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Publicado el 30 de marzo, 2019

Patrimonio de Carolina Tohá “en manos” de la subcontralora Dorothy Pérez: fallará si ex alcaldesa debe reembolsar más de $200 millones

Autor:

Emily Avendaño

La ex presidenta del PPD aparece con “responsabilidad solidaria” por más de 240 millones de pesos en gastos sin respaldo o incluidos indebidamente en la rendición de 2016, en juicio de cuentas de su gestión en Santiago. El texto presentado por Contraloría plantea responsabilidades por “negligencia en el cumplimiento de obligaciones”. Dos de los 15 funcionarios hoy cuestionados están trabajando en municipios a cargo de la oposición.

 

 

Autor:

Emily Avendaño

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Hay nueve hechos que respaldan la apertura de un juicio de cuentas a la ex alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá (PPD), y a otros 14 empleados de su administración, durante el período 2012-2016. Un reparo (o demanda) formulado por el contralor regional de Santiago, Rene Morales, indica que los funcionarios habrían permitido el “desembolso de recursos que no se enmarcan en los planes de mejoramiento educativo a costa de utilizar indebidamente fondos de la Subvención Escolar Preferencial”. También señala que se contrataron a empresas asesoras que no cumplen con los requisitos de la SEP, hay facturas rendidas indebidamente, y más de 50 millones de pesos clasificados como gastos sin respaldos.

En total, son objeto de demanda $265.462.815, equivalentes a 5.843,46 UTM, que al mes de febrero de 2019 ascendían a $282.268.822. De ese monto, Tohá tiene “responsabilidad solidaria” por $242.379.493, según desglosa el texto de la Contraloría, junto a varios de los ex funcionarios de la Municipalidad. La restitución de estos fondos debe salir del patrimonio personal de los involucrados. Por lo tanto, la ex presidenta del PPD podría tener que sacar de sus recursos personales más de 200 millones de pesos. También está el escenario de que en la tramitación del juicio los montos puedan disminuir o que incluso haya funcionarios que sean absueltos.

La primera instancia del  Tribunal de Cuentas está a cargo de Dorothy Pérez. De hecho, es la abogada -cuya permanencia como subcontralora estuvo cuestionada el año pasado, pero que finalmente le ganó la batalla al contralor Jorge Bermúdez- quien recibe la formulación de reparos del contralor regional, y quien deberá definir su destino. El Tribunal tiene la responsabilidad de determinar la responsabilidad civil cuando un funcionario público ha causado un daño patrimonial al fisco, el cual debe ser resarcido.

“Lo importante es que se pueda esclarecer todas las responsabilidades administrativas y, posteriormente, todas las responsabilidades políticas de una administración absolutamente irresponsable que dejó endeudado al Municipio de Santiago por más de 21.500 millones de pesos en educación solamente y otros 7.000 millones de pesos en el resto de la administración municipal, según quedó muy claramente establecido en un par de auditorias externas que se realizaron en el año 2016, para 2017, apenas se había iniciado la actual gestión del alcalde Felipe Alessandri”, argumenta el concejal de Santiago Jorge Acosta.

Los 15 funcionarios individualizados “incurrieron en omisiones o acciones culpables en la administración de los recursos municipales a su cargo, por cuanto se ha podido establecer que no se efectuó el debido control mediante un monitoreo eficaz y eficiente de la administración del presupuesto público que la ley puso a su cargo permitiendo dar curso a gastos improcedentes y pagos sin respaldo”, dice la demanda de la Contraloría Regional de Santiago.

Para el concejal se trata solamente de la punta del iceberg: “Son casi 28.500 millones de pesos entre educación y administración municipal que están como una deuda que se nos traspasó de la administración de la alcaldesa Carolina Tohá, lo que es una profunda irresponsabilidad con la utilización de los recursos públicos, porque al gastar de más de lo que verdaderamente tiene está privando de darle mejores servicios a los vecinos en salud, en educación, en parques, en aseo, en mantención de la comuna”.

Hasta ahora que el caso esté en el Tribunal de Cuentas no implica la existencia de un delito. Será esta instancia la que determine si eleva el caso al Ministerio Público. “Una autoridad puede dilapidar los fondos públicos, perder una elección y después irse para su casa como si fuera un ciudadano que no cometió ningún error, y la verdad es que este es un error gravísimo y serán los tribunales los que tendrán determinar si también es un delito”, subraya Acosta.

El documento, en poder del Tribunal de Cuentas, detalla que el gasto de dinero que no está debidamente sustentado (actualizados a febrero de 2019) responde a lo siguiente:

1.- Desembolsos que no se enmarcan en los planes de mejoramiento educativo: $13.946.620.

2.- Entidades asesoras de los planteles educacionales que no cumplen con los requisitos de la ley 20.248, referida a la Subvención Escolar Preferencial: $6.982.970.

3.- Establecimientos educativos no adscritos a la Subvención Escolar Preferencial: $8.990.527.

4.- Adquisiciones que no se vinculan con el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Educativo: $3.487.621.

5.- Erogaciones incluidas indebidamente en la rendición de 2016, de la subvención de la ley N° 20.248: $191.890.166.

