Esta semana el Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de cuatro disposiciones del Proyecto de Ley de Escuelas Portegidas que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast y que la Cámara de Diputados aprobó el pasado 2 de junio.

La entrada en vigencia de esta normativa, que está en trámite de aprobación presidencial, es relevante tomando en cuenta los ataques con arma de fuego y armas blancas que se han registrado recientemente en instituciones educativas del país, así como las amenazas de tiroteos en liceos y los ataques que protagonizan jóvenes vestidos con overoles blancos que salen de algunos liceos portando bombas incendiarias.

En entrevista con El Líbero, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, aborda las trabas que puso el TC para poder aplicar el articulado tal y como estaba. «Es raro que a sabiendas de que alguien tiró una molotov en otro colegio, tenga que recibirlo en un colegio nuestro; de que a sabiendas de que alguien potencialmente puede entrar con un arma, si se resiste, no vamos a poder revisarlo (…). Voy a hacer lo posible por revisar esa mochila. No voy a poner en riesgo a los otros mil estudiantes porque efectivamente no pude revisar una mochila (…). Así de concreto. Yo no quiero lamentar después que se perdieron vidas, que se quemó un colegio o que pasaron tragedias como la del INBA», asevera.

El TC descartó los artículos que preveían que ante la negativa de un estudiante a la revisión de su bolso, se debía dar cuenta a Carabineros y que estos podían revisar dichas pertenencias sin una orden judicial previa. Esta instancia también desechó la norma que establecía como criterio de prioridad en el Sitema de Admisión Escolar a los alumnos que no hubiesen sido expulsado por faltas de convivencia escolar, así como la idea de condicionar la gratuidad universitaria a que el alumno no hubiera sido condenado por cometer delitos contra la vida, la integridad física o infraestructura pública.

«Ojalá la interpretación del fallo permita modificar la ley, hacer cambios legales que nos den la facultad básica de cuidar a aquellos que quieren que los colegios funcionen», agrega Sichel, que también plantea su postura sobre la presencia de militares en barrios complejos en materia de seguridad, propuesta que ha tomado alguna fuerza tras la muerte de un niño de 12 años en medio del robo de un auto en San Bernardo; así como su posición a favor de la exención del pago de contribuciones de las personas mayores de 65 años prevista en el Poyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. Esto en contracorriente a un proyecto que impulsan un grupo de alcaldes, liderados por Tomás Vodanovic, que argumentan que tal cosa afecta las finanzas comunales.

«Lo del TC puede tener sentido desde el punto de vista jurídico, pero en cuanto a gestión pública es un desastre»

-¿Cómo ve el fallo del TC que declaró la inconstitucionalidad de cuatro artículos neurálgicos de la Ley de Escuelas Protegidas?

-Yo soy doctor en Derecho y me gustaría ver cuáles son las razones por las que se pronuncian respecto a esto. Como alcalde me pasa que es como que a uno le cortan los pies. Nosotros estamos tratando de proteger a los estudiantes que quieran estudiar y no a los que se toman los colegios; a los que van con su mochila llena de cuadernos, no a los que van con armas. Es raro que a sabiendas de que alguien tiró una molotov en otro colegio, tenga que recibirlo en un colegio nuestro, de que a sabiendas de que alguien potencialmente puede entrar con un arma, si se resiste, no vamos a poder revisarlo. Lo del TC puede tener sentido desde el punto de vista jurídico, pero en cuanto a gestión pública es un desastre, porque nos quita herramientas fundamentales para proteger a los que quieren estudiar. Voy a esperar el fallo para pronunciarme en los jurídico, pero me parece un contrasentido. Hay un desafío grande en el Estado de Chile de entender que hay que ponerse en el lado correcto. Ojalá la interpretación del fallo permita modificar la ley, hacer cambios legales que nos den la facultad básica de cuidar a aquellos que quieren que los colegios funcionen.

-¿Entonces usted está por poder revisar las mochilas, está por dar prioridad en el Sistema de Admisión Escolar a estudiantes que no hayan sido expulsados por razones de convivencia escolar?

