Luego que El Líbero publicara el lunes el reportaje «Fiscalía investiga denuncia contra miembros del GAP por violación y trata de personas: el grupo de ultraizquierda se dedica a reclutar estudiantes de liceos emblemáticos«, ayer la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó oficiar al Ministerio de Educación, al SLEP Santiago Centro, a la Superintendencia de Educación y a los organismos con competencia en seguridad -Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros, PDI- y en protección de la niñez -Defensoría de la Niñez, Subsecretaría de la Niñez, Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia-, a fin de que informen «si respecto de este caso en particular existieron alertas previas y qué acciones se adoptaron».
El acuerdo, sobre el que se abstuvieron de votar algunos diputados (ver más detalles abajo), fue solicitado por la parlamentaria de Republicanos, Paz Charpentier, y en él también se solicitó que den a conocer «los protocolos vigentes para evitar la captación de estudiantes por parte de terceros ajenos a los establecimientos educativos».
«Se trata de un reportaje publicado recientemente en un medio de comunicación, en el que se da cuenta de que la Fiscalía y la PDI mantienen una investigación vigente por eventuales delitos de violación y trata de personas que involucraría a integrantes de la organización Grupos de Acción Popular, que realizaría sus gestiones en el Liceo N°1 Javiera Carrera, el Liceo N° 4 Isaura Dinator y el Instituto Nacional. Como Comisión (de Educación) no podemos quedarnos de brazos cruzados con relación a esta denuncia (…) porque afecta a menores de edad», sostuvo Charpentier.
En el reportaje publicado por El Líbero se da cuenta de que una exintegrante del GAP -organización que actualmente merodea los liceos emblemáticos más convulsionados de Santiago y trata de reclutar menores mediante afiches y flyers- denunció en 2022 que fue captada por esta organización cuando tenía 15 años y que seis años después fue obligada por dos personas, que asegura que eran parte del mencionado grupo, a que se prostituyera para financiar la causa.
Otros puntos del acuerdo: Que se informe con respecto a «los protocolos vigentes sobre ingresos de terceros y reparto de material en los accesos escolares»
En el acuerdo que se aprobó en la sesión de ayer, también se le solicitó a las mencionadas instituciones que informen con respecto a «los protocolos vigentes sobre ingresos de terceros y reparto de material en los accesos escolares».
Según lo aprobado, los entes oficiados deben indicar «si existe algún tipo de mecanismo de coordinación entre los distintos órganos -Ministerio de Educación, Superintencia de Educación, Carabineros, PDI y organismos de portección de la niñez- para compartir y socializar entre ellos información de este tipo de grupos que operan a instancia de los establecimientos educacionales, generando este tipo de consecuencias graves, como las que se investigan».
La diputada Charpentier también insistió, a propósito de este caso, sobre la necesidad de acelerar el proyecto de ley que ella presentó recientemente y que busca poner límites a los apoderados que no son familiares de los estudiantes a los que representan, con el objetivo, entre otros, de evitar adoctrinamiento político de estos menores.
«En materia legislativa tenemos un proyecto de ley que estamos tramitando que es aquel que regula a los apoderados, que busca entre otras cosas evitar la instrumentalización de los menores de edad, tanto política como criminalmente, al fortalecer la participación de la familia en el proceso educativo. Creo que casos como esta denuncia debieran motivarnos a sacar rápidamente adelante este proyecto», dijo ayer en la sesión de la Comisión de Educación.
El argumento de la diputada Schneider: «El problema es que hayan personas que usen la legítima organización política como argumento para esconder estas otras fechorías»
El acuerdo de la Comisión de Educación se aprobó a pesar de las abstenciones de algunos diputados y diputadas. Sólo Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA) argumentaron su decisión en ese sentido.
«Tengo una duda por lo siguiente, porque yo podría estar de acuerdo con la diputada Charpentier, en el entendido que una organización criminal y una organización política son de naturaleza distinta. En segundo lugar, la adhesión a una idea o a un partido político desde los 16 años está permitida e incluso la ley reconoce a los adherentes menores de edad, desde los 16 años de edad en adelante. En ese sentido yo le daría una vuelta si quiere pedir un acuerdo o el rediseño de sus oficios, pero creo que confundir a una organización política con una organización criminal le ensucia el objetivo que tiene», sostuvo Serrano.
Schneider coincidió: «Sumarme por su intermedio a lo que señalaba la diputada Serrano. Evidentemente si estos hechos que se denuncian en este reportaje son ciertos, son gravísimos, y merecen toda nuestra condena y que la justicia actúe, por cierto; pero claro, yo creo que el foco debería estar más que en decir que el problema está en que existe una organización política que reparta afiches y flyers, el problema es que hayan personas que usen la legítima organización política como argumento para esconder estas otras fechorías, estos otros hechos tan lamentables y delezbables, como puede ser cualquier vulneración a menores. Quizás que se plantee en esos términos, porque confundir ambas cosas es peligroso», indicó la diputada del FA.
«Creo que la organización política es una cosa y cuando una persona de una organización política o un grupo de una organización política cae en algo que eventualmente es un delito, como los hechos descritos, es otra situación distinta. No creo que sea para entrar a cuestionar el hecho de que existan organizaciones políticas, sino más bien lo contrario. Pero que quede claro, mi condena a esta denuncia es total», agregó Schneider.
En cuanto a la solicitud de Charpentier de acelerar el proyecto de ley que busca regular la figura de los apoderados que no son familiares de los estudiantes a los que representan, apuntó: «esto es algo que roza el proyecto que estamos discutiendo, pero tal como yo he señalado, creo que para prevenir estas situaciones corresponde más regular la organización de apoderados que la calidad de apoderado en tanto individuo».
Denunciante dice que le pidieron prostituirse para financiar al GAP
Volviendo con el caso que dio a conocer El Líbero, que involucraría a integrantes del GAP, en el reportaje se reprodujeron parte de las declaraciones que la denunciante dio al medio argentino Infobae el 7 de septiembre de 2022.
“Dijeron que necesitaba una financiación que yo misma debía conseguir. Fue: ‘Bueno, si realmente estás comprometida tienes que estar dispuesta a prostituirte para financiar al partido'», indicó la mujer a la que El Líbero intentó contactar sin éxito vía correo electrónico.
En esa misma entrevista, la afectada aseveró que tenía 30 años, que era estudiante del profesorado de Lengua y Literatura en la Universidad de Buenos Aires y que estaba radicada en la capital argentina.
«Cuando dije ‘no’, apareció la otra cara: ‘Bueno, si no lo hacés, entonces alguien de tu familia va a tener que hacerlo por vos’”, agregó cuando habló con ese medio.
Fiscalía sobre la denuncia que involucraría al GAP: «Está vigente y continúa con diligencias de investigación junto a equipo de la PDI»
Para dicha publicación, El Líbero consultó sobre el estado de esta causa. La Fiscalía Centro Norte informó que «está vigente y continúa con diligencias de investigación junto a equipo de la PDI», que «se investigan posibles ilícitos de violación y trata de personas», que «está en desarrollo», pero que tiene carácter de «reservada».
Este medio también preguntó a la PDI, desde donde indicaron que «es una investigación desarrollada por la Brigada Investigadora de Trata de Personas en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, habiéndose desarrollado e informado todas las diligencias dispuestas a esa brigada especializada».
Sobre el avance de las averiguaciones y sobre si han recibido otras denuncias de esta naturaleza que involucren al GAP, respondieron que no pueden referirse a tales cosas, por tratarse de una investigación abierta.