6.- Facturas erróneamente declaradas: $673.373.

7.- Facturas rendidas indebidamente dos veces: $925.041.

8.- Gastos sin respaldo: $55.372.504.

En particular de la responsabilidad de Tohá, el texto explica que al ser la alcaldesa “le corresponde la dirección, administración superior del municipio y la supervigilancia de su funcionamiento, así como también, la administración de sus recursos financieros, de acuerdo con las normas sobre la administración financiera del Estado”. El documento menciona también como una obligación especial del Alcalde la de ejercer un control jerárquico permanente de sus unidades, y de la actuación del personal de sus dependencias. Recuerdan que es su obligación “resguardar el patrimonio municipal”.

Sobre Tohá también dicen que haber delegado la facultad de firmar “no modifica la responsabilidad de la autoridad delegante, de manera que esta última es responsable por su negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización del actuar de su delegado en la materia”.

En general, para la Contraloría de la Región Metropolitana cada uno de los 15 funcionarios individualizados “incurrieron en omisiones o acciones culpables en la administración de los recursos municipales a su cargo, por cuanto se ha podido establecer que no se efectuó el debido control mediante un monitoreo eficaz y eficiente de la administración del presupuesto público que la ley puso a su cargo permitiendo dar curso a gastos improcedentes y pagos sin respaldo”.

Cuando a finales de febrero se supo de la solicitud de la Contraloría Regional de realizar el juicio de cuentas, Tohá se abstuvo de emitir comentarios a los medios de comunicación.

La ex alcaldesa es una de las figuras icónicas de la Concertación. Fue considerada la “hija política” del ex Presidente Ricardo Lagos y luego, tras su desempeño como diputada, se acercó a la figura de la ex Presidenta Michelle Bachelet cuando fue la vocera de su primer gobierno. Entonces se hablaba de su posible carrera como presidenciable, pero su inesperada derrota municipal, en 2016, la alejó del escenario público. Poco a poco ha regresado, principalmente en foros y seminarios, como en uno que organizó el CEP a mediados del año pasado, donde analizó las causas de la derrota de la Nueva Mayoría.

Indemnizaciones a docentes y pagos a empresas fuera de convenio

Esta demanda y la solicitud del contralor metropolitano para que se realice un juicio de cuentas, surge tras una auditoría hecha a los recursos correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, las cuentas no fueron remitidas para su examen sino hasta el 20 de febrero de 2018.

El primer hecho que cuestiona la Contraloría tiene que ver con el uso de los fondos SEP para pagar una indemnización al docente Robinson Pino Hernández, por $13 333.804, sin que se haya acreditado que el trabajador hubiese sido contratado por lo dispuesto en la ley N° 20.248. El texto además señala remuneraciones indebidamente imputadas a la subvención para dos docentes del Instituto Nacional.

Lo importante es que se pueda esclarecer todas las responsabilidades administrativas y posteriormente todas las responsabilidades políticas de una administración absolutamente irresponsable que dejó endeudado al Municipio de Santiago por más de 21.500 millones de pesos en educación solamente y otros 7.000 millones de pesos en el resto de la administración municipal”, argumenta el concejal Acosta.

La Contraloría también encontró pagos para las empresas Zetace Capacitación Limitada y Ecoturismo Sureste Limitada por $2.088.000 y por $4.462.500 respectivamente. Estos recursos se utilizaron para los servicios: “curso de capacitación de habilidades blandas” y “curso organizacional y de negocios, trabajo en equipo para el Liceo Bicentenario Teresa Prats, A-7”.

Zetace Capacitación Limitada se describe como una empresa dedicada al alquiler de bienes inmuebles amoblados o con equipos y maquinaria; también como una empresa de servicios de ingeniería y actividades conexas de consultor; que además realiza “otras actividades de servicios de apoyo a las empresas”. Según Mercado Público, históricamente ha pactado ventas con el Estado por $294.535.371, siendo 2016 –año en estudio por la Contraloría– el período en el que más facturó ($116.137.666). De ahí en adelante sus ventas en Mercado Público han ido en descenso.

Lo mismo sucede con Ecoturismo Sureste Limitada. De acuerdo con Mercado Público, ha pactado a través de ese portal $628.838.635. Se describe como una compañía que apoya “el desarrollo de las personas que integran las empresas e instituciones de Chile. Nos especializamos en facilitar talleres vivenciales que abordan tres de las competencias transversales más relevantes: liderazgo, trabajo en equipo y comunicación”. También tuvo su año con mayores adjudicaciones en 2016, cuando facturó $266.467.610.

Otra irregularidad señalada por la Contraloría es que la Dirección de Educación utilizó $8.534.038 para la compra de pendrive, proyectores, computadoras y tablet para la Escuela Diferencial Juan Sandoval Carrasco F N°86 y para la Escuela de Párvulos Parque O’Higgins, lo cual no sería procedente pues tales centros no se encontraban incluidos en los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, hechos entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Santiago.

