuge, dentro de una red más amplia de corrupción judicial en esa ciudad. 

Pero tampoco se salvan Carabineros y la PDI.

Está el caso llamado pacogate, del que en abril de 2026 se dictó veredicto condenatorio contra 28 de 31 imputados por malversación reiterada de caudales públicos y lavado de activos por $35.000MM, uno de los mayores fraudes de la historia de Chile. Y en julio de 2026, en Chillán, se formalizó a tres oficiales y dos suboficiales de Carabineros por allanamientos irregulares, robo en lugar habitado, microtráfico de drogas, apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público, coordinados a través de un grupo de WhatsApp.

Y en la PDI, están los seis involucrados con el exfiscal Fodich más otros seis funcionarios que en noviembre de 2025 fueron detenidos, acusados de contrabando, falsificación, malversación y tráfico de drogas. Más grave aún es el caso de dos recientes exdirectores de la institución.

Héctor Espinosa fue nombrado director de la PDI por la Presidenta Bachelet en junio de 2015, terminando su período el 19 de junio de 2021, traspasándoselo a Sergio Muñoz. Hoy cumple condena de 17 años de presidio en Capitán Yáber por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, por haber desviado, entre 2015 y 2018, cerca de 30 millones de pesos mensuales de los fondos reservados de la PDI mediante rendiciones falsas ante la Contraloría, dinero que luego habría lavado a través de cuentas y la compra de propiedades.  Y su sucesor, tuvo que renunciar, por haber filtrado información reservada de la investigación al abogado defensor de Espinosa, Luis Hermosilla.

Pero los problemas continúan. Ahora la Suprema tiene que enfrentar el caso de más de 500 funcionarios y jueces que fueron a casinos con licencia médica, los que están en plena investigación, habiendo sumado ya dos sesiones del pleno dedicadas a su revisión. Las conclusiones están pendientes. 

Estos hechos invitan a reflexionar sobre el tema de la corrupción a nivel institucional. Si bien son casos que tal vez podríamos calificar de excepcionales en cada una de las instituciones, los aquí expuestos son de máxima gravedad pues generan desconfianza ciudadana en quienes deben velar por su seguridad y por cierto un inaceptable daño a la fe pública en los fallos de la Justicia. Y, además, porque se generan dudas si los miembros de nuestra institucionalidad son inmunes a la corrupción e influencia del crimen organizado o, por el contrario, sí están expuestos y por distintas razones algunos ceden a sus intentos, causándole un inconmensurable daño al país.

Este es un tema de preocupación que merece la máxima atención de las autoridades, pues eliminar el flagelo de la corrupción y generar un ambiente de máxima confianza en las instituciones públicas es condición fundamental para la salud de nuestra democracia.