Durante esta jornada, el Senado aprobó el veto presidencial que presentó el Jefe de Estado, Sebastián Piñera, para insistir en la tramitación del proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, que busca transferir recursos a cerca de 4,5 millones de chilenos, en medio de crisis sanitaria y económica que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus.

Con  el despacho de esta iniciativa, el proyecto queda listo para ser promulgado como Ley de la República y se da inicio al proceso de programación para el pago del beneficio a los hogares que pertenezcan al 60%  más vulnerables de Chile y que se hará efectivo a fin de mes.

En la sesión de la Cámara Alta tuvieron que realizarse dos votaciones, pues en la primera que se hizo se obtuvieron 16 votos a favor, cero votos en contra y 23 abstenciones. Por esto, el proceso tuve que repetirse y en su segunda vuelta se registraron 19 votos favorables, cero en contra y 23 abstenciones. Por ser la segunda votación, las abstenciones se suman a la opción mayoritaria, por lo que el veto resultó aprobado y fue despachado del Congreso con el equivalente a el voto en apoyo de 42 parlamentarios.

El martes pasado las observaciones contenidas en esta «moción de censura» presentada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, fueron aprobadas tanto en la Comisión de Hacienda como en la sala de Diputados, en ambas contó con el apoyo de los parlamentarios de oposición.

Este Ingreso Familiar de Emergencia entrega tres pagos mensuales de manera decreciente. Parte con 65 mil pesos por beneficiario, y luego va disminuyendo su porcentaje acorde a cada entrega. El aporte beneficiará a hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable del país, que no pertenezcan al 10% de mayores ingresos y no posean ingresos formales por un contrato de trabajo.

Asimismo, los hogares que pertenezcan a los más vulnerables y que reciban ingresos mayoritariamente informales o con un ingreso formal bajo, también recibirán el beneficio. Por último,  recibirán esta ayuda del Estado los hogares que tienen al menos un adulto mayor de 70 años con Pensión Básica Solidaria (PBS), sin necesidad de que formen parte de los más vulnerables o de los informales.