Hubo otras adquisiciones que la Dirección de Educación pagó con los fondos de la subvención, como la compra de viseras, poleras, mesas, sillas, por un poco más de tres millones de pesos cuya adquisición no se encuentra respaldada por los planes de mejoramiento educativo.

El monto más alto cuestionado por Contraloría –$191.890.166 al 2019– corresponde a erogaciones incluidas indebidamente en la rendición del año 2016 de la subvención, debido al incumplimiento del Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos Públicos destinados a Educación 2016-2017.

“Del examen efectuado, aparece que los cuentadantes no cumplieron con los deberes y obligaciones que la normativa legal les impone en el ejercicio de sus cargos, en lo relacionado con el resguardo y la correcta inversión de los fondos públicos municipales, lo que se tradujo en gastos improcedentes y sin respaldo”, argumenta el contralor regional sobre las responsabilidades civiles que busca fijar.

A quiénes responsabiliza Contraloría

Desde el primer folio del reparo la Contraloría menciona a quienes considera responsables de restituir estos fondos. La primera que figura en la lista es la ex alcaldesa Tohá. En seguida siguen otros 14 nombres con los cargos que ocupaban en 2016 en la Municipalidad de Santiago:

Rebeca Merino Montero, directora de Control; Víctor Miranda, administrador Municipal; Alejandra de la Barra Manríquez, directora de la Secretaría Comunal de Planificación; Víctor Arratia Manríquez, subdirector de Control en la Dirección de Control; Silvestre Vargas Tolmo, jefe del Departamento de Control Financiero de la Dirección de Control; Mónica Espina Farías, directora de Educación hasta el 17 de junio de 2016; Alfredo Alarcón Villaseca, director de Educación desde el 20 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo 2017; Gastón Llona Ledger, director de Educación; Eduardo Valdés Valdés, jefe de Contabilidad en la Dirección de Educación; Darling Armazán Silva, jefa de Contabilidad en la Dirección de Educación, desde el 1 de enero al 31 de julio 2016; Gustavo Pozo Vega, subrogante del Jefe de Contabilidad y del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Dirección de Educación; Paola Opazo Iturra, jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas en la Dirección de Educación; José Miguel Pozo del Solar, subdirector de Administración, Finanzas y Recursos Humanos; y Sandra Guajardo Miranda, jefa de la Subdirección de Administración y Finanzas en la Dirección de Educación.

Un par de ellos continuarían trabajando en la Municipalidad de Santiago. Paola Opazo Iturra aparece como responsable de la Licitación ID: 2451-7-L119, para un “servicio de monitoreo de alarmas en establecimientos educacionales”, publicada el 20 de marzo de esta y abierta hasta el 4 de abril. El segundo es Alfredo Alarcón Villaseca quien figura como expositor en el Congreso Smart City, que se realizará en Puebla, México, del 2 al 4 de julio. En la descripción de los ponentes se le describe como Jefe de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Santiago. Rebeca Merino Montero, según la web de la municipalidad también se mantiene como Directora de Control.

Hay otros casos de funcionarios que ya han sido cuestionados antes por Contraloría. Merino Montero fue absuelta en 2012 de responsabilidades administrativas “derivadas del pago por concepto de arriendo de estacionamientos para funcionarios de dicha entidad y del envío de cartas sobre permiso de circulación del año 2009 a residentes de otras comunas”.

En 2016, la UDI recurrió a la Contraloría para solicitar la devolución de $68.998.328 que fueron pagados por el municipio a un asesor externo. Guillermo Ramírez, quien entonces era secretario del partido, dijo: “Con fecha 1 de junio de 2016, la Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su alcalde (s) Víctor Hugo Miranda Núñez, y Carlos Drews Rubilar firmaron un contrato de prestación de servicios que tuvo una vigencia de tres meses, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2016. En virtud de este contrato, la Municipalidad de Santiago canceló por concepto de honorarios un total de $68.998.328”. Agregan: “Dicho servicio fue gestionar y recuperar reembolsos por subsidios por incapacidad laboral, por lo que se le entregó a Drews una serie de atribuciones sin que el prestador del servicio asuma la calidad de funcionario municipal”.

Otros se desempeñan ahora en otras municipalidades. Alejandra de la Barra ahora es Secretaria Comunal de Planificación en Renca (comuna a cargo del alacalde DC, Claudio Castro), y Darling Armazán ahora esta en la Municipalidad de Independencia, que lidera el PS, Gonzalo Durán.

“Si hay funcionarios que están involucrados tendrán que responder como corresponde. Ahora, la mayor parte de los involucrados estaba en cargos de administración, pero que eran de administración política que, obviamente, se cambiaron cuando llegó el alcalde Felipe Alessandri. No obstante, aquello, si es que todavía hay funcionarios que tienen alguna responsabilidad tendrán que ellos defenderse como corresponde, pero también si lo dictamina así la Contraloría o la justicia tendrán que asumir su responsabilidad. La justicia es igual para todos”, dice el concejal Jorge Acosta.

REPARO ELABORADO POR EL CONTRALOR REGIONAL: 

NOTIFICACIÓN CONTRALORIA GENERAL by El Libero on Scribd

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