Desacuerdo de fondo

Señor Director:

La carta de la profesora Salas Ibarra responde a la columna de Roberto Astaburuaga con pretendida corrección conceptual y un tono que invita al acuerdo. Sin embargo, esa misma corrección termina por oscurecer el punto central del debate, que no es —como sugiere la respuesta— el estatus moral de las personas involucradas, sino la estructura misma de la práctica que se pretende legitimar.

Astaburuaga no afirma, ni explícita ni implícitamente, que la mujer gestante o el niño nacido mediante gestación subrogada dejen de ser sujetos de derechos. Tampoco sostiene que su dignidad dependa de las condiciones de su nacimiento. El núcleo de su argumento es otro, del que Salas Ibarra no se hace cargo ni por asomo: la gestación no puede ser tratada como una prestación disponible sin que algo esencial se vea afectado, haya o no mediación económica. El desacuerdo, por tanto, no se juega en el plano ontológico, sino en el modo en que ciertas realidades humanas son organizadas cuando pasan a ser objeto de encargo y cumplimiento.

La respuesta de la profesora Salas desplaza esa discusión hacia un terreno distinto. Al insistir en que no hay cosificación mientras se reconozca la agencia de la mujer y la dignidad del niño, redefine la cosificación de manera tan restringida que solo podría darse en escenarios extremos. Pero esa no es la forma en que operan hoy las prácticas problemáticas. La instrumentalización contemporánea rara vez niega derechos, al menos explícitamente. Más bien reorganiza funciones, separa procesos y normaliza usos bajo lenguajes jurídicamente impecables. Algo muy propio de cierto liberalismo procedimental.

En este punto, el consentimiento cumple un papel decisivo. En la carta de Salas, una vez asegurado, la objeción ética parece agotarse. El problema ya no es qué se está haciendo, sino si se hace sin coerción. Invierte, de esta manera, la relevancia clásica del objeto moral por las condiciones o circunstancias. Un error mayúsculo. Pero eso es precisamente lo que Astaburuaga pone en cuestión: que el consentimiento baste para legitimar la conversión de la gestación en una función aislable, transferible y exigible. No porque niegue la capacidad de decidir, sino porque duda de que todo aquello sobre lo que se decide sea moralmente disponible.

De ahí que la afirmación de que “la dignidad no debe presumirse vulnerada” resulte tan reveladora. Con ese criterio, la dignidad deja de operar como límite previo y pasa a funcionar como diagnóstico posterior. Solo aparece cuando algo ha salido mal. Mientras tanto, la ética se limita a regular condiciones. El desacuerdo de fondo, entonces, no es empírico, sino normativo: si hay prácticas que deben ser interrogadas antes de su normalización, y no solo evaluadas una vez que producen daños visibles.

Astaburuaga sostiene —con mayor o menor fortuna expresiva, pero con claridad conceptual— que la gestación no es una función neutra que pueda separarse sin resto del vínculo materno-filial. Salas no responde a ese punto, como a casi ninguno de los anteriores. No discute si esa separación es inocua. Simplemente se limita a afirma que, si se realiza voluntariamente, no hay lesión de dignidad. Pero eso equivale a resolver la cuestión de los límites apelando exclusivamente a la voluntad, que es justamente lo que está en discusión.

No se trata, entonces, de oponer intuiciones morales a rigor ético, sino de advertir que están en juego dos modos radicalmente distintos de comprender la tarea de la ética. Uno asume que el ámbito de lo moral coincide con el de lo voluntariamente disponible y que la función ética consiste en asegurar procedimientos justos. El otro sostiene que existen dimensiones de la experiencia humana cuyo significado antecede a la voluntad y que, precisamente por ello, imponen límites a lo que puede ser legítimamente objeto de contrato.

El debate sobre la gestación subrogada es un caso paradigmático de este desacuerdo más amplio y anterior. No porque se discutan malas intenciones o abusos excepcionales, sino porque pone en cuestión si una sociedad puede redefinir prácticas fundamentales —como la gestación y la filiación— sin alterar la comprensión de lo humano que las sostenía. Cuando la ética renuncia a plantear esa pregunta —cosa muy propia de cierto liberalismo, a mi juicio nocivo— y se conforma con acompañar decisiones bien ejecutadas, no se vuelve más rigurosa, pero irrelevante para aquello que más importa.

Agustín Larson – Investigador Asociado de Faro UDD