-Si yo hoy día recibo una denuncia de que cualquier alumno podría entrar con una pistola, voy a hacer lo posible por revisar esa mochila. No voy a poner en riesgo a los otros mil estudiantes porque efectivamente no puede revisar una mochila. Si mañana sé que llega a un colegio nuestro alguien que fue expulsado de otro colegio porque tiró un molotov en otro liceo, voy a hacer lo posible para que no entre a mi colegio. Así de concreto. Yo no quiero lamentar después que se perdieron vidas, que se quemó un colegio o que pasaron tragedias como la del INBA. Ante denuncias de que estudiantes puedan portar armas o vender drogas, voy a buscar el mecanismo que me autorice la ley para revisar esa mochila. Lo mismo es si hay riesgos de que alguien entre con un instrumento explosivo. El sistema político y el jurídico tienen que ponerse a favor de aquellos que quieren que las cosas funcionen, por eso aplaudí las medidas que trató de implementar la ministra de Educación, María Paz Arzola, con el Presidente José Antonio Kast, porque nos están entregando herramientas para proteger a los estudiantes que quieren que los colegios funcionen, y no lo que pasaba antes, que aquí se aplaudía la posibilidad de no revisar.

-¿Cuando dice antes, se refiere al gobierno anterior?

–Yo me cansé en el gobierno de Boric de los ‘Doctores No’, de gente que decía lo que no se podía hacer. No se podía revisar una mochila, no podían ingresar carabineros al colegio. Eso me lo sé de memoria, me cansé con el mundo de la izquierda de escuchar lo que no debíamos hacer. Lo que estoy pidiendo por favor es que el gobierno nos entregue instrumentos para hacer lo que hay que hacer, que es proteger y por lo menos veo la buena intención detrás de este gobierno de entregarnos esas herramientas, como en este caso, con la Ley de Escuelas Protegidas.

-¿Si se niega a recibir a estudiantes expulsados por desórdenes y violencia incendiaria en otros colegios, qué hacer con esos menores?

-El Estado de Chile tiene que hacerse cargo, no hay que dejar fuera del sistema escolar a esos estudiantes, pero tiene que haber recintos especiales para aquellos que tienen un alto compromiso con la violencia, para ser rehabilitados y sacarlos del círculo de la violencia, pero no jugar a la sillita musical y tirarlo a otro colegio para que vuelvan a provocar las mismas acciones.

«Nos están obligando a pasar nuestros colegios al SLEP por una obsesión ideológica del Frente Amplio y del Partido Comunista»

-Según el calendario, los liceos de Ñuñoa deberían empezar a funcionar bajo el control del SLEP La Quebrada el 1 de enero de 2027, aunque usted es uno de los principales abanderados de evitar estos traspasos. ¿Cómo va ese proceso?

–Mi llamado es a cuidar a los colegios de Ñuñoa, una comuna donde están los mejores colegios de Chile en educación pública, así lo demuestran todos los rankings, y me parece un contrasentido que hoy día nos estén obligando a pasar al SLEP por una obsesión ideológica del mundo del Frente Amplio y del Partido Comunista. No hay ninguna evidencia que demuestre que estos colegios van a ser mejores cuando se vayan al SLEP. Al contrario, lo que hemos visto, como en el caso de Santiago, es que terminan empeorando. Lo que he estado hablando con la ministra Arzola y con el Presidente de la República es que busquemos alternativas para suspender el traspaso en el caso de Ñuñoa, pero también para avanzar hacia un sistema mixto. Que pasen al SLEP los colegios que están mal administrados, eso es razonable, pero aquellos municipios que administren bien sus colegios puedan seguir sosteniendo la educación municipal. Solo en la mente afiebrada del mundo como del Frente Amplio existen estas cosmovisiones de que puede ser sólo un camino. Si el foco estuviera en la mejora de la calidad de los colegios públicos, en erradicar la violencia, deberíamos preocuparnos de que cada modelo funcione bien. Acá están experimentando con niños ajenos, políticos frívolos que están obsesionados con darse gusto ideológico y no con preocuparse de mejorar la educación en Chile.

-Ñuñoa tendría que entregar el mejor colegio municipal del país, el Liceo Augusto D’Halmar, a un SLEP al que también se traspasarían los liceos de La Florida y Peñalolén. ¿Ahí podrían salir aún más perjudicados los liceos de su comuna?

-Lo primero que va a pasar en Ñuñoa es van a pasar de ser 18 colegios administrados por una corporación que permite una atención de cada uno de estos colegios -entre ellos cinco de los mejores del país-, a estar atendidos por un SLEP que se va a encargar de más de 150 colegios. ¿Nuestros colegios van a tener una respuesta más eficaz y oportuna? No, al revés, va a haber un problema en un colegio en La Florida o en Peñalolén y tu colegio va a dejar de ser prioritario, van a tener peor atención en general que lo que le entrega un municipio de manera directa. Lo segundo es que estos colegios, desde el tiempo de Pedro Sabat, han ido mejorando sus resultados por el modelo de administración actual, y no hay nada que demuestre que los colegios de las otras comunas tienen los mismos resultados, por lo tanto están nivelando hacia abajo. Si me dijeran que lo que están haciendo es buscar homologarlos con colegios que tienen resultados similares o mejores para potenciarlos, yo diría que vamos en el camino correcto. En este caso, y como me decía el antiguo ministro de Educación, Nicolás Cataldo, parece ser que quieren tener los colegios de Ñuñoa para validar el sistema de SLEP y no al revés, que sería tenerlos para mejorar los colegios de Ñuñoa. Insisto, esto está cargado de razones ideológicas, pero con poco de evidencia empírica de que sea bueno para los colegios.

-¿El ministro Cataldo le dijo que querían tener los colegios de Ñuñoa para validar el sistema del SLEP?

-Me dijo: es necesario que estén para poder validar que el SLEP tiene buenos resultados. Obvio, porque si incorporas a colegios que tienen mejores resultados, el sistema en su conjunto va a subir sus promedios. Eso no significa que los colegios de Ñuñoa van a mejorar. Lo único que van a hacer es meter las cifras de los colegios de Ñuñoa que eran anteriores al SLEP para mejorar los resultados del sistema. Y eso no solo no me parece una justificación buena, sino que es un riesgo para el sistema educativo en general, porque es mejorar el promedio, pero disminuyendo la calidad de algunos colegios y yo no voy a sacrificar a los niños de Ñuñoa para experimentar en un sistema social. Esto es lo más autoritario y antidemocrático que he visto, porque lo que hace es que un sistema que se descentralizó, que se autonomizó y que se acercó a la ciudadanía, se transforme cada día más en un sistema centralizado, generalista y en que las comunidades locales tienen menos poder.

-¿Y para cuándo debería tener una respuesta de parte del Mineduc en cuanto a postergar el traspaso de los liceos de Ñuñoa? ¿Hay una fecha límite?

-El primer traspaso ya inició, un año antes empiezan todos los actos administrativos para el traspaso, de ahí que la necesidad de la suspensión es ahora ya. Cada mes que pasa se avanza en acciones administrativas para el traspaso definitivo. Por lo tanto, lo que yo le he pedido al gobierno y a la ministra es que urgentemente suspenda esto porque ya se han hecho demasiadas acciones administrativas que va a haber que retrotraer. Lo que he hablado con la ministra, y agradezco profundamente la voluntad que ha tenido, es que en las próximas semanas podríamos avanzar en una solución y espero que sea antes de que termine el mes de julio cuando tengamos una respuesta definitiva, porque si no empieza el segundo semestre y todo se complejiza. Hay que agregarle a esto la incertidumbre de los profesores y los apoderados que están mirando esto y no lo pueden creer. Entonces, aquí el sentido de urgencia es total, ojalá el ministerio reaccione lo antes posible.

«No me opongo a que en caso de estallidos o violencia en barrios complejos, los militares acompañen los procesos de control ciudadano»

-Hay algunos alcaldes que a propósito de lo que lamentablemente ocurrió con el niño de 12 años que murió en medio del robo de un auto en San Bernardo, han pedido la presencia de militares en las calles. ¿Cuál es su postura con respecto a eso?

–Yo creo que lo que pasó fue una crónica de un desastre anunciado. Alcaldes como Camila Merino (Vitacura), Jaime Bellolio (Providencia) y yo mismo llevamos un año alertando sobre el hecho de que la mayoría de los delitos violentos en nuestras comunas los están cometiendo menores de edad con alto compromiso de violencia. ¿Qué pasó en San Bernardo? Algo que nos conmovió a todos, un menor de edad murió. ¿Y por qué muere? Porque hay otra vez un menor de edad, en este caso delincuente, que ha cometido hechos similares, que anda libre en la calle porque el Estado no hizo bien su trabajo. Hay una especie de buenismo que vino post estallido social, que instaló como principio que menores de entre 16 y 18 años deben tener un régimen en libertad cuando han cometido delitos violentos. Eso es un absurdo y los costos de este error del Estado los están pagando los ciudadanos. ¿Qué es lo que estoy urgentemente pidiendo? Hay un proyecto de ley, en segundo trámite del Senado, que presentó el senador Andrés Longton, que se puede aprobar rápido, que obliga al sistema judicial a que un menor de entre 16 y 18 años que comete delitos de alta gravedad quede en un régimen de encierro. El 50% de los delitos violentos cometidos en Ñuñoa están siendo cometidos por menores de edad.

-¿Pero usted está por la militarización o considera que es mejor que no, como ha dicho el gobierno?

–¿Cuál es el problema? Que hay impunidad respecto a los delitos que cometen menores de 16 y 18 años. ¿Eso lo soluciona el militar en la calle? No. Lo soluciona que estas personas queden detenidas de manera permanente. La medida urgente es esa. No me opongo a que en casos que tengamos estallidos, que tengamos violencia en algunos barrios complejos -como en el caso que ha dicho el alcalde de San Bernardo, que no somos de la misma línea política, pero compartimos esto-, los militares acompañen los procesos de control ciudadano y de protección de infraestructura crítica. Son dos medidas distintas. La militarización solo en circunstancias específicas, en barrios que lo requieran. Y a nivel nacional, urgentemente, medidas que permitan la detención permanente de menores que cometen delitos violentos.

-En cuanto a la inseguridad en su comuna, usted se ha referido a que Ñuñoa no tienen ninguno de los 50 barrios más complejos del país, pero que sí tiene una situación complicada cuando hay eventos en el Estadio Nacional. ¿Cómo han ido trabajando en ese aspecto?

–Ñuñoa es una comuna que ha ido disminuyendo sus tasas de inseguridad. Con la administración del Frente a Amplio (alcaldesa Emilia Ríos) habían aumentado los delitos casi en un 20% y el año pasado logramos disminuirlos en un 6%. Es un cambio total, pero tengo un problema importado que se llama Estado Nacional, que cada vez que hay un evento masivo, que juega un equipo de fútbol, se me llena de comercio ilegal, de estacionadores ilegales, de venta de droga y por lo tanto se transforma en un barrio inseguro, cuando es un espacio que por naturaleza es seguro. Es lo que estamos viendo, que sea el barrio número 51 de los barrios prioritarios, que dentro de la política del Ministerio de Seguridad sea considerado cada evento como un barrio riesgoso y que el Estado haga acompañamiento en la cercanías del estadio cada vez que haya un evento, que el Estado central intervenga en este territorio y no nos deje a nosotros como municipalidad con la responsabilidad única, con nuestra seguridad municipal, de hacernos responsables del entorno del evento.

-¿Y eso lo ha podido plantear y ha recibido alguna respuesta?

–Sí, lo he planteado y hemos ido avanzando. Me reuní con el general director de Carabineros hace una semana y ya por lo menos todas las políticas de seguridad del estadio las estamos coordinando y con la ministra del Deporte, Natalia Duco, estamos trabajando muy bien, así como con el delegado presidencial, Germán Codina, en la coordinación para cada uno de estos eventos masivos. Nos falta ahora que se agregue dentro de los barrios prioritarios en materia de seguridad y sea el 51, pero agradezco que ya estemos trabajando en esos planes de contingencia. Es absurdo lo que hizo el gobierno anterior, que nombró como subsecretaria del Deporte a la exalcaldesa que había perdido la reelección en Ñuñoa, porque me costó mucho relacionarme con el Ministerio del Deporte en el gobierno anterior, cuando (el Estado) es el dueño del Estadio Nacional y con quien debí haberme relacionado más.

Sobre exención del pago de contribuciones a adultos mayores: «No podemos tener de rehenes a personas mayores para financiar a los municipios. Sería una vergüenza»

-En cuanto a las contribuciones que dejarían de percibir las municipalidades de aprobarse el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional por la exoneración del pago de contribuciones a los adultos mayores, usted ha dicho que está de acuerdo con eso…

–Sí, estoy completamente de acuerdo. Lo aplaudo, me saco el sombrero, encuentro que es una gran noticia, por una razón bien de fondo. Una de las grandes conquistas de la humanidad fue el derecho a jubilarse y a tener protección social después de la jubilación. Sin embargo, el Estado aquí es absolutamente contradictorio en su mirada. Te dice que tienes derecho a jubilarte, es decir, a dejar de trabajar a los 65 años, salvo para pagar la contribución hasta el día que te mueras, por la propiedad que te compraste con tu propio ahorro. La necesidad de corregir esto es urgente. Los mayores de 65 años no deben pagar contribuciones de su primera vivienda, independiente de sus ingresos. Aquí me extraña la izquierda chilena, que en esto es lo más frío del mundo. Dice que quiere derechos sociales universales, salvo que sea para financiar su municipio o salvo que se trate de personas que tienen propiedades. La peor explicación es decir que con esto pierdes ingresos municipales. No podemos tener de rehenes a personas mayores para financiar a los municipios. Sería una vergüenza.

-¿Y cuál sería la solución?

-Los municipios hoy día tienen una evasión de más del 30% en derechos que le deben ser pagados, como el derecho a aseo y las patentes comerciales. Lo que hay que buscar son medidas para que esa evasión disminuya. Sobre eso tengo dos ideas súper concretas: que no se pueda entregar ni licencia de conducir, ni permiso de circulación si la persona no tiene los derechos de aseo al día; o que no se pueda declarar la renta, ni hacer ningún trámite tributario si no está la patente comercial al día. Eso disminuiría la evasión y nos generaría mucho más ingresos municipales, en lugar de abusar del cobro de contribuciones como forma de justificación del financiamiento municipal. Además debería ser adecuado al precio de la vivienda al momento de la compra y no tasado unilateralmente por el Servicio de Impuestos Internos para que cobre lo que quiera. También debería operar un seguro de cesantía o desgravamen, para que alguien que no tiene ingresos o que tiene una enfermedad grave o terminal, o una discapacidad, no pague contribuciones mientras dure esa situación.

-¿Entonces no avala la propuesta que lidera el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con la Asociación Chilena de Municipalidades, en la que proponen que si queden exentos los mayores de 65 años, pero solo los que ganen menos de $1.500.000; que paguen completo los que ganan más de $3 millones y la mitad los que perciban entre $1.500.000 y $3 millones?

–No, no estoy de acuerdo y lo digo en subrayado y destacado por lo que ya expliqué. O creo en los derechos sociales universales o no creo. No es que creo o no sólo cuando me conviene para mi bolsillo. Por lo tanto, si yo creo que nace el derecho a jubilarse y a la protección social a una edad, el Estado tiene que dejar de cobrar impuestos patrimoniales desde ese momento. Esa es la contradicción que yo no voy a avalar por la necesidad de financiarme municipalmente.

Ante los resultados de Cadem al salir como el segundo político mejor evaluado del país: «Espero ser reelegido en esta comuna con una gran votación por el trabajo que hice»

-En la última encuesta Cadem usted fue la segunda figura política mejor evaluada del país, con 59%, solo superado por el alcalde Vodanovic. ¿Qué expectativas le generan esos resultados?

-Nunca le creas a un político que te diga que no le importan las encuestas. Uno trabaja también porque quiere ser aprobado por los ciudadanos por lo que hace. Es súper bonito no sólo haber salido número uno en conocimiento en Chile en la encuesta de Criteria, sino ser segundo de la evaluación ciudadana. En el fondo es una gran noticia ser uno de los político más conocidos en Chile y además ser muy bien valorado, lo que nunca es fácil. Mi pega no es decir las cosas que son populares, y además orgulloso del resultado porque a veces he dicho cosas que no son populares. Me pone muy contento de que la gente valore la pega que uno hace.

-¿Aunque aún falta tiempo, este tipo de resultados le hace pensar en candidatearse nuevamente para la presidencia?

-Yo ya pasé por esto, esto es como el mundo de revés. Yo ya fui candidato presidencial y quizás la lección más grande que aprendí es que uno está a veces arriba, a veces abajo, la gente se entusiasma y no se entusiasma. Yo estoy feliz siendo alcalde y quiero ser un gran alcalde. Esa es mi meta hoy día y cualquier decisión posterior la tomaré después de la reelección, no antes, porque estoy convencido que mi trabajo hoy día, para lo que me eligieron los ciudadanos, es para ser alcalde. Mi meta es la reelección y ser un gran alcalde. No soy de aquellos que están pensando en lo que viene después, sino que estoy pensando en hacer bien lo que hago hoy día. Espero ser reelegido en esta comuna con una gran votación por el trabajo que hice.

-Hace una semana se cumplieron los 100 días de gobierno del Presidente Kast. ¿Cómo evalúa lo hecho hasta ahora desde La Moneda?

-No me gustan este tipo de cortes, pero yo veo un gobierno aplomado, que en los temas que a mí me importan, que son seguridad y educación, por lo menos nos está apoyando a nosotros como municipio. Creo que tiene mucho que mejorar todavía en la instalación más comunicacional del gobierno. Estoy de acuerdo con la eliminación del pago de contribuciones después de los 65 años que propone el gobierno, con la suspensión de los SLEP; en materia de seguridad es vital para el municipio que nos digan qué podemos hacer, y también es prioritario todo lo relacionado con las leyes que permiten proteger los colegios. Tengo diferencias ideológicas que he tenido siempre con José Antonio Kast, no han cambiado, yo soy más liberal, pero vengo de la experiencia de un gobierno del Frente Amplio que no tenía estas cosas que son fundamentales para Ñuñoa. Para mí el gobierno de Kast es más cercano. A esta altura ya no me interesan ni zurdos ni fachos, me interesa que nos apoyen en lo que es bueno para Ñuñoa, esa es mi función.

-¿Cómo ha sido este primer año y medio de gobernar Ñuñoa y el trabajo en el Concejo Municipal, luego, por ejemplo, de que la justicia condenó por injurias en su contra al concejal Andrés Argandoña (FA)?

-Nos encontramos con un desorden financiero, hubo muy poca habilidad para la administración en general, era un municipio que no recaudaba lo que tenía que recaudar, que perdía ingresos y por lo tanto no tenía plata para hacer las cosas. Era un municipio que estaba empobrecido, no porque fuera pobre, sino por la poca capacidad de administración de personas que asumieron este municipio sin ninguna experiencia. Ese es el problema del Frente Amplio (…). Hay una soberbia, una superioridad moral del mundo del Frente Amplio muy gigantesca, que se creen mejores o que representan más a Nuñoa. Pero yo creo que eso ha ido retrocediendo, al darse cuenta de que en realidad se podía hacer más y había más capacidad. Espero que haya sido una gran lección de humildad para el Frente Amplio, porque en el caso de Ñuñoa, la administración (de Emilia Ríos) pasó sin pena ni gloria, no logró hacer grandes cosas acá. La política no es solo opinar, no es solo destrozar al adversario, que es lo que hacen sistemáticamente. Yo gané una querella por injuria (la de Argandoña). Yo veo que al final son muy buenos para la opinión crítica, política, personal, de destrozar al que está al lado, pero malos para administrar, para gestionar y para apoyar en la gestión, particularmente del Frente Amplio. Incluso con el Partido Comunista nos hemos entendido.

-¿En Ñuñoa ha sido más fácil ponerse de acuerdo y dialogar con los representantes del Partido Comunista que con los del Frente Amplio?

-La verdad es que sí. Hemos tenido más entendimiento, porque el Frente Amplio tiene esta posición de la superioridad. Yo tengo diferencias profundas con el mundo del Partido Comunista, pero al final entiendo que estamos trabajando por el bienestar de la comuna con estas visiones ideológicas distintas. A mí me pasa con el Frente Amplio que veo más frivolidad, más comentarios livianos, más que una mirada distinta. Lo que ha sido más difícil acá es enfrentar una crítica que no tiene que ver con la gestión muchas veces, sino que es simplemente la destrucción de las personas. Esa es la diferencia en la visión que tengo con el Frente Amplio. No así con todas las diferencias que tengo con el Partido Comunista. Con el Partido Socialista hemos construido acuerdos y grandes mayorías para los grandes cambios que se están haciendo en la comuna, particularmente en infraestructura y mejoramiento de los servicios públicos. Debo decir además que en esta administración estamos transformando Ñuñoa. Hemos demostrado que la seguridad no es solo perseguir al delincuente, también es recuperar el espacio público, iluminar las plazas. Hoy día Ñuñoa está viva, tú sales a las 12:00 de la noche y en Ñuñoa los barrios están llenos de gente y tiene que ver con una mirada de la seguridad. Esto también es una gran lección para el mundo de la centro derecha, que no es solo el orden lo que la gente necesita, lo que necesita es sobre todo vivir la ciudad, poder salir, carretear, ir a comer, disfrutar; sino vamos a vivir encerrados en rejas.